Exhorto del Congreso a SRE sobre "Rápido y Furioso"

El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la PGR para que, a la brevedad, hagan pública toda la información que tengan disponible sobre el operativo “Rápido y Furioso”, que introdujo armas de Estados Unidos a México.
La propuesta la hizo la diputada Aleida Alavez Ruiz del PRD; varios legisladores subieron a tribuna, entre ellos Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT), quien planteo se agregaran otros dos párrafos al exhorto, lo que fue aceptado.

La Diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD:
Gracias. Con su venia, diputado presidente. El pasado 30 de septiembre nos enteramos, a través de un reportaje publicado en la cadena estadounidense Univisión, que algunas de las armas que fueron utilizadas en la masacre de 16 jóvenes de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, estaban registradas en el denominado programa Rápido y Furioso, implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, pertenecientes al Departamento de Justicia mediante el cual se permitió el ingreso legal de miles de armas a territorio mexicano bajo el pretexto de que dicho ingreso serviría para rastrear las armas mediante localizadores satelitales asegurando con ello el intercambio de información sobre la localización de grupos criminales.
Cuando dicho operativo fracasó, los funcionarios de la Agencia ATF, en particular el fiscal general de los Estados Unidos, reconoció que  no podrían rastrear dichas armas y que las armas perdidas durante esta operación continuarían apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera.
Efectivamente esas armas junto con otras miles que ingresan de manera cotidiana a nuestro país han cobrado la vida de mexicanas y mexicanos inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar las responsabilidades pertinentes y para sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que dichas armas llegaran a manos de grupos criminales.
La Procuraduría General de la República anunció el pasado 21 de septiembre, que inició el análisis del informe del inspector general del Departamento de Justicia relativo al operativo Rápido y Furioso, de la oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, a pesar de que este operativo inició sus actividades desde 2009 y que fue denunciado por medios de comunicación estadounidenses desde hace más de 2 años.
Por medio de un comunicado de prensa la dependencia federal señala que la introducción de armas hacia territorio nacional, sin cumplir los requisitos de la ley de la materia constituye un delito, por tanto, corresponde al Ministerio Público de la federación determinar si como consecuencia del operativo “Rápido y furioso” se cometió dicho ilícito.
Es decir, dos años después y a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, como el del Villas de Salvarcar o el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, en 2011 la PGR informa que todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político.
En nuestro país apenas se está analizando la información remitida por las autoridades estadounidenses, desconociendo, desde luego, toda información relacionada con la investigación de este operativo y las lamentables consecuencias, pues ni la PGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han compartido con la sociedad nacional dicha información.
La obligación de difundir información que no comprometa aspectos de seguridad es un compromiso de todo el Estado mexicano y en estos casos tan sensibles debe ser un compromiso con todas las víctimas mortales y con sus familiares, pues ellos tienen el derecho inalienable de acceder a la justicia, de conocer la verdad y de ser reparados integralmente.
Las armas que privaron de vida a los 16 jóvenes, en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, no entraron solas a nuestro país, tampoco se distribuyeron y se infiltraron en los grupos criminales de manera autómata. En este operativo participaron, de manera directa e indirecta, muchas personas, mismas que hasta el día de hoy se encuentran gozando de total impunidad.
Y es precisamente la razón sustantiva de este punto de acuerdo, la lucha contra la impunidad, la que nos mueve a solicitar que se den a conocer las investigaciones que se realizan y que realizan las autoridades mexicanas.
No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se continúe con la cultura de la opacidad y el encubrimiento, ejemplos sobran. Recientemente se cumplieron 44 años de la masacre de Tlatelolco y las promesas de esclarecimiento sólo quedan en eso, en promesas.
De igual manera, en el Instituto Federal Electoral, con una prisa cínica acordaron destruir el material electoral de las elecciones 2006 y 2012, antes que permitir el escrutinio público. Por lo que en aras de que la sociedad mexicana conozca la información disponible, de que se garantice a las víctimas el derecho a la verdad y que se rompa con el eterno círculo de la impunidad se emite el siguiente
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés Nacional, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, para que a la brevedad, hagan pública toda la información que tengan disponible, en relación al operativo denominado “Rápido y furioso”, incluyendo aquella que se hubiere generado en instancias Estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas.
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El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada Aleida. En términos del artículo 100 pregunte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente esolución.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, y tomando como fundamento el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento, tiene el uso de la palabra Angelino Caamal por tres minutos.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, México vive momentos difíciles marcados por una escalada de violencia que parece incontenible, dejando a su paso una estela de dolor, miedo y zozobra ante la incapacidad gubernamental de hacer valer el imperio de la ley ante los criminales.
El Estado mexicano ha fallado en uno de sus principales cometidos, que es el de garantizar la seguridad en la vida de las personas y en su patrimonio. En ese contexto, en lo que se refiere al tema de Rápido y Furioso, en el que pudo introducirse a nuestro país con toda impunidad una serie de armas que hoy están en manos criminales, de este hecho surgen varias preguntas.
¿Cómo es posible que hayan entrado a nuestro país tal cantidad de armas sin que nuestras autoridades se percataran de tal situación? ¿Cuáles son las condiciones en las que operan los mecanismos de cooperación para la seguridad fronteriza entre los Estados Unidos de América y nuestro país?
¿Qué medidas ha tomado el gobierno mexicano para controlar el tráfico de armas en la frontera norte? ¿Qué funcionarios mexicanos supieron de este operativo y no actuaron ante el fracaso y en su implementación?
¿Cuáles son las armas implementadas por ambos gobiernos para rastrear y localizar estas armas introducidas en el operativo? ¿Por qué en Estados Unidos compareció ante el Congreso el fiscal general Eric Holder para explicar lo sucedido y hasta el momento en México nadie se responsabiliza de estos hechos?
Pocas o nulas han sido las respuestas a este respecto, tanto en la cancillería mexicana como en la Procuraduría General de la República, como señala el punto de acuerdo.
Estas armas junto con otras que ingresan a nuestro país son utilizadas por los cárteles, grupos del crimen organizado y delincuentes, tanto en sus disputas por el control territorial de sus zonas de influencia, como en los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.
En el caso del operativo Rápido y furioso pone en evidencia la fragilidad de nuestra frontera al no existir el control adecuado para impedir la entrada de armamento al país en un momento de extrema violencia precisamente en los estados fronterizos. Nos preocupa sobremanera la pérdida de México frente al gobierno norteamericano quien sin restricción alguna implementa un operativo de esta magnitud sin informar a sus pares mexicanos.
Sea cual fuere la circunstancia, estamos convencidos que el combate al crimen organizado es un asunto regional y solo en la medida de que se adopten las estrategias coordinadas entre los países de la misma es como pueden solucionarse varios de los problemas de seguridad.
Compañeras y compañeros diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza acompaña y apoya el punto de acuerdo que plantea hacer pública la información disponible del operativo Rápido y furioso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República en los términos legales correspondientes, incluyendo a aquella que se hubiese generado en las instancias estadounidenses y remitidas a las autoridades mexicanas. –Concluyo, presidente.
Es una exigencia y una obligación del gobierno nacional o más bien al gobierno nacional informar a la sociedad sobre las consecuencias de este operativo implementado y que como saldo ha dejado un resultado negativo que va en contra del estado de derecho al que aspiramos todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Posteriormente don Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara por tres minutos, como una llamada de teléfono.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso de Presidencia y de todos ustedes, es de conocimiento de la opinión pública que el operativo Rápido y furioso toma mayor relevancia en Estados Unidos de América puesto que no solo ha sido tema en el debate de los candidatos a la Presidencia de dicho país, sino también es tema para el Congreso de los mismos Estados Unidos de América, en donde los congresistas Charles Grassley y Darrell Issa promueven una extensa investigación congresional sobre el fracaso de la operación y determinar la responsabilidad de funcionarios del gobierno estadounidense.
Abordar el tema de Rápido y furioso en esta tribuna obedece principalmente a la obligación del Estado mexicano para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La omisión en la responsabilidad administrativa y política es base para la impunidad y condición para mantener relaciones de corrupción y complicidad.
La reforma constitucional en materia de derecho humanos publicada en el Diario Oficial en el año de 2011, en particular el artículo 1 de la Constitución en su párrafo tercero dice: toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia –subrayo–, señoras y señores legisladores, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
Obligaciones constitucionales a las que ha sido omiso el titular del Poder Ejecutivo Felipe Calderón, persona insensible a la que una de las madres de las jóvenes víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, increpó públicamente su omisión y falta de responsabilidad ante la fallida guerra contra el narcotráfico. El reclamo directo de las víctimas colaterales de su guerra –del señor Felipe Calderón– no es suficiente para implementar políticas eficientes de las dependencias a su cargo.
En una estrategia en la que se involucra directamente a su gobierno al anunciarse públicamente que el gobierno federal conocía de la fallida operación, resulta increíble que investigaciones que realizan medios de comunicación como Univisión aporten más datos sobre todos estos asuntos.
Esto está publicado en diversos medios en inglés y en español en México y en Estados Unidos y se destaca la identificación de armas usadas en las masacres de Ciudad Juárez con 57 armas relacionadas con esta lista y, una lista del gobierno mexicano, de 60 mil armas recuperadas en diferentes escenas del crimen entre 2009 y 2010.
Identificación de armas que aportan para determinar la responsabilidad del gobierno americano en la violación de los derechos humanos de las víctimas identificadas en los actos criminales en las que éstas fueran utilizadas, por lo que es pertinente preguntar ¿qué políticas ha implementado el gobierno de Felipe Calderón para atender a las víctimas y familiares identificadas por las masacres vinculadas con armas del Operativo Rápido y Furioso?
¿Qué ruta legal implementa para determinar la responsabilidad civil uy política del gobierno norteamericano en la reparación del daño de las víctimas directas y colaterales de las armas introducidas ilegalmente a nuestro país?
La omisión del gobierno de Felipe Calderón no sólo atiende a su ineficacia en la investigación de la responsabilidad de las autoridades mexicanas y norteamericanas en el Operativo Rápido y Furioso.
En el caso concreto se puede convertir en cómplice por ocultar información y no cumplir con la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
Culmino. Esperamos que la difusión que se realice en los medios de comunicación, de información, relacionadas con el rastreo e identificación de armas del operativo Rápido y furioso con las víctimas y sus familiares, impulse acciones del titular del Ejecutivo federal y sus dependencias para que...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Su tiempo ha concluido, diputado.
El diputado Manuel rafael Huerta Ladrón de Guevara: –Ahorita termino, quiero tolerancia como la ha tenido con otros oradores, señor presidente–. ...mínimamente impulsen acciones para exigir la responsabilidad del gobierno americano en la reparación del daño que corresponde y no estar litigando el asunto los propios ciudadanos ante los organismos internacionales o por la vía de la responsabilidad del señor Calderón y su gabinete a través del juicio político.
Por eso pido una adición al punto de acuerdo, lo he platicado con la diputada Aleida, y la adición que proponemos es la siguiente.
Párrafo segundo: que el titular del Poder Ejecutivo federal en base al artículo 1 de la Constitución en su párrafo tercero, instrumente conforme a la ley su responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y furioso, proveyendo en beneficio de dichas víctimas y sus familias toda las medidas que estén a su alcance para en la medida de lo posible resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, su patrimonio o posesiones.
Al mismo tiempo que el titular del Poder Ejecutivo federal determine la responsabilidad de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la de Relaciones Exteriores y la de Gobernación, en la investigación de la responsabilidad del gobierno norteamericano para exigir la investigación y reparación de daños de las víctimas de las masacres en que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y furioso.
Le pido a la Presidencia, ahora sí, que le pregunte a la diputada si acepta la adición para que el pleno, con esa prisa que traen, señores diputados, se pongan los pantalones y le exijamos al Poder Ejecutivo que cumpla con la ley. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta propuesta, según nuestro Reglamento sólo tiene que venir por el grupo originalmente proponente. Sólo ella lo puede proponer, porque así está el Reglamento y no puedo incumplirlo. Si ella lo pide, como proponente, lo someteremos a la consideración de la asamblea. En tanto tiene el uso de la palabra don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero Presidente, compañeros legisladores, pareciera que esta atmósfera de Rápido y furioso está invadiendo este recinto.
Ayer precisamente rápido y furioso el Instituto Federal Electoral, sin ninguna razón, sin apelar a la historia, ordenó la quema de los paquetes electorales del 2006 y del 2012, al igual que antes se habían quemado los paquetes y las boletas electorales de 1988. Quieren sepultar la historia pero, como decía nuestro coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, las cenizas se esparcirán y los perseguirán por siglos.
Este operativo completamente ilegítimo, inconstitucional y totalmente contrario a los principios del derecho internacional público y a los derechos humanos, ha tenido resultados catastróficos. Lejos de combatir la criminalidad, sólo ha conseguido empoderarla y potenciarla cada vez más. Es un caballo de Troya de una intervención cada vez más evidente.
Nos hemos convertido en este sexenio sangriento en uno de los países con mayor número de muertes, comparable a estados que atraviesan guerras regulares o irregulares de alta o baja intensidad.
Operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estén en territorio nacional.
Nuevamente ocupa este Congreso, esta Cámara un tema que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad nacional. Nosotros, a nombre de Movimiento Ciudadano, hemos insistido una y otra vez en la comparecencia de los secretarios del gabinete de seguridad nacional; sin embargo, la complicidad del PRI y del PAN han impedido que comparezcan en este recinto la procuradora General de la República, el secretario de Seguridad Pública y los secretarios de la Defensa y de la Marina.
Traemos nuevamente a cuenta este asunto porque el día de ayer Calderón y Peña Nieto se reunieron de las 10:00 a las 3:00 de la tarde, según las crónicas, para discutir estos temas y ahí estuvo todo el gabinete de seguridad y aquí no le merece la atención y el respeto a esta Cámara de Diputados.
Todos los días tratamos temas de seguridad pública y de seguridad nacional y no podemos preguntar directamente a los titulares del ramo. Por eso creemos que no podemos seguir con esta tapadera, con este oscurantismo y hacemos un llamado a los grupos parlamentarios del PRI y del PAN para que permitan la comparecencia de estos titulares y hablemos de Rápido y furioso, hablemos del caso Tres Marías, hablemos de la Iniciativa Mérida, hablemos del fracaso de la política de seguridad pública que ha habido en el país. Eso verdaderamente demostrará que hay voluntad política para atender este tema.
El día de ayer el encargado del equipo de transición de Peña Nieto decía en tuitter que iba saliendo de una reunión en Los Pinos con Felipe Calderón, Peña Nieto y el gabinete de seguridad, que fue muy productivo el intercambio de ideas. Por qué no vienen aquí, a la Cámara de Diputados a compartir esta información. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Ricardo Mejía. Don David Pérez Tejada Padilla, del Verde Ecologista de México.
Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes del CBTIS 181, de Paracho, Michoacán, invitados por José Luis Esquivel Zalpa.
También un grupo de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Derecho, de la ciudad de Zamora, Michoacán. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Las relaciones entre México y Estados Unidos son una realidad dictada por la geografía y que, en consecuencia, no puede ser modificada por ninguna de las dos naciones. Pero sí podemos cambiar su índole y su función, convertirla en una barrera infranqueable o transformarlas en un espacio abierto a la cooperación y a la acción en común”. Fin de la cita de Octavio Paz.
Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. La relación México-Estados Unidos siempre ha tenido claroscuros, tanto político como económicos, sociales y culturales, pero últimamente se ha recrudecido el tema relacionado con la seguridad.
En el mes de marzo del 2011, salió a la luz pública una noticia que nos conmocionó a todos, diversas agencias de inteligencia del gobierno estadounidense habían aprobado el ingreso de armas a nuestro país, supuestamente monitoreadas para así poder localizar a algunos grupos de la delincuencia organizada e implementar un operativo que permitiría dar con los líderes y desmantelar a estos grupos criminales.
La estabilidad y la paz en el país se han alterado gravemente por la introducción masiva e ilegal a nuestro territorio de miles de armas de fuego de alto calibre. Este brutal contrabando además de estar destinado a pertrechar a la delincuencia organizada que opera en México, se ha traducido en la reciente muerte de miles de mexicanos.
Las autoridades norteamericanas han declarado que permanecen muy preocupados por la violencia de los cárteles de la droga en México, y que tienen que protegerse vigorosamente contra los efectos de un potencial desbordamiento de esa violencia hacia su país. Sin embargo, nosotros creemos que esto debería de traducirse en acciones más firmas y coherentes para combatir el narcotráfico.
La gestación de un hecho tan lamentable como el denominado operativo “rápido y furioso” no concuerda con el objetivo que han señalado los gobiernos de México y de Estados Unidos, de detener el tráfico de armas sobre la base del principio de responsabilidad compartida, tampoco refleja que ambos gobiernos estén trabajando para fortalecer la cooperación bilateral en la materia, a pesar de haberse ratificado este compromiso por los presidentes de ambos países en Washington.
Aquél patio trasero que aludió Aguilar Zinser pasó a ser lamentablemente el campo de pruebas de Estados Unidos, un laboratorio en el cual se ha derramado sangre y han perdido la vida víctimas inocentes donde será demasiado difícil encontrar al culpable.
Ha sido un juego mortal como la ruleta rusa, donde el gobierno de Estados Unidos facilitó el arma con la que México jaló el gatillo y nos dimos el tiro de gracia.
Es perverso y contradictorio que los mismos gobiernos de México y Estados Unidos se confabulen en negociaciones por debajo de la mesa, en el tema del tráfico ilegal de armas y por otro lado estén anunciando con bombo y platillo para frenarlo, la implementación del programa Siave en nuestra frontera norte.
Debemos de seguir insistiendo a través de la vía diplomática la ratificación por parte del gobierno de Estados Unidos, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, adoptado por la OEA. Asimismo, el Programa de Acción para Prevenir el Tráfico Ilícito de Armas por parte de la ONU.
Declaraciones desafortunadas, como las de presidente Felipe Calderón, donde asegura que estos muertos han sido resultado de la revalidad entre bandas criminales, laceran y molestan no sólo a los familiares sino a la sociedad en general. Él mismo aceptó en Los Ángeles, California, que había sido un error garrafal.
Termino diciendo que estaremos atentos y nos sumamos al exhorto hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, para que se publique toda la información que tengan disponible en relación a este grave operativo denominado rápido y furioso, remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, tiene el uso de la voz por tres minutos.
El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente.
Ya se ha hablado mucho aquí respecto de este tema, me parece que sólo ha faltado plantear algo de suma importancia, que es el origen de un programa que pretende hoy desestimarse como ilegítimo, como ilegal, pero que de origen está viciado. Plantear la introducción a México de armas para el crimen organizado, escondido de la luz pública, me parece que no podría pensarse que en ninguno de los mundos tuviera un buen final.
Pero más increíble aún nos parece que en Estados Unidos, de donde enviaron el armamento, donde sí bien es cierto no hay una afectación directa a su población, hayan llamado a comparecer a más de 11 representantes, a 11 funcionarios, incluido el procurador general, quien estuvo a punto de ser destituido por no clarificar la información, y la pregunta sería, ¿por qué acá, en donde ponemos los muertos, por qué acá, donde está la violencia, hemos pretendido tapar o echarle tierra a un asunto que cada que se aleja en el tiempo parecería que se desestima, pero que nos sigue causando tantas muertes de inocentes?
Como ya se planteaba antes de mi intervención, se ha querido hacer ver como que son sólo narcotraficantes los que mueren con estas armas, en Villas de Salvárcar no eran; eran jóvenes y eran niños.
Es muy importante que saquemos a la luz pública, que logremos que se transparente esta información que se nos diga, pero más importante aún es que haya consecuencias legales para quienes intervinieron.
En México no se han dado nombres de quienes participaron en un operativo como éste, no ha habido responsabilidad penal para los que en ello intervinieron y es indispensable que no sólo sepamos cómo se llevó a cabo, cuáles fueron los acuerdos para llevar un operativo tan riesgoso y de tanta consecuencia para nuestro país, sino que haya consecuencias legales para quienes en él intervinieron.
Yo les conmino, compañeros y compañeras, a que no permitamos que el silencio cómplice que pretende mandar al olvido permanezca, siga ahí, porque de verdad, las familias de las víctimas, que también son nuestros connacionales, hay un sinfín de personas que han muerto con estas armas, no lo van a olvidar.
Entonces, de ahí que es importante que este punto de acuerdo prospere, que en unidad llevemos esta idea hacia adelante y podamos saber bien a bien quiénes participaron, con autorización de quién y para ellos haya las consecuencias legales y no permanezcan en la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, don Luis Ángel. Doña Adriana González Carrillo, del Partido Acción Nacional, venga usted rápida y furiosa. Don Miguel Alonso Raya.
La diputada Adriana González Carrillo: Buenas tardes. Muchas gracias, presidente y amigo. En el Grupo Parlamentario del PAN lamentamos y condenamos la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, cometida por integrantes del crimen organizado con armas del operativo denominado Rápido y furioso.
Apoyamos el resolutivo del punto de acuerdo de la diputada Aleida Alavez, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR hagan pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo a aquellas que se hubiere generando en instancias internacionales y remitido a autoridades mexicanas.
Nosotros debemos aclarar que tanto en la Unión Americana como en México las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país.
Debo recordar que en la anterior legislatura han venido a comparecer los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y la Procuradora, en relación a este tema.
En la PGR se reportan principalmente avances, dado que existen órdenes de aprehensión por el delito de introducción ilegal de armas a México. Existe también en la PGR averiguación previa por la que se investigue el vínculo de las armas del operativo Rápido y Furioso en el asesinato de los jóvenes en Villa de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por su parte, el gobierno de la Unión Americana ha presentado hace unos días, en el mes de septiembre, un informe del Departamento de Justicia, en particular de la Oficina de Control del Tabaco, Armas y Explosivos sobre el operativo Rápido y Furioso.
Este reporte está siendo analizado por la PGR para ampliar también la información disponible, dado que la introducción de armas a territorio nacional no cumplían los requisitos de ley, que en la materia constituye un delito.
Por lo tanto, corresponde al Ministerio Público de la federación determinar si como consecuencia del operativo Rápido y Furioso se cometió dicho ilícito, ello con total independencia de lo que al respecto haya concluido la investigación del inspector general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en términos de su legislación interna y respeto de las autoridades de aquel país.
En el Grupo Parlamentario del PAN apoyamos la cooperación internacional entre México y Estados Unidos, basada en el principio de responsabilidad compartida, así como en el pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestras instituciones, pero también estamos a favor de la rendición de cuentas.
Debo recordar que dejamos en el pasado las acciones unilaterales, como lo era la certificación que hacía Estados Unidos a México y a partir del año 2000 nos dimos instrumentos de cooperación con pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia.
Por ejemplo, conocimos que estas armas fueron utilizadas en el operativo “Rápido y furioso” y que después fueron usadas por el crimen organizado, dada la cooperación que nuestras Fuerzas Armadas tienen y el intercambio de información.
Estamos convencidos que la cooperación es necesaria para poder atacar el crimen organizado, especialmente en el siglo XXI, en donde el crimen organizado no conoce fronteras ni tiene pasaportes. En el GPPAN estamos atentos a las investigaciones y esperamos que pronto haya sanción a los responsables de que hoy en México y en Centroamérica haya muertes de civiles inocentes, policías y militares con armas del operativo fallido “Rápido y furioso” y también de receptor abierto, que están en manos de crimen organizado. Y apoyamos al gobierno de México para sancionar a los responsables y si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional.
Diputada Aleida, le comparto el informe que en el mes de septiembre hizo público en Internet el Departamento de Justicia. Nosotros no vamos a permitir que se diga que hay opacidad o que hay encubrimiento o que hay un silencio cómplice.
Rechazamos que por falta de conocimiento se acuse al gobierno de México de omisión. Y le pido, diputada Aleida, si lo puede hacer también partícipe a los compañeros que no conocen la información, si se los puede dar, para que todos conozcamos que sí hay rendición de cuentas y que sí hay información, y no como se vino a decir aquí, que hay opacidad y hay encubrimiento.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Partido Revolucionario Institucional. Menos rápida, menos furiosa pero con toda pasión.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del PRI aprecia, en su justa dimensión, el valor e importancia estratégica de la cooperación internacional y bilateral como un factor crucial en la lucha contra el crimen organizado trasnacional.
Además, de ser un elemento esencial para el éxito de cualquier estrategia de índole nacional, la cooperación es un elemento que legitima ante la comunidad nacional e internacional, los múltiples esfuerzos que se realizan, así como los cuantiosos recursos públicos y humanos que se destinan en materia de seguridad.
Es justamente por lo anterior que preocupa la claridad, transparencia y el rigor jurídico con el cual se conduce la Cooperación Internacional en cuestión de seguridad pública. Planteamos lo anterior porque el lamentable asesinato de un agente fronterizo de Estados Unidos en el 2010 fue el incidente que reveló una operación encubierta de trasiego de armas destinadas a grupos de la delincuencia organizada establecidos en México.
Y solamente debido a una exhaustiva investigación por parte del Congreso estadounidense es que la opinión pública nacional y la comunidad internacional se han enterado de que efectivamente se perdió el control del monitoreo de armas conseguido dentro de la operación Rápido y Furioso, cuyo inicio data de la administración del presidente Bush.
Dejemos a un lado por un momento la controversia sobre si la investigación del Congreso se debió a una disputa interpartidista y de carácter electoral, si el presidente Obama se excedió con su orden ejecutiva en la protección del titular del Departamento de Justicia, si esta persona mintió o no alguna vez al Comité del Congreso cuando fue cuestionado durante las nueve ocasiones en que compareció, y si su reciente exoneración junto con los otros funcionarios es justa o no lo es, se trata de asuntos internos ajenos a nuestro país.
Lo que sí es de interés prioritario de nuestro grupo parlamentario es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha permanecido omisa al trasiego de armas. No obstante la evidencia anterior y a pesar de que se ha reconocido que aquellas armas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado tanto en México como en Centroamérica.
Es preciso hacer notar que hasta el marco de 2011 la Secretaría del ramo aceptó durante una comparecencia ante el Senado de la República que el gobierno mexicano sí tenía conocimiento de estos operativos. Argumentó entonces que se tenía noticia de operativos de detección de tráfico ilícito de armas, pero no del trasiego de éstas para identificar a grupos de la delincuencia organizada.
Lo anterior no es un caso aislado porque también ha sido muy lamentable que sucesos como los recientes, ocurridos en Tres Marías y en general la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, carezcan en ocasiones de la debida justificación jurídica que norme la naturaleza, alcances y propósitos específicos de la cooperación bilateral en este caso con Estados Unidos.
Por ello es que en la glosa del Informe presidencial sostuvimos de manera enfática que la negligencia del gobierno federal y concretamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la conducción de la relación bilateral con Estados Unidos, habrá de ser el sello que marque la gestión de la política exterior en la presente administración.
Señoras legisladoras y señores legisladores, con el ánimo de contribuir a la eficacia, legitimidad y continuidad de los acuerdos y esfuerzos de cooperación bilateral en contra del crimen organizado y de cerrar la desinformación que a veces predomina en la materia, es que suscribimos el punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario del PRD a fin de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República hagan pública la información disponible sobre el operativo denominado Rápido y furioso, incluyendo a aquella que se hubiese generado en instancias estadounidenses y remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, diputada. Esta Presidencia saluda con todo afecto a los alumnos de la escuela primaria Alfredo del Mazo Vélez, de Tezoyuca, Estado de México, invitados por la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Sonido en la curul de doña Aleida lavez. Ponga su dedito, por favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Es para pedirle la palabra por alusiones.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Quién la aludió?
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): La diputada del PAN.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Creo que sí la aludió y tiene usted el uso de la voz.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado presidente. Quiero aquí señalar que es obvio, si pusieron atención en el momento de la exposición del punto de acuerdo, que no sería lo más sensato solamente pedir información; información con la que cuenta el PAN y que lamentablemente no han hecho nada, a pesar de que ahí hay señalamientos muy puntuales de quiénes han intervenido y quiénes han estado de parte de la PGR en esta agencia documentando lo que hacen en el operativo Rápido y furioso.
El punto de acuerdo fue aceptado así en la Junta de Coordinación Política, no fue presentado de origen así, porque obviamente solicitar información pues sería lo menos que podemos hacer como Cámara de Diputados sin dejar de lado que también señalamos que en el propio Congreso de Estados Unidos hay señalamientos de las responsabilidades de al menos 14 personas, ¿por qué aquí no? ¿Por qué en México no? ¿Por qué aquí no se dice quiénes son los responsables omisos de que a pesar de que este operativo haya causado la muerte de centenares, sino es que miles de gentes, entonces estemos en la total impunidad?
Por eso creo necesario atender este agregado que hace el diputado del PT, Manuel Huerta, en el sentido de que se deslinden responsabilidades, no se trata solamente de tener información, que así lo acepten de consenso en la Junta es una cosa; pero que nosotros aquí queramos que no haya impunidad y que se deslinden responsabilidades, es cierto.
Entonces asumo este añadido al punto de acuerdo y ojalá haya la sensatez, responsabilidad, pero sobre todo compromiso de los diputados del PAN para entender que es necesario que el Poder Ejecutivo federal asuma e instrumente la responsabilidad con todas las víctimas que hayan sido afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y furioso, proveyendo en beneficio de dichas víctimas y sus familias todas las medidas que estén a su alcance para que se resarzan los daños y afectaciones que hayan sufrido en su persona, patrimonio o posesión, al mismo tiempo que el titular del Poder Ejecutivo federal determine la responsabilidad de los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación.
¿Quieren nombres? En el informe están, nada más actuemos en consecuencia y no vivamos más en la impunidad en este país.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
 

Consideraciones

El 30 de enero de 2010 sucedió una de las peores masacres de que tengamos memoria en los años recientes del país: la de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, que conmocionó a todo México, pues las víctimas era niños y jóvenes de esa localidad que compartían en una fiesta entre amigos. Fueron asesinados brutalmente por un grupo de sujetos armados, quienes los “confundieron” con presuntos integrantes de una banda criminal rival.

Después de algunas semanas de esos hechos, la Fiscalía General de Chihuahua presentó públicamente a algunos sujetos que fueron señalados como responsables de la masacre. En la actualidad, la mayoría de ellos han obtenido sentencias por el Poder Judicial de la entidad. Sin embargo, las sentencias se encuentran bajo sospecha porque uno de esos presuntos culpables, de nombre Israel Arzate, ha probado que fue víctima de tortura para autoinculparse del acto criminal, igual que otros de los detenidos acusados de la masacre de Villas de Salvarcar.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el 31 de agosto de 2011 la recomendación 49/2011, que documenta la tortura a que fue sometido Arzate, condición que desde un inicio han sostenido la defensa legal y sus familiares.

Incluso, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, el 15 de marzo de este año, exhortó a las autoridades nacionales para que investigarán dichos actos de tortura y para que en su momento se repararan las consecuencias que la tortura había provocado en el proceso y en la investigación de los hechos.1

El pasado 30 de septiembre, nos enteramos a través de un reportaje publicado en la cadena estadounidense Univision que algunas de las armas que fueron utilizadas en Villas de Salvarcar estaban registradas en el denominado programa “Fast and Furiuos” implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) perteneciente al Departamento de Justicia mediante el cual se permitió el ingreso legal de miles de armas a territorio mexicano bajo el pretexto de que dicho ingreso serviría para “rastrear” las armas mediante localizadores satelitales asegurando con ello el intercambio de información sobre la localización de grupos criminales.

Cuando dicho operativo fracaso, los funcionarios de la ATF, reconocieron que no podrían rastrear dichas armas y que las “armas perdidas durante esta operación continuarán apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”, aseguró el Fiscal General Estadounidense Eric Holder.

Efectivamente esas armas junto con otras miles que ingresan de manera cotidiana a nuestro país han cobrado la vida de mexicanas y mexicanos inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades mexicanas para deslindar las responsabilidades pertinentes y para sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que dichas armas llegaran a manos de grupos criminales.

Por información difundida por la cadena televisora Univisión, hoy se sabe que la Secretaría de la Defensa Nacional, obtuvo la información suficiente para poder informar al Comandante de la Región Militar de Ciudad Juárez que las armas usadas en Villas de Salvarcar, fueron armas ingresadas por el operativo “Rápido y furioso”, y que por ello tendría que ser requerida la información correspondiente a las autoridades estadounidenses.

Mientras en los Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a comparecencia al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder y estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a un Juicio Político, en nuestro país se desconoce la información relacionada con la investigación de este operativo y con sus lamentables consecuencias, pues ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han compartido con la sociedad nacional dicha información.

Por lo que en aras de que la sociedad mexicana conozca toda la información disponible, se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de sus competencias, se proporcione a esta Cámara de Diputados toda la información relacionada con la ejecución y consecuencias de dicho operativo en nuestro país, así como la información relacionada con el estado de las investigaciones realizadas por las autoridades responsables sobre la probable responsabilidad de funcionarios nacionales en todo este complejo proceso ilegal y de consecuencias mortales y en su caso, que entregue también la información que le hayan remitido sus símiles en territorio estadounidense.

Derivado de lo anterior someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés Nacional, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, para que a la brevedad, hagan pública toda la información que tengan disponible, en relación al operativo denominado “Rápido y furioso”, incluyendo aquella que se hubiere generado en instancias Estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas.

Nota

1 (Consúltese http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2012/03/Comunicado_ONU_DH_15_m arzo_2012.pdf).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2012.

Diputada Aleida Alavez Ruiz (rúbrica)