Granados Chapa Y Pascal Beltrán

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa

Publicado en Reforma, 1 Ago. 10

El oficio periodístico está muy infectado de gérmenes que impiden la vertebración de sus practicantes. Intentos valiosos los hay, pero no una agrupación con dimensiones suficientes para expresar los valores y los intereses del gremio

Por fortuna, el grave episodio terminó con bien respecto de los secuestrados, pero infirió daños a la libertad de información que no pueden quedarse en la anécdota. Si lo acontecido esta semana en el terreno de la comunicación pública no trasciende, si no pone a los periodistas y a sus empresas e instituciones en el camino de la solidaridad activa, quedará allanado el camino para la ruina de un oficio, una actividad, una misión necesaria para la convivencia democrática.

El secuestro de cuatro trabajadores de los medios en Gómez Palacio, Durango, el lunes 26 de julio concluyó con la puesta en libertad de dos de ellos por decisión de sus captores, y con el rescate de los dos restantes por la Policía Federal en la madrugada del sábado. Ayer mismo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, describió confusamente la circunstancia de la liberación de los camarógrafos laguneros Jaime Canales, de Multimedios (Milenio) y Alejandro Hernández, de Televisa. Ellos mismos estuvieron presentes en la rueda de prensa cuyo protagonista fue el funcionario (que estuvo flanqueado por tres de sus colaboradores cercanos) y aportaron alguna información, insuficiente por la propia condición en que se hallaban, para tener una imagen cabal de lo sucedido. El dato sobresaliente del momento de su rescate fue que los secuestradores pudieron huir.

Previamente, el jueves había sido dejado libre Héctor Gordoa, reportero de Televisa, enviado desde la Ciudad de México para informar sobre la protesta de presos de la cárcel de Gómez Palacio y sus familiares, por la destitución de la directora de ese penal, acusada de permitir que comandos asesinos, compuestos por reos bajo su custodia, salieran a cumplir misiones homicidas en Torreón. Previamente había sido liberado, horas después de su secuestro, el martes 28, el reportero Óscar Solís, del diario local El Vespertino. Quizá se lo llevaron por error y por eso lo dejaron ir pronto, ya que los captores concentraron su presión sobre las dos empresas televisoras a cuyo personal retuvieron.

Esas empresas han manejado discretamente los términos de lo solicitado por los secuestradores, y eligieron guardar silencio sobre la captura misma, y demandaron la misma actitud del resto de los medios. Plantearon de esa manera un dilema ético de gran envergadura. Si los medios de comunicación acceden, en función del alto valor de la vida de su personal, a cumplir las exigencias de los delincuentes, son ellos mismos, y no sólo sus integrantes privados de la libertad, los que se convierten en rehenes de la ilegítima presión.

Milenio televisión accedió a transmitir, la mañana del miércoles 28, tres videos cuya difusión fue requerida por los secuestradores. Son denuncias que forman parte de la guerra entre bandas. No queda registro de que Televisa hubiera cedido y adoptado una conducta semejante. El programa Punto de partida, que se transmite los jueves cerca de la medianoche, fue suspendido esta vez, más como un modo de protestar contra los delincuentes que esa tarde habían dejado libre al reportero Héctor Gordoa, que forma parte del equipo que realiza esa serie dotada de gran vigor periodístico, y encabezado por Denise Maerker.

Fue un momento dramático, quizá el de mayor gravedad que haya tenido esa televisora, el que vivió Denise Maerker al anunciar que "condiciones extraordinarias han impedido que el equipo de Punto de partida integre y emita el programa de esta noche". Al concluir su aviso, la pantalla del Canal 2, el de mayor alcance en los medios electrónicos, se oscureció y en esa condición permaneció durante los 60 minutos posteriores. Diciendo sin decir, acaso por las presiones a que su empresa estaba sujeta, la conductora explicó que "en Televisa, en Punto de partida, no estamos dispuestos a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando. Todos los periodistas de este medio y de todos los otros corren enormes peligros para cumplir con su tarea, y la sociedad de sumirse en el silencio y la desinformación".

Dijo también que "el secuestro de nuestros compañeros y colegas representa de manera más amplia el secuestro de todo el periodismo. El riesgo es que en el futuro muchos otros medios se encuentren en esta misma y delicada situación". Y por lo que toca a su caso en particular agregó: "emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico".

Dos horas antes, ese mismo jueves en Milenio Televisión, Ciro Gómez Leyva había delegado la conducción del noticiario principal, a causa del mismo impedimento. Apuntó una de las limitaciones impuestas por los captores de Javier Canales, su camarógrafo en La Laguna: al referirse a la libertad del reportero Gordoa, explicó que "no podíamos dar la noticia, salir, gritar que estaba libre. Había que esperar a que otro medio lo hiciera. Hay notas que uno no puede dar. Lo hicieron, y muy bien, el Diario de Juárez y Reforma".

Ese mecanismo, la publicación en otros espacios de la información que los medios afectados están impedidos de ofrecer, ha de ser una de las salidas a los riesgos que hace ya tiempo se abaten sobre el periodismo. Es preciso recordar un ejemplo que, si bien en muy otras circunstancias, permitió eludir una presión silenciadora. El junio de 1971 The New York Times inició la publicación de lo que se llamarían "los papeles del Pentágono", una vasta documentación sustraída por Daniel Ellsberg, en que se revelaban las simulaciones y los montajes del gobierno de Nixon para atacar a Vietnam del Norte como si respondiera a una agresión. El diario neoyorquino recibió una orden judicial para no seguir publicando esos documentos. Y entonces otros periódicos tomaron la estafeta, y continuaron la presentación de los papeles, hasta que cada uno recibía el mandamiento de censura y lo acataba pero con la certidumbre de que otro medio proseguiría la tarea de difusión.

Una solidaridad semejante, un entendimiento de alcances parecidos entre los medios de información es imprescindible en estas horas de peligro. El oficio periodístico está muy infectado de gérmenes que impiden la vertebración de sus practicantes. Intentos valiosos los hay, pero no una agrupación de periodistas con dimensiones suficientes para expresar los valores y los intereses legítimos del gremio. Priva, al contrario, sobre todo en la Ciudad de México, un ánimo inquinoso, una guerra sucia que va más allá de la legítima competencia. Había antaño una suerte de solidaridad negra, un pacto implícito de complicidad para las trapacerías cometidas en los medios. Se expresaba en la consigna "perro no come carne de perro". Es preciso ir mucho más allá e integrar un cuerpo fornido, resuelto, capaz de oponer resistencias eficaces a las presiones y agresiones de todo género, especialmente las que provienen del crimen organizado. Esta semana, además del episodio central de que estamos hablando, la hostilidad contra los medios se manifestó en una bomba de humo contra el domicilio del director de un diario en Cuernavaca, un artefacto explosivo contra Televisa de Nuevo Laredo y agresiones contra los diarios fronterizos Norte y El Mexicano.

No podemos permanecer impasibles, o solamente indignados o simplemente temerosos. Hemos de trascender el sentimiento elemental de que es preciso acudir en apoyo del que padece una ofensa sólo por el argumento de que podríamos estar en su lugar. Aunque estemos o nos consideremos a salvo, por encima de los riesgos, hemos de vertebrarnos. Entiendo que la organización no gubernamental Artículo 19 (llamada así por el respectivo texto de la declaración de los derechos humanos) ha iniciado un proceso de aproximación en tal sentido. Es una idea oportuna que debe ser atendida.

En sus dramáticas tomas de posición Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva reclamaron la intervención de las autoridades para garantizar el ejercicio del oficio periodístico, como debe hacerse ante cualquiera otra actividad. La Policía Federal rescató a dos de las víctimas del lunes, es cierto. Pero falta determinar quién ordenó el secuestro, y detenerlo e impedir que la suerte se reedite. De lo contrario, y aun si se organizan para enfrentar solidarios las amenazas en potencia o en acto que se les asesten, los periodistas tendrán la libertad y aun la vida prestadas.

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Noticia de un secuestro/ 

Columna Bitacora del director Pascal Beltrán del Río

Excélsior 1 de agosto de 2010;

Los plagiarios quizá no se esperaban que la respuesta fuera una muestra de solidaridad de prácticamente todo el gremio periodístico.
Ha sido una semana trepidante para el periodismo mexicano.
El secuestro de varios colegas en La Laguna, mientras recababan información a las afueras del penal de Gómez Palacio, se había convertido en una inusitada demostración de fuerza del crimen organizado, dispuesto a llegar muy lejos para manipular a su antojo a los medios de comunicación.
Los secuestradores quizá no se esperaban que la respuesta fuera una muestra, no menos desusada, de solidaridad de prácticamente todo el gremio periodístico; el temple de informadores como Denise Maerker, quien tuvo la encomiable reacción de poner en negros la pantalla de su programa semanal en Televisa, mientras se hacían esfuerzos por conseguir la liberación de los colegas, y un eficaz operativo de la autoridad, que logró poner a salvo a los dos camarógrafos que permanecían retenidos.
Lo que el lunes 26 era un signo ominoso para el trabajo de quienes nos dedicamos a informar -incluso considerando lo difícil que se ha vuelto el ejercicio de esta profesión en diversas partes del país-, terminó ayer a mediodía cuando se informó que Javier Canales (de Multimedios Laguna) y Alejandro Hernández (de Televisa Laguna) estaban libres y esta espantosa crisis de los rehenes se había terminado.
El lunes por la tarde, mientras una nueva información sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos recorría la red social Twitter y en la redacción de Excélsior debatíamos qué tratamiento editorial debíamos darle, recibí una llamada de Denise, quien me puso al tanto del secuestro de Héctor Gordoa, colaborador del programa Punto de partida, y otros tres trabajadores de los medios de comunicación.
Yo había seguido el trabajo puntual de Denise y su equipo sobre la masacre de la madrugada del 18 de julio en el ejido Plan de San Luis, de Torreón, uno de esos horrendos episodios ante los que parte de la sociedad mexicana aparentemente ha dejado de impresionarse. Asimismo, la aparición de un video, al que le dieron difusión algunos medios, en el que un presunto policía del municipio de Lerdo relata, bajo tortura, que la matanza de 17 personas fue realizada por reos del penal de Gómez Palacio, a quienes la directora de ese centro de reclusión permitía salir por las noches para cumplir venganzas por encargo.
Me había llamado la atención que las autoridades encargadas de investigar la masacre hubieran llegado a esa misma conclusión, después de que alguien colgó el video del interrogatorio ilegal en internet, y estaba al tanto de las manifestaciones que familiares de reos llevaban a cabo para pedir la reinstalación de la directora del centro penitenciario, Margarita Rojas Rodríguez, quien había sido arraigada por los hechos.
No soy ajeno a las historias de reporteros que trabajan bajo presión del crimen organizado en diferentes estados de la República, como Tamaulipas, Durango y Michoacán. He participado en reuniones convocadas por la organización no gubernamental Artículo XIX para generar una respuesta informativa concertada de los medios en casos de actos de amenazas, desaparición o, peor todavía, asesinato de periodistas, casos que, lamentablemente, se han multiplicado en meses recientes.
Sin embargo, la información que Denise tenía que comunicar esa tarde me puso los pelos de punta. Sabía que no exageraba cuando me decía que era indispensable que los medios guardáramos silencio para no poner en riesgo la vida de los cuatro colegas.
Siempre he creído en lo que ha dicho el maestro de la ética en el periodismo, el colombiano Javier Darío Restrepo, respecto de la publicación de información sobre secuestros: La cobertura de este tipo de noticias siempre debe servir para ayudar a las víctimas. Asimismo, que los medios deben elegir en estos casos entre informar para servir a la sociedad o prestarse al sensacionalismo. Si optan por esto último, ha escrito Restrepo, los únicos afectados serán el secuestrado y sus familiares.
Por tanto, nunca dudamos en hacer caso de la petición. Nos abstuvimos de publicar cualquier referencia al secuestro de los periodistas en nuestra edición del martes 27.
Incluso, cuando el gobierno de Durango y la Comisión Nacional de Derechos Humanos revelaron la información -algo que sigo sin comprender, sobre todo en el caso de la CNDH-, me comuniqué con Denise para preguntarle si debíamos mantener la misma actitud o cambiarla. "En este caso, creo que es mejor publicar", me dijo.
En el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos hemos hecho la misma evaluación. La tarde del lunes, no pudimos comprobar la autenticidad de la foto, la carta y el comunicado -que había puesto en circulación el periodista José Cárdenas, quien los recibió por correo electrónico- pese a acudir a las fuentes indicadas. Por ello, y porque nos pareció que esos documentos no hacían mucho más que abundar en la humillación de la víctima, sólo publicamos una breve nota en interiores que daba cuenta del fenómeno mediático suscitado por los documentos.
Las lecciones de estos hechos son claras para mí: no podemos acercarnos a los temas de seguridad pública sin reflexionar respecto de cómo estamos informando a la opinión pública sobre sucesos terribles como ejecuciones, matanzas indiscriminadas, secuestros, actos de extorsión, tráfico de personas, entre otros.
Aunque estoy de acuerdo en que el secuestro de un periodista y el de un político tienen alcances diferentes, los criterios para cubrir uno y otro no debieran diferir. Un secuestro siempre es un secuestro.
También debe quedarnos claro que los medios de comunicación son sumamente importantes en la estrategia de expansión de los cárteles. Los delincuentes han comprendido que necesitan de la caja de resonancia de los medios para que sus amenazas lleguen a quienes desean, trátese de autoridades o la población en general. Por tanto, no podemos confundir la labor informativa con hacernos eco de mensajes que los criminales envían para intimidar a quienes les estorban.
Algunos, dados al maniqueísmo, creen que la única opción de no prestarse a ser vocero de los delincuentes es no informar. No es verdad, o por lo menos yo no lo veo así. La alternativa real es informar con sentido de servicio a la sociedad y responsabilidad, así como con apego a los hechos, el interés público y la ética periodística; y, sí, informar con valor, prudencia y precaución a la hora de reportear, porque ya se vio que los delincuentes no se detienen ante nada a fin de cumplir sus objetivos.
Los hechos de ayer son materia de celebración, sin duda. Ver a mis colegas Javier Canales y Alejandro Hernández libres da para reafirmar las convicciones de las que está hecho este oficio y, también, para volver a creer en las instituciones y la lucha contra la impunidad (aunque sin olvidar que aún no hay nadie detenido por este plagio).
Celebremos, pero también reflexionemos. ¿Ha servido de algo, informativamente hablando, difundir imágenes de narcomantas, colgados o un secuestrado sin camisa y los ojos vendados? ¿Han ayudado esas fotos, sin mayor apoyo documental, al entendimiento de lo que le está sucediendo al país? ¿No se habrá tratado, más bien, de concesiones al morbo o, peor, de prestarse inconscientemente al juego perverso de la delincuencia?