El Magistrado José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), y hasta hace un mes presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), presentó este martes 8 de diciembre su último informe de labores.
Precisó que durante este año se crearon 15 juzgados más, con los que se atiende la demanda de impartición de justicia a la ciudadanía. "Al inicio de esta administración (2004), el Tribunal contaba con 218 juzgados; a la fecha se tienen 285 representando un incremento del 30.7 por ciento.
"El Poder Judicial es una gran institución que cuenta con personal altamente calificado y, por tanto, es capaz de garantizar la cotidiana convivencia de la sociedad que plantea sus controversias con la seguridad y confianza", precisó.
Durante el informe, Castillo detalló que durante este año se radicaron 221 mil 133 casos, de los cuales 124 mil 437 representan un 56.2 por ciento en materia civil, y 23 mil 654 en materia penal.
El presidente saliente destacó que el secuestro sigue siendo el delito que más impacta al Estado, y continúa en crecimiento al alcanzar este año un total de 106 casos ante los tribunales estatales.
Castillo Ambríz dijo que hizo todo lo posible al frente del cargo, pero que las limitaciones presupuestales no le permitieron llegar hasta donde hubiese querido, aunque consideró que la evaluación de su cargo se lo deja a la sociedad y a las instancias correspondientes.
El TSJEM prepara el cambio de presidente que deberá efectuarse durante la primera semana de enero de 2010, entre los más viables sucesores está el magistrado Baruch Florente Carbajal, quien actualmente forma parte del Consejo de la Judicatura, aunque deberán esperar a conocer la lista de aspirantes que se registren a la convocatoria que lance el pleno, en una sesión extraordinaria en los próximos días.
La ley orgánica del Poder Judicial establece que el presidente del Tribunal será electo por mayoría de votos en la primera sesión del mes de enero. Sus acuerdos pueden reclamarse ante el pleno del tribunal siempre que se hagan por escrito en los términos que marca la ley.
Entre las atribuciones del presidente está vigilar que la administración de la justicia se realice de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; convocar a los magistrados del pleno a sesiones, presidir los debates, designar a los magistrados sustitutos; además de presidir el Consejo de la Judicatura, coordinar sus acciones y ejecutar los acuerdos dictados por éste que es el máximo órgano del Tribunal, con decisiones inatacables.
Castillo Ambríz continuará en su cargo de magistrado, del cual sólo puede ser removido por causas graves, por la Legislatura o hasta que se jubile, en los términos que plantea la ley orgánica del Poder Judicial.
Al margen:
El Magistrado José Castillo Ambriz fue electo en noviembre de 2007 en Boca de Rio Veracruz, presidente de la Mesa Directiva de Conatrib que congrega los 32 Poderes Judiciales de la República Mexicana.
La Presidencia del Conatrib es ocupada hoy por el Magistrado Rodolfo Campos Montejo, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco; fue nombrado de manera unanime por sus pares para el periodo 2009-2011 dentro del marco del XXXIII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, celebrado el 5 y 6 de noviembre del año curso en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
El nuevo presidente de la Conatrib enumeró algunos de los desafíos a los que se enfrentará la gestión que encabeza, entre los que citó la implementación de los juicios orales y de la justicia alternativa; el perfeccionamiento de los modelos de impartición de justicia, en especial la justicia para adolescentes; el mejoramiento de los sistemas de selección de los juzgadores y ampliar el acceso a la justicia mediante el uso de avances tecnológicos. Asimismo, planteó como imprescindible que se reconozca la facultad de iniciativa en los temas inherentes al Poder Judicial y se eficiente al máximo el uso de los recursos adoptando acciones de racionalidad y austeridad presupuestal, así como abatir al mínimo posible fenómenos de corrupción e impunidad.
Estableció que una de las prioridades será conquistar el derecho de voz y voto al interior del Consejo de Seguridad Pública, para buscar ser copartícipes de sus recursos financieros.
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