Testigos protegidos

Testigos protegidos: creerles a conveniencia... Ricardo Ravelo, reportero

Proceso # 1778, 28 de noviembre de 2010;

Mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la Operación Limpieza, se dirige al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten; cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables…    

Después de declarar lo que saben sobre el crimen organizado y sus jefes,  algunos testigos protegidos han sido asesinados a tiros en lugares públicos; otros han visto cómo sus exsocios cobran venganza matando a familiares, y unos más deambulan por las calles sin dinero, sin protección y atenazados por el temor de ser levantados o ejecutados por los sicarios del narcotráfico.

Y es que, dentro del Programa de Testigos Protegidos de la PGR, nada parece estar seguro. Aun en manos de la autoridad federal, los llamados “testigos colaboradores” sufren presiones económicas, malos tratos y frustración, pues algunos lamentan que sus declaraciones no se tomen en cuenta si éstas se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal.

Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos cinco años, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en  vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), copias de las cuales están en poder de este semanario.

Pero lo peor es que varios de los testigos protegidos que han proporcionado datos importantes en investigaciones relevantes de la PGR han sido ejecutados presuntamente por los mismos barones de la droga a los que delataron en sus declaraciones ministeriales.

En dichos asesinatos han tenido que ver también los descuidos de la PGR y el exceso de confianza por parte de los testigos. 

La SIEDO descuidó, por ejemplo, la protección de Édgar Enrique Bayardo del Villar –exsubprocurador del estado de Tlaxcala y exinspector de la División Antidrogas de la Policía Federal–, quien fue ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en un café Starbucks de la colonia Del Valle del Distrito Federal.

Bayardo no era un personaje menor: había sido uno de los hombres de confianza del actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Tras ser detenido por sus nexos con el narcotráfico, en particular con el cártel de Sinaloa, Enrique Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y de inmediato comenzó a declarar lo que sabía sobre los nexos de algunos funcionarios con el crimen organizado.

Sus revelaciones robustecieron la indagación que la propia PGR denominó Operación Limpieza, la cual implicó a altos funcionarios de la SIEDO, entre ellos a su entonces titular, Noé Ramírez Mandujano –preso ahora junto con otros colaboradores en un penal de Tepic, Nayarit–, a quienes presuntamente el cártel de los hermanos Beltrán Leyva les pagaba medio millón de dólares mensuales a cambio de protección e información sobre operativos y detenciones en contra de sus principales cabecillas.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, Bayardo del Villar estaba relacionado con el capo Ismael El Mayo Zambada García. Éste, de acuerdo con la indagatoria, entregaba al agente federal “una cantidad millonaria” para que protegiera sus operaciones de narcotráfico.

De esta forma, las redes de El Mayo Zambada pudieron extenderse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde disponía de múltiples contactos que le ayudaban a salvaguardar los cargamentos de droga provenientes de Sudamérica.

Pero el rompecabezas armado por El Mayo Zambada se descuadró tras la detención de Bayardo del Villar, quien fue entregado a la PGR en octubre de 2008 por otro excomisionado de la Policía Federal caído en desgracia: Gerardo Garay, también identificado como hombre de confianza de García Luna y quien, al igual que Bayardo, fue relacionado con el narcotráfico.

Bayardo no dudó en acogerse al Programa de Testigos Protegidos y, como tal, se le asignó la clave Tigre. Meses después, cuando ya se había convertido en testigo estelar, recibió una llamada telefónica, supuestamente de un funcionario de la PGR al que le urgía verlo.

–Necesito verte, es urgente –le dijo el alto funcionario de la PGR, según se asienta en la causa 36/2010 integrada tras el asesinato del colaborador.

Ese encuentro sería en el café Starbucks. Desde que asumió el papel de testigo protegido, era habitual que a Bayardo se le citara para precisar datos sobre la Operación Limpieza y los personajes implicados en las investigaciones.

Por ello acudió al café Starbucks de la calle Pilares –muy cerca de donde había afincado su segundo domicilio en 13 meses de colaboración con la PGR–, y escasos tres minutos después un sujeto vestido de negro abrió fuego contra él con una AR-15. Édgar Bayardo recibió varios impactos en presencia de su ayudante José Solís Castillo, quien nada pudo hacer ante aquella lluvia de balas.

A corta distancia de allí, en el departamento 401 de la calle Heriberto Frías 1515, donde vivía el testigo protegido, Francisco Gutiérrez Estrada, el agente federal que debía custodiarlo, descansaba y escuchaba música grabada en su celular.

De acuerdo con los datos contenidos en la causa penal 36/2010, los dos elementos que lo protegían –Francisco Gutiérrez y Juan Fabricio Ramírez– eran agentes “C”, es decir, no tenían la suficiente preparación para desempeñar la tarea que se les encomendó. Ambos cuidaban a Bayardo en turnos de 48 por 48 horas. Se relevaban a las 9:00 horas de cada tercer día.

Con la endeble protección que le asignó la PGR, como si no se tratara de un testigo relevante y, por lo tanto, como si no pudiera ser blanco de un asesinato, el testigo Tigre llevaba una vida agitada e intranquila.

En el primer domicilio que le asignó la PGR en Santa Úrsula Xitle, adonde llegó el 22 de abril de 2009, tenía como resguardo a militares y marinos. Unos cuatro meses después, el 2 de septiembre, lo cambiaron al departamento de Heriberto Frías. 

Según afirman testigos que lo conocieron, “salía a comer quesadillas a una cuadra del Metro Zapata”. También se le veía en la panadería El Globo y en el Starbucks, donde fue acribillado.

Su escolta Juan Fabricio Ramírez Espinoza refirió que un día, al verlo tan desesperado por el encierro, tomó la decisión de llevarlo al Starbucks, donde Bayardo compró dos cafés y unos cuernitos con jamón, pero de inmediato se regresaron al departamento. 

En otra ocasión, Bayardo fue conducido de emergencia a las instalaciones de la SIEDO, porque la Coordinación Técnica de la misma detectó a sujetos que rondaban el edificio de Heriberto Frías. 

En la SIEDO permaneció del 29 de octubre al 9 de noviembre, fecha en que regresó al mismo departamento. 

Pese a dicha emergencia y los riesgos que entrañaba, la seguridad de Bayardo no fue reforzada y el 1 de diciembre fue ejecutado.

 Extraña muerte

 Un mes antes de la ejecución de Bayardo había muerto, presuntamente por ahorcamiento, Jesús Zambada Reyes, hijo de Jesús El Rey Zambada García y sobrino del capo Ismael El Mayo Zambada.

Zambada Reyes era testigo protegido de la PGR, por lo que tras su detención fue alojado en una casa ubicada en la delegación Tlalpan. Se le atribuye haber declarado en contra de su tío Ismael Zambada García, a raíz de lo cual agentes federales de la SIEDO ubicaron un refugio de éste en Sinaloa, pero no pudieron detenerlo.

Después de ese operativo ocurrió la muerte del testigo Jesús Zambada Reyes. Según la PGR, se suicidó, ya que el cuerpo del llamado narcojunior fue hallado colgado de una cinta amarrada a su cuello en una casa de Santa Úrsula Xitle 87, donde estaba retenido.

Conforme a la necropsia que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por tratarse de un hecho del fuero común, su cuerpo no presentaba lesiones ni signos de forcejeos. Aunque de acuerdo con la PGR había indicios de que el joven de 22 años ya había manifestado deseos de quitarse la vida, no se adoptaron las precauciones necesarias.

Zambada Reyes fue detenido junto con su padre, Reynaldo Zambada Niebla, y otras 14 personas en Lindavista el 20 de octubre de 2008. Ambos eran testigos de cargo en la Operación Limpieza, pues acusaron a varios funcionarios de estar ligados al narcotráfico.

La PGR se hace cargo de otros testigos que se consideran presionados, como es el caso de Odilón, quien el 28 de agosto de 2005 renunció a continuar en calidad de testigo protegido con las siguientes palabras, que dirigió a la PGR en una carta manuscrita: 

Renuncio al plan de testigo protegido, a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenzaban con hacerle daño si no obedecía. 

Cuando ustedes me encontraron tirado y atado de pies y manos, con los ojos vendados, y encontraron ese video en el que me obligaron a decir puras mentiras, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí una llamada para saber de mi hija y mi familia, y ustedes me dijeron (se refiere a los funcionarios de la SIEDO) que no era necesario, y me amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.

También le prohibieron a mi esposa dar información a las dependencias a donde había denunciado mi caso y levantado actas. Me voy porque tengo miedo de que ustedes me hagan daño…

En agosto de 2008 otro testigo protegido, Noé, fue ejecutado junto con los agentes que lo escoltaban, luego de haber delatado la relación de La Familia Michoacana con José Manzur Ocaña, quien fue delegado de la PGR en el Estado de México.

El 5 de julio de 1997 había sido igualmente asesinado Tomás Colsa McGregor, conocido en el mundo del narcotráfico como El Joyero. Formaba parte del cártel de Juárez y fue un testigo clave en el llamado Maxiproceso, integrado en contra de la organización de Carrillo Fuentes.

Alguien que corrió la misma suerte fue Jaime Olvera Olvera, quien formó parte del cártel de Juárez. En su papel de testigo protegido había declarado en contra del entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, a quien vinculó con el cártel de Juárez, pero la PGR desestimó los señalamientos de Olvera al declararlo clínicamente como “mitómano y manipulador” (Proceso 1624).

El caso “Rufino”

Rufino es la clave de un testigo protegido que en el mundo del hampa fue conocido como Paquito y se desempeñó como asistente personal de Osiel Cárdenas. Tras ser detenido, declaró ante la PGR todo lo que sabía sobre el otrora poderoso jefe del cártel del Golfo, actualmente preso en Estados Unidos.

El testigo pagó caro su arrojo de hablar ante la PGR, pues tan pronto declaró sobre los refugios de Osiel y dio a conocer la lista de cómplices, varios de sus familiares –sus hijos y hermanos– fueron asesinados. El cártel del Golfo cobró venganza y quemó las propiedades de otros parientes suyos que a la fecha permanecen en calidad de desaparecidos.

La PGR, sin embargo, nada hizo para investigar esos hechos, a pesar de que Rufino fue una pieza importante para que elementos del Ejército Mexicano detuvieran a Osiel Cárdenas, en 2003. El testigo aportó datos relevantes, como el teléfono celular de Celia Marlén Cárdenas, hija de Osiel, el cual fue intervenido y gracias a las escuchas telefónicas se pudo localizar el escondite del capo Cárdenas Guillén.

Actualmente, el testigo protegido estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, es el principal acusador de altos funcionarios, tanto federales como estatales relacionados con el cártel de los Beltrán Leya. Se le identifica con la clave de Mateo. 

Pese a los crímenes mencionados, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR sigue operando sin una ley reglamentaria. Las fallas del sistema son tan costosas como los descalabros que sufre la PGR en los tribunales, en virtud de que la mayoría de los testimonios de los testigos protegidos carecen de veracidad, lo que ya puso en riesgo la Operación Limpieza, una de las investigaciones más importantes encaminadas a sanear la PGR.