Colima, candente

Exgobernador muerto, gobernador vivo: vínculos criminalesJorge Carrasco Araizaga
Proceso, # 1778, 28 de noviembre de 2010

Las implicaciones del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos en el contexto de la guerra de cárteles en Colima obligaron a su sucesor, Mario Anguiano, a reconocer que el crimen pudo haberlo cometido una organización delictiva. El problema para el estado es que información documental disponible involucra a parientes y colaboradores de ambos, el gobernador vivo y el exgobernador muerto,  con el crimen organizado.  

La ejecución del exgobernador de Colima Silverio Cavazos Ceballos, ocurrida en el marco de una creciente violencia por narcotráfico en el estado, removió los antecedentes del gobernador Mario Anguiano Moreno y su entorno, ensombrecidos por una historia de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Asesinado la mañana del domingo 21 afuera de su residencia, Cavazos Ceballos, que iba a cumplir 42 años el próximo 15 de diciembre, fue el principal promotor de la llegada al poder de Anguiano Moreno, cuyo primer año de gobierno ha coincidido con la etapa más violenta vivida por la entidad en su historia reciente. 

En tan sólo un año, en el estado han ocurrido 120 ejecuciones, más de 40 desapariciones y el desmantelamiento de una docena de laboratorios de droga sintética, producción que inició la organización de los hermanos Amezcua y se ha desarrollado desde la década de los noventa en la entidad.

El cártel de Sinaloa es el que ha tenido más presencia durante años, aunque en la entidad están presentes varias organizaciones delictivas que tienen como principal centro de operaciones el puerto de Manzanillo, donde no sólo entran sustancias ilegales, sino que de ahí sale dinero en efectivo hacia Colombia. 

Según  la versión difundida oficialmente, Cavazos Ceballos fue asesinado cuando conversaba afuera de su casa con el actual secretario de Fomento Económico del estado, Rafael Gutiérrez Villalobos, quien salió ileso del ataque. 

De acuerdo con el gobernador Mario Anguiano, momentos antes él había tenido una reunión con su colaborador, quien al terminar el encuentro pasó por la casa de Cavazos. Según Gutiérrez Villalobos, quien es uno de los empresarios más cercanos al gobernador y que ha sido señalado como lavador de dinero de los hermanos Amezcua, Cavazos Ceballos estaba en la calle, por lo que detuvo su vehículo y bajó a saludarlo. Fue entonces cuando llegaron los pistoleros y dispararon. 

Cavazos tenía gran presencia política aun después de dejar el gobierno. Varios miembros del actual gabinete habían sido sus colaboradores, entre ellos el procurador Arturo Díaz Rivera, quien a las pocas horas de la ejecución se apresuró a asegurar que el asesinato de su exjefe no tenía relación con la delincuencia organizada. 

Amenazado en febrero del año pasado en una cartulina por la delincuencia organizada, el procurador descartó el narcotráfico como móvil porque el arma utilizada para el homicidio fue una pistola calibre 38 súper, y no armas largas como las que usan los narcotraficantes.

Sin embargo, apenas el 1 de julio pasado, cuando la Procuraduría General de Justicia del estado informó sobre la detención de un sicario del cártel del Milenio, originario de Colima, dio a conocer que ese mismo tipo de armas se usa en la confrontación de las bandas rivales.

Atribuido por la procuraduría del estado a “un solo tirador”, el asesinato del exgobernador tuvo sus primeros efectos en el gobierno de Anguiano, quien admitió la posibilidad de que el narcotráfico esté detrás del homicidio de su antecesor y padrino político.

Cavazos Ceballos disponía de una escolta de 10 policías para él y su familia, pero en el momento del atentado sólo dos lo acompañaban. Los agentes estaban a cargo también de la seguridad de su casa, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad y cuyo origen fue puesto en duda, incluso en una denuncia penal, por el diputado federal del PAN Leoncio Morán, quien acusó al exmandatario de enriquecimiento inexplicable. 

El posible móvil del asesinato no ha sido la única contradicción de las autoridades. También las hay sobre la actuación de la Policía Estatal Preventiva después de la ejecución. Tres efectivos de esa corporación se saltaron la barda de la casa de descanso del médico Mario Eduardo Robles Gil Bernal y le dispararon porque lo “confundieron” con un sicario.

El mismo domingo 21, la oficina de Díaz Rivera aseguró que los policías le dispararon en la vía pública porque hizo “movimientos sospechosos” al negarse a detener la camioneta en que viajaba junto con su hijo menor de edad en una brecha de la comunidad La Capacha, cerca de la capital del estado.

Fuentes cercanas a la investigación ministerial aseguran que la declaración del hijo fue clave para que el gobierno corrigiera su versión. El testimonio recogido por Proceso dice que el hijo del médico escuchó a los policías reportar por radio: “Ya tenemos a uno, ya lo matamos. Y llevamos a otro más”. Del otro lado del radio escuchó: “Mátenlo de una vez”.

Presionado por la familia y la comunidad médica del estado, el miércoles 24 Anguiano se vio obligado a cambiar la versión inicial de su gobierno: reconoció que tres efectivos del grupo especial Fuerza de Operaciones y Reacción Inmediata se metieron a la casa del médico cuando perseguían a los sicarios, que se habían bajado de la camioneta Jeep Patriot en la que huían y entraron en domicilios particulares. El médico estaba regando su jardín y al ver a los policías encapuchados trató de huir en su vehículo, pero los policías le dispararon. 

Hay una circunstancia adicional: la viuda del médico es prima hermana del gobernador, quien el próximo 18 de diciembre tiene que rendir su primer informe de Gobierno.

El círculo de la sospecha

 Desde que fue presidente municipal de Colima, entre 2006 y 2009, Anguiano Moreno integró a su equipo a personas que públicamente han sido señaladas por supuesta relación con el narcotráfico, como se publicó en marzo de 2009  en el número 1687 de Proceso. Pese a ello, como gobernador incluyó a varios de ellos en su gabinete. 

Cuando era presidente municipal, de acuerdo con el acta número 1 del ayuntamiento de Colima, fechada el 16 de octubre de 2006, hizo un nombramiento que fue ampliamente cuestionado en la capital: el de Octavio García Salazar como oficial mayor del municipio. 

García Salazar, conocido como El Polvaredas, había sido administrador del rancho Ángeles del Infierno, identificado como Las Pilas cuando era propiedad del narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero. Según una ficha de seguridad, el rancho tenía pista de aterrizaje para aeronaves pequeñas en las que se traficaba droga. 

Otro de los nombramientos que constan en el acta del ayuntamiento es el de los primos del entonces alcalde: los hermanos José Ramón y Óscar Valdovinos Anguiano; el primero, como director general de Tránsito y Vialidad; el segundo, como tesorero municipal. De José Ramón, la misma información de seguridad dice que “sus nexos y apoyos otorgados han sido a favor de la delincuencia organizada”.

Precisa que como director de Control de Procesos de la Procuraduría de Justicia del estado “vendía información privilegiada a defensores de delincuentes a fin de evitar el cumplimiento de órdenes de aprehensión”.

Valdovinos Anguiano designó a Gabriel Delgadillo González como director operativo de Vialidad del Ayuntamiento. Delgadillo había sido director de seguridad pública de Ixtlahuacán y, según el documento, en ese municipio “otorgaba protección a cargamentos de mariguana que salían de Michoacán, pasando por el municipio con destino al rancho Ángeles del Infierno”. José Ramón Valdovinos Anguiano permanece en el mismo cargo con el actual alcalde de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.

En la nueva administración de la alcaldía también está Óscar Valdovinos Anguiano, quien pasó de tesorero municipal a regidor con Anguiano Moreno.

El gobernador ha trabajado con sus primos más de una década. Incluso, desde agosto de 2009 María del Rocío Valdovinos Anguiano es magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

En la segunda mitad de los años noventa, cuando el hoy gobernador fungía como contador mayor de Hacienda del Congreso del estado, su primo Óscar ocupaba un puesto de mediano nivel en esa dependencia. Cuando Anguiano renunció a la Contaduría en 1999, Óscar fue nombrado subcontador mayor de Hacienda.

Entre 2003 y 2006, Mario Anguiano fue diputado local. Sus principales auxiliares eran Óscar Valdovinos Anguiano, Octavio García Salazar y Tayde Hugo Corona. Ya como presidente municipal, no sólo tuvo con él a sus primos, sino a García Salazar, como oficial mayor, y Hugo Corona como director de Licencias y Reglamentos. 

Antes de ese cargo, Corona ocupó durante dos años el área de Prevención del Delito de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahora, el gobernador lo nombró director del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) del DIF estatal. 

No son los únicos casos en los que el narcotráfico rodea al mandatario. En 2003, su hermano Humberto, La Rana, fue detenido por delitos contra la salud y condenado a 10 años de prisión. En abril de este año, poco antes de cumplir siete años de encierro, salió libre de manera anticipada.

Además, su primo Rafael Anguiano Chávez purga desde 1997 una pena de 24 años de prisión en Estados Unidos, acusado junto con otras 16 personas de traficar metanfetaminas a Estados Unidos como parte del cártel del Milenio. 

De acuerdo con los expedientes judiciales estadunidenses, junto con el primo del gobernador fueron procesados Carlos Javier Martínez, Ramiro Ayala, Angélica Ayala, Raúl Arteaga Torres, Isaías Hernández, Mario Chávez Anguiano, Juan Miguel Valdez, Juan Ávalos Martínez, José Martínez, Urbano Ramírez Lucatero, Óscar, David y Eduardo Lepe Torres, Lucio Ríos Rosa, Francisco Chávez Verduzco y Alejandro Ramírez Rodríguez.

En el caso del Polvaredas, oficial mayor del entonces presidente municipal, la información de su ficha policial dice que cuando él administraba el rancho Ángeles del Infierno “se veía a Ramón Margarito Larios Quiroz, El Papo Larios, operador en el municipio de Tecomán coordinadamente con Rafael Cavazos Ceballos”, hermano del exgobernador asesinado.

De acuerdo con esa misma información, el predio había sido comprado por el narcotraficante Germán Torres Anguiano y tuvo como apoderado legal a un hermano del exdiputado priista por Tecomán, Arturo García Arias.

El mismo reporte indica que un hijo de Torres Anguiano, quien fue asesinado en Guadalajara en 2006, se hizo de la disco ICE, de una distribuidora de equipo de telecomunicaciones Nextel y de una agencia de la automotriz Peugeot. Elaborado cuando Silverio Cavazos gobernaba el estado, el documento dice que la agencia “fue vendida a Arturo Velasco Villa, como único propietario, pero es en sociedad con el actual gobernador de Colima”.

En abril de 2009, la Policía Federal detuvo en la ciudad de Colima a José Arturo Baltasar Sánchez, a quien se identificó como el operador en el estado de Ignacio Coronel, entonces responsable del cártel de Sinaloa en la zona. Según informes policiales, Baltasar Sánchez coordinaba a los hermanos del entonces gobernador, Francisco y Rafael Cavazos Ceballos. En julio de 2003 la PGR indició al segundo por delitos relacionados con las drogas (Proceso 1687). 

Funcionarios claves

Entre los colaboradores de Anguiano que también han sido cuestionados está el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, expresidente de la Canacintra en Colima y quien estaba con Cavazos Ceballos durante el crimen. Se presenta como un empresario exitoso, pero sobre él pesa la sombra de los Amezcua.

En una entrevista publicada en diciembre pasado por la revista de negocios Decisión de Empresario, de Colima, explicó que su riqueza fue producto de tres tortillerías que heredó de su padre en 1982, y dos años después puso una pequeña tienda de abarrotes. Luego, compró una bodega de la Conasupo y abrió el Super Abarrotes Gutiérrez. 

Según su propia historia, en los años noventa empezó a distribuir los productos y papeles institucionales de Crisoba en Colima; luego proveyó abarrotes y productos institucionales a otras empresas y al gobierno del estado.

De ahí saltó a lo que ahora es su principal negocio: la venta de seguridad. “A raíz de que empezamos a vender los productos institucionales vimos que a quien le vendíamos requería los servicios de seguridad, y fue cuando abrimos Institucionales Roka, en 1994”. Ahora esta empresa opera a nivel nacional y tiene oficinas en estados del Pacífico: Tijuana y Mexicali, en Baja California; Los Cabos, Baja California Sur; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Guadalajara, Jalisco; Manzanillo y Colima, en Colima.

De acuerdo con su relato, su primer contrato importante de seguridad fue en el puerto de Manzanillo, donde está a cargo de la vigilancia interna de la terminal portuaria. Ahí se moviliza cerca de 1 millón y medio de contenedores y por carretera se llega en 18 horas a Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

El puerto de Manzanillo fue utilizado por el empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon para la importación de sustancias que según el gobierno mexicano se utilizaban en la elaboración de metanfetaminas. Además, ha sido escenario de incautaciones de toneladas de droga y millones de dólares. En septiembre de 2009, la Marina confiscó 36 millones que se enviaban a Colombia.

Poco antes, en agosto, en ese mismo puerto el Ejército detuvo a seis integrantes de La Familia michoacana, de quienes el entonces gobernador Cavazos aseguró que estaban “en calidad de turistas” en Manzanillo. 

De la operación del recinto portuario conoce también el actual secretario de Gobierno de Mario Anguiano, Jesús Orozco Alfaro, quien fue encargado de la aduana de Manzanillo, pero salió luego del escándalo que provocó el aseguramiento de droga en los barcos Córdoba y El Chimborazo, poco después del asesinato en Guadalajara de Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco, operador del narcotráfico en la zona y que en Colima se hacía pasar como empresario agroindustrial.

Enrique Armando Salazar Abaroa, asesor de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, recuerda que durante los años ochenta El Cochiloco se estableció en el rancho Jayamita, en el municipio de Coquimatlán, donde recibía a narcotraficantes y políticos, incluido el gobernador Elías Zamora Verduzco, quien en su momento aseguró que lo consideraba un empresario.

Según el asesor, tras la muerte de El Cochiloco, en 1991, comenzó a crecer Nacho Coronel. “Se dice que en Colima creció a la sombra de Jesús Antonio Sam López”, comenta en entrevista, en referencia a quien fue procurador general de Justicia del Estado durante los periodos de Carlos de la Madrid Virgen y Fernando Moreno Peña. 

Afirma que la violencia se desató en Colima desde antes de la muerte de Nacho Coronel, ejecutado en Jalisco por el Ejército en julio pasado y quien controlaba Colima para el cártel que encabezan ahora Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.  Además del cartel de Sinaloa y La Familia Michoacana, en el estado también se ha registrado presencia de los hermanos Beltrán Leyva y del cártel del Golfo. 

“Con la presencia de todos los cárteles en Colima por el interés que tienen en el puerto de Manzanillo, lo que ocurre es que nombran un administrador, propuesto tal vez por el cartel más fuerte, el de Sinaloa. Así ha ocurrido desde la época de Caro Quintero. Colima es tierra de todos los cárteles y la muerte de Cavazos puede ser parte de la definición del nuevo administrador. No lo sabemos.”

Salazar Abaroa considera que de ser así y si las investigaciones llevan a establecer vínculos con el narcotráfico, entonces tendría que aplicarse la Ley de Extinción de Dominio y, por lo tanto, confiscarse los bienes del exgobernador, “pero si el procurador dice que no fue el narco, entonces que diga quién fue”.