Nuevos consejeros a la CNDH

Televisa y “yunques” quieren meter la mano en la CNDHGloria Leticia Díaz
Proceso, # 1778, 28 de noviembre de 2010

El emporio televisivo no quiere perder influencia en la CNDH y El Yunque busca cómo colarse al organismo. El 8 de diciembre el Senado tendrá que elegir a dos integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, y entre los candidatos figuran el suegro de Emilio Azcárraga, Marcos Fastlicht, y José Antonio Ortega Sánchez, abogado de Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón.

 Televisa pretende mantener su influencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ahora con el suegro de Emilio Azcárraga Jean, Marcos Fastlicht Sackler, quien aspira a formar parte del Consejo Consultivo de ese organismo público. Una figura del consorcio, Joaquín López Dóriga, ya fue parte de esa institución de diciembre de 2003 a abril de 2010.

Fastlicht se propuso para ese cargo en la comisión a fin de relevar a alguno de los dos consejeros que por reglamento terminan su gestión: Fernando Serrano Migallón y Juliana González.

Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Rosario Ibarra de Piedra, aprobar los relevos el próximo 8 de diciembre, después de las comparecencias de los aspirantes.

El artículo 19 de la Ley de la CNDH, menciona que las funciones del Consejo Consultivo son, entre otras: fijar lineamientos de actuación del organismo, tener acceso a datos sobre el ejercicio presupuestal, opinar sobre el informe que anualmente rinde el organismo a los Poderes de la Unión así como solicitar información sobre “los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión Nacional”.

Otra figura controvertida busca formar parte de la renovación de ese Consejo Consultivo: José Antonio Ortega Sánchez, abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y cuñado de Jorge Serrano Limón, presidente de Pro Vida y relacionado con la organización El Yunque, de acuerdo con investigaciones del reportero de Proceso Álvaro Delgado.

Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, compite por segunda ocasión.

Lo hizo en abril pasado, cuando fueron designados el conductor de Canal 40 y TV Azteca, Andrés Roemer; el director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos y cercano al senador panista Santiago Creel, Ricardo Sepúlveda, y la presidenta de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, quien esa vez propuso al cuñado de Serrano Limón.

Otros aspirantes son Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Itzel Checa Gutiérrez, integrante del Equipo Técnico Operativo del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Jaime Hernández Ortiz, activista de derechos humanos de Jalisco, y María Luisa Cecilia González Guzmán, de la Comisión de Seguridad Patrimonial y Justicia de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, familiar de una víctima de secuestro asesinada por la banda de Daniel Arizmendi El Mochaorejas.

A la lista se sumaron la conductora de televisión Mayté Noriega; José Salvador Rosas Quintanilla, excandidato a la alcaldía de Nuevo Laredo; Fernando Shütte Elguero, cercano a los gobiernos de López Obrador y Marcelo Ebrard y expresidente del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina; Patricia Uribe Zúñiga, directora del Centro Nacional de Equidad y Género de la Secretaría de Salud, y Víctor Veloz Espejel, funcionario de la Secretaría de Turismo del DF.

El miércoles 24 Fastlicht expuso su proyecto de trabajo ante los senadores en un acto público en el que presumió que tenía el apoyo de empresarios para repartir discos compactos a estudiantes de educación básica sobre los valores familiares.

El suegro de Azcárraga planteó que tenía el apoyo de empresas para la producción de discos compactos “con imágenes muy fuertes” de los que dijo contar ya con cientos de miles, que serían acompañados de una carta dirigida a los padres de familia.

De 68 años y origen judío, el empresario –que pidió ponderar que dejó sus empresas para dedicarse a participar con la sociedad civil para regresar a México algo de lo que recibieron él y su familia, que llegaron de Polonia huyendo del terror nazi– expuso que su gran proyecto es que las familias vean un documental elaborado como “una donación” por empresarios televisivos, sin mencionar nombres, para hacerlas responsables del respeto a los derechos humanos desde el seno familiar. 

Desde 2003 Fastlicht es miembro (presidente desde 2008) del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República. En enero de 2010 fue ratificado a propuesta del procurador Arturo Chávez Chávez, de acuerdo con las cartas que presentó al Senado.

De una amplia lista de foros en los que ha participado destaca uno en el que compartió un panel con el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia: Los medios como instrumento de la guerra contra el narcotráfico.

“La visión del señor Fastlicht es dar la voz a quienes sufren las consecuencias de ese fenómeno que principalmente violenta los derechos fundamentales de todo ser humano”, se indica en su documento de presentación.

Asimismo es presidente del consejo consultivo de la cadena Cinemex y MMCinemas y propietario de Fincasa Hipotecaria y del Grupo Constructor K. De acuerdo con su currículum es presidente del Patronato del Museo Nacional de Antropología desde 2007 y fundador y presidente de la Asociación Nacional de Participación Cívica desde 2008, entre otras actividades altruistas.

La mano de la ultraderecha

Por su identificación con la derecha y El Yunque sobresale de la lista de aspirantes al Consejo Consultivo de la CNDH José Antonio Ortega Sánchez, quien comparecerá ante los senadores el 1 de diciembre.

Defensor de la teoría del complot contra el asesinado cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Ortega y Guillermo Velasco Arzac –otro miembro de El Yunque, según las investigaciones de Álvaro Delgado– sostienen desde abril de 2008 una demanda contra la estudiante mexicana Lucía Morett Álvarez y otras personas a las que vinculan con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de que el ejército colombiano invadió Ecuador para atacar un campamento de ese grupo guerrillero en el que se hallaban Morett y otros cuatro mexicanos que murieron. 

Ortega y Velasco Arzac acusan a esos mexicanos de terrorismo, de cometer secuestros en México para financiar a las FARC y participar en actividades de narcotráfico (Proceso 1643, 1651 y 1694).

A ambos personajes se les atribuye haber difundido mensajes en televisión contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006, spots firmados como Mejor Sociedad, Mejor Gobierno.

También en 2006, Ortega Sánchez interpuso un amparo contra la ratificación de Emilio Álvarez Icaza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), recurso que fue desechado.

Interpuso otro recurso judicial en 2008 contra la reforma constitucional en materia electoral, por considerar que la norma que impide a particulares contratar espacios publicitarios con fines electorales violenta el derecho a la libertad de expresión.

Entre las 11 propuestas que Ortega Sánchez hace al Senado resaltan la promoción del “abatimiento de la delincuencia organizada”, la reducción del secuestro, acabar con los asesinatos de plagiados, acabar con la violencia contra mujeres y niños, “la protección constitucional del derecho a la vida” y la “desregulación y simplificación administrativa que permita abatir la corrupción y desencadenar la iniciativa de los particulares, sobre todo en época de profunda crisis económica”.

De las cartas de organizaciones civiles que entregó el abogado a la comisión del Senado destaca una firmada por Velasco Arzac como presidente del consejo del Movimiento Blanco y otra de María del Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), organización que fue encabezada por César Nava Miranda, jefe de El Yunque, y padre del actual dirigente del PAN, César Nava Vázquez (Proceso 1374).

De panzazo

La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene 10 integrantes, la mayoría del bloque PRI-PAN: cuatro senadores panistas (Fernando Elizondo Barragán, Adriana González Carrillo, Sergio Álvarez Mata y María Teresa Ortuño) y tres priistas (Renán Cleominio Zoreda Novelo, Gerardo Montenegro Ibarra y Rafael Moreno Cárdenas).

El llamado bloque de izquierda tiene a Rosario Ibarra de Piedra, del PT, a José Luis Máximo García Zalvidea, del PRD, y a Francisco Xavier Berganza Escorza, de Convergencia.

Para el coordinador del área de derechos humanos y seguridad ciudadana del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Miguel Moguel, “en esta comisión legislativa, como en muchas otras, el mayoriteo de la dupla PRI-PAN, fundada en cuestiones políticas por encima de la defensa de los derechos humanos, es lo que ha prevalecido en sus recientes decisiones.

“Al menos es lo que dejan ver los resultados de los recientes relevos”, resalta Moguel en entrevista con este semanario.

“La ausencia de una real rendición de cuentas por parte de los senadores, que nos explique por qué designaron a tal o cual consejero no nos deja más que suponer que todo es parte de arreglos políticos”, señala.

Moguel, quien ha dado seguimiento a los procesos legislativos en materia de derechos humanos, acota que en las últimas renovaciones del Consejo Consultivo los senadores han designado a personajes que tendrían un valor de seis en una escala en la que 10 es un compromiso total con los derechos humanos y cero uno mediocre.

“Hemos visto que es una tendencia a designar a personajes que no resulten incómodos en todos niveles, no sólo para la CNDH, lo cual es muy grave porque en estos momentos la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón ha derivado en múltiples violaciones a los derechos humanos.

“Lo que hemos visto es a consejeros de la CNDH que no terminan por asumir el compromiso que representa su función; ocurren casos, como el de Joaquín López Dóriga, cuya firma no aparece en ninguna de las minutas de las reuniones de consejo y que públicamente no vemos que asuma en serio la defensa de los derechos humanos”, concluye Moguel.