IFE + TEPJF vs Felipe Calderón /Jorge Alcocer V.
Reforma, 27 Jul. 10
Con 5 votos a favor y 4 en contra, el pasado día 21 el Consejo General del IFE determinó fundada la queja interpuesta por el PRI en contra del presidente Felipe Calderón por la difusión, el 15 de junio en cadena nacional, de su mensaje alusivo a la seguridad pública. La mayoría de los consejeros electorales consideraron que el Ejecutivo incumplió la disposición del artículo 41 de la Constitución, que determina que la propaganda gubernamental, en cualquier medio de comunicación social, debe suspenderse desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Sin embargo, decidieron no imponerle sanción alguna, ya que el artículo 108 de la propia Constitución establece que el Presidente, durante el tiempo de su encargo, solo puede ser acusado de traición a la patria y por delitos graves del orden común.
El mismo día 21, al resolver el juicio SUP-RAP-74/2010, la Sala Superior del TEPJF revocó la decisión tomada el 3 de junio por el Consejo General, en relación a la queja presentada por el PRI en contra del mismo presidente Calderón, por la difusión de propaganda gubernamental en los estados que se encontraban en periodo de campaña; en ese caso, el Consejo General había considerado que no era posible acusar al Ejecutivo de tal conducta, debido a lo establecido en el citado artículo 108; pero los magistrados consideraron que lo anterior no es obstáculo para que el secretario ejecutivo emplace al Presidente a responder por sus actos, sea de manera directa o a través de un apoderado, conforme a la ley. En tal virtud, el procedimiento sancionador deberá ser reabierto y el Consejo General deberá pronunciarse sobre la presunta responsabilidad directa del jefe del Ejecutivo.
César Nava acusó a los consejeros electorales que aprobaron la primera de las resoluciones, de parcialidad a favor del PRI, mientras que el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, anunció que acudirán ante el Tribunal para impugnarla; como las sentencias del TEPJF son definitivas e inatacables, en el segundo caso comentado el gobierno tendrá que esperar la nueva resolución del IFE.
Se trata de dos casos inéditos que motivan polémica y sientan un precedente que habrá de invocarse en las elecciones venideras. Es la primera vez que las dos instituciones electorales de mayor jerarquía consideran que la inmunidad constitucional de que goza el presidente de México no es obstáculo para que éste sea sometido a investigación por presuntas violaciones de naturaleza electoral. Encuentro una contradicción de normas, pues si, como afirman ambas autoridades, el Ejecutivo no puede ser sancionado, debido a la norma del 108 constitucional, entonces tampoco deberían admitirse acusaciones en su contra, ya que las supuestas faltas no constituyen "traición a la patria" ni "delitos graves del orden común". Sin sanción posible, lo demás parece ocioso, salvo que se trate de una advertencia política.
La decisión del IFE fue aprobada por un voto de diferencia, el del presidente del Consejo, como ha venido ocurriendo por el choque entre los dos bloques de consejeros que disputan la hegemonía en el instituto desde 2008. Si se trataba de mostrar una tarjeta amarilla al Presidente, la advertencia debería haber tenido la fortaleza del voto unánime. No es así, y en ello radica su mayor fragilidad.
No fue el caso en la Sala Superior, cuya sentencia fue aprobada por unanimidad; sin embargo, a nadie escapa que la misma se inscribe en la abultada lista de coscorrones que los magistrados vienen propinando al secretario ejecutivo del IFE desde hace meses. La revocación/reducción de sanciones pecuniarias en contra de las televisoras, por supuestos vicios de procedimiento, es deporte de moda en la cancha de Carlota Armero, que ahora se extiende a un caso más que controversial, pues el IFE deberá emplazar al Presidente a responder lo que a su interés convenga, y una vez obtenida la respuesta determinar si incurrió en violación al Cofipe; no habría sanción, sino la segunda tarjeta amarilla. ¿Habrá después tarjeta roja?
El IFE y el TEPJF han abierto una nueva puerta a la justicia electoral, por la que deberán pasar también gobernadores, alcaldes y legisladores. Lo que es parejo, no es chipotudo.
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Conferencia de prensa de los subsecretarios de Gobierno, Roberto Gil Zuarth, y de Normatividad de Medios, Héctor Villarreal Ordóñez, en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación
México, D. F., a 22 de julio de 2010 | Conferencia
-DR. LUIS ESTRADA: Buenas tardes, gracias.
Bienvenidos a la Secretaría de Gobernación.
Nos acompaña el Subsecretario Roberto Gil y el Subsecretario Héctor Villarreal.
Adelante, Subsecretario Gil.
-SUBSECRETARIO ROBERTO GIL: Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes esta tarde.
El Gobierno de la República rechaza que el Presidente de la República hubiere violado la Constitución o la Ley Electoral cuando explicó a los ciudadanos las circunstancias de un tema que preocupa a toda la sociedad.
El Gobierno de la República es respetuoso de las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral en el ámbito de sus atribuciones, por lo que en todo momento han sido y serán debidamente atenidas sus resoluciones.
Sin embargo, impugnará esas determinaciones cuando se intente restringir la facultad del Presidente de la República de explicar, contextualizar y pedir el apoyo de los ciudadanos para dar solución a uno de los problemas más graves que enfrenta la República.
Las decisiones de todos los poderes de la Unión y de los órganos autónomos deben ajustarse invariablemente a la Constitución.
El Artículo 108 Constitucional señala los casos en los que el Presidente de la República puede ser acusado en procedimientos de responsabilidad o de sanción.
A juicio del Gobierno Federal, el Instituto Federal Electoral carece de atribuciones para imputar responsabilidad al titular del Ejecutivo Federal por el contenido de su mensaje a la nación en materia de seguridad nacional y pública emitida el pasado 15 de junio de 2010.
En un Estado democrático, el derecho a la información de los ciudadanos debe ser considerado como un derecho fundamental, esencial y debe garantizarse por todas las autoridades del Estado.
Los mensajes a la nación del Presidente de la República constituyen un vehículo de comunicación para que el Ejecutivo garantice precisamente ese derecho fundamental sin que exista motivo o fundamento alguno para restringir esa garantía por el solo hecho de que en algún lugar del país se está llevando a cabo una elección.
Más aún, en democracia es obligación de las autoridades políticas informar y rendir cuentas sobre los problemas que enfrenta el país y sobre las medidas que se están tomando para solucionarlos.
La prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales es una obligación constitucional que no es incompatible con la obligación del Presidente de la República de comunicar los temas de trascendencia para la nación en cualquier momento y utilizando las herramientas necesarias como es el caso de las cadenas nacionales que regula el Artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El contenido del mensaje y la determinación de su trascendencia son facultades exclusivas del Ejecutivo Federal y de ninguna manera constituyen propaganda o publicidad de ninguna especie.
En ese sentido, la censura acordada ayer del discurso presidencial por parte del IFE, es insostenible y es convicción del Gobierno Federal que con ella se invaden las facultades del Presidente de la República y además se soslaya el derecho a la información de los ciudadanos.
El Presidente de la República en el mensaje emitido el pasado 15 de junio, informó a los ciudadanos sobre la estrategia de seguridad pública que el Gobierno Federal implementa para el combate al crimen organizado.
En una democracia tienen que ser compatible la realidad política y el funcionamiento de las instituciones, sobre todo en contextos electorales.
Carece de toda lógica que se exija al Presidente desde el IFE que guarde silencio frente al tema de la seguridad, cuando en la víspera de su mensaje a la Nación se registró uno de los episodios de mayor violencia en el marco del combate a las organizaciones criminales.
Es una demanda de los ciudadanos que el Gobierno Federal explique las causas y la estrategia que desarrolló para garantizar la paz y la seguridad.
Hoy, el IFE, con esa resolución, objeta al Presidente el uso de ciertas expresiones por la sola razón de que son similares a las utilizadas en otras acciones de comunicación del Gobierno.
Con ello, en el fondo, impide que los ciudadanos conozcan a qué nos enfrentamos como sociedad.
No podemos reducir la realidad política ni subordinar el funcionamiento de nuestras instituciones al calendario electoral, debemos salvaguardar la libertad de expresión y el derecho de la información, así como garantizar que no obstante la competencia electoral y la legítima disputa por los votos, las instituciones cumplan a cabalidad con la función que tienen encomendada por ley.
Con responsabilidad, respeto las atribuciones de los demás órganos del Estado y con el compromiso democrático que caracteriza este Gobierno, mantendremos el esfuerzo por la seguridad y por informar debidamente a la sociedad.
Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
-DR. LUIS ESTRADA: Gracias, Subsecretario. Margarita Nicólas, Cadena Raza, la primera pregunta.
-PREGUNTA: Gracias, buenas tardes al Subsecretario Gil. Quiero preguntar que si aprovechando esta legalidad que les da el 108 Constitucional, en donde ya se explica muy bien por qué delitos sí se puede acusar al Presidente en turno.
Entonces, eso quiere decir que vamos a ver, ya lo vimos en este 2010, en el 2011 y en el 2012, de que no haya esa prudencia que exigen los órganos electorales a todas las autoridades de no difundir obras o hacer precisamente estas cadenas nacionales.
Ayer preocupaba a los concesionarios el hecho de que el IFE diga que sí se pueden negar a transmitir esa cadena nacional.
¿Desde su punto de vista, se puede realmente un concesionario negarse a una petición que le está haciendo el Estado de transmitir sus mensajes y cuál sería el apoyo del Gobierno de la República hacia esos concesionarios?
-SUBSECRETARIO ROBERTO GIL: Muchas gracias. La cadena nacional es un instrumento que tiene a su disposición el Gobierno para comunicarse con los ciudadanos. Como decía hace un momento, es facultad del Presidente de la República determinar en qué momento utiliza esa herramienta para convocar a los ciudadanos a tomar un determinado curso de acción.
En la víspera del 15 de junio en la que se realizó esa cadena nacional, el Presidente de la República había explicado la estrategia y las causas que han llevado a la situación actual en materia de crimen organizado; pero también debemos reconocer algunos incidentes que se habían registrado en los días anteriores.
El día 14 de junio una emboscada había provocado la muerte de 12 policías federales en Michoacán y tres policías federales en Chihuahua.
Frente a esos hechos era obligado que el Presidente de la República diera cuenta cabal a los ciudadanos de qué estamos haciendo como Gobierno para responder a ese desafío.
La cadena nacional es facultad, insisto, del Presidente de la República, lo que el Instituto Federal Electoral ayer cuestionó no es propiamente el uso de la cadena nacional como un instrumento para comunicarse con los ciudadanos, sino peor aún, el contenido específico del mensaje.
Partes concretas del discurso presidencial fueron equiparados a propaganda electoral, es decir, el Instituto Federal Electoral asume la facultad de censurar el discurso del Presidente de la República cuando hace un diagnóstico y explica a los ciudadanos cuáles son las causas de la situación que, como sociedad, enfrentamos.
El Presidente de la República tiene una protección constitucional que impide que cualquier órgano del Estado lo llame a un procedimiento.
El Presidente de la República conoce sus responsabilidades, pero también es consciente de que, sobre todo en temas como el de la seguridad, las instituciones no pueden detenerse en su trabajo cotidiano en razón de que en algún lugar del país hay una elección en curso.
El calendario electoral en este país, es permanente. Siempre y en todos los casos tenemos elecciones en marcha. Las instituciones de la República no pueden detenerse como consecuencia de que en algún rincón del país alguien está participando en elecciones.
-PREGUNTA: (INAUDIBLE).
-SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, ROBERTO GIL: Como lo comentaba hace un momento, el Instituto Federal Electoral no objetó el uso de la cadena nacional, quedó salvaguardada en una votación específica. No se objeta por parte del IFE el instrumento de la cadena nacional, sino que el Instituto Federal Electoral se pronuncia por partes específicas del contenido del mensaje presidencial y lo equipara a propaganda electoral.
A nuestro juicio esa resolución es desproporcionada y no implica bien para nuestra actividad política. Por el contrario, implica cercenar la facultad que tiene el Presidente de informar a los ciudadanos y, sobre todo, el derecho que tiene estos de recibir información puntual por parte de las autoridades.
DR. LUIS ESTRADA: Segunda pregunta, Antonio Baranda, Reforma.
PREGUNTA: Subsecretario, ¿no considera que con esta postura que están fijando el día de hoy, se abre la puerta que el Presidente pudiera emitir mensajes de manera abierta, indiscriminada, incluso, con este argumento de que tiene que dar a conocer ciertas acciones de coyuntura, en este caso, el tema de la seguridad.
Y, por otro lado, preguntarle, aprovechando su presencia aquí, considerando que en la tarde van a tener una reunión con la gente del SME, quería preguntarle su opinión sobre estas imágenes en las cuales se observa a los huelguistas del SME que están en huelga de hambre, aparentemente en mejor estado de salud del que ellos mismos han comentado.
Y, por otro lado, al dejar en claro que no hay posibilidad de que se declare patrón sustituto a la CFE, ¿qué se estaría negociando el día de hoy? ¿Y de qué sirven estas mesas de negociación que han tenido con los dirigentes del SME? Porque por un lado ni por el otro hay una flexibilización para atender estas exigencias.
-SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, ROBERTO GIL: Bien, muy amable, don Antonio. Debemos poner en perspectiva el marco o el modelo, las restricciones que las normas electorales establecen en relación con las actividades comunicativas de los gobiernos.
Lo que prohíbe la Constitución en contextos electorales es la difusión de propaganda electoral. La propaganda electoral requiere necesariamente un carácter masivo y de repetición. El discurso del Presidente de la República, en virtud del cual explica a los ciudadanos cuáles son las causas y las acciones que están tomando en un tema tan sentido, como es el de la seguridad, no puede constituir propaganda electoral.
Eso implicaría que todo discurso político que se dé en el marco o que coincida con un calendario electoral, es necesariamente propaganda gubernamental.
Esto implicaría reducir los márgenes de la acción política hasta el límite de lo ilógico.
No podemos subordinar nuestra realidad política y el funcionamiento de las instituciones del Estado a la dinámica electoral. Las instituciones deben funcionar y cumplir su tarea con independencia de que estén en ciertos espacios luchándose por los votos o generándose espacios de competencia.
Por el contrario, tenemos como instituciones de la República el deber de responder a las necesidades y resolver los problemas de la sociedad, en todo momento y con independencia de que esos estados de cosas sucedan.
En consecuencia, nuestra posición es que el discurso del Presidente de la República no puede ser considerado como propaganda electoral, porque en todo caso todo discurso de autoridad política pudiera tener tal carácter.
En relación con la pregunta de la huelga de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El Gobierno de la República asume con toda seriedad la expresión de protesta. Hemos hecho todos los esfuerzos para que esa expresión pueda concluir, pueda ponérsele fin. Hemos gestionado con la dirigencia o la representación de los extrabajadores un llamado para que los extrabajadores puedan recuperar su salud y puedan restablecerse en su actividad con los extrabajadores.
De nuestra parte hemos insistido en que el diálogo político tiene límites y el diálogo político tiene como límite fundamental la ley.
Como Gobierno de la República sería irresponsable solucionar un problema, como es el caso de la situación que viven los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, generándole un problema de largo plazo al país.
Sería irresponsable que al haber intentado solucionar el problema de Luz y Fuerza del Centro generemos un problema mayor ahora en la Comisión Federal de Electricidad.
Nosotros estamos conscientes de que el diálogo tiene que responder a las inquietudes y a las exigencias de ciertos actores sociales, estamos dispuestos a explicar las razones por las cuales llevamos a la extinción de Luz y Fuerza del Centro en cualquier espacio.
Hemos hecho llamados consistentes a que esos espacios de diálogo se privilegien y que no impliquen el sacrificio de vida.
Sin embargo, la responsabilidad democrática, pero también la responsabilidad frente a las futuras generaciones nos obliga a no ceder en ciertos espacios que no son prudentes, ni tampoco responsables en el largo plazo.
-DR. LUIS ESTRADA: Gracias, Subsecretario. La tercer pregunta, Guadalupe Vallejo, NOTIMEX.
-PREGUNTA: Subsecretario, buenas tardes a los dos. Quiero preguntar, por un lado, ¿ya tienen fecha de cuándo se haría la impugnación ante el Tribunal Electoral? En este caso de la decisión del IFE.
Y dos. Ya que se ha hablado que el Presidente salió a dar su mensaje sobre inseguridad, ¿no es este también un buen momento para que explicará qué está pasando, si es narcoterrorismo o no es narcoterrorismo?
Y sobre todo ahí en Chihuahua, hoy se habla en la mañana en Chihuahua dan cuenta de ocho muertos al menos, en Chihuahua un enfrentamiento, o sea, ¿qué está pasando en realidad en varios estados?
-SUBSECRETARIO ROBERTO GIL: Empiezo por lo segundo.
El Presidente de la República ha hecho un llamado al diálogo, el diálogo con sentido de unidad para que la estrategia contra el crimen organizado sea compartida por todas las autoridades políticas en todos los niveles y ámbitos de gobierno. Ese diálogo se está procesando, el Presidente de la República ha sostenido diversas reuniones como ha sido del conocimiento público.
El Gobierno de la República está convocando a la concurrencia de voluntades para que podamos solucionar como país, como nación, un problema que sin duda nos afecta a todos, un problema que es común y que requiere la concurrencia de todas las voluntades y de todos los ámbitos de responsabilidad.
El Presidente ha dado cuenta cabal de cuál es la visión que tiene del problema y cuáles son las acciones que ha encaminado su gobierno, precisamente, para atender ese estado de cosas.
En relación con la… ¿cuál era la primera pregunta? Perdón.
-PREGUNTA: La impugnación.
-SUBSECRETARIO ROBERTO GIL: La Ley Electoral establece cuatro días para quien se sienta afectado por una resolución del Instituto Federal Electoral interponga ante el Tribunal Electoral los medios de impugnación respectivos.
Debo hacer un señalamiento importante: Es la primera vez en la que el Gobierno de la República combatiría formalmente ante una instancia jurisdiccional una decisión del IFE y lo ha hecho o lo hará en razón de que a nuestro juicio el Instituto Federal Electoral no tiene atribuciones para llamar al Gobierno de la República y a su titular a un procedimiento de carácter sancionatorio.
-DR. LUIS ESTRADA: Gracias, Subsecretario. La cuarta pregunta, Fabiola Martínez, La Jornada.
-PREGUNTA: Buenas tardes. Tres preguntas: La primera. Ya, en su momento, consejeros y magistrados advirtieron que la elección estaba siendo afectada por un presidente de la República, en el 2006 en el caso de Vicente Fox y ahora hacen mención similar respecto a Felipe Calderón.
Yo quisiera preguntarles si ¿esto no es un retroceso en la vida democrática del país, que nuevamente las autoridades electorales estén señalando al Presidente de la República como un factor que pone en riesgo un proceso electoral? Y, por supuesto, ¿qué calidad de ética tendrían ustedes para llamar en el futuro a la prudencia, cuando está señalando esto la autoridad electoral?
Segundo. Sumándome a la pregunta de la compañera de Notimex, ¿es narcoterrorismo los últimos episodios que hemos tenido cuenta? Porque tenemos municipios que viven prácticamente en estado de sitio, colonias enteras en Cuautla, en Torreón, en otras ciudades que la gente está retirándose de los espacios públicos. ¿Qué diagnóstico tienen al respecto?
Y por último, si me pudiera precisar el Subsecretario Gil, ¿cuál es la respuesta al SME respecto a la audiencia que pidieron con el Presidente Calderón? y también si me puede dar su comentario de ¿en qué posición quedan ustedes cuando no están aceptando el reclamo de los trabajadores y podrían ponerse en riesgo vidas si ustedes, incluso, provienen de un partido que defiende la vida?
-SUBSECRETARIO ROBERTO GIL: Le agradezco mucho sus preguntas. En primer lugar. Vuelvo a insistir, lo que la Constitución prohíbe es que en los tiempos de campañas electorales los gobiernos difundan propaganda electoral.
A nuestro juicio, las expresiones públicas del Presidente de la República y de las autoridades que lo acompañan en su Gobierno, no constituyen propaganda electoral, son eso, expresiones de las autoridades políticas para dar cuenta sobre problemas y sobre sus soluciones.
De aceptarse el criterio del Instituto Federal Electoral, toda expresión de autoridad política que se dé en simultaneidad con un calendario electoral, tendría naturaleza de propaganda gubernamental y, en consecuencia, sería ilegal.
La pregunta es si queremos como sociedad generar el precedente de que si en algún rincón del país hay una competencia electoral municipal, estatal o de diputaciones, todas las autoridades políticas deben guardar silencio precisamente para que esas expresiones no se escuchen en ese espacio donde hay competencia.
Queremos como sociedad silenciar a todas las autoridades políticas y que no cumplan a su primer responsabilidad que es informar a los ciudadanos qué hacen con la confianza que ellos le depositaron a través del voto en la convocatoria electoral que les dio origen en su legitimidad. El precedente es sumamente preocupante.
La propaganda gubernamental tiene características que la definen como tal, no podemos como sociedad, insisto, admitir que toda expresión de autoridad política por el sólo hecho de ser, provenir de una autoridad política, tiene la naturaleza de propaganda gubernamental.
A nuestro juicio, dada la temática y dado el contexto en el que el mensaje del Presidente de la República fue difundido, no le podemos dar el carácter de propaganda gubernamental.
Segundo. En relación con la preocupación sobre los acontecimientos recientes en Ciudad Juárez. Yo creo que más allá de la discusión sobre los adjetivos o sobre las palabras, tenemos que preocuparnos por interpretar la realidad y tenemos que preocuparnos por encontrarle a esa realidad soluciones.
¿Qué observamos de esos acontecimientos? Que es tal el acoso que están sufriendo los delincuentes por parte de las Fuerzas Federales, que han dado un paso atrás y de forma cobarde ya no están enfrentando a esa fuerza federal.
Que su forma de reaccionar a ese acoso es a través de métodos violentos de larga distancia.
Es consecuencia, esa expresión de violencia que vimos, del acoso que están sufriendo en el crimen organizado por parte de las Fuerzas Federales.
Y tenemos, en consecuencia, que proteger a nuestras Fuerzas Federales con mayor capacidad e inteligencia y con mayor capacidad operativa, precisamente para que no estén bajo la vulnerabilidad de delincuentes que han dado un paso para atrás porque no quieren enfrentar su responsabilidad ante la justicia.
Insisto, más allá de los adjetivos, debemos de preocuparnos por interpretar la realidad.
Y respondo su pregunta. Para utilizar esos adjetivos se requieren otro tipo de datos de realidad, dos elementos fundamentales.
Esos adjetivos se han utilizados para explicar una realidad que tiene características como la sistematicidad en ese tipo de métodos, pero también que el método se utiliza como fin en sí mismo, provocar terror.
Lo que estamos observando en estos contextos, son delincuentes que quieren generar márgenes de acción para sus actividades ilícitas, tratando o provocando que las fuerzas de seguridad, las instituciones de la República, se replieguen.
Nuestra posición es de fortalecer la capacidad de inteligencia y la capacidad operativa de todas las Fuerzas Federales con el propósito de seguir combatiendo frontalmente al crimen organizado y cerrar espacios a sus actividades ilícitas.
En relación con la solicitud de audiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, la posición ha sido muy clara.
Desde el Decreto de extinción el Presidente de la República ha ordenado a la Secretaría de Gobernación sean el vehículo, el canal de comunicación con los extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La Secretaría de Gobernación, como ustedes lo han podido apreciar a lo largo de estos meses, ha mantenido estrecha comunicación con las distintas expresiones de los extrabajadores electricistas.
En ningún momento la Secretaría de Gobernación ha condicionado el diálogo ni tampoco ha sujetado ese diálogo a ninguna actitud o comportamiento por parte de los extrabajadores.
Y, por supuesto, que como Gobierno nos preocupa la situación en la que están don Cayetano Cabrera y don Miguel Ángel Ibarra. Para el Gobierno de la República esto ya no es solamente un tema estrictamente político, es un asunto de carácter humanitario. Y como un asunto de carácter humanitario lo tenemos que enfrentar ya no solamente como Gobierno, sino también como sociedad.
Frente a un desenlace fatal no gana o pierde una de las partes en conflicto. La derrota será de una sociedad entera que le ha apostado a la ley, al diálogo y a la tolerancia como los vehículos, como los mecanismos para pacificar las tensiones que surgen de una realidad plural que nos define y nos reconoce.
No será la derrota o la victoria de una parte en conflicto el desenlace fatal. Será una derrota de nuestra sociedad entera, porque es una derrota delos mecanismos que nos hemos dado precisamente para pacificar nuestras propias tensiones.
DR. LUIS ESTRADA: Gracias, Subsecretario, la última pregunta, Mauricio Pérez, Milenio.
PREGUNTA: Gracias, buenas tardes. Señor Subsecretario quisiera volver un poco al tema de lo relacionado con el IFE. Usted menciona que sólo en partes fueron señaladas por los propios consejeros electorales.
Yo quiero preguntarle, si no sería solamente una cuestión de voluntad por parte del Ejecutivo Federal para ser un poco más meticuloso y pasar por alto algunos aspectos o algunas frases que se señalaron como propaganda electoral, no la esencial del mensaje mismo. Eso por un lado.
Y, por otro lado, si ustedes consideran que es momento ya también de emprender una nueva Reforma Electoral para acabar con este tipo de lagunas legales que se están dando.
Y, finalmente, si me lo permite, solamente saber si en un caso extremo como el que parece que se está dando en el caso de los extrabajadores en huelga de hambre, el Gobierno Federal no utilizaría la fuerza pública para impedir la muerte de estas personas. Gracias.
-SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, ROBERTO GIL: Le agradezco mucho. Lo que usted me dice en su pregunta, es si para evitar la censura las autoridades políticas deben evitar ciertas expresiones. ¿No nos debiera preocupar como sociedad la censura en sí misma?
Que una autoridad de carácter electoral, a propósito de un calendario electoral local, realice un ejercicio de escrutinio sobre un mensaje presidencial para encontrar si alguna frase tiene alguna similitud con otra actividades comunicativa del Gobierno.
¿No nos parece eso una desproporción y, sobre todo, riesgo para la dinámica comunicativa que debe prevalecer en la democracia entre autoridades políticas y los ciudadanos?
Que una autoridad asuma que tiene facultad y competencia para censurar de forma parcial o total el discurso de una autoridad política, porque insisto en algún espacio de la República hay un proceso electoral, debiera preocuparnos porque eso implica una distancia entre la autoridad política y los ciudadanos en temas que son sensibles y relevantes, como es el asunto de la seguridad.
No hay, desde nuestra interpretación, regla alguna en nuestra Constitución o en la Ley Electoral que dé facultades al Instituto Federal Electoral para censurar parcial o totalmente los discursos del Presidente de la República o de cualquier otra autoridad política.
Porque los discursos de las autoridades políticas no son ni pueden ser considerados propaganda gubernamental.
Segundo. A propósito de la reformas, sin lugar a dudas, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad electoral y tratar de resolver y de cerrar estos espacios de interpretación que pueden generar estos efectos colaterales como los que he indicado en estos momentos.
Es momento de que como Congreso reflexionemos, el Congreso y el Gobierno de la República, reflexione sobre cuáles son los mejores diseños institucionales para evitar este tipo de distorsiones en nuestra realidad política.
Y, precisamente por eso, ahí el Congreso de la República tiene bajo estudio la reforma política que puede generar mejores espacios de solución a este tipo de dilemas.
Con respecto a su última pregunta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó al Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, que se implementaran medidas cautelares a fin de preservar la salud y la vida de las personas que mantienen ayuno prolongado en el Zócalo de la Ciudad de México.
La Secretaría de Gobernación de inmediato aceptó esa indicación y realizó acciones concretas, como es el caso de poner a disposición de los extrabajadores electricistas equipo médico y la atención sanitaria y sicológica necesaria para preservar su salud.
Como ha sido del conocimiento en público este intento fue rechazado por parte de quienes custodian el campamento de los extrabajadores electricistas.
Vamos a insistir en la necesidad de otorgar a estas personas la atención médica y sicológica integral, necesaria para preservar su salud.
Se ha expresado que hay desconfianza al Instituto Mexicano del Seguro Social para proveer de esa atención. Debo decir que los extrabajadores electricistas son derechohabientes y siempre lo han sido del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pero a fin de superar ese obstáculo, el día de hoy hemos solicitado a la Cruz Roja que en el marco de las medidas cautelares que fueron solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, concurra a la prestación de este servicio y atención médica a los extrabajadores.
Lo haremos, haremos todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, a fin de que don Cayetano Cabrera y don Miguel Ángel Ibarra reciban atención médica que requieren.
Les pedimos a quienes custodian el campamento que nos permitan realizar esa tarea.
-DR. LUIS ESTRADA: Muy bien. Muchas gracias, Subsecretarios. Buenas tardes. Silvia.
-PREGUNTA: (Inaudible)
-SUBSECRETARIO ROBERTO GIL: Déjeme hacerle dos consideraciones. La primera. Desde el día 12 de mayo, es decir, 15 después de iniciada la huelga de hambre, la Secretaría de Gobernación puso a disposición de quienes organizaron y protagonizan esa expresión de protesta la atención médica necesaria.
Aquí están los oficios, serán del conocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para acreditar que en todo momento hemos estado al pendiente y hemos estado concurriendo a efecto de hacer prevalecer su salud y, sobre todo, su vida.
Como Gobierno de la República, nos resistimos y por supuesto que no admitimos la posibilidad de ese desenlace fatal. No admitimos que esa sea la única consecuencia a esta expresión de protesta.
Hemos desplegado toda nuestra capacidad política y nuestros esfuerzos institucionales para evitar ese desenlace fatal justamente, y hemos convocado a la voluntad de la contraparte en este conflicto.
Pero también hemos convocado a toda la sociedad para que se sumen al llamado para que la huelga de hambre sea retirada y se le ponga fin.
Como decía hace un momento, el desenlace fatal no es el triunfo o la derrota de una de las partes en el conflicto, sería la derrota de una sociedad que le apuesta al diálogo, a la tolerancia y a la ley, como mecanismo de solución de sus diferencias.
-DR. LUIS ESTRADA: Gracias, buenas tardes.
-PREGUNTA: (Inaudible).
-SUBSECRETARIO ROBERTO GIL: Tal y como lo dije al inicio de esta intervención, de esta comparecencia ante ustedes, respetamos las determinaciones del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral.
Y recurriremos a las instancias, a las instituciones que han sido creadas para dirimir las controversias. Desde nuestra perspectiva el Instituto Federal Electoral se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones y precisamente por eso recurriremos a una instancia de control para que resuelva esa diferencia.
No están en entredicho la confianza del Instituto Federal Electoral, lo que hemos nosotros dicho en este momento es que no compartimos la interpretación y el criterio que ha prevalecido en este caso concreto.
Y con respecto a la segunda pregunta. El Gobierno de la República, desde el primer día de su administración, ha desplegado toda su voluntad política y también un esfuerzo sin precedentes para devolver la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.
Por supuesto que en la órbita de las prioridades de este Gobierno está la seguridad y por supuesto que estaremos y seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que cada una de las ciudades de este país, sobre todo en aquellos lugares donde ha prevalecido el clima de violencia, recuperen pronto la tranquilidad, la paz y, sobre todo, que puedan recuperar su vida cotidiana y su vida en normalidad.
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