31 ago 2008

¿Qué pasa en la U de G?

U deG: institucionalidad subvertida/Editorial
La Jornada (www.jornada.unam.mx), 31 de agosto de 2008;
Este viernes, los integrantes del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) destituyeron a Carlos Briseño Torres como rector general, en una decisión que, por la forma y el contexto en que se dio, bien pudiera ser considerada un golpe en el seno de esa casa de estudios: la determinación se tomó fast track, una vez que Briseño había abandonado el recinto y clausurado la sesión, y luego de horas de discusión en que fue imposible fijar siquiera el orden del día. La remoción, además, se produjo a contrapelo de un amparo obtenido por Briseño el pasado martes.
Este episodio, lamentable por cuanto afecta la normalidad de la vida institucional y académica de la segunda universidad del país en importancia, se inserta en la historia de herencias caciquiles a la que esa casa de estudios ha estado estrechamente vinculada. Por lo que puede verse, el principal error de Briseño ha sido desafiar la autoridad fáctica de Raúl Padilla López, rector de la UdeG entre 1989 y 1995 y poseedor de enorme influencia en la universidad, que le ha permitido, entre otras cosas, designar a todos sus sucesores, incluido el ahora rector destituido.
Padilla López mantiene relaciones con estamentos políticos y empresariales del estado y el país, y cuenta con un historial de vínculos con grupos gansteriles, como la Federación de Estudiantes de Guadalajara, fundada en 1948 por Raúl Padilla Gutiérrez (padre de Padilla López), Carlos Ramírez Ladewig y los hijos del ex gobernador jalisciense, José Guadalupe Zuno. Esta organización ejerció durante décadas un enorme control en la vida universitaria, fungió como importante formadora de cuadros priístas, y sus brazos armados se desempeñaron como grupos de persecución al servicio del gobierno durante la guerra sucia.
Fue en el contexto de dominio de la FEG en la UdeG que se erigió el emporio padillista. Bajo la padrinazgo de Álvaro Ramírez Ladewig –presidente de la FEG tras el asesinato de su hermano Carlos, en 1975–, Padilla López escaló hacia la rectoría de la máxima casa de estudios jalisciense. Una vez en el cargo, significativamente, el hoy denominado “líder moral” de la UdeG retó la autoridad de su protector, de manera similiar a como ahora lo ha hecho Briseño, sólo que con resultados opuestos: en aquel entonces Padilla resistió exitosamente los embates de la FEG y logró permanecer en el puesto. A raíz de ese episodio, acaso con la intención de deslindarse de su pasado fegista y de Ramírez Ladewig, Padilla López emprendió una serie de medidas que ciertamente fueron bien recibidas por la comunidad universitaria: durante su gestión fue aprobada una reforma académica y una nueva ley orgánica; se formó el sistema departamental vigente y se impulsó el área de investigación de la institución, al tiempo que se crearon la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine en Guadalajara y la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Asimismo, Padilla promovió la formación de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), que al día de hoy controla la mayor parte del estudiantado de la UdeG, y que desempeñó un papel central como grupo de presión el pasado viernes.
Más allá del episodio de confrontación entre dos personajes que hasta hace unas semanas pertenecían a la misma camarilla política, lo que acontece en la UdeG refleja vicios tan añejos como condenables, que han sobrevivido al paso del tiempo. En efecto, es evidente que, a casi dos décadas de la intentona de Ramírez Ladewig por deponer a Padilla López, los poderes fácticos de la UdeG siguen subvirtiendo la institucionalidad de esa casa de estudios, algo inaceptable bajo cualquier óptica y contrario al espíritu que debiera imperar en una institución de educación superior como la UdeG.
Por añadidura, este conflicto ha acabado por hundir a la institución y a su comunidad en una dinámica de temor y zozobra ante posibles actos de violencia de ambos bandos, que merma el desarrollo normal de la vida académica y deteriora profundamente a esa importante casa de estudios.
Por último, puede pasarse por alto que lo ocurrido este fin de semana en la UdeG constituye un reflejo de lo que sucede en tantos otros ámbitos de la vida nacional, en los que figuras caciquiles y dirigencias corruptas y descompuestas ejercen enormes cuotas de poder de manera ilegítima y antidemocrática, ante la inacción de las autoridades o bien bajo el amparo de éstas.

Inteligencia y seguridad

Inteligencia de seguridad interior/Andrés Montero Gómez, director del Instituto de Psicología de la Violencia
Publicado en EL CORREO DIGITAL, 30/08/2008;
Arnaldo Otegi abandona hoy la prisión de Martutene… ¿Será vigilado por los servicios de información e inteligencia? A raíz de lo ocurrido con la excarcelación de Ignacio de Juana Chaos se ha desatado un debate jurídico sobre los ingredientes penales a incluir en la condenas judiciales a terroristas. La pena accesoria de alejamiento de la víctima y la vigilancia del terrorista una vez ha sido puesto en libertad son las propuestas que más están siendo consideradas. De ser incorporadas ambas a una ley no serían de aplicación ni a Iñaki de Juana ni a ninguno de los terroristas que actualmente cumplen condena, debido a la irretroactividad de las normas penales en tanto no beneficien al reo.
Los juristas están de acuerdo en considerar que no es necesario legislar adicionalmente acerca de las penas de alejamiento de los terroristas respecto de sus víctimas, puesto que esa medida ya puede dictarla cualquier juez. Lo que PSOE y PP están analizando es si debiera introducirse en la tipificación penal como una obligación que los jueces tengan que dictar de manera inherente a una condena por terrorismo. En todo caso, lo cierto es que bajo el Código Penal actual un juez puede decretar una pena de alejamiento de la víctima de hasta cinco años para un criminal que haya cometido un delito grave. Hay que preguntarse si cinco años son suficientes. Y esta pregunta es independiente de si el criminal ha avanzado en su proceso de reinserción, puesto que el alejamiento es una medida para incrementar la seguridad de la víctima. En los supuestos de violencia de género el alejamiento se implanta antes de la pena para disminuir el riesgo de la mujer ante la inminencia de la amenaza que supone el agresor, que como sabemos en determinados casos ni siquiera se arredra por el alejamiento impuesto. Sin embargo esa seguridad no es la única que proporciona una medida de alejamiento. En los crímenes violentos, prohibir el acercamiento a la víctima de su agresor o terrorista busca impedir una re-victimización que sacudiría de nuevo la integridad psicológica del ciudadano directamente afectado por la acción violenta. Por tanto, en los alejamientos post-internamiento el bien jurídico protegido es la integridad personal de la víctima.
La otra propuesta que está sobre la mesa de este verano es la vigilancia del terrorista una vez que ha cumplido su condena. La vigilancia post-condena es un planteamiento común a muchos de los crímenes violentos o sistemáticos. Tanto violadores como agresores sistemáticos, terroristas o criminales organizados son objeto de reflexión recurrente sobre si el Estado tiene derecho a someterles a algún tipo de control una vez que han cumplido la pena que les fue impuesta por sus crímenes. La suposición de fondo más general es que la pena es una deuda que el criminal contrae con la sociedad a causa de una conducta delictiva, y que una vez saldada esa deuda puede considerarse al criminal como un ciudadano reinsertado. De entrada es una suposición que presume una identificación neta entre el proceso jurídico y el proceso psicológico. Es decir, que si aceptamos eso de la deuda es porque entendemos que la condena por sí misma tiene efecto terapéutico, que simplemente por cumplir la sentencia en prisión un criminal violento habrá dejado de serlo. Como sabemos, en muchos casos así será pero en otros no. Aunque pretendemos que así sea, prisión y reinserción no son equivalentes.
Y ahí no acaba la cosa. Sumado al argumento de que la prisión significa la reinserción y la pena salda la deuda social del criminal, existe otro razonamiento de, digamos, filosofía democrática en contra de las vigilancias post-condena de los delincuentes. Ese razonamiento implica que el Estado no tiene porqué vigilar a un ciudadano libre. El axioma de partida es que una persona que ha sido privada de libertad por un delito y ha cumplido su condena se reintegra de nuevo a la sociedad rehabilitado en todos sus derechos constitucionales. Desde luego es un precepto necesario si aceptamos que el fin de la pena es la reinserción de los delincuentes, la conversión del ciudadano-criminal en un ciudadano integrado. Con la sanción penal, la sociedad no busca retribución, no tiene como fin la venganza, sino curar moralmente al individuo desviado. Así, privado el delincuente de algunos de sus derechos durante la condena, al finalizarla es un ciudadano pleno como otro cualquiera. Es un planteamiento de muy buena voluntad y que la inmensa mayoría de los demócratas suscribimos, aunque perfectamente ilógico en muchos delitos violentos. Ilógico, de entrada, porque los primeros sospechosos de un delito sexual son precisamente quienes ya han cumplido condena por un delito sexual; ilógico porque el predictor más consistente de la violencia es haber ejercido violencia previa; ilógico porque un buen número de delincuentes organizados tienen un interminable historial penitenciario; ilógico porque en ciertas modalidades de delitos como el terrorismo las cárceles actúan a modo de centros de reclutamiento de nuevos agresores o de adoctrinamiento de quienes ya están condenados por serlo. De manera que el argumento filosófico es válido, pero no para todas las expresiones graves de criminalidad. Esos tipos de ciudadanos que han sido delincuentes tienen alguna probabilidad de continuar representando una amenaza aún cuando abandonan la prisión, incluso sobre todo cuando han abandonado la prisión.
Esa naturaleza de amenaza que puede significar un riesgo para la sociedad es, a mi modo de ver, el carril conceptual por donde hay que pensar las medidas post-condena. Y no necesariamente tienen que ser planteamientos penales los que ofrezcan una solución, sino también administrativos, de policía administrativa. Existen multitud de amenazas que están siendo prevenidas a través de regulación administrativa y multitud de ciudadanos que están siendo vigilados incluso antes de delinquir, principalmente sin llegar nunca a delinquir. El sistema de prevención del blanqueo de dinero es un ejemplo de lo primero y la hacienda pública de lo segundo. En el mismo sentido, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia no son fuerza de policía pero tienen el mandato de prevenir amenazas casi siempre graves. El CNI desarrolla su labor preventiva fuera del sistema penal, aunque está sometido a control judicial cuando investiga colisionando algún derecho fundamental.
Los franceses tienen una palabra, ‘renseignements’, que significa investigación con propósito de inteligencia. En Francia, dos direcciones de inteligencia encuadradas en el Ministerio del Interior acaban de fusionarse. Los Renseignements Généraux, que tanto y tan bien se han involucrado contra ETA, y la Dirección para la Vigilancia del Territorio se han unificado bajo la denominación de Dirección Central de Inteligencia Interior. Ambas por separado y ahora integradas constituyen un verdadero servicio de inteligencia de seguridad interior; ambas también son departamentos de la policía nacional. Los británicos tienen un servicio de inteligencia interior que no es policial, el MI5. El FBI norteamericano, por su parte, es el prototipo de agencia de seguridad con poderes investigativos policiales frente al crimen que al mismo tiempo ejerce de servicio de inteligencia ante amenazas de seguridad interior. Todos ellos son los encargados de prevenir aquello que pueda constituirse en riesgo para la seguridad del Estado. En España no tenemos una agencia o dirección con poderes operativos de inteligencia de seguridad interior, compartiendo esa labor el CNI y los servicios de información de las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas incluidas.
A ningún servicio de inteligencia exterior se le ocurre solicitar autorización judicial en su país para intervenir una línea telefónica en el extranjero. Los servicios de inteligencia operan con reglas distintas cuando se enfocan hacia el exterior sobre ciudadanos ajenos o hacia el interior de sus fronteras sobre ciudadanos propios. En todas las legislaciones, salvo las derivadas del derecho británico, los servicios de policía y las agencias de inteligencia de seguridad interior necesitan un mandato judicial para quebrar derechos fundamentales de los ciudadanos. Ninguna legislación impide, por el contrario, que los servicios de seguridad monitoricen sin tocar derechos constitucionales a individuos que representan amenazas, requiriendo si acaso sospechas sustentables de que un individuo o grupo vigilados representan un riesgo. En todo caso, ya hay jueces que autorizan a quebrar motivadamente el derecho fundamental para prevenir un riesgo a la seguridad nacional, aunque no necesariamente constituya un crimen tipificado.

Calderón ante "Iluminemos México"

El Presidente Felipe Calderón, al término de la reunión que sostuvo con los organizadores de la marcha Iluminemos México
Los Pinos, Domingo, 31 de Agosto de 2008 Discurso

Qué tal. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Señoras y señores de los medios de comunicación.
Quiero informar a ustedes acerca de la reunión que tuvimos con los organizadores de la marcha Iluminemos México.
El día de ayer miles y miles de mexicanos se volcaron a las calles para manifestar su inconformidad por la inseguridad y la delincuencia que se vive en el país y que hoy representan la mayor amenaza para la tranquilidad de las familias mexicanas.
Cientos de miles de ciudadanos se unieron en torno a esta causa y, verdaderamente, iluminaron México.
Reconozco este esfuerzo ciudadano y estoy consciente de que todas las autoridades, sin excepción, debemos escuchar sus reclamos y actuar en consecuencia.
Su condena a la impunidad y a la corrupción no sólo es legítima, es un severo reclamo hacia las autoridades para que más allá de banderas políticas o diferencias partidistas nos pongamos de acuerdo, nos unamos en el combate a la delincuencia y corrijamos de raíz, precisamente, la impunidad que la hace posible.
Esta demanda ciudadana por la seguridad pública por desgracia no es nueva. Es un clamor que ha unido a los mexicanos por varios años, que se ha visto manifestada en marchas, como la del día de ayer, que se habían realizado en años anteriores, en diversas ocasiones.
Alguna vez tuve ocasión de participar en varias de ellas, desde hace una década, como un ciudadano más.
Hoy, como Presidente de la República, reconozco como un deber fundamental el hacer valer los reclamos que han hecho los ciudadanos y también comprometer la acción del Gobierno Federal, en lo que a su responsabilidad corresponde, para erradicar este mal.
Debo también señalar que el Gobierno Federal hace suyos los reclamos que ha expresado la ciudadanía, que comparte precisamente y entiende la exigencia y la indignación de la gente.
Quiero hoy compartir con los mexicanos una opinión acerca de las causas que rodean a este fenómeno delictivo que se vive en el país y señalar, en consecuencia con ese diagnóstico, las medidas que se han tomado y que hay que tomar, que en el caso del Gobierno Federal se están tomando algunas de ellas desde un principio para combatirlo.
Sabemos que el mayor problema de México es la inseguridad pública; ésta es consecuencia de una descomposición gradual y creciente de instituciones públicas y gubernamentales en los tres órdenes de Gobierno, que se ha vivido a lo largo de los años.
La delincuencia, lo sabemos todos, es en gran medida fruto de la impunidad y ésta, a su vez, es consecuencia de la falta de acción de las autoridades, por negligencia, por incapacidad institucional o por franca corrupción en algunos casos.
Es por ello que desde el inicio del Gobierno Federal giré instrucciones para poner en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, en la que destaca la depuración, profesionalización y control de confianza de los cuerpos policiacos; dotándoles a los policías confiables de armamento, capacitación, equipo, tecnología y reconocimiento.
También por eso estamos haciendo un esfuerzo para que todas las policías del país, sin excepción, federales, pero también estatales y municipales, tengan los mismos estándares de capacitación, honradez y profesionalismo que se requiere para combatir la delincuencia.
Sólo así podremos recuperar la confianza de los mexicanos en nuestras policías; además, este flagelo ha evolucionado y se ha diversificado.
La delincuencia común es la que más agravia a los ciudadanos; es decir, los delitos de robo, asalto, homicidio, extorsión o secuestro.
Muchos delincuentes menores, que ayer no se pusieron tras las rejas o fueron liberados al poco tiempo de ser detenidos, escalaron sus actividades a otros crímenes, cometiendo ahora hechos mucho más violentos, hasta incurrir en el secuestro o la extorsión, que es, precisamente, el delito que más indigna a la ciudadanía.
También, y acorde a las exigencias ciudadanas hoy planteadas y al diagnóstico que hemos formulado en el Gobierno Federal, estamos poniendo en marcha la Plataforma México, mediante la cual estamos impulsando la cooperación y la conectividad de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, a fin de cerrarle espacios a la impunidad.
Queremos combatir con información actualizada a la delincuencia, información actualizada, precisamente, sobre el fenómeno delictivo.

Por otra parte, frente a este deterioro gradual de las instituciones de seguridad y justicia, sabemos que el crimen organizado incrementó su capacidad operativa, logística y financiera en muchas regiones del país.
Muchas poblaciones de México se han visto presas de la violencia y el miedo ante la embestida de las bandas de delincuentes que buscan, además, anular la capacidad de respuesta de las autoridades.
Esto ha sido posible, en gran parte, por una autoridad y una fuerza policiaca cada vez con menos incentivos para rechazar de manera contundente la acción intimidatoria o corruptora del crimen.
El crecimiento de la actividad criminal y la virulencia con la que actúa obedecen, como he dicho, a la impunidad.
Precisamente por la debilidad, la vulnerabilidad o la descomposición que existe en muchos lugares donde las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia y el crimen en al ámbito local.
Es por eso que hemos puesto en marcha los Operativos Conjuntos.
Por ello no hemos dudado en utilizar toda la fuerza del Estado Federal, incluyendo la participación del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República; es decir, toda la fuerza que tiene disponible el Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar condiciones mínimas de seguridad en esos estados y regiones del país.
El crecimiento del crimen también se debe a un deterioro del tejido social, a una sociedad que tiene, en algunos casos, menor solidez en términos de valores y principios, de manera tal que pueda rechazar con contundencia la acción del crimen y la ilegalidad; una sociedad cada vez más vulnerable y con menor solidez en términos de valores que puedan defenderla de la acción de la delincuencia.
Sabemos que si no hay una sociedad más fuerte, no habrá esfuerzo policiaco que pueda defenderla verdaderamente del crimen.
Por eso también, sabedores de que no basta la acción policiaca y persecutoria, sino que se requiere de una estrategia integral, con un componente preventivo, también hemos puesto en marcha la estrategia Limpiemos México.
Pensamos que debemos perseverar precisamente en el rescate de espacios públicos, porque sólo contando con espacios libres de delincuencia, donde los niños, los jóvenes y las familias puedan tener esparcimiento y actividades lejos de las bandas de delincuentes, podemos formar comunidades libres del delito. Para que padres de familia, autoridades y alumnos le digan no a los delincuentes que rodean las escuelas, pusimos en marcha el Programa Escuela Segura, que también tiene que multiplicarse.
Buscamos fortalecer a la sociedad para que pueda ser parte de la solución al participar, organizar y denunciar y exigir cuentas de nosotros, sus autoridades, y que entre todos pongamos un fin a la delincuencia.
Todos los gobiernos, todas las autoridades somos responsables; los tres órdenes de Gobierno y los tres Poderes de la Unión debemos resolver este problema, ponernos de acuerdo para hacerlo y la delincuencia, porque sabemos que la delincuencia sólo se puede combatir de manera integral y actuando al mismo tiempo en todos los frentes.
Es por ello que, con esta convicción que compartimos con otros poderes y órdenes de Gobierno, celebramos el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Bajo ese Acuerdo, los tres órdenes de Gobierno y los tres Poderes de la Unión, medios de comunicación, organizaciones sociales, asumimos compromisos, entre los que destacan: fortalecer y depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia, a fin de contar con cuerpos policiacos profesionales, honestos y confiables en los tres órdenes de Gobierno y reducir así el margen de complicidad e impunidad que propicia el crecimiento del delito.
Consolidar una estrategia nacional antisecuestro que permita concentrar la energía y voluntad del Estado en la proyección y combate de este delito, que tanto daño hace a la sociedad; consolidar un sistema de denuncia ciudadana para cerrarle precisamente los márgenes a la impunidad y tener la información necesaria para construir inteligencia que permita combatir a la criminalidad.
Con el mismo propósito consolidar el Sistema Único de Información Criminal, para garantizar el intercambio de información entre instancias y órdenes de Gobierno, promover una ley general del delito de secuestro para contar con más herramientas legales para la investigación del delito y la captura de los culpables.
Promover y fomentar la cultura de la legalidad, de la denuncia y la participación ciudadana, que son cruciales para triunfar en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Conscientes de que ningún esfuerzo de la autoridad puede por sí solo poner punto final a la delincuencia, si no se cuenta con la participación de los ciudadanos, en este Acuerdo se planteó la creación de un Observatorio Ciudadano que le dé el poder a la sociedad para dar seguimiento a los compromisos asumidos por las autoridades.
Sabemos que este Acuerdo se puede y debe enriquecer con el trabajo conjunto entre todas las autoridades y la sociedad.
Es por ello que el día de hoy, en la reunión que sostuve con los dirigentes de las organizaciones que se participaron en la marcha del día de ayer, Iluminemos México, recibí de ellos un pliego petitorio en el que externan sus principales preocupaciones sobre la seguridad pública.
Me he comprometido con todos ellos a que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública y en el de la competencia del Gobierno Federal, revisaremos todos y cada uno de los puntos que plantean, con el fin de darle una respuesta satisfactoria a cada uno de ellos por parte de las instituciones del Estado, relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia.
En lo particular, el Gobierno Federal acepta, por mi conducto, los planteamientos y exigencias de la sociedad civil formuladas en el documento que me fue entregado por escrito, con la salvedad de aquellas materias que por disposición constitucional son competencia de otros poderes u órdenes de Gobierno o que esta disposición establece plazos previstos para su realización.
Me refiero, por ejemplo, a lo referente a la organización de policías municipales o estatales o la implementación de la Reforma de Justicia.
He escuchado y, desde luego, hacemos propias las propuestas entregadas, la mayoría de las cuales están contenidas en compromisos concretos, de meta, tiempo y responsables, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
También le he expresado a las ciudadanas y ciudadanos con los que me reuní el día de hoy, mi interés por la conformación no sólo de instancias ciudadanas a nivel nacional, sino que existan también instancias de vigilancia y exigencia ciudadana en cada estado de la República y en los municipios más importantes del país, de manera que estos Comités Ciudadanos o cualquier otra que sea la figura que ellos quieran darle, sirvan precisamente para vigilar, denunciar y promover una cultura de participación y denuncia.
Bienvenida la exigencia ciudadana.
Señoras y señores:
El agravio de la sociedad exige medidas drásticas de las autoridades para frenar, de una vez por todas, la delicada situación que vive el país en materia de seguridad pública.
El Gobierno Federal refrenda su compromiso con la ciudadanía y redoblará esfuerzos, precisamente, para erradicar este mal.
Es tarea urgente que todas las autoridades y todos los ciudadanos hagamos la parte que nos corresponde para limpiar a México de la delincuencia.
Hoy reitero el firme compromiso de mi Gobierno de seguir al frente de esta lucha contra la inseguridad. Esta es nuestra responsabilidad primaria ante la ciudadanía.
Ante el movimiento ciudadano expresado el día de ayer, estoy seguro que inicia una nueva etapa, marcada por la mayor fuerza y energía con la cual podemos hacer frente a la criminalidad, que es la exigencia ciudadana.Ahora toca cumplir los acuerdos a los cuales arribamos los Poderes de la Unión y los distintos órdenes de Gobierno. Juntos, sociedad y Gobierno, pondremos fin a este cáncer, que daña y que lastima a nuestro México.
Muchas gracias.
***
Gobierno Federal hace suyos los reclamos expresados por la ciudadanía en materia de seguridad pública: Presidente Calderón
Domingo, 31 de Agosto de 2008 Nota Informativa
Refrenda su compromiso con la ciudadanía para redoblar esfuerzos y erradicar la inseguridad
Es urgente que autoridades y ciudadanos hagamos la parte que nos corresponde para limpiar a México
El Presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que ante el problema de la inseguridad pública y la impunidad, el Gobierno Federal hace suyos los reclamos expresados por la ciudadanía, y comparte y entiende la exigencia social manifestada ayer en la marcha Iluminemos México.
Luego de reunirse con los dirigentes de las organizaciones que participaron en esta movilización, el Titular del Ejecutivo Federal se comprometió a revisar todas y cada una de las propuestas que le fueron presentadas hoy, a fin de dar una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones del Estado relacionadas con la seguridad pública y la procuración de la justicia.
En un mensaje a los medios de comunicación en la Residencia Oficial de Los Pinos, el Primer Mandatario reconoció la participación de miles de mexicanos que manifestaron su inconformidad por la inseguridad que se vive en el país, y aseguró que todas las autoridades, sin excepción, deben escuchar los reclamos y actuar en consecuencia.
“En lo particular, el Gobierno Federal acepta, por mi conducto, los planteamientos y exigencias de la sociedad civil formuladas en el documento que me fue entregado por escrito, con la salvedad de aquellas materias que por
disposición constitucional son competencia de otros poderes u órdenes de Gobierno o que esta disposición establece plazos previstos para su realización”, refirió.
El Presidente Calderón dijo que la condena a la impunidad y a la corrupción no sólo es legítima, sino que es un reclamo a las autoridades para que más allá de las diferencias políticas, se unan en el combate a la delincuencia y se corrija y elimine de raíz la impunidad.
“Hoy, como Presidente de la República, reconozco como un deber fundamental el hacer valer los reclamos que han hecho los ciudadanos y también comprometer la acción de Gobierno, en lo que a su responsabilidad corresponda, para erradicar este mal”, abundó.
El Primer Mandatario aseveró que desde el inicio de su Administración se puso en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, en la que destaca la depuración, profesionalización y control de confianza de los cuerpos policiacos, dotándoles a los policías confiables de armamento, capacitación, equipo y tecnología.
No obstante, mencionó que ante la magnitud del problema, no basta la acción policiaca y persecutoria, sino que se requieren acciones integrales, como las que el Gobierno está instrumentando a través de la estrategia Limpiemos México, que busca rescatar de las manos de la delincuencia los espacios públicos y devolvérselos a los niños y jóvenes para su sano esparcimiento y convivencia.
También destacó que en días pasados se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en donde los tres órdenes de Gobierno, Poderes de la Unión, organizaciones sociales, medios de comunicación, entre otros actores, formularon propuestas con acciones y tiempos de ejecución concretos, para combatir de manera integral a la delincuencia, actuando al mismo tiempo desde distintos frentes.
El Presidente Calderón aseguró que es tarea urgente que todas las autoridades y todos los ciudadanos hagamos la parte que nos corresponde para limpiar a México de la delincuencia.
“Ante el movimiento ciudadano expresado el día de ayer, estoy seguro que inicia una nueva etapa marcada por la mayor fuerza y energía, con la cual podemos hacer frente a la criminalidad, que es la exigencia ciudadana”, concluyó.
Última modificación:

La marcha de 2004, opinión de Rincón


Retrospetiva
El Estado y la marcha/Gilberto Rincón Gallardo
Artículo publicado en REFORMA el 26 de junio de 2004
El día de mañana, domingo 27 de junio, se celebrará la marcha ciudadana en la Ciudad de México para protestar contra la inseguridad y para exigir a todas las autoridades el cumplimiento de su obligación fundamental de garantizar seguridad y de combatir eficazmente a la delincuencia.Se trata de un llamado de la sociedad justo y digno de atención. Debe destacarse, en primer lugar, que se trata de un ejercicio civilizado y pacífico de los derechos democráticos a la expresión y manifestación. La gente en la calle, exigiendo que las autoridades cumplan con sus obligaciones primordiales, es una muestra, en efecto, de que las cosas no van bien en materia de seguridad pública; pero, a la vez, es una expresión de que se ha decidido utilizar los recursos pacíficos de la democracia para generar una voz colectiva que debe ser escuchada.
Se trata, desde luego, de una marcha política. La exigencia de un derecho es siempre una expresión política, porque participar en las cuestiones públicas es el ejercicio clásico de la política. Así que la acusación de que la marcha es ilegítima porque es política carece de sensatez. Pero si lo que se quiere decir es que las decenas de miles de ciudadanos que allí se congregarán son el instrumento de un grupúsculo de la ultraderecha para atacar a un proyecto político, entonces la acusación se hace absurda, pues, aunque sin duda existen, no hay grupo de ultraderecha capaz de movilizar, manipulándola, a tanta gente adulta. Lo cierto es que más allá de los usos que grupos de interés seguramente querrán darle a esta protesta, se trata de una expresión ciudadana genuina, respetable y atendible.Seguramente estará presente en esa marcha la llamada ultraderecha; como lo estará la derecha liberal, el centro, la izquierda y gente que ni siquiera se adscribe a visión política alguna. Seguramente, también, habrá quien trate de instrumentar la marcha para atacar políticamente a algún gobernante; pero el tema de fondo es si existe o no la situación de tragedia y alarma por la que se protesta; y lo cierto es que ésta existe y no hay manera sensata de ocultarla.
La inseguridad nos ha quitado a todos libertad, tranquilidad, bienestar y, a muchas personas, incluso a sus seres queridos. Ya existen demasiadas familias con daños irreparables a las que se debe una respuesta satisfactoria. La voz y la acción del Estado mexicano deben ser claras y eficaces, sin minimizar ni los problemas ni las exigencias de los afectados. Pero todavía estamos en el momento de aprovechar los cauces legales y las instituciones de justicia para demostrar que la democracia es el sistema que mejor resuelve los problemas sociales y que los atajos autoritarios son más gravosos a la postre, por muy atractivos que los hagan la desesperación y el miedo.
Este contexto hace entendible que la ciudadanía exija penas mayores para delitos como el secuestro o los asesinatos y que las condenas se cumplan completamente. En una entrevista reciente, el admirable ingeniero Gallo, cuya hija fue asesinada por sus plagiarios y quien logró que los criminales fueran no sólo detenidos sino también condenados, decía que existe una sola vía para hacer que un culpable sea condenado, pero muchísimas para revertir esta condena. Sin duda, las garantías procesales deben ser defendidas y preservadas, pero una revisión exhaustiva de nuestro sistema de justicia se ha convertido en una necesidad.

Es entendible, también, que en este ambiente de inseguridad y temor, mucha gente defienda hasta la pena de muerte como una solución a la criminalidad más abusiva y desalmada. El que la exigencia en sí misma pueda ser inaceptable, no nos exime de escuchar las razones que están detrás de ésta.Sería muy grave minimizar o ridiculizar estos temores y estas exigencias ciudadanas. Aunque un Estado democrático no puede permitirse actuar como vengador en vez de impartidor de justicia, y a sabiendas de que en otros países con sistemas de justicia más eficaces la pena de muerte no sólo es objeta le en términos éticos sino también en su capacidad de atajar la criminalidad, es necesario entender por qué la gente en México hace este tipo de exigencias.
La escasez de resultados por parte del sistema de justicia, el nivel de impunidad, la descoordinación visible entre instituciones y entre gobiernos, la tendencia de nuestra clase política a ir a remolque de los problemas y nunca adelantarse a ellos, generan, en conjunto, el caldo del cultivo para l desconfianza ciudadana y para el surgimiento de exigencias como las de la pena de muerte.
La conducta y expectativas de los ciudadanos son moldeadas por las instituciones que los rodean. En el caso de la criminalidad, si los ciudadanos no encuentran en las instituciones de justicia estímulos para creer en la ley y en los derechos humanos fundamentales, responderán con exigencias perfect mente lógicas de justicia sin mediaciones y de actos de venganza. Es tarea del Estado convencer a todos, con sus acciones, de que la ruta del derecho pleno es la única garantía de seguridad y tranquilidad, sin renunciar a derechos humanos fundamentales.
Nuestro país, y no sólo la zona metropolitana de la Ciudad de México, requiere de manera urgente una política de Estado en materia de seguridad pública. Es decir, una serie de acuerdos de cooperación, profesionalización, continuidad en el combate a la delincuencia, reforma al sistema de justicia y e construcción de estrategias integrales que debe mantenerse al margen de la lucha partidista; una serie de acuerdos que, no obstante, es de tipo político.
No partimos de cero para la construcción de estas estrategias. Por contraste entre regiones, destaca lo que sucede en estados como Sinaloa, Jalisco o Nuevo León, donde se ha reducido tanto la incidencia de secuestros como el peso social del crimen organizado. Esos ejemplos muestran que hay estrateg as locales que han funcionado, y nada sería más absurdo que no aprender de sus logros, por muy relativos que éstos pudieran ser. Una política de Estado en materia de seguridad pública no se construye de la noche a la mañana ni se genera sólo por la abundancia de declaraciones. Requiere no sólo volu tad política, sino trabajo, preparación e incluso generosidad. Por ello, sería un generoso tributo de las autoridades (todas, de todos los niveles) a la ciudadanía (toda, en todos sus niveles) que tal política se empezara a construir de inmediato; un tributo más que merecido por todo lo que esta ci dadanía ha tenido que padecer.
Esa es, en el fondo, la exigencia de la marcha de este domingo: que el Estado mexicano, más allá de cada una de sus partes, pero con todas las partes a la vez, sea capaz de demostrarle a la ciudadanía que puede cumplir con su obligación primordial de darle seguridad y certidumbre.

Don Gilberto, de seminarista a comunista










Gilberto Rincón Gallardo murió ayer al mediodía; tenía 69 añosVocación por los cambios y para convocar a diferentes
Publicado en Milenio, 31-Agosto-08;
Nota especial de Rogelio Hernández López
Rió a carcajadas, semanas atrás, cuando los once de su círculo cercano de socialdemócratas decidieron, entre bromas, ya no decirle como siempre (Rincón) sino dirigirse a él como “¡Don Gilberto!”. Antes de eso había agradecido, también con alegría, un perfil político suyo que resaltaba sus dones para los cambios… “Sí me reconozco allí”.
Ese perfil político de Gilberto Rincón Gallardo, que escribió alguno de sus cercanos meses antes de que lo postraran sus trastornos físicos, lo expuso como uno de los políticos más respetados de México, con un inusitado poder moral para convocar a diferentes, no obstante su historial de izquierda.

30 ago 2008

Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (1939-2008)


"No muere quien ha besado su ciudad con su aliento hasta en los días más oscuros de su vida. Y quien la ha pisado con su calzado animado por el afán de vivir, tampoco muere. Y quien muere y resulta que deja una obra monumental y grandiosa, aun en su más estricta pudibundez y discreción, tampoco muere, porque una de las funciones de las obras principales, como sabemos, es abolir la muerte." Ángel Rupérez, en un escrito que le dedica a Kafka.

¡Duro golpe al alma!
Hace unos minutos me acabo de enterar el deceso de mi amigo Gilberto Rincón Gallardo, tenía 69 años de edad.
Su muerte ocurrió a las 12:30 de este sábado 30 de agosto tras una larga hospitalización -10 días-; un cable de la agencia Notimex da cuenta de ello; lo confirma su esposa Silvia Pavón.
El Memo Ramírez me confirmó la triste noticia.
¡Caray! enorme pérdida para muchos, sobretodo sus familiares y amigos, y los discriminados de este país-

Tu sueño era mi sueño


Razon de Amor de Pedro Salinas
Versos 733 a 784, dedicados a Katherine R. Whitmore el amor de su vida; la verdad es que el poeta pudo dedicárselos a cualquier mujer del siglo XXI.
Es ¡simplemente poético!
Aquí
en esta orilla blanca
del lecho donde duermes
estoy al borde mismo
de tu sueño. Si diera
un paso más, caería
en sus ondas, rompiéndolo
como un cristal. Me sube
el calor de tu sueño
hasta el rostro. Tu hálito
te mide la andadura
del soñar: va despacio.
Un soplo alterno, leve
me entrega ese tesoro

Decisión de la SCJN

Columna Jaque Mate/Sergio Samiento
La oportunidad
Publicado en Reforma, 29 de agosto de 2008;
"Si el movimiento antiabortista dedicara una décima parte de su energía... a mejorar las vidas de los niños nacidos en la pobreza, la violencia y el abandono, lograría que el mundo brillara".Michael Jay Tucker ¿Cuál era el propósito de la Iglesia Católica y de otros grupos al oponerse a la despenalización del aborto? ¿Encarcelar a mujeres que, empujadas por la desesperación, tuvieran que recurrir a abortos clandestinos o a los médicos que se decidieran a ayudarlas? ¿O reducir el número de abortos?
Si el objetivo era encarcelar a mujeres y médicos, entonces la decisión de la Suprema Corte de Justicia es una gran derrota. Los ministros de la Corte han cerrado, efectivamente, las puertas a este tipo de castigo en la capital de la República y han abierto la posibilidad de que otras entidades despenalicen el aborto. Cada vez será más difícil encontrar a un juez que encarcele a un médico o una mujer por la realización de un aborto. Tampoco se podrá ya empujar a las mujeres a practicarse abortos clandestinos con gran riesgo para su vida y su salud.Pero si el propósito de la Iglesia era reducir el número de abortos, la batalla no sólo no está perdida sino que apenas comienza. De hecho, la despenalización del aborto representa una enorme oportunidad para atacar el problema de fondo y así reducir la práctica del aborto.
Uno de los problemas de la penalización del aborto es que ocultaba la realidad de la práctica. En realidad no sabíamos cuántos abortos se llevaban a cabo en la Ciudad de México, como no sabemos cuántos se hacen en el resto del país. Sólo teníamos un vistazo ocasional al mundo sórdido de esta práctica cuando alguna mujer llegaba desangrándose a un hospital. Pero ni la Iglesia ni nadie más se preocupaban demasiado por esta dramática situación. Lo único que buscaban era mantener los abortos ocultos e ilegales.
Hoy tenemos la oportunidad real de disminuir los abortos. La Iglesia, o aquellas personas que por razones éticas se oponen al aborto, puede trabajar con las mujeres orilladas a esta medida ofreciéndoles opciones que les permitan evitar la práctica. La experiencia nos demuestra que un número importante de mujeres -un 30 por ciento, según Marta Lamas- que ahora se acercan a las instituciones de salud del Distrito Federal para considerar la posibilidad de un aborto al final optan por no hacerlo. Antes no había posibilidad de ponerse en contacto con ellas y ofrecerles opciones.¿Qué se les puede proponer a estas mujeres? Albergues, por ejemplo, donde obtengan refugio durante la maternidad y en las semanas siguientes al parto. Ya algunas organizaciones han creado instituciones de este tipo, pero se necesitan más y con mayor capacidad.Deben ofrecérseles también alternativas de supervivencia económica.
La desesperación económica orilla a muchas mujeres al aborto. De nada sirve cuestionar la despenalización si no se generan oportunidades de empleo para las mujeres que por falta de recursos se ven obligadas a abortar.Otra opción es facilitar la adopción de los niños que nazcan de embarazos no deseados. Si una mujer sabe que su hijo puede ser adoptado y vivir una existencia mejor que la de ella, probablemente decidirá no abortar.
El verdadero combate al aborto, sin embargo, no debe limitarse a tratar el problema de los embarazos no deseados una vez que éstos ocurren, sino que debe incluir una intensa labor de prevención. No tengo objeciones a que la Iglesia Católica promueva la abstinencia sexual como forma de impedir estos embarazos, pero hay que ir mucho más allá.
Es importante, por ejemplo, que haya un trabajo mucho más intenso de educación sexual, especialmente entre las adolescentes, ya que ellas son las más proclives a incurrir en embarazos no deseados. Debe promoverse entre ellas el conocimiento de los métodos anticonceptivos y en particular del condón, que además de impedir embarazos evita las infecciones de transmisión sexual.Si la Iglesia no quiere unirse a este esfuerzo, que ciertamente ayudaría a reducir el número de abortos, por lo menos no debería convertirse en un obstáculo. Ahora que si realmente está preocupada por evitar el aborto, y esto no es un simple disfraz para ocultar una oposición moralista al sexo, debería promover también la disponibilidad de información para impedir los embarazos no deseados.Aquellas personas de buena voluntad que se sientan inquietas ante el aborto, por considerarlo un homicidio, deberían darse cuenta de la oportunidad que representa este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Hoy tienen una oportunidad, que antes no existía, de realmente combatir el aborto... en lugar de ocultarlo detrás de una prohibición.
Bombas molotov Ruth Zavaleta, la todavía presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló este miércoles 27 de agosto que algunos miembros del PRD introdujeron bombas molotov al Palacio Legislativo para la toma de protesta del presidente Felipe Calderón el 1o. de diciembre del 2006. Ayer ella misma dijo que "fue una irresponsabilidad de mi parte el haberlo mencionado". Más irresponsabilidad me parece, sin embargo, haber introducido esas bombas.

Cuento de verano


"La misión de la poesía es ayudarnos a salir de la zona negativa, y devolvernos la memoria de nuestras facultades más decisivas y misteriosas" Martín Garzo.
Cuento de verano/Gustavo Martín Garzo, escritor
Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com), 24/08/2008;
En Tormenta de hielo, la película de Ang Lee, un adolescente que regresa a su casa de vacaciones reflexiona sobre los poderes extraños de Los Cuatro Fantásticos y el sentido de sus vidas. Él mismo apenas comprende algo de la suya. Quiere a sus padres y a su hermana, pero no entiende por qué en su casa nada funciona como debiera, ni nadie logra en ella tener la vida que desea. “Estar en la zona negativa significa que se invierten los sucesos diarios. Hasta la Chica Invisible se hace visible, perdiendo así el último aspecto de su poder. Creo que todos existimos parcialmente en una zona negativa. Algunos más que otros. En la vida, entras y sales de ella. Es donde las cosas no funcionan como deberían”.

29 ago 2008

El padre Ernesto Cardenal

Solidaridad con Ernesto Cardenal, quien está siendo acusado por injurias por un juez de Managua de tendencia sandinista y enviado por el Presidente Daniel Ortega.
Se trata del juez David Rojas, empleado del Ortega ex miembro de la extinta seguridad del Estado sandinista y abogado que defendió a Ortega cuando fue acusado por el delito de violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, en 1998.
El juez condenó al poeta a pagar, dentro de tres días, una multa de 20,000 córdobas ($1,025 dólares) por injurias.
La solidaridad no se ha hecho esperar.
''Toda mi solidaridad para Ernesto Cardenal, gran poeta, espléndida persona, hermano mío del alma, contra esta infame condena de un juez infame al servicio de un infame Gobierno'', señaló Eduardo Galeano, autor de ''Las venas abiertas de América Latina'' a través de un correo que fue distribuido en Nicaragua por poetas amigos de Cardenal. ''Estas infamias te elogian, Ernesto'', agregó el escritor uruguayo.
Mientras la esposa de Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, escribió al sacerdote nicaragüense: "Valiente tu denuncia. Supongo que habrá que hacer cosas: Cardenal tiene todo el respeto del mundo. Por su poesía, por su vida''.
Por su lado, el escritor chileno Antonio Skármeta, en otro correo de solidaridad con el poeta, advirtió: "Dile a (Daniel) Ortega, (presidente de Nicaragua), que aquí en Chile le decimos que no se atreva a tocar a Cardenal ni con el pétalo de una rosa''.
En tanto, el activista de derechos humanos en Estados Unidos Roberto Vargas escribió a Cardenal, ex ministro de Cultura durante el primer Gobierno sandinista "Estimado padre y poeta Cardenal, no estás solo''.
La portorriqueña Luce López-Baralt, traductora de literatura, le dice: "sé bien de tu entereza (yo conozco tu alma como pocas personas) y de tu valor incondicional''. ''Pero me apena de veras que, a estas alturas de tu vida, ejemplar en todos los sentidos, tengas que pasar por estos sinsabores totalmente innecesarios. La revolución perdida, qué bien lo apuntaste''.
Mientras la escritora brasileña Ione Carvalho advirtió sobre la ''tensión'' que pueda estar sufriendo Cardenal, de 83 años, por esa condena por injurias.
Esos intelectuales se solidarizaron con el sacerdote luego de que el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado les informara que "Ernesto Cardenal, el más grande de los poetas contemporáneos de Nicaragua, ha sido condenado en un viejo juicio por injurias''
Según Ramírez Mercado, ese juicio fue "revivido para castigarle, porque en su reciente viaje a Paraguay, invitado a la toma de posesión del presidente Lugo, criticó a Ortega y a su esposa tal como el poeta suele hacerlo, sin tapujos''.
''En Nicaragua los jueces dependen de la voluntad de Ortega'', subrayó el Premio Alfaguara de Novela 1998.
Fuente: Agencia EFE, Managua, Nicaragua.

Ley de Justicia Penal; titular de la Secretaria Técnica

El Presidente Calderón designa a Santiago Vasconcelos como Titular de la Secretaría Técnica para la implementación de las reformas en seguridad y justicia penal
Los Pinos, martes, 26 de Agosto de 2008 Comunicado
CGCS-164
El Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, designó el día de hoy al licenciado José Luis Santiago Vasconcelos como Titular de la Secretaría Técnica para la implementación de las recientes reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal.
El licenciado Santiago Vasconcelos se ha desempeñado a lo largo de su vida profesional dentro de las instituciones de impartición y procuración de justicia, donde se ha destacado como un servidor público comprometido con el combate frontal a la delincuencia. Además, desde la Procuraduría General de la República trabajó activamente a favor de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal.
Su experiencia y conocimientos en la materia penal, hacen del licenciado Santiago Vasconcelos la persona idónea para desempeñar las funciones de coadyuvancia y apoyo a la instancia de coordinación, así como a las autoridades locales y federales que la Constitución encomienda a la Secretaría Técnica.

El papel de los medios ante la violencia

¡Buena editorial de La Jornada!
Rayuela (La Jornada)
Una decisión difícil exige reflexión:
hacer un encabezado periodístico con descabezados.
Violencia, información, escándalo/Editorial
La Jornada (www.lajornada.unam.mx), 29 de agosto de 2008;
Para este diario convertir en su nota principal la información sobre el hallazgo, en Mérida, de más de una decena de decapitados constituye una decisión editorial difícil, que obliga a un examen minucioso de la frontera entre información socialmente útil y escándalo mercantilista. La consideración concluyente para hacerlo así es que la masacre y la manera particularmente atroz de presentar sus vestigios constituyen un mensaje inequívoco para las autoridades federales, estatales y municipales: los mutilados de Yucatán, sumados al ataque perpetrado antier en Guanajuato contra una instalación militar, por no hablar de las imparables y ya habituales ejecuciones diarias en diversos puntos del territorio nacional, subrayan la irrealidad del publicitado cónclave de alto nivel efectuado hace unos días en Palacio Nacional con el propósito de acordar medidas para frenar a la criminalidad y restablecer la seguridad pública en el país.
Esta violencia alarmante, mal definida como “guerra” en el discurso gubernamental, no es sólo una disputa de poder, sino también un intercambio de gestos de fuerza entre las autoridades formales y las organizaciones delictivas, por más que las fronteras entre unas y otras se han difuminado por efecto de la descomposición que experimentan las instituciones de procuración e impartición de justicia y las corporaciones de seguridad, por los viejos lazos entre policías y secuestradores, así como por la infiltración del narcotráfico en las esferas política, empresarial y mediática.
Aunque los mensajes bárbaros de los delincuentes resulten crípticos para el común de los ciudadanos y de los informadores, es claro que son, en muchos casos, algo más que ajustes de cuentas, venganzas o advertencias: buscan, además, crear impactos en la opinión pública; van cargados, por así decirlo, con una intención mediática.
En este contexto, el desempeño del oficio periodístico exige sensatez, mesura y responsabilidad para informar sin contribuir a la zozobra y para ceñirse a la verdad sin buscar el escándalo, por más que la verdad resulte escandalosa. El desafío consiste, por otra parte, en no volverse tribuna de los grupos de infractores que buscan publicidad, y en contar los hechos sin agravar la inseguridad o la tragedia de víctimas de la delincuencia y sus familiares. Las respuestas a estos difíciles equilibrios pueden encontrarse en el tratamiento editorial que se da a la información, en la prudencia para no divulgar datos que pudieran poner en peligro o someter a escarnio a inocentes, y en el discernimiento requerido para no ser caja de resonancia de los criminales.
Por desgracia, las dificultades para informar en forma equilibrada se multiplican por la irresponsabilidad de funcionarios y políticos que, en afán de notoriedad o por mera insensatez, agitan a la opinión pública con declaraciones desmesuradas, indiscretas o falsas. Tal es el caso del procurador general de Justicia de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien hace unos días aseguró que la joven secuestrada Silvia Vargas “podría estar en el norte del país” y que su plagio “tiene que ver con la trata de blancas”; si eso fuera cierto, el empleado público pone en riesgo la investigación correspondiente; si es falso, constituye un deplorable manoseo del sufrimiento de la familia. En otro contexto, la diputada Ruth Zavaleta declaró ayer que sus compañeros de bancada habían introducido bombas molotov al recinto legislativo de San Lázaro en ocasión de la conflictiva y cuestionada toma de posesión del actual titular del Ejecutivo federal. Aunque horas después la legisladora se retractó y pidió disculpas por el disparate, el daño ya estaba hecho y sus palabras iniciales eran citadas en cadenas de correo electrónico como “prueba” del “salvajismo perredista”.
En la circunstancia presente, debiera ser tarea de los medios consignar los hechos sin sensacionalismos y acompañados de reflexión y de elementos de contexto. La Jornada optó por destacar la información de la más reciente masacre criminal porque, a su juicio, constituye, además de un reflejo de la barbarie desatada en el país, una señal espeluznante de la descomposición que impera en los aparatos estatales, reducidos a la impotencia por la falta de claridad y de previsión de quienes los encabezan e insisten, para encubrir su ineptitud o con un propósito peor, en que los hechos de violencia que padece el país son una “guerra”. No la hay. No está en juego la sobrevivencia nacional ni hay un enemigo a exterminar. Se padece, sí, una persistencia gravísima de la impunidad y de un consiguiente deterioro del estado de derecho y de la seguridad pública, pero no se trata de un conflicto bélico sino de descomposición de las instituciones nacionales.
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Hallan en Yucatán 12 decapitados; 11 de ellos muy cerca de Mérida
La Jornada, 29 de agosto de 2008;
■ La mayoría de los cadáveres estaban desnudos y algunos tenían un tatuaje en forma de dragón
Hallan en Yucatán 12 decapitados; 11 de ellos muy cerca de Mérida
■ Las cabezas no han sido encontradas
■ No presentaban heridas de bala
■ Circula la versión de que eran miembros de cuerpos policiacos de la entidad, de Quintana Roo u otros estados
Luis A. Boffil Gómez (Corresponsal)
Elementos del Ejército recorren la zona donde fueron encontradas 11 de las 12 personas ejecutadas
Mérida, Yuc., 28 de agosto. Los cuerpos decapitados de 12 hombres fueron localizados hoy en Yucatán; 11 en la comunidad rural de Chichí Suárez, en Mérida, y uno en el municipio de Buctzotz, ubicado al oriente de la entidad. Las cabezas no han sido encontradas.
El subprocurador de Justicia del estado, Rafael Acosta, informó que 11 de los cadáveres fueron encontrados por dos jóvenes al mediodía de este jueves en montes del poblado de Chichí Suárez, situado al nororiente de esta capital. Ambos adolescentes dieron aviso a la policía.
Tendrían entre 25 y 35 años
Los 11 cuerpos estaban apilados, 10 de ellos totalmente desnudos y sólo uno con ropa. La mayoría tenía tatuajes en forma de dragón. Las autoridades estimaron que estos sujetos tendrían entre 25 y 35 años de edad. No presentaban heridas de bala.
Fuentes extraoficiales de corporaciones policiacas locales revelaron que algunos de los occisos eran elementos de cuerpos de seguridad de Cancún, Quintana Roo, Yucatán y posiblemente de otros estados.
Acosta afirmó que estas personas habrían sido asesinadas y decapitadas en otros sitios y después abandonadas en los montes de Chichí Suárez. Elementos del Ejército arribaron al lugar y acordonaron la zona. Además, aplicaron operativos de vigilancia en la ciudad de Mérida.
Otro cuerpo decapitado fue hallado en el municipio de Buctzotz, ubicado a 180 kilómetros de Mérida. Trascendió que este hallazgo tendría relación con el primero.
Altos mandos de seguridad y policiacos de Yucatán se reunieron de emergencia en el palacio de gobierno de la capital del estado. El procurador de Justicia, José Guzmán Pacheco, declaró que es un hecho lamentable, pero llamó a la ciudadanía a no perder la calma y dijo que se redoblará la vigilancia.
–En esta ocasión no se trata de un “hecho aislado”, como suelen decir las autoridades cuando hay crímenes vinculados al narcotráfico en la entidad –se le hizo notar al funcionario.
–No, no se trata de un hecho aislado, pero esperamos que no se repita –respondió.
Durante una gira de trabajo por municipios indígenas, la gobernadora priísta Ivonne Ortega Pacheco externó su preocupación por el suceso. “No permitiremos que algo así vuelva a suceder”, subrayó.
Mientras tanto, agentes judiciales y centenares de policías custodiaron los palacios de gobierno estatal y municipal de Mérida, televisoras, periódicos, estaciones de radio y sitios de interés público.
En enero pasado fue localizado el cuerpo decapitado de Juan Carlos Alvarado Naal, El Calochas, conocido narcomenudista de Puerto Progreso. La cabeza fue arrojada al día siguiente del crimen en la repetidora local de TvAzteca.
Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado para informar que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) “ejercitó su facultad de atracción para conocer e investigar la muerte de 11 personas cuyos cadáveres fueron localizados cerca de la ciudad de Mérida, Yucatán, con señales de haber sido victimados con violencia inusitada”.
La dependencia federal sostuvo que “todo acto de violencia se repudia, aun cuando tengan lugar entre miembros de organizaciones criminales”.
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Sustituirá el gobierno a militares que realizan funciones de seguridad pública
Estaba integrado por más de 40 hombres; balean la casa de Rubén Granados y matan a su familia
Comando armado asesina a dos mujeres, dos niñas y tres policías en Guerrero
■ Heridos, cinco uniformados
■ Seis ejecutados en Chihuahua
■ Identifican sicarios muertos en Guanajuato
De los corresponsales
Un comando integrado por más de 40 hombres atacó la madrugada de este jueves una vivienda de la comunidad San Luis La Loma, municipio de Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande de Guerrero, y dio muerte a cuatro miembros de una familia, dos mujeres y dos niñas. En la huida, el grupo armado se enfrentó con policías estatales y federales, y asesinó a tres de ellos. Cinco agentes más resultaron heridos.
Los pistoleros balearon durante media hora la casa de Rubén Granados, conocido como El Nene, militante del PRI, quien según fuentes extraoficiales es adversario político del ex alcalde priísta de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez. Según los informantes, el objetivo del ataque era Granados.
El 3 y 4 de mayo pasados, en Iguala y Petatlán, 17 personas fueron asesinadas; la mayoría eran miembros de la Asociación Ganadera del Estado de Guerrero, en ese entonces presidida por Alba Álvarez. Dos hijos de éste murieron en esos hechos y una de sus hijas fue secuestrada y hasta ahora se desconoce su paradero.
Después del ataque a la vivienda, ocurrido al filo de las cinco de la mañana de este jueves, los pistoleros emprendieron la huida rumbo a Zihuatanejo, y en el trayecto abrieron fuego contra varias casas del poblado y de la vecina localidad de San Luis San Pedro.
Posteriormente, en la comunidad Alcholoa, municipio de Petatlán, los agresores se toparon con elementos del Operativo Conjunto Guerrero, y se desató un tiroteo en el que murieron los policías Óscar César Martínez de Paz, de la Federal Preventiva (PFP), Néstor Rodríguez Tinoco y Pedro Mayo Vázquez, de la Estatal Preventiva (PEP).
Cinco uniformados más resultaron heridos, informó Erit Montúfar Mendoza, director de la policía investigadora ministerial (PIM), quien precisó que los más de 40 integrantes del comando se desplazaban en al menos ocho vehículos de lujo.
Informó que las víctimas fueron identificadas como Judith Ávila Ureña, de 37 años de edad; Sonia Ávila Ureña, de 20, y las menores Yameli y Odalis Granados Ávila, de 8 y 12 años. Las asesinadas son esposa, cuñada e hijas de Rubén Granados, El Nene.
Explicó que elementos de PFP, PEP, PIM y otras corporaciones aplicaron un operativo de búsqueda de los agresores, sin embargo, cuando éstos se trasladaban por el punto conocido como Loma del Toro, en territorio de Petatlán, se toparon de frente con los elementos policiacos. En ese momento dio inicio el fuego cruzado en el que tres agentes murieron y cinco más resultaron lesionados. El enfrentamiento provocó pánico entre los habitantes de decenas de pueblos ubicados entre Tecpan de Galeana y Petatlán, y se suspendieron las clases en la mayoría de las escuelas
Además, cientos de ciudadanos no pudieron llegar a sus trabajos en Acapulco y Zihuatanejo, debido a que por varias horas fue cerrado el tráfico vehicular en la carretera federal que une a ambos puertos.
Por otra parte, en Chihuahua, seis personas fueron asesinadas a balazos por sicarios. Además, en Morelia, Michoacán, el Ejército aseguró una casa de seguridad donde presuntamente operaban miembros de la agrupación delictiva La Familia Michoacana, en cuyo interior había un arsenal que incluía granadas y rifles de asalto.
Mientras tanto, la procuraduría de Guanajuato identificó a los cuatro pistoleros que murieron en un enfrentamiento con miembros del Ejército, luego de atacar con una granada de fragmentación una base militar provisional instalada en la feria del municipio de San Francisco del Rincón.
El titular de la dependencia, Daniel Federico Chowell, dijo que se trata de Francisco Vivanco, ex policía de Acapulco; Víctor Contreras Reyes, Miguel Rodríguez y Gerardo Ortiz Reyna.
(Sergio Ocampo, Misael Habana, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Carlos Camacho, Carlos García y Notimex)

28 ago 2008

Paraguay, hoy

El cambio en Paraguay/Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay
Publicado en EL PAÍS (www.elpais.com), 27/08/2008;
Cada país tiene una historia a la cual responde. Aún los vecinos que integramos hoy el Mercosur nos definimos mediante características peculiares a cada historia nacional. Sin ir más lejos, mientras Brasil celebra en este 2008 la llegada de la monarquía portuguesa a Brasil, que gobernaría casi un siglo, el resto comenzamos la evocación del proceso de la independencia, que se desencadenará dos años más tarde en una vasta rebelión armada. En esa mirada, el Paraguay luce singularísimo desde la época española, como centro de la colonización del Río de la Plata, más tarde república aislacionista y luego epicentro de una formidable tragedia militar, que aún pesa sobre su alma. En los estertores del siglo XX termina con un largo período dictatorial, abriéndose a una democracia incipiente que vive en estos días un cambio copernicano con el advenimiento del obispo Lugo al poder, luego de 61 años de gobierno del Partido Colorado.
Nada se puede entender sin esa historia. El proceso colonial tuvo su epicentro en Asunción “madre de ciudades”, desde la cual, a partir de 1537, se condujo la colonización del Río de la Plata, fundando nada menos que Santa Cruz de la Sierra (1561), Santa Fe (1573), Buenos Aires (1580) y Corrientes (1588). Una inédita amalgama del español y el indígena guaraní, es pacíficamente impulsada por su primer gobernante, Domingo Martínez de Irala. De ella nacería una nueva clase, los “mestizos” o “mancebos de la tierra”, que, además de adquirir un protagonismo impensable en otras partes de América, consolidaron un idioma, el guaraní, que hasta hoy convive con el castellano en una armónica dualidad.
Ya en el siglo XVI se ve a criollos encumbrados en el gobierno, como el célebre Hernandarias, o -en la vida intelectual- el cura asunceño Rui Díaz de Guzmán, el primer historiador del Río de la Plata. A esta particular historia ha de añadírsele la de las misiones jesuitas, que entre 1607 y 1767 desarrollaron una formidable experiencia de enculturación indígena, que mantuvo la frontera española frente al avance de los codiciosos bandeirantes portugueses. Desde la explotación económica de la yerba mate hasta la invención de instrumentos musicales, como el arpa paraguaya, desde la publicación de una gramática guaraní hasta la formación de un ejército disciplinado y eficaz, todo fue posible para aquellos pueblos asentados en lo que hoy son tierras paraguayas, brasileñas y argentinas.
La independencia también fue diferente a la del resto. Estuvo precedida de fuertes movimientos comuneros de autodeterminación y cuando finalmente se proclame, no es reconocida por Argentina hasta después dela caída de Juan Manuel de Rosas, que no se resignaba a ese desgajamiento. Allí, Gaspar Rodríguez de Francia -magistralmente descrito por Arturo Roa Bastos en su novela Yo el supremo- instaura una autocracia aislacionista, que separa al Paraguay de toda la región que había formado. Como un Robespierre criollo, conduce un Estado omnipresente hasta en la propiedad de la tierra y un pueblo encerrado en sus fronteras. Esa sensación de aislamiento, curiosamente, sobrevivirá hasta nuestros días, pese a toda el agua que pasó bajo los puentes. Ello se explica porque cuando Paraguay intentó retornar a la escena internacional con el despótico mariscal Solano López, terminó en una tragedia sin precedentes: le declaró la guerra a la Argentina y el Brasil, se sumó en su contra al Uruguay, y luego de una resistencia tan heroica como sin sentido, quedó económicamente destruido y demográficamente diezmado por las matanzas ocurridas en los sombríos años que van desde 1864 hasta 1870. Recuperado del desastre, otra guerra afrontaría aún el Paraguay, con Bolivia, a partir de 1933, por la posesión del Chaco, en la que una vez más demostraría la bravura de su gente, en esta ocasión, con más éxito y sentido.
El Paraguay contemporáneo registra un período de inestabilidad que culmina con el ascenso al poder del general Alfredo Stroessner, quien gobernó despóticamente 35 años, en nombre del Ejército y del Partido Colorado. Abroquelado en el viejo aislacionismo, su Gobierno fue de estabilidad y silencio, con una ráfaga de prosperidad cuando la construcción, en sociedad con los brasileños, de la gran represa de Itaipú. Derrocado Stroessner en 1989 por sus propios correligionarios, se sucederán varios gobiernos colorados hasta que la última elección marque una vuelta de campana sorprendente en la política paraguaya: gana un obispo (hoy relevado de su cargo), afecto a la Teología de la Liberación, asociado al viejo partido liberal, que vuelve al poder luego de casi 70 años.
Lugo obtuvo el 42% de los votos, frente a un 32% de Blanca Ovelar, la candidata colorada, y a un 23% del general Oviedo. Sin embargo, no tiene bancada parlamentaria propia y, como apoyo, cuenta con su vicepresidente, líder del Partido Liberal, y los parlamentarios de esa colectividad, importantes pero no suficientes. Precisará acuerdos, entonces. Y eso es lo que está intentando, al tiempo que marca una impronta personal en la constitución del gabinete, que no ha respondido a la expectativa de los liberales, incluso designando, como ministro de Economía, a quien ocupó ese cargo durante los primeros tiempos del anterior presidente colorado. Por cierto, ha sido una señal tranquilizadora para el empresariado, pero preocupante para los movimientos sociales de izquierda que le apoyaron y que todavía sueñan con cambios estructurales más bien intencionados que realizables.
En la campaña electoral, un punto clave fue la propuesta de renegociar el Tratado con Brasil sobre la represa de Itaipú, recurso fundamental del Paraguay. Conforme al Tratado, los dos países tienen derecho al 50% de la producción, pero el socio que no agote ese porcentaje está obligado a venderle al otro el excedente al precio de costo. Como Paraguay consume sólo el 5% del total, reclama que ese excedente que compra Brasil se haga a un verdadero valor de mercado. Se supone que Brasil no aceptará abrir el Tratado, pero sí buscar una solución que económicamente satisfaga al Paraguay. En cualquier caso, en este asunto, el nuevo Gobierno no sólo se juega importantes recursos, sino también su credibilidad.
Las expectativas de cambio, a partir del 15 de agosto, son muy grandes. Empiezan en Itaipú, pero siguen en el empleo y en toda una gama de reivindicaciones sociales que rodean la propia figura de Lugo. ¿Podrá colmar esa esperanza? ¿Podrá marcar un estilo diferente al del histórico Partido Colorado? Los primeros pasos han sido cautos. Necesitará de mucho más para que las inercias históricas no lo empantanen y la falta de experiencia política del propio presidente no le permita vadear los obstáculos que las propias expectativas han creado.

Georgia, siete de agosto

Georgia, 7 de agosto de 2008: la crisis en su contexto/Elena García Guitián, profesora titular de Ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid
Publicado por el REAL INSTITUTO ELCANO, 27/08/2008;
Tema: El reciente enfrentamiento entre Rusia y Georgia ha creado una verdadera conmoción en la sociedad internacional. El envío de tanques a Tsjinvali, la capital de Osetia del Sur, por parte del gobierno georgiano se interpretó en un principio como un episodio más de un larguísimo y doloroso conflicto territorial que no parecía tener solución. Sin embargo, la inesperada, por excesiva, respuesta rusa ha dado la vuelta al problema inicial y ha convertido a Georgia en escenario de una lucha geopolítica de ámbito internacional que, sin duda, tendrá consecuencias importantes para el equilibrio de poderes futuro.
Resumen: La crisis desatada por la acción militar georgiana en Osetia del Sur no se entiende sin conocer la reciente historia georgiana, y el papel determinante que Rusia ha desempeñado en ella. Los actuales conflictos separatistas de Osetia y Abjazia son producto de un choque entre proyectos de Estado incompatibles con la construcción del Estado– nación georgiano, que comienza en el siglo XIX, bajo la tutela rusa, y continúa durante la época soviética. El régimen soviético, además de desarrollar políticas que produjeron mayores tensiones separatistas, dejó como herencia al nuevo Estado independizado en 1991 un régimen político basado en la corrupción y la economía sumergida.
Este punto de partida es el que explica la turbulenta historia reciente de Georgia y la agresividad de los conflictos territoriales, que culminan en el estallido de dos guerras y que se prolongan con acciones militares periódicas.
Rusia ha estado implicada en los acontecimientos desde un principio, ocupando una posición ambivalente que se explica por su interés en mantener a Georgia bajo su órbita pero, a la vez, por su temor a alentar unas reivindicaciones de independencia que puede sufrir también en su propio territorio. El enfrentamiento de agosto entre Rusia y Georgia es el último episodio de esta relación, y se explica sobre todo por los cambios introducidos en la política exterior de ambos países, que han supuesto el incremento de la intervención rusa en los territorios separatistas y el cambio en el papel que hasta ahora había desempeñado en las diferentes acciones militares que habían tenido lugar desde la firma de los acuerdos de paz entre las partes.
Análisis
Algunos datos históricos
Georgia es un pequeño país de menos de cinco millones de habitantes, que obtuvo su independencia oficial en 1991, al separarse de la Unión Soviética, en un período turbulento. Desde el principio, durante el proceso que le condujo a ella, se encontró con la oposición de los líderes de algunos de sus territorios que defendían la permanencia dentro del sistema soviético y se oponían al proyecto de Estado–nación georgiano. Se generaron así diferentes conflictos de carácter étnico–político entre georgianos y otros grupos (abjazos, osetios y adzaros) que han condicionado totalmente la transición georgiana hacia un modelo de Estado moderno y democrático con una economía de mercado.
Aunque necesario para entender correctamente la evolución de dicho conflicto, no es este el lugar adecuado para explicar con detalle la tormentosa historia de los pueblos que han habitado esta región: norcaucásicos, armenios, azeríes, georgianos, etc., situados casi siempre bajo la órbita de algún poderoso enemigo/aliado imperial como los persas, griegos, romanos, turcos o rusos. Lo que si hay que señalar es que existen importantes discrepancias entre los actuales georgianos a la hora de interpretar esa historia. En el imaginario oficial, Georgia es una nación con un territorio perfectamente definido (aunque disminuido respecto a su época más gloriosa), organizada como Estado y con una continuidad histórica innegable, en la que junto a los georgianos conviven otras etnias. En el imaginario de los que reclaman la separación, en ella hay otros pueblos con distintas identidades políticas y otra interpretación de las mismas referencias históricas, lo que a sus ojos proporciona argumentos suficientes para apoyar su reivindicación de soberanía en la parte del territorio georgiano en la que viven.
Los abjazos, por ejemplo, reclaman la restitución de un Estado que tuvo su origen hace más de 1.500 años, aunque se encontrara gran parte de su historia bajo diversos protectorados y ocupaciones. Algo rechazado por los georgianos, quienes reivindican esos mismos orígenes como constitutivos de la nación georgiana y consideran que los ancestros de los abjazos actuales llegaron de las montañas en el siglo XVII, instalándose en un territorio que era suyo.
Los surosetios, por su parte, esgrimen su actual mayoría y sus lazos con Osetia del Norte (Rusia) para afirmar su legítimo derecho a la autodeterminación, algo impensable para los georgianos, que no los consideran habitantes originarios, sino otro de los pueblos del Caúcaso llegado posteriormente de las montañas. Y no olvidemos la región de Adzaria, que parece haber desaparecido como problema tras la expulsión en 2004 del gran cacique que controlaba la región, Aslan Abashidze, pero que cuenta con una población musulmana que reivindica sus vínculos con Turquía.
A pesar de las tensiones históricas existentes entre los diferentes pueblos que han coexistido en el territorio georgiano, habitualmente presentes en las narrativas nacionales de cualquier país, los conflictos adquirieron otro carácter con la extensión del nacionalismo como ideología en una época de progresivo declive del Imperio ruso a final del XIX, y se complicaron enormemente con la política hacia las nacionalidades desarrollada durante la época soviética. En el caso de Georgia, su elite adoptó un discurso nacionalista de base cultural y política con el que se resistió a la “rusificación”, lo que les facilitó conseguir el reconocimiento como Estado independiente durante el período de 1918–1921. No obstante, desde un primer momento, ese discurso nacionalista suscitó la desconfianza de otros grupos étnicos que comenzaron a su vez a defender sus propias narrativas nacionales, dando lugar a choques importantes entre las diversas elites y creando una complicada situación que se vio radicalmente alterada con la “anexión” de Georgia a la Unión Soviética.
Su nuevo estatus hizo que sufriera las arbitrarias variaciones y crueles experimentos en la política respecto a las nacionalidades que caracterizó la época soviética. Así, aunque consiguió una amplia autonomía que le permitió mantener su identidad, a pesar de las presiones periódicas para imponer el ruso, y alcanzar un cierto florecimiento cultural, otro tipo de políticas dificultarían su existencia futura. Decisiones adoptadas por los líderes soviéticos como la repoblación de algunos territorios con otras minorías (georgianos en Abjazia) o la deportación de poblaciones (musulmanes a Turquía) generaron mucho descontento, y la concesión –a veces revocada– de autonomía a los territorios que también reivindicaban su identidad cultural, con la consiguiente creación de estructuras institucionales siguiendo un modelo estatal, proporcionaron argumentos a sus elites políticas para rechazar su pertenencia a Georgia en el momento de su independencia.
Esto queda claro en el caso de Abjazia, pero sobre todo en el de Osetia del Sur, que ya en 1990 –antes que la propia Georgia– autoproclamó su independencia y originó un conflicto armado que no se detuvo hasta los acuerdos de paz de 1992.
El resultado de todo ello es que dentro de los límites territoriales del Estado georgiano, diseñados conforme a las fronteras que tenía en el periodo de independencia del que disfrutó antes de ser incorporado a la Unión Soviética, coexisten diferentes proyectos de Estado incompatibles entre sí. Además, esa independencia se alcanza en el momento de la desintegración del sistema soviético, lo que produjo un colapso institucional y económico (corrupción, violencia, y liderazgo no democrático) poco favorable para las transiciones hacia la democracia de los nuevos Estados
El nuevo Estado georgiano
Dentro de la Unión Soviética, como hemos señalado, Georgia pudo mantener y desarrollar su identidad nacional, y también fue capaz de crear casi un Estado paralelo basado en una economía sumergida controlada por clanes. Ello explica en parte que la declaración de independencia que tiene lugar el 25 de mayo de 1991 desatara un período de lucha interna por la hegemonía política y, a la vez, económica en el país.
Uno de los impulsores de la independencia, Zviat Gamsajurdia, hombre carismático pero autoritario, considerado por muchos un “iluminado”, es elegido primer presidente, y unos meses después tiene lugar un golpe de Estado que desata una guerra civil que no acaba hasta 1993 y que deja al país en la miseria y moralmente devastado.
La crisis institucional es total. La lucha se lleva a cabo entre grupos de partidarios (“zviatistas”) y oponentes de Gamsajurdia (antiguos colaboradores como Tenguiz Kitovani, Jaba Ioseliani y Tenguiz Sigua), que actúan como señores de la guerra ayudados por grupos paramilitares. Estos últimos forman parte de un Consejo de Estado que se hace con el poder y pide a Eduard Shevardnadze que acceda a formar parte de él y se involucre activamente en la política georgiana.
En ese momento, el conflicto interno se agudiza con las disputas territoriales. Los líderes que reivindican la independencia aprovechan el caos para consolidar su poder y, a la vez, los combatientes georgianos inician intervenciones militares justificadas con el argumento de que forma parte de la persecución de los partidarios de Gamsajurdia. El resultado es el comienzo de otra de las sangrientas guerras de secesión, la de Abjazia, que no se detiene hasta mayo de 1994.
En el enfrentamiento militar participan combatientes del Caúcaso (algunos de ellos posteriormente convertidos en protagonistas de la guerra de Chechenia) y Rusia facilita armas a todos los contendientes, posiblemente satisfecha con la desestabilización de la nueva nación. Pero también juega un papel fundamental para alcanzar la paz, lo que Georgia reconoce aceptando ingresar en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Así, mediante las fuerzas pacificadoras de esta organización, Rusia instaura un status quo que se impone tanto en Abjazia como en Osetia, cuyos líderes confían en Moscú.
Después de vencer definitivamente a los “zviatistas”, conseguir los acuerdos de paz en estos territorios, y deshacerse de los otros incómodos miembros del Consejo, comienza la etapa de Shevarnadze, elegido presidente en 1995 y que se caracteriza por el pragmatismo, pero también por la acomodación al sistema y la incapacidad para generar ningún avance hacia la institucionalización del sistema político y su democratización.
Gracias sobre todo a los buenos contactos internacionales de su líder, Georgia recibe grandes ayudas económicas por parte de la UE y Estados Unidos, y mantiene una correcta relación, no exenta de tensiones, con Rusia. Pero esas ayudas son engullidas por la corrupción absoluta que impera en el sistema. La economía está en manos de clanes que se disputan el comercio en las distintas zonas del país (los principales: Shevarnadze en Tbilisi; Abashidze en Adzharia; Tedeyev en Osetia; y Ardzimba en Abjazia), no se recaudan impuestos y se producen continuos cortes en el suministro de agua, electricidad y gas. La supervivencia de la población se garantiza gracias a la fortaleza de las relaciones familiares y sociales, con una juventud devastada por las drogas y la violencia, y a una economía de subsistencia que permite adquirir productos agrícolas locales e importaciones de Turquía.
En este contexto, a todas las partes parece interesarles el estancamiento de la resolución de los conflictos territoriales. Pero hablar de “conflictos congelados” no significa que nadie mueva ficha. Los más de 200.000 desplazados de la guerra de Abjazia son visibles en Tbilisi y recuerdan con su presencia en el hotel Iveria, situado en el mismo centro de la ciudad, la tragedia. Y ya durante el período Shevardnadze se producen múltiples crisis, como los intentos de regreso de refugiados georgianos ayudados por paramilitares, que son rechazados, o los choques con Rusia originados en la guerra de Chechenia, que provocan incidentes en el valle de Kodor, en una concatenación ininterrumpida de incidentes que van transformando ese status quo inicial, multiplicando los agravios y la falta de entendimiento de todos los actores.
La caída de Shevardnadze se materializa en noviembre de 2003 cuando Mijaíl Saakhasvili, antiguo colaborador suyo, pasa a la oposición y llama a la movilización ciudadana contra el régimen, en lo que se ha venido a llamar la “Revolución de las Rosas”. En las elecciones celebradas en enero del año siguiente, éste alcanza el poder con el 96% de los votos con un discurso renovador en el que se impone como principales objetivos de su mandato la lucha contra la corrupción y la democratización del país. Pero para ello Georgia debía ser un país fuerte capaz de solventar sus conflictos territoriales y consolidar su estatus de país plenamente europeo, lo que se tradujo en un discurso claramente nacionalista y pro–americano, lo que empeoró las relaciones con Rusia.
El resultado ha sido un mandato lleno de claros y sombras. Por un lado, Saakhasvili aportó algo de ilusión a una población absolutamente desmoralizada y apática. Incorporó a su equipo a jóvenes que habían adquirido experiencia a través del activismo político en la incipiente sociedad civil (básicamente ONGs vinculadas a organizaciones internacionales), y comenzó a desarrollar políticas públicas para modernizar y democratizar las instituciones: lucha anticorrupción, reforma de la policía, profesionalización de la justicia, mayores garantías para las inversiones extranjeras, etc. Sin embargo, aunque ha conseguido introducir evidentes mejoras que todos reconocen, para alivio del común de los georgianos, el contexto de partida no era el más idóneo para alcanzar resultados rápidos, y su gran apoyo popular inicial le ha servido para ejercer el poder de forma personalista y, en muchas ocasiones, autoritaria.
En este sentido, los indicadores internacionales utilizados para medir la calidad de la democracia en Georgia son claramente insatisfactorios. El sistema político georgiano es un sistema presidencialista caracterizado por el predominio del poder ejecutivo, la debilidad de la oposición (con partidos demasiado identificados con grupos de interés y faltos de líderes atractivos), la baja actividad de la sociedad civil, y muy centralizado (aunque de hecho son los clanes locales los que controlan gran parte de la actividad política y económica del país). Por ello, a pesar del discurso oficial, aunque el nivel de corrupción ha descendido, el índice total de calidad democrática no ha mejorado desde el periodo Shevardnadze.
Quizás la impaciencia, o la impotencia, para conseguir llevar a cabo su proyecto, es la que ha ido ampliando la imagen autoritaria de Saakashvili y ha fortalecido a la oposición. El resultado fueron los acontecimientos de 2007, que comenzaron con el enfrentamiento con su ministro de Defensa, Irakli Okruashvili, posteriormente destituido, quien a su vez le acusó de corrupción; continuaron con la represión de manifestantes de la oposición y la declaración del estado de emergencia en noviembre de ese mismo año; y, aparentemente, finalizaron con la celebración adelantada de elecciones, que volvió a ganar, aunque con menos apoyo.
Un segundo rasgo de su mandato ha sido el cambio radical en las alianzas exteriores que ha imprimido a la política georgiana. Saakhasvili se ha convertido en ferviente defensor del presidente Bush y ha apoyado acríticamente sus políticas, hasta el punto de mandar un contingente de tropas de 2.000 soldados a Irak en el momento en el que otros países comenzaban a retirar los suyos. Está realmente convencido de que sólo la ayuda estadounidense permitirá a Georgia escapar de la cada vez más intensa y abierta interferencia rusa e incorporarse a Europa como le corresponde, por ello el ingreso en la OTAN se ha convertido en su principal meta en política exterior. Por el contrario, las relaciones con Rusia, a quien ve como potencia imperialista y principal culpable de alentar las ambiciones separatistas, se han deteriorado a pasos agigantados. El resultado ha sido que la cuestión georgiana ha pasado a ocupar un lugar importante en la agenda internacional.
Los Estados Unidos consideran a Georgia un aliado estratégico por su proximidad a Irán (siendo un Estado cristiano y democrático); por alojar un oleoducto que lleva petróleo a occidente evitando que pase por territorio ruso o iraní; por haberse convertido en uno de los países aliados en la crisis de Irak; y por su discurso anti–ruso, que contribuye a reforzar su condena de la deriva autoritaria del Kremlin y a legitimar la influencia estadounidense en países limítrofes con Rusia. El gobierno ruso, por su parte, trata a Georgia como un mero peón de los Estados Unidos en su estrategia de dominio mundial. Y la reacción de la UE ante la nueva política de Saakashvili muestra la diferencia de opinión de sus miembros. Mientras algunos países simpatizan con las ambiciones georgianas, por padecer conflictos territoriales o por coincidir en su desconfianza hacia Moscú, para otros son un estorbo en la mejora de las relaciones con Rusia y demasiado coincidentes con los intereses de Estados Unidos.
Lo que está claro es que la nueva estrategia georgiana les ha obligado a todos a tomar partido, y estas decisiones están incidiendo de forma importante en la política internacional.
En tercer lugar, el gobierno de Saakashvili estableció como uno de sus objetivos principales “solucionar” los problemas de los territorios separatistas. Como hemos señalado anteriormente, los conflictos no han estado congelados, porque la situación en ellos no ha parado de evolucionar, como reflejan los constantes movimientos efectuados por todos los actores.
Lo que si logró el nuevo gobierno georgiano al comienzo de su mandato (2004), precisamente mediante la organización de una incursión militar, fue expulsar a Aslan Abashidze de Adzaria, territorio autónomo que funcionaba de facto como independiente, bajo su total control. Y este éxito le condujo a intentar la misma estrategia para afrontar los otros problemas territoriales.
La firma de los acuerdos de paz había llevado a Osetia del Sur y a Abjazia a adquirir un estatus político no muy distinto al que hemos descrito en el resto de Georgia. En el caso de Osetia, la división entre enclaves de mayoría surosetia y georgiana que viven de espaldas los unos de los otros se iba agudizando, con muchos refugiados de ambas partes fuera de su territorio.
En las elecciones de 2001, el control político acaba en manos de un ex miembro del Partido comunista, Eduard Kokoiti, relacionado con el clan Tedeyev, que es el que controla la frontera y el contrabando –con la implicación de militares rusos– entre Rusia y Georgia, y los incidentes con el gobierno georgiano se multiplican. Kokoiti instaura un régimen personalista muy poco democrático –a pesar de utilizar el referéndum y las elecciones– que ofrece buenos argumentos a Saakashvili para desprestigiarlo, transformando la naturaleza del conflicto al presentarlo como algo provocado por un núcleo de mafiosos jaleados por los rusos. Por ello, en 2004, poco después de llegar al poder, decide intervenir militarmente en una operación justificada como antimafia, precipitada también por la detección de movimientos de tropas rusas, teniendo además como antecedente su éxito en Adzaria.
El resultado fue un nuevo fracaso georgiano y el aumento de la influencia rusa en la zona. La precaria economía de Osetia del Sur depende en un 60% de la ayuda de Rusia, que paga sueldos y pensiones, concede pasaportes rusos a los surosetios (dando razones de peso de nuevo a los georgianos para denunciar su papel como pacificador) y construye carreteras y un oleoducto sólo para los pueblos de mayoría osetia, facilitando el aislamiento de los de mayoría georgiana.
En Abjazia, los acuerdos de paz supusieron la consagración de un nuevo equilibrio demográfico en el que los habitantes de etnia abjaza se convirtieron en mayoría y crearon instituciones políticas de facto totalmente independientes de las de Georgia. El asilamiento inicial y los embargos consagraron una economía de subsistencia en una zona que en la época soviética era un paraíso turístico. En los últimos años, sin embargo, se ha producido una activación de la intervención rusa que ha transformado bastante la situación al permitir, sin respaldo legal, la adquisición de propiedades por parte de inversores rusos, lo que ha suscitado la desconfianza de los propios abjazos. Porque a pesar de tener pasaportes rusos y utilizar el rublo, su meta principal es alcanzar la independencia, y temen que un desarrollo económico mayor suponga su colonización por parte de los rusos. Algo, por otro lado, nada descabellado, como muestra el hecho de que, aunque en las últimas elecciones celebradas en este territorio saliera reelegido el nacionalista Serguei Bagapsh, éste tuviera después que incorporar a su equipo al candidato apoyado desde Moscú.
El estallido del conflicto (7 de agosto de 2008)
Ésta es a grandes rasgos la descripción de la situación existente hasta que, sobre todo a partir de 2007, comienzan a desencadenarse rápidamente los acontecimientos, en un contexto internacional que ha cambiado. Sucesos como la entrada de los georgianos en el valle de Kodor (situado en la frontera con Abjazia); la creación de una administración pro–georgiana paralela en Osetia ( presidida por Dimitri Sanakoyev); el incremento de la actividad paramilitar de los surosetios con disparos e incidentes constantes; las protestas del Gobierno georgiano por la actuación rusa en el conflicto en todos los foros internacionales; la celebración en Osetia de un referéndum para solicitar la independencia; las tensiones internas en Tbilisi, que llevan a declarar el estado de emergencia, etc., reflejan una situación que nada tiene que ver con un conflicto congelado.
Ese continuo goteo de graves sucesos, unido a un análisis del estado de la relación de Georgia con sus aliados, es lo que explica la decisión de intervenir en Osetia del Sur el 7 de agosto de 2008. Aunque se han dicho muchas cosas sobre las razones de esa intervención, no está claro por qué se adopta en ese momento ni cuáles eran los objetivos. Vistos lo antecedentes y la estrategia utilizada en ellos, parece dudoso afirmar que se tratara de un ataque militar georgiano perfectamente planificado para hacerse con la totalidad del territorio, pues presenta más similitudes con el tipo de incursión de 2004. Además, desde el punto de vista estratégico, si ese hubiera sido el objetivo resultaría en error garrafal no haber procedido a cerrar el túnel de Rok, único paso desde Rusia, en vez de acceder directamente a Tsjinvali.
Respecto a las razones que justificaron la incursión, el gobierno georgiano considera que no se trató de un juicio precipitado e inmaduro que les hizo caer en la trampa rusa. Georgia tiene fuerzas militares dentro de Osetia del Sur, protegiendo especialmente los pueblos georgianos y la frontera, que estaban siendo atacados desde hacía meses con objeto de provocarles e iniciar el conflicto militar, y en Tbilisi se decidió que debían responder para no perder la credibilidad ante sus ciudadanos.
En todo caso, la acción del gobierno georgiano fracasó por tres motivos: la resistencia armada en Tsjinvali fue infinitamente más fuerte de lo que esperaban; no previeron una reacción de los rusos de este tipo; y la estrategia militar no estaba diseñada para hacer frente a la situación que se generó.
Y es que algo importante había cambiado respecto a incidentes anteriores: el papel que Rusia desempeñaba en los conflictos. Su progresiva intervención en la política y la economía de Abjazia y Osetia ya no dejaba duda sobre su implicación como parte en él. A la vez, el discurso pro–americano de Saakashvili y sus intentos de entrar en la OTAN habían situado la relación con Georgia en el centro del diseño de la nueva política exterior de Rusia. Por otro lado, la mejora de su situación económica y la estabilización política conseguida bajo el mandato de Putin no ocultaban la deriva autoritaria que estaba teniendo lugar y que también reflejan los índices de calidad democrática, más bajos aún que los de Georgia.
Los georgianos son muy conscientes del cambio y saben que la política rusa en Abjazia y Osetia es el resultado de los movimientos que Georgia ha realizado en el ámbito internacional. En este sentido, creen que el retraso de su ingreso en la OTAN con el argumento de que tiene serios conflictos territoriales le ha dado a Rusia razones para avivarlos aún más. Y, de hecho, el presidente Saakashvili se defiende de las críticas a su actuación diciendo que la intervención de agosto se precipitó (en “época de vacaciones”) por las informaciones que alertaban de preocupantes movimientos de tropas rusas en la frontera que parecían confirmar la tan temida invasión.
Lo que debería descartarse es la visión de que el gobierno georgiano estaba actuando como un comparsa siguiendo una estrategia diseñada por los estadounidenses, en su beneficio, con objeto de debilitar a Rusia. La realidad es que en este conflicto interactúan muchas partes que principalmente persiguen sus propios intereses aunque a la vez contribuyan a satisfacer los de los demás. Y parece que la tibia primera reacción del gobierno de Bush reflejaba más su sorpresa ante la iniciativa de Saakashvili que un apoyo entusiasta por el éxito en la consecución de un plan diseñado conjuntamente.
Conclusiones: Todavía no sabemos con certeza cuáles fueron de verdad las razones que impulsaron el envío de tropas a Osetia del Sur, ni si la realidad era tal y como la percibió el gobierno georgiano. En todo caso la descripción del contexto nos muestra una situación muy conflictiva en la que las decisiones debían adoptarse teniendo en cuenta el equilibrio interno del país y su repercusión en el ámbito internacional. Y lo que cabe concluir es que los georgianos primaron su política interna.
El resultado ha sido la destrucción de pueblos y ciudades en Osetia del Sur y la ocupación de zonas de Georgia por parte de las tropas rusas, en una operación militar que ha adoptado a la vez la forma de acción “pacificadora”, de “castigo” y “preventiva”. En el contexto actual, dada su resistencia a abandonar algunos enclaves georgianos, ello puede suponer que Rusia vaya a mantener bajo su control parte de ese territorio ocupado.
Pero esa activa presencia de Rusia en el desarrollo de los problemas internos de Georgia ha hecho que se conviertan en uno de los temas candentes de la política mundial. Y eso va a condicionar los acontecimientos futuros, que van a depender de los movimientos de las piezas de actores muy diversos y de los acuerdos a los que lleguen entre si.
Georgia ha perdido los territorios de Abjazia y Osetia, cuya independencia ha sido ya reconocida por el Kremlin ignorando las presiones internacionales y las propias tensiones existentes dentro de Rusia que tiene a su vez territorios que reivindican su independencia (lo que supone fuertes incoherencias de sus líderes al respecto y del manejo del antecedente de Kosovo).
El interés de Georgia, por el contrario, se centrará en conseguir que la Unión Europea convenza a Rusia de que les deje intervenir como mediadores en el conflicto, por haberse convertido ésta en parte de él (al defender a “sus ciudadanos”), y lograr el apoyo del grupo de países que recelan del gobierno ruso para incorporarse lo más rápidamente posible a la OTAN. De nuevo esto dependerá tanto de las presiones estadounidenses como de las dinámicas internas de la UE, en la que no hay que despreciar la influencia del nuevo grupo que constituyen los países del Este y que son claramente pro–georgianos.
Pero aparte de afectar al destino de Georgia, otra de las consecuencias de este conflicto es que va a precipitar el rediseño de un nuevo equilibrio de poderes entre los Estados Unidos, la UE y Rusia, cuyos rasgos es prematuro todavía avanzar. Los europeos tendrán que tomar decisiones sopesando, por un lado, el grado en el que sus intereses están ligados a los de Rusia dada su gran dependencia energética de ella, y, por otro, la desconfianza que les suscita la deriva autoritaria rusa, traducida en la actitud agresiva en sus relaciones exteriores que ha mostrado claramente en este conflicto. Y aunque es de esperar que Estados Unidos siga manteniendo una política similar respecto a estos temas, una victoria del candidato demócrata podría modificar de forma importante la manera de abordar sus relaciones exteriores.
Analizado todavía con poca distancia, lo que cabe concluir es que el resultado de los sucesos de agosto, a pesar de lo que pueda parecer, ha perjudicado a todos los actores. La iniciativa de los georgianos ha complicado enormemente su posición en los conflictos territoriales, ha supuesto la destrucción de infraestructuras en gran parte del país, causando un gran daño a su población, y ha minado la confianza internacional en el gobierno existente, que seguramente tendrá que responder más adelante ante sus ciudadanos por lo sucedido. Los surosetios han heredado un territorio desolado y los abjazos se han convertido en un enclave ruso. Los rusos, a pesar de haber conseguido el triunfo militar, se han metido en un avispero en estas zonas y corren más riesgo de sufrir nuevos conflictos separatistas. Además, moralmente están sufriendo un gran desprestigio mundial por su acción desproporcionada, incrementando la animosidad anti–rusa, sobre todo en territorios que siguen siendo de su interés. Los estadounidenses, por su parte, han mostrado sus limitaciones para intervenir efectivamente en el exterior y han constatado los peligros de suscitar en el imaginario mundial la idea de que sus amigos están protegidos frente a todo. La UE ha puesto de relieve las dificultades que tiene para desarrollar una política exterior coherente y se ha dado cuenta de que la incorporación de los países del Este ha introducido un nuevo equilibrio interno que puede transformarla de forma importante. Y, por último, la ONU ha vuelto a exhibir su incapacidad para ayudar a resolver los conflictos dada su dependencia de las grandes potencias.