¿Jueces sin rostro?

El asunto de las amenazas a jueces y magistrados abrió nuevamente el debate para analizar el el tema de los jueces sin rostro.
Legisladores de todas las fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de analizar su instauración.

Concretamente el diputado del PRD y precandidato a la jefatura de Gobierno del Distrtito Federal, Pablo Gómez se pronunció por el sistema sobre todo en los juicios de grandes capos, y propuso evaluar con detenimiento cómo opera ese sistema en otros países.

¡Pero ese debate ya se dió!

En noviembre del 2001, el consejero jurídico presidencial, Juan de Dios Castro Lozano, dijo: "En México no se han dado todavía las condiciones de gravedad, no se han agudizado de tal manera los problemas del crimen organizado como para poder manifestar la necesidad de llegar a los jueces sin rostro". "El Poder Ejecutivo ha expresado la decisión de dar todos los apoyos del Estado para garantizar la seguridad de los jueces. Una medida como la que se plantea implica una reforma profundamente estructural a nivel constitucional en la que tendría que existir el consenso de todas las corrientes políticas y del Estado".

El mismo presidente de la SCJN de entonces, Genaro Góngora reiteró de que no había necesidad de recurrir a la figura "Creo que no hemos llegado a ese extremo de que no se conozca a los jueces. Es una garantía que se sepa quién es el juez que nos juzga".
El único que se prounció por la aplicación de la medida fue José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo estar de acuerdo con los jueces sin rostro, pero - subrayó- se deben tomar una serie de instancias y precauciones con el fin de satisfacer las garantías individuales. “Los jueces son víctimas inocentes, y entonces nosotros tenemos que protegerlos”.

El colega Jorge Fernández Menéndez publicó en la columna Razones, Milenio Diario, a 26 de noviembre de 2001; "Muchas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos se han opuesto a la utilización de jueces sin rostro porque consideran que ello viola las bases legales de cualquier proceso justo: el no conocer a los jueces públicamente no garantiza su seguridad (depende del nivel de infiltración que las organizaciones del crimen organizado tenga en las instituciones) pero sobre todo, deja un margen de discrecionalidad tan amplio respecto a los propios jueces, al no conferir garantías a los acusados de siquiera saber quién los juzga, que termina prestándose a la corrupción o la construcción de sentencias a modo. En Perú se comprobó fehacientemente que esa figura no funcionaba, o que lo hacía en el marco de un gobierno autoritario y lejano del respeto de las libertades individuales básicas, como lo fue el de Alberto Fujimori:"
"En nuestro caso, avanzar en las propuestas que se han presentado sobre los jueces sin rostro sería un grave error, un contrasentido, una forma de reconocer, como se ha dicho, que el crimen organizado ha podido derrotar a las instituciones del Estado e incluso una invitación para que esas mismas instituciones se endurezcan y comiencen a actuar al margen o al límite de la legalidad. La salida que han encontrado otros países que han tenido éxito, así sea parcial, en el combate a este tipo de fenómenos, ha pasado por otras vías: por el propio fortalecimiento de las instituciones, por la especialización de los cuerpos policiales especializados, por la del propio ministerio público y por la creación de lo que sería el equivalente a juzgados federales especializados, pero públicos, garantizando su seguridad pero también, como nos decía el ex jefe de policía de Nueva York, William Bratton en alguna oportunidad, la de los demás integrantes de la sociedad que participan en esa lucha, incluyendo en forma destacada a los testigos que hacen denuncias fundamentadas en cualquier caso."
El Juez de la audiencia española Baltasar Garzón también descarta que la figura de jueces sin rostro, como se hizo en Colombia, sea el camino para lograr un combate efectivo contra la delincuencia. Más bien, ha dicho, debe protegerse al ciudadano común que denuncia y que expone su identidad en los juicios. "Debe haber medios de protección para los testigos, los agentes encubiertos y los cooperadores con la administración de la justicia, mas no como incentivo".
Por lo que la salida es instaurar son la figura de los jueces de delincuencia organizada. Asi lo ha plenteado desde hace tiempo

José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador de Delincuencia Organizada.

Pero bueno los legisladores le van a entrar al debate.

Ojalá lo hagan seriamente