Hacia la Ley Federal de Consulta Popular

La Cámara de Diputados aprobó este jueves 6 de marzo , en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, reglamentaria de la reforma constitucional en materia político-electoral y la envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El documento aprobado, con 362 votos a favor, 57 en contra y 4 abstenciones en lo general, establece que serán objeto de consulta popular los temas considerados de trascendencia nacional, cuando contengan elementos que repercutan en la mayor parte del territorio o que impacten en una parte significativa de la población.

La trascendencia de los temas serán calificados por la mayoría de los legisladores en cada Cámara del Congreso, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la SCJN.

Determina que podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos en un número al menos del dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

No podrán ser objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios consagrados en el Artículo 40 de la Carta Magna; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La ley especifica que será la autoridad electoral la encargada de promover y difundir la consulta popular y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor o en contra de esta consulta.

Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Gobernación, el diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) señaló que la colegisladora realizó modificaciones a los artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 64 y sexto transitorio.

Dijo que los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta con la limitación establecida en la no procedencia de la segunda consulta cuando sea respaldada por los mismos ciudadanos y cuando rebasen el 20 por ciento de las firmas de apoyo, siendo válida por lo tanto sólo la primera solicitud.

Señaló que se amplió la representación de la consulta popular, misma que podrá realizarse ante las Cámaras del Congreso de la Unión. Cuando el resultado de una consulta sea vinculatorio, tendrá efectos durante los tres años siguientes contados a partir de la declaratoria de validez.

Sobre la difusión y el uso de los tiempos de radio y televisión, se precisó que solamente el Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades para la promoción y discusión informada de las consultas convocadas por el Congreso de la Unión, indicó.

“La Ley Federal de Consulta Popular fortalece nuestra democracia y permite la intervención ciudadana para que en su opinión sean aplicados a través de la ley, los temas que mejor considere para el desarrollo de nuestro país”, puntualizó.

Votación en lo particular

El Pleno aprobó en lo particular, con 333 votos a favor, 54 en contra y 4 abstenciones, los artículos reservados, 5, 6, 12, 21, 30, 33, 41, 64 y sexto transitorio, en términos del dictamen.
Posicionamientos:
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a esta asamblea que se encuentra publicado en Gaceta Parlamentaria y disponible en sus monitores de las curules, el dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la Declaratoria de Publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la Declaratoria de Publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se ponga a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se ponga a discusión de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, el siguiente punto del orden del día, dado que se autorizó la discusión, es precisamente la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.
Tiene el uso de la tribuna para fundamentar el dictamen por la comisión, el diputado Abel Octavio Salgado Peña.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El 9 de agosto de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política.
Entre las innovaciones de dicha reforma destaca la inclusión de un instrumento fundamental de la democracia participativa, a saber la consulta popular. Este instrumento, a la par de otros como el de la iniciativa ciudadana, buscan complementar más no sustituir a la democracia representativa. Mediante dichos instrumentos se busca su perfeccionamiento multiplicando las opciones de intervención de los ciudadanos en ciertos ámbitos de los asuntos públicos.
La trascendencia de la reforma constitucional pone énfasis en su desarrollo en la legislación secundaria. De ahí la relevancia de la iniciativa de la Ley Federal de Consulta Popular presentada por el consenso de las principales fuerzas políticas representadas en esta Cámara y cuyo dictamen fue aprobado en diciembre del año pasado por este honorable pleno y remitido a la Colegisladora para su dictamen.
El dictamen de la Comisión de Gobernación reconoce y considera adecuados los cambios realizados por la Colegisladora. Esencialmente las modificaciones se dieron en los artículos 5, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 41, 64 y sexto transitorio. Las modificaciones hechas por el Senado con las que se tuvo coincidencia en el proceso de dictamen de la Comisión de Gobernación consisten en lo siguiente.
El proyecto de decreto precisa que serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional. Dichos temas, para el caso de las propuestas de la consulta hecha por ciudadanos, serán calificados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo tanto este proyecto de decreto sólo considera como temas de trascendencia nacional aquéllos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población.
De igual manera, los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta con la limitación establecida en la no procedencia de la segunda consulta cuando sea respaldada por los mismos ciudadanos cuando rebasen el 20 por ciento de las firmas de apoyo, siendo válida por lo tanto sólo la primera solicitud.
La Colegisladora consideró apropiado ampliar la representación de la consulta popular, misma que podrá realizarse ante las Cámaras del Congreso de la Unión. Cuando el resultado de una consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes contados a partir de la declaratoria de validez.
Es importante destacar que en el consenso de ambas cámaras durante el proceso de dictamen y discusión se consideró oportuno que este resultado sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, haciéndolo del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia.
Sobre la difusión y el uso de los tiempos de radio y televisión, las modificaciones de la colegisladora precisaron que solamente el Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades para la promoción y discusión informada de las consultas convocadas por el Congreso de la Unión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar tiempos para lanzar propaganda en radio y televisión e influir en  la opinión de los ciudadanos sobre la consulta popular.
El instituto tendrá amplia facultad para ordenar la cancelación de cualquier propaganda hecha por otros sujetos, iniciando el proceso sancionador que corresponda conforme a la legislación aplicable.
Finalmente el régimen de transitoriedad establece el cambio de nomenclaturas del  actual Instituto Federal Electoral al naciente Instituto Nacional Electoral a fin de armonizar las disposiciones del presente proyecto de decreto.
Honorable asamblea, de nuevo el Congreso de la Unión escribe una página legislativa digna para la historia de nuestro parlamento.
La Ley Federal de Consulta Popular fortalece nuestra democracia y permite la intervención ciudadana para que en su opinión sean aplicados a través de la ley, los temas que mejor considere para el desarrollo de nuestro país.
Así al solicitar el voto a favor de esta honorable asamblea, hacemos efectivo el derecho que ha sido consagrado en la Constitución  para realizar la prerrogativa ciudadana de participar en las consultas populares a través de este instrumento que dota a nuestro sistema jurídico de certeza.
El voto a favor del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular atiende a una demanda social que se manifestará en el logro de espacios para la participación ciudadana gracias al interés de los distintos grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión a fin de seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático y republicano. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Solamente para recordar a la asamblea, informo cuáles fueron los artículos modificados por la Cámara de Senadores y son las modificaciones que están a discusión en este momento.
Son el 5, el 6, el 9, el 12, el 14, el 15, el 21, el 25, el 28, el 30, el 32, el 33, el 41 y el 64, segundo párrafo. Además, viene adicionado un artículo sexto transitorio. Esto es lo que está hoy a discusión en los términos de la fracción E) del artículo 72 constitucional.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores: don Jesús Reyes Heroles sostenía que el Estado debía ser el elemento integrador de la sociedad, sin ahogar las iniciativas autónomas de la misma ni de los individuos. Que la sociedad mexicana debía estar cada vez más en sus instituciones y que la auténtica unidad democrática se sustenta y vive de la pluralidad.
En Nueva Alianza estimamos que el quehacer público del Estado en su sentido más amplio sólo puede y debe entenderse en beneficio del grupo social para cuyo servicio se constituye.
Los afanes y esfuerzos de las tareas de gobierno deben, indeclinablemente, tener el objetivo de perfeccionar las guías e instrumentos para la mejor satisfacción de las necesidades colectivas esenciales.
La instancia de gobierno no debe constituir más para el ciudadano una instancia distinta, ajena, incomprensible y hasta contraria. Reiteramos que la imagen y en la práctica del ciudadano debe afianzarse el quehacer público como algo propio, no sólo para su debida observación, sino ahora de modo principal para su efectiva participación en las decisiones fundamentales del gobierno.
Es por ello que celebramos la presentación de la Ley Federal de Consulta Popular que después de un largo tiempo, hoy ve cristalizado y cumplimentado el sueño de un transitorio. Arriba esta sede camaral enriquecida con las observaciones realizadas por la colegisladora, aspectos que nutren y dan solidez a una institución novedosa que de manera principal vinculará las grandes acciones de gobierno con la decisión ciudadana mayoritaria en una corresponsabilidad sin precedentes.
La presente Ley Federal de Consulta Popular, proporcionará las vías legales para el cumplimiento de la trascendente adición de la fracción VIII al artículo 35 constitucional. Modificaciones importantes constituyen el que serán objeto de consulta popular, solamente los temas de trascendencia nacional, entendidos como aquellos que repercuten en la mayor parte del territorio nacional, impactan de manera significativa en la población, la participación ciudadana en más de una consulta popular siempre que no exceda el número de los mismos ciudadanos de un 20 por ciento y la acertada inclusión del nombre y firma de las participantes, lo cual generará la debida certeza jurídica.
Al analizar detenidamente las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores, coincidimos en el argumento consistente en que la instauración de un instrumento innovador implica prever de manera integral la implementación de los procedimientos para hacer efectivo el derecho ciudadano a ser considerado en la toma de decisiones.
Con el avance en el proceso legislativo para abrir la toma de decisiones a la ciudadanía como país damos un paso decisivo en la institución de poder ciudadano, y con él refrendamos y atendemos las demandas de su participación en el poder público que ha sido constante a través del tiempo.
En Nueva Alianza hoy, desde esta tribuna, refrendamos nuestra favorable postura primigenia respecto de esta materia trascendental que representa un importante avance en la búsqueda de consolidar nuestro sistema democrático.
Convencidos somos que este instrumento jurídico fortalecerá los esquemas que propicien y garanticen que la ciudadanía ejerza su derecho a manifestar su pensar respecto de temáticas fundamentales para el desarrollo y funcionalidad en nuestra nación.
En su momento hemos presentado propuestas para brindar y poner al alcance de los ciudadanos instrumentos de participación política. Consideramos que este conjunto de nuevas prerrogativas, ciertas y eficientes, constituyen un factor decisivo para la transformación de la cultura política, el avance de una nación más justa y más democrática.
Tenemos certeza que con la nueva Ley Federal de Consulta Popular los ciudadanos mexicanos serán un elemento definitivo en las trascendentes determinaciones que adopten las autoridades y consecuentemente en la ejecución de sus políticas. Con ello tendrán la libertad de incidir directamente en los tópicos vinculados a la vida pública del país.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con la aprobación de las modificaciones realizadas por la colegisladora no sólo perfeccionamos nuestro sistema democrático con matices inéditos, además atendemos las voces ciudadanas que exigían mayores espacios para la participación política, al otorgar a nuestros ciudadanos esquemas de participación vinculatorios con la toma de decisiones del país, estableciendo igualmente instrumentos jurídicos que brinden legitimidad a los actos de gobierno.
Nuestra actual Legislatura encamina la ruta por la renovación de las tradicionales instituciones políticas a través del cúmulo de reformas constitucionales y legales, en las cuales Nueva Alianza ha participado y continuará participando como grupo político, cambio que deberán dirigirse a una nueva relación de gobierno ciudadano basada en la participación, la responsabilidad y la confianza. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene le uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: De nueva cuenta la pretensión del albazo legislativo para aprobar una ley que incide en los derechos de los ciudadanos. La cultura de la legalidad y de la protección de los derechos humanos exige una conducta congruente entre lo que se dice y la forma de obrar de los integrantes del Poder Legislativo.
Pero, como se ha vuelto costumbre, la legalidad en el proceso legislativo no les importa. Acuerdo mata legalidad, es ahora la práctica de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva de esta asamblea.
Las modificaciones de la Cámara revisora a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Consulta Popular no corrigen las violaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados cometió al aprobar en forma apresurada, sin un análisis y discusión parlamentaria, una Ley  que obstaculiza el derecho contenido en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.
Las violaciones al proceso legislativo no tienen más pretensiones que la simulación en la creación de la Ley para impedir la efectividad de la participación ciudadana en la consulta popular. Esta Cámara de Diputados, al igual que la Cámara de Senadores, está obligada como órgano de gobierno a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para ilustrar a la Mesa Directiva y a los de la Jocopo, solicito a la Presidencia instruya a la Secretaría en turno dé lectura a los párrafos segundo y tercero del artículo 1o de la Constitución, si es tan amable.
El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego a la Secretaría atender la petición del diputado Huerta, y pido que se suspenda el conteo del tiempo. Segundo y tercer párrafo del artículo 1o.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Artículo 1o, Segundo párrafo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia
Tercer párrafo. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la Ley.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La Ley que hoy se aprobará no cumple con los principios pro persona, debido a que establece una ruta tortuosa y complicada para presentar la petición de consulta popular. El aviso de intensión del artículo 14 y la expedición y publicación de constancia correspondiente como requisito para recabar las firmas de apoyo, la extrema formalidad  de usar los formatos que aprueben las Cámaras del Congreso de la Unión en el artículo 15 con número de folio en cada hoja, sin los cuales no será admitida a trámite, representan en una primera instancia formalidades extremas que no promueven ni garantizan el derecho de los ciudadanos para promover las consultas populares.
Es absurdo sostener condiciones como las siguientes. En el artículo 5o, primer párrafo, fracción III, el número de folio de cada hoja piden.
Mismo artículo, segundo párrafo. Si las firmas se presentaran en un formato diverso al entregado por las Cámaras la propuesta de consulta popular no será admitida a trámite.
En el artículo 23 nos piden que la solicitud que provenga de los ciudadanos, además de los requisitos previstos en el artículo 21, deberá complementarse con... fracción II. Anexo que contenga los nombres completos de los ciudadanos y su firma, además de la clave de elector y el número identificador al reverso de la credencial de elector, derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía.
Puesto que carece de coherencia interna en el artículo 33 de la ley, se determina que las firmas no se computarán para los efectos del porcentaje requerido, cuando en el propio artículo 33, fracción II, párrafo tercero, piden no se acompañe la clave de elector —y subrayo— el número identificador al reverso de la credencial de elector, derivado del reconocimiento óptico de caracteres de la credencial para votar con fotografía vigente.
Espero que algún día hayan visto cómo están las credenciales de elector y quién cuenta con este elemento de petición obligatoria que ustedes están aquí exigiendo.
De igual forma dicen –de acuerdo a la fracción IV de este mismo artículo–: no se computarán las firmas que correspondan a ciudadanos que ya hubieran respaldado otra consulta popular en el proceso, excedan del 20 por ciento del total de las firmas requeridas, en cuyo caso sólo se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el instituto.
Otro absurdo es el término para subsanar errores u omisiones: tres días naturales, contados a partir de la notificación. ¿Quién lo va a poder hacer? Ni Superman, solamente Peña Nieto, con todas las mañas y trampas que puede hacer, a través del partido de Estado que tiene.
Requisitos formales que obstruyen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Las Cámaras del Congreso de la Unión violentan el artículo 1o. de la Constitución, en materia de derechos humanos, al no promover, proteger y garantizar el derecho político electoral de los ciudadanos para el trámite de la consulta popular.
De igual forma, es absurdo e inconstitucional el límite a la libre participación y ejercicio de su derecho de petición, al limitar su apoyo a un solo trámite de solicitud de consulta popular.
La inconstitucionalidad de limitar el apoyo ciudadano a una sola iniciativa de consulta ciudadana se confunde con la modificación del Senado, al determinar en forma absurda la adhesión a otra consulta hasta en un 20 por ciento del total de los ciudadanos que se requieren. Requisito y limitaciones que no tienen fundamento en el 35 constitucional, fracción VIII y que anulan el derecho a la libre participación de los ciudadanos en los asuntos políticos del país.
Diputados, legislar es una función de Estado que exige observación y garantía de los principios constitucionales. Esto es garantía y protección para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
No podemos regresar al Estado gendarme, que limita los derechos ciudadanos. Con la baja legitimidad del gobierno en turno, este Poder Legislativo no puede dar paso a la simulación, no son tiempos idóneos para seguirle mintiendo a los ciudadanos.
Allá aquellos que vengan aquí a hacer alegorías y triunfos de la democracia y reivindicaciones de la izquierda, cuando están cayendo –como hemos dicho– en un cambio de cuentas que hicieron de entregar el petróleo en contra del interés de los ciudadanos, a cambio de toda esta demagogia que promueve el Revolucionario Institucional y Acción Nacional. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Quiero agradecer la presencia hoy aquí de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Jorge Villalobos. Bienvenidos a la sesión.
Y también a los invitados del colegio Tomás Moro, que invitó la diputada Laura Barrera y que hoy aquí están presenciando la sesión. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Alfonso Durazo Montaño.
El diputado Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de ayer representó un parteaguas en la forma de desahogar los trabajos en esta Cámara.
Un grupo de diputadas y diputados decidimos protestar de manera pacífica frente a la recurrente arbitrariedad de los coordinadores parlamentarios de las mayores fracciones que integran la Junta de Coordinación Política, al omitir el debido procedimiento parlamentario para someter al pleno la aprobación de la iniciativa de consulta popular que hoy discutimos. Fue así que se subsanó una parte del procedimiento al remitir a la comisión correspondiente, la de Gobernación, la minuta enviada por el Senado.
A propósito, debo reflexionar aquí sobre la conveniencia de que los coordinadores parlamentarios de las mayores fracciones que integran la Junta de Coordinación Política, le bajen de nivel a su frivolidad y a la facilidad con la que se permiten violaciones al procedimiento parlamentario.
Ésa es una de las demandas más sentidas entre un grupo cada vez más amplio de diputadas y diputados. No, que quede claro, no estamos en contra de las decisiones de la mayoría, pero sí en contra, firmemente en contra de las violaciones al procedimiento.
Debo decir, incluso, que hay ocasiones en las que coincidimos con el contenido de las iniciativas. Sin embargo, nos resulta imposible avalarlas, en virtud de las claras violaciones al procedimiento parlamentario, y debo decir que es el caso particular ahora de la Ley de Consulta Popular.
Quiero decirles a ustedes, que este grupo de diputadas y diputados que participamos el día de ayer, hemos acordado ejercer nuestro poder negativo, porque también la desfavorable correlación de fuerzas no nos anula. Tenemos capacidad, que yo llamo poder negativo para ejercer nuestro poder, es decir, el poder de crear inestabilidad en esta Cámara y de esa manera llamar la atención de los medios de comunicación sobre el hecho de que aquí hay, en algún momento, inconformidad por violaciones al procedimiento parlamentario.

La idea de ejercer este poder negativo es para obligar a la Junta de Coordinación Política a respetar los procedimientos parlamentarios como debería ser obligado en la aprobación de cada iniciativa. Nada más lejos, debo señalarlo, en esa expresión, que un tono de amenaza.
Es tan solo una declaración formal de un grupo de diputadas y diputados que en ejercicio de nuestros más elementales derechos y no solo eso, también de nuestras más elementales obligaciones, hemos decidido hacer todo lo que esté a nuestro alcance para respetar y hacer respetar los procedimientos parlamentarios.
Finalmente, quiero decir a ustedes que es cierto, hay una lucha social histórica por contar con una iniciativa popular. Y ésta, que lo es, lo es más por el título que por su contenido. Tiene tantas limitaciones que difícilmente podremos hacer uso de ella para sacar adelante un proyecto de iniciativa popular.
Pero más allá de su contenido, la violación al procedimiento parlamentario en esta iniciativa...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Durazo, ¿me permite un momento? El diputado Belaunzarán desea hacer una pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Con mucho gusto.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias. Le agradezco al diputado Alfonso Durazo su apertura para contestar la pregunta.
Dice que la ley tiene limitaciones que hacen difícil que se pueda realizar. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿qué limitaciones cree que no pueden ser salvadas? Es decir, ¿qué requisitos cree que no pudieran ser salvados para que hubiera una consulta popular sobre el petróleo en 2015? ¿Cuáles son los que considera insalvables y no conseguibles para que pudiera darse esta consulta en 2015? Gracias.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Con mucho gusto, diputado. Creo que algunas de las limitaciones ya han sido señaladas aquí. Creo, diputado Belaunzarán, que efectivamente, todas podrían ser salvables, pero eso no le quita el carácter de viacrucis al procedimiento. Yo quisiera ver al valiente que pueda concluir y que pueda cumplir con este procedimiento.
Si usted inicia, diputado, como espero lo  hagan realmente, la consulta sobre el petróleo, yo espero, diputado Belaunzarán, que el menor de sus nietos tenga la fortuna de ver el resultado de este proceso que usted haya iniciado.
Y ya no quiero hablar de las dificultades de cada uno de los requisitos, solamente estoy hablando exclusivamente de los tiempos que se requieren para cumplirlos.
Y finalmente, si los tiempos son extensos sucederá, diputado, que habrá pasado en el interés de la opinión pública el tema motivo de consulta y eso me parece que es lo más grave. Si el 2015 vamos a hacer una consulta sobre la reforma energética, creo que ésta debió haber tenido lugar en el momento que se sometía a consideración las modificaciones correspondientes, en virtud de que para el 2015 es muy probable que no esté entonces en la agenda de la opinión pública ese tema y lo digo no por la capacidad de manipulación del propio aparato público, sino simple y sencillamente por la cantidad de temas de relevancia pública que se están generando diariamente y que vienen en relevo de los anteriores. Continuo, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Decía que la violación al procedimiento parlamentario se justificó con una urgencia a la que nadie dotó de contenido, nadie...
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame, diputado, un momento. Dígame, diputado Villanueva, ¿con qué objeto?
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Si me permite el orador hacerle una pregunta.
El Presidente diputado José González Morfín: Acepta usted una pregunta, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Con mucho gusto, diputado Villanueva.
El Presidente diputado José González Morfín: Puede formularla, diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, compañero Alfonso Durazo. Sobre esta reflexión que usted nos hace, además como integrante de la comisión, que a pesar de los obstáculos discutió precipitadamente también el día de ayer esta iniciativa, yo le quiero pedir su opinión acerca de dos temas, que en el caso del Distrito Federal para asuntos que quizá son menores pero de mucha trascendencia para los capitalinos.
Uno, esta simulación de consulta que se hizo para incrementar el metro en la ciudad de tres a cinco pesos; y el otro tema que está ocurriendo en mi distrito, en el distrito 24 de Coyoacán, que se está imponiendo la política de poner parquímetros en el centro de Coyoacán y la autoridad no se atreve a hacer una consulta, y si a nivel federal tenemos este panorama me gustaría saber cuál es el mensaje que se manda a los estados, al Distrito Federal, a los municipios y a las delegaciones, porque me parece que es sumamente preocupante y negativo. Muchas gracias.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Con mucho gusto, diputado Villanueva. Creo que a quienes dimos seguimiento a este supuesto proceso de consulta, nos quedó claro que solo fue una estrategia política para justificar el indebido incremento en las tarifas del metro imputando a la propia ciudadanía la responsabilidad de haberlo hecho, y lo mismo va a suceder con el tema de los parquímetros.
¿Cuál es el mensaje de esa iniciativa? Voy a tomar su pregunta para decirle cuál es el mensaje de la Ley de Consulta Popular, que finalmente si alguien cubre todos los requisitos –a los que yo llamo vía crucis–, tanto por cantidad como por la extensión de tiempo que requieren para cumplirse, finalmente –si bien nos va– vamos a terminar con una encuesta grandota cada tres años.
Creo que con un sentido práctico se trata, en todo caso, deberíamos cancelar esta simulación; o. bien, si ya queremos poner –como se dice– una palomita que ya atendimos esta demanda ciudadana, creo que lo debemos hacer profesionalmente y respondiendo no sólo a la demanda ciudadana en lo general sino también en lo particular, que esta ley dote a la ciudadanía no sólo de una Ley de Consulta Popular, sino de los instrumentos específicos que la ciudadanía demanda para una auténtica consulta popular de carácter democrático. Continúo, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, le pido que pueda concluir su intervención, diputado.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Se dijo que estaba sobre discutido el tema. El argumento fue que este tema está sobre la Mesa desde el 2001. Se dijo también que se debió haber aprobado desde agosto del año pasado. Fíjense ustedes que bajo esta lógica prácticamente no deberíamos analizar ninguna iniciativa en este pleno.
Quiero decirles a ustedes que no hay tema político que no tenga alguna vinculación con la reforma política de 1977. Y si los venimos arrastrando, ¿entonces qué sentido tendría debatirlos aquí? Bajo esta lógica que se debió aprobar en agosto de 2012, bastaría con retrasar por acuerdo de la Junta de Coordinación Política –arbitrariedad fácilmente previsible– que se retrasara la aprobación de una iniciativa para justificar precisamente la violación del proceso parlamentario para aprobarlo. Finalmente somos creadores de leyes y no hay argumento que justifique que aquí, precisamente donde se aprueban las leyes, las violamos.
Por razones de tiempo no me meteré en el contenido, pero estoy seguro que otros compañeros darán aquí cuenta ante ustedes de las deficiencias estructurales que tiene esta iniciativa y que justifican la posición de Movimiento Ciudadano de votar en contra, no obstante estar a favor de una Ley de Consulta Popular, pero de carácter auténticamente democrático. Gracias a todos por la atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado....
Tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la posición del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Con su venia, presidente; felicidades. Lo que estamos discutiendo, compañeros o tratamos de discutir no es una iniciativa sino una minuta que ya habíamos discutido aquí, aprobado en el mes de diciembre y que la mandamos al Senado y en el Senado le hicieron una serie de modificaciones que no necesariamente tenían que ver quizás con deficiencias que posiblemente pudiéramos aceptar que tiene la ley, sino más porque los senadores quieren estar participando como colegisladora en la aprobación de quiénes quieren participar en ese tipo de consultas.
Estimadas compañeras y compañeros diputados, la consulta popular, aunque nosotros la estamos discutiendo ahora como una ley reglamentaria del artículo 35, es una iniciativa, es una figura que ya existe en varios estados de la república; existe en 16 estados de la república.
Pero quiero hacer énfasis en que precisamente los compañeros que están al frente gobernando en esos estados, deben de cuidar que existan este tipo de figuras porque por ejemplo Guerrero, Oaxaca y Puebla, son de los estados que no tienen esta figura de consulta popular.
Nos ayudaría mucho que pusiéramos énfasis en que además de que nosotros estemos aprobando esta ley reglamentaria los estados lo hagan de manera rápida para armonizar las normas y darles oportunidad a los ciudadanos.
Vengo a defender esta ley y vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista porque me parece que a pesar de las deficiencias que se pudieran reconocer en algunos puntos, es mejor tener una ley que podamos reformar en el futuro a no tenerla, en primer lugar.
Y segundo, porque es una demanda de los ciudadanos en general desde hace muchísimos años y nosotros estamos cumpliendo no solamente con lo que continuamos haciendo en esta Cámara de Diputados, transformando la norma para apoyar a los ciudadanos, sino estamos cumpliendo para que estos ciudadanos se sientan integrados al sistema político que ha ido cambiando en nuestro país y que ha pasado de tener la posibilidad de la representación a partir de los diputados a tener esta participación directa a partir de estas figuras que hoy estamos aprobando.
Entonces compañeras y compañeros me parece importante que vengamos nosotros a esta tribuna a reconocer las ventajas que tienen este tipo de figuras de democracia directa que han sido demanda desde hace muchísimos años, de los ciudadanos, vuelvo a insistir, pero que en algunos estados incluso ya se ejerce esa posibilidad, ese derecho.
Nosotros como legisladores en esta Cámara de Diputados no solamente tenemos que reconocer las diferencias que existen entre nosotros, sino también tenemos que reconocer que este periodo, que esta Legislatura ha sido una de las productivas para dale respuesta a los ciudadanos con este tipo de figuras que estamos aprobando.
La consulta popular no se debe de ver solamente en el contexto de la consulta que algunos compañeros han estado planteando como coyuntural, sino se tiene que ver como la posibilidad, la apertura que tenemos en el sistema político para que los ciudadanos verdaderamente sientan que están siendo representados, pero además que sus temas, que lo que les interesa está siendo discutido dentro de nuestras instituciones.
No quiero concluir esta participación sin mencionar que además de ésta vamos a seguir aprobando otro tipo de figuras que van a seguir respaldando la posibilidad de que los ciudadanos vean en esta honorable Cámara de Diputados que se ha estado trabajando para favorecerlos y para poderlos hacer partícipes de los cambios que estamos desarrollando en nuestro país.
Son indispensables, compañeras y compañeros, y no lo hemos dimensionado, pero estas figuras también van a apoyar el desarrollo económico y las otras discusiones que tenemos pendientes, a propósito de la cuestión que los compañeros han planteado en esta tribuna sobre la reforma energética.
No son cosas menores. Pareciera como que no ponemos mucha atención en estos puntos, pero se está tratando de trabajar rápidamente no porque queramos abusar de que estemos por encima de la normatividad de esta Cámara de Diputados, sino porque se requiere que trabajemos con mucha rapidez para tener las bases jurídicas y poder seguir discutiendo lo que a continuación sigue. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, Diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Amalia García Medina para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy estimadas y estimados compañeros: sé que cuando damos estos debates lo hacemos con gran pasión, pero quiero llamar la atención en primerísimo lugar en que soy partidaria y –y lo digo con gran respeto a los coordinadores parlamentarios de todos los grupos parlamentarios y a la Junta de Coordinación Política y con gran convicción– que fue muy acertado que el día de ayer se haya determinado que la minuta que llegó del Senado se turnara a comisiones.
Me parece muy importante que cuidemos nuestras propias normas de convivencia y el reglamento que nos rige. Por eso celebro que haya sido así; es lo normal, así debería ser la vida cotidiana de la Cámara de Diputados. Me parece muy importante no sólo que se haya turnado, sino que se haya dado el debate como debe ser, en comisiones, como procede.
Ahora bien, la consulta popular, la pregunta que se hace es si es un instrumento pertinente o no para la democracia mexicana y cuáles son las virtudes de ello. Hoy votaremos sobre esta ley reglamentaria que ya está estableciendo bases para que pueda instrumentarse lo que está en el artículo 35 de la Constitución.
Quiero decir que todo el debate, la reflexión y las aportaciones que estamos haciendo sobre esto se lo debemos a los ciudadanos y a las ciudadanas porque ha sido desde la sociedad que ha venido la exigencia de participación directa en los asuntos de la nación, en los asuntos que les competen.
Hay una tradición añeja de deseo de participación, como lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no sólo como electores, no sólo como votantes, sino que los hombres y las mujeres de México desean participar como ciudadanos y ciudadanas influyendo en los temas del país de manera permanente.
No sólo, entonces, fortaleciendo la democracia representativa que es la que ha regido en nuestro país, sino dándole otra calidad a la democracia, la de la democracia directa, combinando esta democracia representativa que es la que permite que estemos hoy aquí, que además en una presencia que obliga a que atendamos la voluntad ciudadana.
Es decir, que combinar la democracia representativa con la democracia directa, hoy resulta sustancial, hay una modificación muy importante en la calidad de la democracia en nuestro país.
De eso se trata la consulta popular de una participación directa de los ciudadanos y las ciudadanas determinando los asuntos del país. ¿Qué virtud tiene estas consultas? Las que están en están en el artículo 35 de la Constitución, que no son consultas sólo orientadoras, sino que el resultado de la consultas que se llevarán a cabo el mismo día de las elecciones obligarán a el Poder Legislativo y al Ejecutivo a aplicar el mandato de la gente. Esa es la virtud de las consultas, porque como bien lo dice el propio artículo 35 de la Constitución, son vinculantes, ¿qué quiere decir? Que el resultado de la consulta es vinculante, que es obligatorio.
Y en ese sentido estaremos cumpliendo con lo que dice el artículo 39 de la Constitución, la soberanía. La soberanía radica de manera sustancial originaria y esencial en el pueblo. De eso se trata, de que sea el pueblo y la ciudadanía los que determinen cuál es el rumbo de la nación.
Y en esta minuta que se ha discutido el día de ayer en la Comisión de Gobernación y esta ley reglamentaria que hoy tenemos en nuestras manos, nos permite precisar algunas cuestiones.
En primerísimo lugar diría que México está en un enorme retraso. Estamos tarde en este tipo de instrumentos de democracia directa. Solamente México y República Dominicana faltan para estar al día en estos instrumentos.
El resto de América Latina ya los utilizan. Por eso cuando se pregunta si estamos en tiempo, yo diría: estamos tarde, nos hemos retrasado. Falta que por fin exista esta posibilidad y este instrumento; estamos en el momento justo para que pueda aplicarse.
Había una gran discusión, un debate que estuvo prolongándose sobre qué podría ser sujeto de consulta. Y el debate y la discusión que se realizó en la Cámara de Diputados se consideró que serían actos legislativos. Pero el Senado de la República ha hecho una modificación que yo aquí quiero reconocer, y que hoy estaremos votando, actos legislativos aunque, incluso, reformar la Constitución es un acto legislativo, se considera que constreñiría solamente a la reforma o a iniciativas de nuevas leyes la consulta popular con la modificación que hizo el Senado a varios artículos, empezando por el artículo 5o de esta ley reglamentaria, se quita el término actos legislativos y dice que serán motivo de consulta todos los asuntos de trascendencia nacional.
Y, de acuerdo con el artículo 35, cuáles son los que no pueden ser motivo de consulta popular, cuáles no. Lo dice claramente la Constitución, y dice el artículo 35 de la Constitución: No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Dice también: No podrán ser motivo de consulta los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, que se refieren a la forma de gobierno en nuestro país, una república representativa, democrática, constituida por estados, etcétera. No podrán ser objeto de consulta ni la materia electoral ni los ingresos y gastos del Estado ni la seguridad nacional ni el funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.
Excepto eso, excepto eso todo lo demás puede ser motivo de consulta. Y cuando en la ley reglamentaria que estamos discutiendo se establece que todos los asuntos de trascendencia nacional podrán ser motivo de consulta y, se canaliza, se refiere a la Suprema Corte para que exprese cuáles son aquellos, es evidente y queda claro que todos pueden ser motivo de consulta y que la Suprema Corte se pronunciará exclusivamente sobre la constitucionalidad de estos asuntos.
De tal manera, compañeras y compañeros, que la consulta popular es un instrumento que podrá por primera vez el primer domingo de junio de 2015 utilizarse. Y celebro que uno de los transitorios que está en esto que estamos aprobando señale con claridad que aquellas solicitudes de consulta que hayan sido formuladas antes de la publicación de esta ley serán recogidas y respetadas, porque se ha presentado al Senado de la República cerca de 2 millones de firmas, planteando la pertinencia y también el derecho de que el primer domingo de junio se consulte sobre los cambios en materia energética.
Y quiero decir: La consulta en materia energética va, va a estar presente el primer domingo de junio. Es facultad y prerrogativa de los ciudadanos y ciudadanas que eso se pueda llevar a cabo.
Entre otras razones también por ésa, y porque es un derecho, estamos convencidos que debemos votar esta ley. Ese transitorio nos da la base para que podamos utilizar este instrumento que es una facultad.
Termino, señor presidente, señalando entonces que de acuerdo con lo que se ha discutido no tengo la menor duda de que ésta es una norma perfectible, que le pueden faltar algunas cosas y en algunos de los asuntos que han sido tocados por diputados que me antecedieron estaría de acuerdo que la revisemos en el futuro.
Pero, sopesando qué es lo prioritario, diría que a este instrumento de democracia directa, derecho de los ciudadanos y ciudadanas, que ha sido una exigencia de la ciudadanía tenemos que decirle que sí. Y decimos enfáticamente sí a la consulta popular, sí a que se utilice y sí a que la primer ocasión en que se aplique sea para consultar sobre reforma en materia energética, porque son los ciudadanos, no somos nosotros un grupo de representantes populares, sino la gente directamente la que debe decidir sobre el patrimonio energético de la nación. La consulta en materia energética va y el primer domingo de junio ahí encontraremos la voz de la gente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Alfredo Rivadeneyra  Hernández tiene el uso de la voz, del PAN.
Esta Presidencia saluda con todo afecto a un grupo de jóvenes de Pachuca, Hidalgo, invitados por nuestra muy apreciable amiga y compañera, la diputada Mirna Hernández.
El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Gracias, presidente. El 15 de diciembre de 2009 el presidente Felipe Calderón turnó al Congreso de la Unión iniciativa de reforma constitucional en materia de reforma política, que buscaba ampliar el ejercicio de las libertades ciudadanas y que se hiciera posible traducir en acciones públicas concretas el mandato de los ciudadanos.
La amplia discusión que se detonó a partir de la presentación de esta iniciativa derivó justamente en la aprobación de la reforma constitucional política que modificó diversos artículos de nuestra Carta Magna, incluida la incorporación del derecho de los ciudadanos a votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional.
Como ya se ha referido, el día 9 de agosto de 2012 se publicó la reforma citada en el Diario Oficial de la Federación y fue en esa misma reforma que el Congreso se auto-asignó la  obligación de legislar en materia secundaria en un plazo no mayor a un año, para poder volver instrumentables las reformas constitucionales.
Este plazo venció el pasado 9 de agosto y evidentemente esto refiere que el Congreso se encuentra ya, de hecho, en falta con la ciudadanía y con relación a plazo que se fijó a sí mismo.
Desde el día de ayer en el pleno en la Comisión de Gobernación y en el debate que hemos obtenido el día de hoy, se ha venido cuestionando acerca de la urgencia de aprobar la presente minuta.
En primer lugar quiero dejar en claro que para Acción Nacional el hecho de que estemos en una falta legal es razón suficiente, sin embargo hay algunas de mayor profundidad, como son el hecho de poder llevar a la práctica un instrumento de la valía como el que estamos hoy discutiendo, y que además, como lo ha referido ya en el uso de la voz la diputada Amalia García, anos mantiene a la zaga de otros países que tienen ya incorporado en su marco normativo el acceso de los ciudadanos a estos instrumentos.
Adicionalmente, es muy importante referir tal y como ya se ha hecho desde la presentación del dictamen, que debemos concretar nuestra discusión a los cambios que ha instrumentado la colegisladora en términos justamente de esta discusión del apartado E del artículo 72 constitucional.
Para Acción Nacional la instrumentación de este mecanismo de democracia directa representa el acceso a un largo anhelo ciudadano. Ya desde 1966 en nuestro programa de acción política referíamos que asumíamos con plena consciencia la responsabilidad que como partido teníamos de cara a la nación, que nos competía establecer formas de democracia directa para los ciudadanos. Por eso nuestra lucha permanente y nuestra acción cotidiana están dirigidas, entre muchos otros fines, a que el desarrollo político de México implique en un país más democrático, libre y justo.
Por otro lado, también debemos referir que la discusión bicamaral implica justamente que los instrumentos legislativos se perfeccionan.
Nosotros sostenemos desde esta tribuna que, en el caso que nos ocupa, la colegisladora acudió justamente a la revisión de la minuta que le turnamos a perfeccionar y a mejorar el instrumento.
Celebramos que las otras fuerzas políticas se hayan adherido a discusiones que desde esta tribuna sostuvimos en diciembre pasado, cuando discutíamos esta iniciativa y que justamente implicó que en la minuta que hoy discutimos se hayan incorporado cambios fundamentales, específicamente nos referimos al acceso a los mecanismos de radio y televisión, impidiendo que uno de los solicitantes que refiere el propio artículo 35 constitucional, como lo es el presidente de la República, pueda tener acceso a tiempos de radio y televisión y como sabemos que la consulta justamente se desarrolla simultáneamente con el desarrollo del proceso electoral, pudiera incidir para sesgar la opinión de los ciudadanos en uno u otro sentido.
Celebramos que se haya establecido que sea el instituto el único responsable de difundir las bondades de la reforma.
A partir de la implementación de este mecanismo, desde el gobierno y desde las Cámaras del Congreso será necesario diseñar reformas y políticas, con una mayor precisión, con una mayor responsabilidad y con un mayor compromiso, sabiendo que serán pasadas por el tamiz cívico.
Sin duda con la aprobación de esta Ley de Consulta Popular estamos promoviendo que en el ejercicio de los deberes públicos seamos más eficaces y eficientes y mejoremos la calidad de nuestra democracia.
Extendemos una cordial invitación a todos los grupos parlamentarios a que deponiendo intereses particulares demos a la ciudadanía este instrumento de gran valía para el perfeccionamiento de nuestra democracia.
Por las razones que hemos expuesto, Acción Nacional adelanta su voto a favor. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, muy apreciado don Alfredo. Finalmente, tiene el uso de la voz el señor diputado don Leopoldo Sánchez Cruz, del PRI.
Esta Presidencia les recuerda que en cuanto hable don Leopoldo se cierra el plazo para la presentación de reservas. Estas reservas sólo podrán tener la intención de insistir en un texto que ya fue aprobado.
Esta Presidencia también les informa que podrán presentar los alegatos por textos alternativos, pero que por respeto al artículo 72 de la Constitución sólo someteremos al pleno aquellas que estén por la insistencia en el texto original. Adelante.
El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Con su venia, señor presidente. Toda decisión sobre la forma en que nos regimos y organizamos sin duda tiene alcances de decisión de Estado.
En primer término, queremos manifestar que recibimos con satisfacción la minuta con proyecto de decreto por medio del cual se expide la Ley Federal de Consulta Popular. Arribar a esta discusión da testimonio de voluntad y apertura para transitar los diferendos y privilegiar los acuerdos.
Como bien se describe en este dictamen de la Comisión de Gobernación, el 10 de diciembre de 2013 el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Consulta Popular, turnándola a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Ese mismo día, la Cámara de Senadores recibió ese día cuenta de la minuta respectiva, misma que fue turnada a Comisiones Unidas de Gobernación, de Anticorrupción, de Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y su dictamen.
A manera de breve recopilación, mencionamos que con la expedición de esta Ley de Consulta Popular contaremos con el procedimiento, con plena constancia constitucional, transparente, legítimo y apegado a la legalidad en todas sus etapas, en el que fungen como garantes de su validez el del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Autoridad Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Respecto a los cambios aprobados en la colegisladora, reconocemos el mérito del análisis realizado y coincidimos en su utilidad para mejorar el instrumento. Con estas modificaciones se clarifica la definición del objeto de la consulta popular y las consideraciones que deberán tenerse en cuenta para entender que se trata de asuntos de trascendencia nacional.
Se hacen ajustes a diversos artículos, para asentar con claridad que la consulta popular que formulen los ciudadanos puede ser presentada ante una u otra Cámara del Congreso de la Unión y no solamente ante la Cámara de Diputados.
Se eliminan los requisitos previstos, tanto para la petición de consulta popular como para su convocatoria, anteriormente señalados en las fracciones IV y V del artículo 21 y IV y V del artículo 30, aplicables a los casos de que la petición sobre la propuesta de modificar el orden jurídico federal o sobre un acto u omisión de las autoridades, de tener que especificar en forma precisa y detallada los preceptos legales o reglamentarios que serán objetos de la consulta popular o de describirlo de manera detalla e indicar a la autoridad competente respectivamente.
Se ajustan también los artículos 12, 13 y 33, para modificar la restricción sobre la participación de los ciudadanos en más de una consulta popular, disponiéndose que podrían respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen el 20 por ciento de las firmas de apoyo.
En la fracción V del artículo 15, se especifica que además de la clave de elector y el número de identificación de la credencial de elector, en el formato para la obtención de firmas se deberá incluir el nombre y la firma.
Se ajusta también la disposición contenida en el artículo 41, para señalar que el Instituto Nacional Electoral promoverá la difusión y discusión  y fundada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio instituto.
Se especifica que cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efecto durante tres años siguientes a partir de la declaratoria de validez. Se aclara también, mediante la discusión de un artículo transitorio sexto, que las referencias que esta ley hace al Instituto Federal se entenderán en el Instituto Nacional Electoral una vez que éste último quede integrado.
Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de este dictamen actualizamos nuestro compromiso con la democracia, damos cumplimiento del mandato constitucional establecido en la reforma del 2012 y respondemos a nuestro encargo como legisladores, proveyendo bases definidas con claridad para el ejercicio efectivo del derecho del ciudadano a participar en consultas populares.
Este instrumento también provee certeza plena del ejercicio de derecho que regula, al definir y establecer sus alcances, requisitos, reglas y procesos específicos para la expedición de la convocatoria. Los lineamientos para su organización, difusión, realización, publicación de resultados y los medios para su impugnación.
De esta manera, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en dar un paso hacia adelante en la modernización de nuestro sistema político, superando el retraso que a este respecto teníamos con otros países de la región y del mundo. Pero sobre todo, nos colocamos a la altura de nuevas circunstancias y en capacidad de responder con los nuevos y mejores instrumentos a la demanda ciudadana, que hoy es más compleja, es más madura, y además, más exigente.
También sentamos las bases del desarrollo de forma complementaria del ejercicio democrático, que nos permitan ampliar la base del consenso en torno a las decisiones sobre los temas de gran impacto nacional, y avanzar así, en mayor cercanía a la población y en la ruta del derecho del desarrollo que todos queremos para México. Muchísimas gracias. Es cuánto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se cierra el espacio para recibir reservas y por ser un dictamen de Ley Federal de Consulta Popular empieza el contra. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Lo que se aprobó en este recinto hace unos meses y regresa como minuta del Senado de la República, no es más que un texto que persigue obstaculizar claramente el proyecto ciudadano de someter a consulta temas fundamentales de la nación.
Ésta no es una Ley de Consulta Popular, es una ley de simulación popular. Lo único que tiene de consulta popular es el nombre. Vuelve prácticamente imposible el ejercicio de la democracia participativa con candados insalvables que estarán sujetos a los intereses de las cúpulas del poder para obstruir el preguntar al pueblo sobre temas fundamentales.
¿O suponen que podemos esperar de un órgano tan conservador, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permita el ejercicio libre de la democracia?
La Suprema Corte de Justicia es el poder más conservador del país y sus sentencias así lo han confirmado.
Con tal cúmulo de requisitos, candados y obstrucciones es una mera ley retórica. Un engaño legislativo para los elogios mutuos, para hablar de que se abren vías para escuchar al pueblo, cuando en realidad se cancelan los canales del diálogo, es una verdadera simulación. En la reforma política que se aprobó el año pasado se pudieron incluso haber flexibilizado los requisitos del octavo párrafo del artículo 35 constitucional, se pudo haber bajado de un dos por ciento de firmas que equivalen a casi un millón 600 mil ciudadanos al uno por ciento. Se pudo haber bajado el porcentaje del 40 por ciento para que tuviera efectos vinculatorios y se pudo abrir la puerta para mayores temas; nada de eso se hizo, al contrario, con esta ley se ponen más candados al ejercicio democrático de la ciudadanía.
Esta ley bien podemos calificarla como una ley nini porque ni los ingresos y gastos del Estado, ni la materia electoral, ni la seguridad nacional, ni los temas electorales, ni, ni, ni. Muy restrictiva y deja al arbitrio de la corte que sea quien abra las puertas a la consulta.
Por eso nosotros en Movimiento Ciudadano y en el pueblo progresista no nos vamos con las palabras. Las palabras en un régimen autoritario sirven también para adulterar la realidad. En los regímenes fascistas o totalitarios estos se bautizaban como democráticos –concluyo, presidente– como regímenes populares y eran todo lo contrario, con gran cinismo y con una gran impostura hacían justamente lo contrario. Por eso nosotros no caemos en este garlito, en este engaño legislativo.
Si hubiera voluntad para preguntarle al pueblo se le hubiera pregunta antes de la aprobación de reformas lesivas y dañinas. No se les consultó a los maestros, ni a los padres de familia en el tema educativo. No se le preguntó a la ciudadanía sus preocupaciones sobre el tema financiero y se aprobó cárcel a deudores. Mucho menos se le preguntó sobre el endeudamiento público el déficit fiscal, los gasolinazos o la reforma energética; tampoco a los pequeños comerciantes sobre el nuevo régimen de incorporación.
Por esas razones nosotros no avalamos esta ley que obstruye la participación ciudadana y no creemos en palabras huecas que no reflejan la realidad.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, don Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, en pro.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia, diputado presidente. Por supuesto con todo el aprecio y el respeto que le tengo al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, no puedo compartir sus argumentos. No puedo compartir sus argumentos, diputado.
Yo creo que esta Ley de Consulta Popular que aprobamos en el mes de diciembre y que ahora hemos recibido del Senado de la República, combate dos extremos igualmente viciosos; o dos riesgos que pudieran haberse encontrado con una ley de esta naturaleza.
Por un lado, que fueran tantos los requisitos que se establecieran para cumplir o para poder convocar a una consulta popular que en efecto, se convirtiera en algo virtualmente imposible de conseguir y que, por lo tanto, hiciera nugatorio ese derecho. Ése es un extremo que pudo haberse presentado.
Pero el otro extremo, igualmente vicioso e igualmente pernicioso, es que fueran tan flexibles y tan fáciles de realizar las consultas populares que entonces nuestra democracia representativa se convirtiera en un asambleísmo en donde estuviéramos consultando todo y en todo momento, y para eso no tendría ninguna razón de ser que tuviéramos representantes populares, como lo que somos cada uno de nosotros.
Yo creo que con esta ley se combaten esos dos extremos y tenemos un ordenamiento jurídico equilibrado, proporcional, que va a permitir que aquellos temas que sean de trascendencia nacional se puedan consultar y nos va a mandatar a nosotros que los temas que nos toque a nosotros deliberan en esta Cámara, se deliberen en esta Cámara y por supuesto en la Colegisladora.
Tampoco creo, como alguien dijo en esta misma tribuna, que se estaban poniendo formalidades extremas. Por el contrario, los requisitos que se están estableciendo son elementos mínimos indispensables para que estas consultas se puedan llevar a cabo de manera ordenada y con seguridad jurídica, que es algo que todos nosotros queremos. Pero además de eso me quiero referir muy brevemente a algunos de los cambios que se hicieron a esta minuta en el Senado de la República y que nosotros vemos bien.
El principal de ellos ya se mencionaba, es el cambio o la modificación que se le hizo al artículo 41 para que ninguno de los peticionarios de una consulta popular utilice tiempos oficiales del Estado para promocionarla y para difundirla.
En esta misma tribuna el pasado mes de diciembre señalamos los enormes riesgos que suponía tener nuevamente al presidente de la República haciendo campaña a favor de una consulta popular. Señalábamos en esta tribuna que eso era regresar a un esquema anterior al del año 2007 y que, además establecer eso en una ley secundaria como es ésta, corría incluso el riesgo de ser inconstitucional.
En aquél momento solamente Acción Nacional apoyó esta propuesta. Me da mucho gusto ver que todos los grupos parlamentarios respaldaron en el Senado esta modificación y seguramente la habrán de respaldar también en esta Cámara.
Por último –ya para finalizar-, nosotros sí consideramos que esta iniciativa que como todas, por supuesto puede ser perfectible, contribuye a este largo proceso ya que hemos tenido en México de construir un mejor sistema político.
Hace unos días falleció uno de los politólogos y uno de los teóricos de la democracia más reconocidos a nivel mundial,  Robert Dahl. Este pensador -que por cierto creó, acuñó el concepto de la poliarquía- decía que un diseño político debe de privilegiar, por un lado, el derecho a participar de los ciudadanos, pero además también debe fomentar el debate y la deliberación.
Por lo tanto, la democratización consta de éstos dos elementos indispensables. Por un lado el debate público y por otro lado el derecho a participar. Consideramos que tanto el debate público como el derecho a participar, que son dos herramientas indispensables en cualquier democracia, están presentes en esta iniciativa de consulta popular.
Yo estoy seguro que esta nueva ley nos va  a ayudar a tener un mejor sistema político, nos va también ayudar a tener una ciudadanía más informada y más activa, pero además nos va a permitir tener una democracia más participativa y de mejor calidad. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Loretta Ortiz Ahlf, tiene el uso de la palabra.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Sin dejar de reconocer la importancia del derecho a la consulta popular como parte de los derechos políticos reconocidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte, entre otros la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 23, esa ley no reconoce este derecho a la consulta o este derecho político.
Por el contrario es una muestra de la cantidad de obstáculos que se pueden presentar para el ejercicio del mencionado derecho.
De aprobarse la Ley Federal de Consulta Popular en sus términos, se estará aprobando una norma con vicios de inconstitucionalidad evidente; se provocará que existan impugnaciones, procesos jurisdiccionales e incertidumbre sobre la vigencia real de dicha norma. La minuta contiene artículos que son tan notoriamente inconstitucionales que resulta absurdo que se insista en aprobarla en sus términos.
Quienes voten a favor de esta ley deben saber que están prácticamente exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les enmiende la plana.
Basta señalar que el artículo 27 de la ley que se nos propone aprobar resulta un absurdo lógico jurídico. Su fracción II exige que la consulta popular sea aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso o de lo contrario se activará la petición; pero el artículo 35 constitucional, fracción VIII señala que “basta con 33 por ciento de los integrantes de una sola de las Cámaras, subrayo, una sola de las Cámaras del Congreso para convocar a la consulta”.
¿Cuál norma creen que prevalecerá en un análisis ante la Suprema Corte de Justicia? ¿La ley que hoy pretenden aprobar o la norma suprema del ordenamiento jurídico mexicano que es nuestra Constitución?
Es tan absurdo lo que se propone como pretender que las acciones de inconstitucionalidad que pueden ser promovidas por una tercera parte de los integrantes de las Cámaras estuvieran sujetas a un posterior dictamen favorable de la mayoría de ambas Cámaras del Congreso.
Con todo respeto lo que se establece en su ley de consulta es un insulto a la inteligencia y un atentado a la racionalidad. Adicionalmente cabe mencionar que quienes suponen que a través de la emisión de esta ley van a lograr obstaculizar la consulta sobre la privatización del sector energético, se llevarán una enorme sorpresa.
Quienes diseñaron tal estrategia desconocen los elementos básicos de derecho, pues ignoran que una norma no puede aplicarse con efectos retroactivos en perjuicio de los gobernados por prohibición expresa del artículo 14 constitucional que señala: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Las peticiones que ya fueron formuladas para llevar a cabo la consulta energética, deben tramitarse conforme al marco constitucional vigente hoy, pese a  no contar con una norma secundaria. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Loretta. Antes de darle el uso de la palabra a don Fernando Zárate, del PRD, me permito dar la bienvenida  a Katjia Dittmar, de Alemania, a Keiji Onishi de Japón y a David Pascual, de España, importantes promotores del desarrollo industrial en la zona de Irapuato, invitados por don Alejandro Rangel Segovia.
También les doy la bienvenida a alumnos de la Facultad de Derecho de Michoacán, a amigos del estado de Hidalgo y a amigos del estado de Querétaro, invitados por don Antonio García Conejo, por don José Antonio Rojo García de Alba y por don José Guadalupe García Ramírez. Sean ustedes bienvenidos. Don Fernando, tiene usted el uso de a voz.
El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. He escuchado con atención los argumentos en pro y en contra respecto de la Ley de Consulta Popular, la ley reglamentaria del artículo constitucional que trata específicamente sobre la consulta popular.
Sin embargo, no he escuchado argumentos técnicos. He escuchado argumentos políticos, argumentos algunos de ellos también enfadados, argumentos algunos de ellos que en reiteradas ocasiones continúan pensando que este país no debe moverse y más bien se inspiran en el Ave Fénix para que este país se hunda, a ver si a través de las cenizas ellos lo pueden reconstruir.
La izquierda, específicamente el PRD, no piensa que este país se debe destruir, piensa que año con año, legislatura tras legislatura, gobierno tras gobierno todos, absolutamente todos, debemos ir construyendo un mejor país para todos los ciudadanos.
Particularmente en este tema de la consulta popular, quiero tocar un punto. Pareciera ser que la negativa de la consulta popular como un mecanismo aceptable y conveniente sobre los procesos de decisión del Estado mexicano,  nos llevaría a concluir que el problema no es tanto que los ciudadanos decidan a través de consultas, sino que los ciudadanos decidan sobre cualquier materia, es decir, el verdadero problema es que las elites quieren seguir tomando todas y cada una de las decisiones en este país y que los ciudadanos no tomen absolutamente ninguna decisión.
Esta Ley de Consulta Popular resuelve ese problema. Ya se ha expresado claramente en este pleno: es un mecanismo de democracia directo que permite el acercamiento entre los ciudadanos y los gobernantes. Por cierto, hay un alejamiento muy grave a través de actos de corrupción, a través de actos de desconfianza, a través de charolazos y a través de otros actos que han dañado mucho no solamente a esta Cámara, sino al poder público.
Técnicamente hablando, existen cuatro etapas de procesos en las consultas populares, cuatro, que son los principios que debiéramos de revisar en la Ley de Consulta Popular. Número uno, a quién le corresponde y cómo le corresponde la decisión de iniciar el proceso de consulta popular.
Número dos. La fijación de la agenda o del problema, en donde como segunda parte existe específicamente la pregunta. No nos confundamos, como algunos intelectuales señalan por ahí, que la consulta que propone el PRD no es válida porque no se ha hecho la pregunta. Está planteado el tema, específicamente la elaboración de la consulta no deberá de recaer como equivocadamente está planteado en la ley, sobre el proponente, sino sobre un órgano neutral que pueda decidir y resolver si la ley se puede contestar* o la consulta se puede contestar de manera específica, de manera clara, con un sí o con un no.
La tercera etapa es la campaña dirigida hacia los ciudadanos, en consecución de voto, y la última es la jornada electoral.
¿Es cierto que esta ley prevé las cuatro etapas? Es cierto. ¿Es cierto que cumple con los principios constitucionales? Es cierto. ¿Es cierto que esta ley nos permite generar mucha mayor posibilidad de sustituir, más no suplantar la democracia representativa que hoy está muy desgastada en México? Es cierto. Los ciudadanos podrán tener la decisión de resolver si quieren una consulta o no.
Recordemos dos ejemplos: Mussolini y Hitler utilizaron consultas populares para legitimarse, tanto el fascismo como el populismo. Y número dos, las consultas también se pueden utilizar en países como en Irlanda, que sociedades tan divididas, una consulta popular los unió al pueblo y, sobre todo, generó una salida digna para el país.
La consulta popular que se va a llevar a cabo en 2015, es una oportunidad, importantísima para el país para resolver varios de los problemas que la ultra izquierda está plateando y que la ultraderecha está resolviendo, a propuesta del PRD –por cierto.
El PRD reivindica el reconocimiento del derecho a que los ciudadanos se consultan de manera directa. Se celebra como ya lo han hecho otros compañeros, que todas las fuerzas políticas estén dispuestos a avanzar en este país.
Insistimos, el PRD no se va a aislar, y reconoce este trabajo. Tenemos muchas críticas respecto de temas específicos. Por ejemplo, que a los ciudadanos se les limita el número consultas que van a presentar.
Sin embargo, no es razón suficiente para votarla en contra. El PRD contribuirá con este país y con todos los legisladores, y el PRD seguirá activo en la construcción de una mejor sociedad. Muchas gracias y gracias por su tolerancia, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña María del Socorro Ceseñas Chapa, del PRD, tiene el uso de la voz.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Primero que nada, reconocer a los diputados y diputadas promoventes, ya que la consulta popular es una de las banderas de la izquierda. Es una de las banderas de la izquierda mexicana representada también en el PRD y en otros partidos de este hermoso país.
Les resultará paradójico entonces por qué mi posición en contra, probablemente será paradójico para algunas y para algunos, solamente no para todas y todos los presentes ni para todas y todos los que siguen el Canal del Congreso.
Y nuestra posición en contra obedece a varias cuestiones y señalamientos, argumentaciones que ya se han dado. Y también aprovecho la oportunidad de que ha habido un manoseo de cómo interpretar y aplicar la reglamentación de esta Cámara de Diputados, y les recuerdo dos solamente: hubo duendes en la reforma laboral y hubo duendes también cuando esta Cámara envió esta minuta al Senado. Recordemos que hay que tener memoria.
Además, tenemos que decirles que si bien es cierto es una bandera de izquierda recordarles que hay otras más, como el plebiscito y el referéndum y la revocación de mandato, que algunas y otros por ahí copian y las interpretan a medias, así como también la bandera de la pensión universal para adultos mayores y adultas mayores, y el seguro de desempleo interpretado a modo neoliberal.
La minuta que contiene la Ley Federal de Consulta Popular, que reglamenta el artículo 35 constitucional, en lugar de ser un fundamento para una democracia participativa, para una democracia plena, como ha sido ejercicio de los gobiernos del PRD, con en el DF, en lugar de eso acota, acota a los electores, acota a la ciudadanía, acota a la sociedad, a su participación en las decisiones trascendentales en el país.
Es una trampa, es una cortina de humo, para que el pueblo no decida sobre sus recursos energéticos. No nos engañemos. En el PRD hay una posición a favor, porque piensan que se mejora y que vamos avanzando. En varios temas nacionales hay que avanzar con paso firme y rápido, no a medias tintas como se pretende con esta minuta de consulta popular.
Esta minuta es la cereza del pastel de la contrarreforma energética, y con ella buscan impedir toda la posibilidad del pueblo de México para decidir su futuro. Como izquierda queremos una ley de consulta popular que abra verdaderas posibilidades a la participación ciudadana y donde las mayorías, las verdaderas mayorías y no las parciales electorales, pueden revertir una decisión eminentemente autoritaria.
Esta minuta de ley de consulta popular es un avance, sin embargo tiene muchas desventajas. Está acotada, como dije anteriormente, lo que expresa el artículo 6, en los hechos se está trasladando a que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no lo que opine la ciudadanía en su momento de que se realice la consulta.
Y tenemos varios ejemplos de cómo esa institución, la máxima institución de este país, ha actuado por consigna, y vemos casos de derechos humanos de las mujeres, y hemos visto casos de derechos humanos de las y de los indígenas, y puedo enumerar un sin número de ejemplos donde esta institución da muestras de responder y de actuar bajo consigna siempre en sus resoluciones, en la mayoría de sus resoluciones.
Entonces nosotras, nosotros en el PRD, alguna parte del PRD, obviamente que tenemos claridad y la visión de este país votaremos  en contra por el acatamiento que se da. Decirles que vamos a ir a las instancias internacionales, que vamos a hacer valer el derecho de solicitud de más de un millón 600 mil personas que ya se están revisando sus firmas en la Cámara de Senadores. Que vamos a hacer valer la opinión del pueblo de México y no de unos cuantos.
Compañeros y compañera, no se desespere, sepa escuchar y si quiere debatir con argumentos, venga aquí. Eluden y no manipulen como hace rato en las Comisiones Unidas, donde dicen reservas al pleno. ¿Para qué, para que no se discutan? Es cuanto, señor presidente,  y agradezco a quienes estuvieron atentas y atentos.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Don Faustino Félix Chávez, del PRI.
El diputado Faustino Félix Chávez: Con su venia, presidente. He estado escuchando con atención las ponencias a favor y contra, y parecería que estuviéramos discutiendo un instrumento, una Ley para los partidos que estamos representados aquí.
Para entender lo que hoy se discute es importante recodar su origen. La Ley Federal de Consulta Popular nace de una demanda ciudadana de hacer valer el artículo 39 de la Constitución, que establece muy claramente que la soberanía nacional reside en esencia y originalmente en el pueblo.
La Ley Federal de Consulta Popular es una herramienta para permitir al ciudadano ser copartícipe de la toma de decisiones del Estado. Si bien este tema se ha discutido ampliamente por años, la iniciativa que origina el presente dictamen surge de un acuerdo plural de diputados de distintas fracciones parlamentarias representadas en esta legislatura, y ha sido perfeccionado a través del proceso legislativo, el cual se ha cumplido en cada una de sus etapas conforme al Reglamento y a las facultades que éste otorga a quienes integramos el Congreso de la Unión.
La Ley Federal de Consulta Popular permite esencialmente a los ciudadanos incidir en el trabajo legislativo y en los programas y políticas públicas que instrumenta el Ejecutivo al poder emitir su opinión en temas de trascendencia nacional. Pero además esta opinión  tendrá efectos vinculatorios cuando la participación de la ciudadanía en la consulta sea mayor al 40 por ciento.  Ni siquiera está pidiendo que sea la mitad más uno, una mayoría de quienes estamos inscritos en el padrón electoral.
El trabajo que hizo la colegisladora se apega en estricto sentido a lo que establece nuestra Carta Magna y fortalece los preceptos de los artículos 35 y 36 de la propia Constitución.
En la modificación que nos presenta el Senado clarifica la redacción de 14 artículos del proyecto de ley, con lo cual se ve fortalecido este instrumento al establecer reglas claras y límites precisos que la proveen de controles necesarios para asegurar que las decisiones que se adopten se orienten invariablemente al bien común y a salvaguardar el respeto del orden constitucional.
El dictamen en discusión también precisa las facultades que tendrá el Instituto Electoral, para que haciendo uso de los tiempos oficiales de radio y televisión promueva la discusión y la difusión informada de las consultas populares que hayan sido convocadas por este Congreso de la Unión, velando siempre por la equidad y fortaleciendo siempre la democracia.
Si bien en esencia la representación popular se encuentra en esta Cámara de Diputados, los diputados del PRI consideramos que es correcto haber ampliado al Senado de la República la facultad de recibir solicitudes de la ciudadanía para consulta popular, con esto se abren más oportunidades para que los ciudadanos puedan solicitar que se discutan los temas de trascendencia nacional.
Un punto de coincidencia ha sido el que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano garante del respeto a la Constitución, quien garantice la constitucionalidad de las mismas consultas que se lleven a cabo, sin que esto signifique que interfiera en cuáles temas deberán ser consultados.
La Ley Federal de Consulta Popular es dé y para los ciudadanos, no es un instrumento para los partidos, es una herramienta que fortalece la democracia directa y transformará el cómo se toman las decisiones de nuestro país, empoderando al ciudadano y haciendo valer su voz.
Los diputados del PRI vamos a votar a favor de la Ley Federal de Consulta Ciudadana. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Luisa María Alcalde Luján tendremos el gusto de escucharla, como siempre.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias. Trataré de ser muy clara con respecto a mi posición en este tema. No hay en realidad ninguna forma de que una auténtica consulta popular se realice en la forma como está plasmada en esta iniciativa.
Es cierto que el Senado –una vez más– enmendó la plana en algunos temas, pero a pesar de los avances realizados en la minuta, la consulta popular sigue siendo en los hechos nada más que una malograda intención política. Lo cual no me sorprende, es fruto de una iniciativa que nace como resultado de un proceso de reforma política, que es apenas un parche para una herida profunda de nuestro sistema democrático.
Los límites que se establecieron en el artículo 35 constitucional a los temas que potencialmente pueden ser sometidos a consulta, como los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento, disciplina de las Fuerzas Armadas, la mayoría no son más que trampas que esconden la intención de dejar fuera cualquier posibilidad de realizar consultas en temas verdaderamente trascendentales para la nación.
Por poner un ejemplo, quedaron fuera las reformas constitucionales en materia energética, candado que se impuso con toda la intención de evitar que los mexicanos opinaran sobre la reforma energética, que se votaría tan sólo unos días después.
Luego de aprobar esta ley, el proceso de consulta popular tan esperado será el siguiente: múltiples ventanillas para el ciudadano, una tras otra, que convierten en una tortura burocrática lo que debería ser el ejercicio de un derecho con el mínimo de requisitos posible.
Para dejarlo bien claro, permítanme leerles el Manual de Usuario para el Ciudadano que quiere someter un tema a consulta:
Primero. Asista a la Mesa Directiva de cualquier Cámara a presentar un aviso de intención;
Segundo. La Mesa verificará la validez del aviso y, de aprobarlo, emitirá un formato para la obtención de firmas;
Tercero. Junte un millón 600 mil firmas, no olvide integrar el número identificador OCR de la credencial de elector de los firmantes ni se vaya a equivocar en un número o letra, porque de ser así, se declarará inválida.
Cuarto. Presente una petición formal de consulta a la Mesa Directiva de la Cámara donde se dio el aviso de intención.
Quinto. La Cámara verificará el total de firmas y las enviará al INE para que verifique su autenticidad. En caso de que el INE apruebe la petición, el Congreso enviará una iniciativa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis de la constitucionalidad y validez de la pregunta.
Nota. Si en este punto la Corte desestime el sentido de su pregunta, regrese al punto número uno y vuelva a empezar.
Sexta. Si la Suprema Corte aprueba su pregunta la consulta se publicará y el Congreso emitirá la convocatoria correspondiente y notificará al INE.
Séptima. Una vez publicada la consulta viene la parte más sencilla. Consiga que más de 31 millones de personas participen en la consulta, porque eso es el equivalente al requisito del 40 por ciento de la lista nominal de electores necesaria para que sea válida.
Díganme ahora, ¿quién de ustedes se anima a someter un tema a consulta? Diputadas y diputados, la democracia no se trata de algo que está plasmado en el papel, no es algo que se platica y se titula con nombres sacados de libros de juristas italianos o alemanes. La democracia, o se ejerce día a día por el ciudadano o no existe.
Igual que no existe justicia, que está en el papel pero no se ve en los juzgados ni seguridad que está escrita en los discursos de los políticos pero que no se siente en las calles ni economía saludable que aparecen en los indicadores económicos pero no se reflejan en los bolsillos de las personas.
Esta supuesta consulta popular tristemente es una apariencia, una simulación, como lo es también, y aprovecho para decirlo porque se acaba de votar en comisión, el Seguro de Desempleo, que financiarán los mismos trabajadores a través de su fondo para la vivienda.
Francamente, y concluyo, no sé qué me sorprende más, si la falta de voluntad del gobierno para empoderar a la ciudadanía y hacerla partícipe activa de la vida política del país, o el enorme esfuerzo que hacen para aparentar que así es. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Luisa María. Doña Graciela Saldaña Fraire, del PRD.
La diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros diputados. Para los mexicanos ejercer el derecho constitucional, mandato en el artículo 72, y escuchar que esta legislatura aprobó la Ley Federal de Consulta Popular para regular el derecho constitucional de las y los ciudadanos, a decir en temas de trascendencia, derecho que, como es conocido, la izquierda propositiva de este país ha luchado por décadas para su consolidación y darle voz al pueblo frente a decisiones del Estado, pese a la cerrazón gubernamental históricamente documentada.
En 1992, el gobierno federal de Canadá adoptó una ley permanente sobre consultas directas. En Estados Unidos, en 1778, se sometió a consulta la primera Constitución del Estado de Massachusetts.
Así, en Francia se tiene una larga tradición de consulta directa, pues en 1793 y 1870 el plebiscito fue utilizado como instrumento para validar decisiones oficiales.
Gran Bretaña tiene una experiencia más reciente, pues en 1973 se realizó la primera votación en Irlanda del Norte y Suiza. Es el país que más experiencia cuenta, pues se han llevado a cabo más de 500 plebiscitos nacionales hasta 1978.
Por ello, en México debemos enfocar la atención en construir acuerdos para consolidar un instrumento de participación ciudadana y no solo una iniciativa descafeinada para cumplir un capricho parlamentario, pues la relevancia de éste instrumento ha aprobado, en diversas partes del mundo, con resultados altamente efectivos, acuerdos que permitan considerar ejemplos internacionales a favor de nuestro país, pues me resulta incomprensible que en los países citados se conciba la consulta como una institución de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional. Y a plena decisión de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que en México, en el día de hoy estaremos por aprobar una ley bien intencionada, pero con candados, como ya hemos escuchado a varios de los diputados y diputadas.
En los artículos 5º y 6º, al dotar las facultades a la mayoría de los legisladores y legisladoras, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para calificar cuáles son los asuntos que representan trascendencia nacional, es decir, del 2 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que soliciten consulta popular, no tendrán valor si la Suprema Corte considera que el asunto no representa la importancia debida para implementarla.
Esto significa que en el escenario político actual, las y los ciudadanos no podrían proponer consulta popular en temas que resulten contrarios a intereses oficiales.
Estoy convencida que debemos continuar luchando para eliminar restricciones y convertirla en una propuesta integral. Convertirla, diputados y diputadas, una iniciativa que otorgue decisión plena a las y los ciudadanos por medio de la votación, por medio de la iniciativa legislativa, por medio de un derecho de petición de un plebiscito, de una revocación de mandato, de referéndum en general, por medio de un instrumento completo en el que tengamos el orgullo de celebrar un Estado político-social con autonomía plena y democracia participativa eficiente.
Diputados y diputadas, ésta es una propuesta que en este sentido mi voto será a favor, será a favor porque en la democracia participativa debemos dar un paso. Esto solamente es un avance. Por eso también aquí, en el pleno, diferimos, porque también hay avances pero también hay retrocesos.
Si no empezamos a construir, concluyo, señor presidente, en esta democracia participativa, como ya lo dije, y eficientizar todos estos instrumentos, no estaremos avanzando en ésta, tan maltrecha democracia. Muchísimas gracias y es cuánto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT, en contra.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente y con la venia de la asamblea. Todos nosotros sabemos que se supone que el Congreso de la Unión y los Congresos locales debiesen de ser la representación más directa del pueblo; sin embargo, cuando el pueblo quiere representarse a sí mismo no los dejamos o los engañamos con instrumentos jurídicos como éste.
Como todos ustedes saben, compañeros diputados, el tema de la consulta popular tiene que ver con un tema de derechos de tercera generación. Es decir, los derechos humanos que son los derechos básicos, algunos conocidos como inherentes al ser humano, que son reconocidos en el artículo 1o. de la Constitución es el primer paso y sobre lo que todavía estamos trabajando, que son los derechos a la vivienda, el derecho a la igualdad y todos estos derechos básicos e independientes.
Los derechos secundarios son aquellos que tienen que ver con nuestro derecho ciudadano, el derecho a votar y ser votado, el derecho a participar en las elecciones de alguna manera son el ejemplo claro de un derecho de segunda generación.
Y los derechos de tercera generación son estos, el que nos permita una contraloría social, una consulta popular que realmente permita que los ciudadanos tal y como la marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos puedan participar del gobierno efectivamente.
Esta Ley de Consulta Popular debería de permitir que esto sucediera, que estos derechos de tercera generación permitieran que los ciudadanos informados no solamente pudieran votar y ser votados, sino que puedan participar del gobierno y las políticas públicas a través de lo que conocemos como la contraloría social con instrumentos como éste, la consulta popular.
Sin embargo, a pesar de que tenemos una historia evidente en el tema de participación ciudadana en la vieja historia de México, porque hubo momentos estelares en la participación ciudadana cuando Benito Juárez convocó, por ejemplo, a un plebiscito para reformar a la Constitución en relación al equilibrio de los Poderes Supremos de la Nación y su integración, hoy traemos una burla y un bodrio legislativo a los ciudadanos.
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia tenga que resolver, previa convocatoria que hace el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, el tema de los requisitos, que ya Luisa María Alcalde ha expuesto aquí con maestría, diría yo, no permite que los ciudadanos realmente puedan acceder al sistema de consulta popular.
Pero más allá, respecto al tema energético, las condiciones legislativas y sociales están dadas para que la consulta popular pueda salir y que los ciudadanos realmente le digan al Ejecutivo que no están de acuerdo con esta reforma energética que lo único que les ha traído es aumentos en la gasolina. Sin embargo, el conteo constitucional que debe de hacer la Suprema Corte para validar este tema, lo vuelve un gran engaño; y un gran engaño para también aquéllos que piensan que el gobierno de Enrique Peña Nieto permitirá que a través de una consulta popular la reforma energética vaya a caer.
Nosotros decimos que lo que la consulta popular debe de hacer es permitir a los ciudadanos opinar sobre las políticas públicas y nosotros debemos de garantizar que así sea.
Es por eso que algunos legisladores estamos diciendo en esta tribuna que no debemos caer en el engaño de la temática en general. No debemos caer en el engaño del apuro y debemos de adecuar los requisitos para que la consulta popular sea efectiva.
Recordemos, compañeras y compañeros, que es precisamente los ciudadanos quienes deben de controlar lo que el gobierno hace y no al contrario. Los gobernantes, incluidos nosotros, no somos dueños del poder ni del gobierno ni del Estado. Son los ciudadanos quienes deben de controlar este gobierno y debemos de garantizar que así sea y no engañarlos con leyes como ésta. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Lilia. Don Rodrigo González Barrios, del PRD, a favor.
El diputado Rodrigo González Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Como ya lo han mencionado algunas compañeras y compañeros del PRD, adelanto mi voto a favor de esta Ley Federal de Consulta Popular.
Cuando hay temas efectivamente de trascendencia nacional, llevar o reunir firmas del dos por ciento de la lista nominal es en verdad relativamente fácil. Es más, para aquéllos que piensan que no se puede, les decimos que ya entregamos en el Senado de la República a través del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cerca de dos millones de firmas. Claro que se puede. Claro que la consulta va.
Si no se quiere la consulta de una parte de diputadas y de diputados, también sería bueno decirlo porque miren, la verdad, la verdad -decía una persona en mi pueblo que es un ejido-, quien no conoce los cerrojos, a cualquier pasador le llama candado.
La verdad, compañeras y compañeros, entre que se dice que hay candados, que las y los ciudadanos no van a poder utilizar este instrumento, en verdad que es una verdad a medias. A la mejor para algunos o para algunas diputadas y diputados que se dicen de la verdadera izquierda lo mejor sería que la consulta popular de estos temas trascendentes se llevara a mano alzada en el Hemiciclo a Juárez, pero no es así, compañeras y compañeros.
Creo que este instrumento nos dota, nos da a las y a los ciudadanos posibilidades de poder, en este caso, unificar a la nación cuando hay un tema de trascendencia nacional como es en este caso las reformas energéticas.
Yo por eso voy a votar a favor. No hay candado imposible cuando hay un tema de trascendencia nacional y está demostrado. Ya tenemos cerca de dos millones de firmas y si es necesario volver a levantar otras firmas con este instrumento y con los supuestos candados que se ponen, estoy convencido que nos vamos a volver a levantar para hacer posible en el 2015 la consulta ciudadana y que nos pregunten a todas y que nos pregunten a todos. Muchas gracias, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Uriel Flores Aguayo, del PRD, ahora en contra.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Con su permiso, diputado presidente. Éste parece un debate del PRD. Llama la atención que el partido en el poder, el más interesado en que esto se impulse o no, guarde silencio y deje que otros debatan.
Tengo algunos años en la izquierda y cuando escucho que se habla de izquierda propositiva, moderna, la ultra izquierda, me da la impresión de que los que lo dicen o no saben qué es la izquierda o tienen problemas de identidad o tratan de esconder algo.
Se insiste mucho en eso.
Tenemos una crisis de representación. Hay que partir de eso. Ni las cámaras ni los partidos están cumpliendo a cabalidad con el rol que deberían de cumplir. Si no asumimos eso, o estamos simulando o no sabemos qué es lo que estamos haciendo, por eso se abren estas figuras de democracia directa y de forma participativa.
Pero aquí el problema es el gradualismo. Falta visión de Estado. La élite política de México no está demostrando visión de Estado, y lo vimos en la reforma política y lo podemos ver ahorita también.
Ese gradualismo, mejoralitos, paso a pasito, como un favor al ciudadano, como moñito para un discurso, ese es el tema fundamental. Será viable o  no la consulta, saldrá o no; no lo sabemos.
Hay estados como Veracruz donde tenemos referéndum y demás y no sirve absolutamente para nada, simplemente una figura  decorativa.
Pero el problema es ese, el gradualismo. Siempre se puede mejorar, falta un poco. No hay voluntad, no hay visión de Estado, no hay verdadera convicción democrática.
¿Por qué tenemos que avalar o apoyar para que la élite siga simulando con esta fachada de democracia en nuestro país?
Y creo que a reserva de la reforma energética, en otros casos la consulta va a ser verdaderamente la figura de “lástima, Margarito”. No va a haber manera, de acuerdo a la coyuntura, de sacarla adelante.
Insisto mucho, mucho, la partidocracia, la oligarquía económica y política, no está demostrando verdadera disposición, autocrítica, compromiso y voluntad para que México se democratice.
Esto simplemente es un mejoralito que no vale la pena nuestro voto a favor. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Fernando Belaunzarán, del PRD, a favor. Con esto terminamos la lista de oradores aun cuando la Presidencia en términos del artículo 121, fracción II, va a dar una licencia a Javier Orihuela.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Antes siento el deber de decir que México perdió un gran pensador ayer con la partida de Luis Villoro, un filósofo, historiador de las ideas.
Su historia sobre La ideología de la Independencia es un libro verdaderamente obligatorio para entender lo que fue nuestra Independencia y cómo se construyó. Por supuesto los grandes momentos del indigenismo en México. También sus lúcidos análisis sobre teoría del conocimiento  como su libro fundamental en México y en el mundo que se llama Creer, saber y conocer, que por cierto para los ortodoxos analíticos fue algo tremendo de aceptar porque decían que estaba contaminado con el virus del relativismo. Y por supuesto su libro sobre ética El poder y el valor es fundamental.
Unas estampas de Luis Villoro. Lo recuerdo en la primera marcha cuando el levantamiento zapatista, levantando el puño en alto y gritando “democracia” en el contingente de la Facultad de Filosofía y Letras. Lo recuerdo en el Che Guevara –por cierto hoy privatizado por un grupo que ojalá se lo regrese ya a la comunidad y siga siendo el espacio privilegiado– lo recuerdo ahí debatiendo para llegar a un acuerdo en contra de los que decían que cualquier acuerdo es traición.
Recuerdo también a Luis Villoro demandando, invitando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando aquellos que decían que eran la verdadera izquierda –para que vean lo poco originales que son algunos– decían que Cuauhtémoc Cárdenas  no podría entrar a la Universidad y nos acompañó. Y lo recuerdo en su casa, con una sencillez, con un don de gente, con un don de humanidad impresionante. Luis Villoro, comprometido como siempre. Lo vamos a extrañar, y lo tenía que decir porque soy deudor de él.
Por cierto, los debates que tuvo con Adolfo Sánchez Vázquez, dos titanes, donde debatían fuerte sobre la ideología de Max, pero con gran respeto. Nos vas a hacer falta, Luis, y quería decirlo.
Sobre la consulta popular, la verdad es que esta consulta popular nació en esta Cámara de Diputados en la anterior legislatura, tanto por Juventino Castro y Castro, gran jurisconsulto,  y Javier Corral, que estaba como presidente de la Comisión de Gobernación. Ninguno de ellos se prestó a ninguna simulación.
Lo que hace la Ley de Consulta Popular es prácticamente dejar las cosas como están en la Constitución. Algunos dicen: es que tiene que ir a la corte. Es que eso está en la Constitución. Es que tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Bueno, así está en la Constitución.
Cuando nosotros nos registramos como candidatos –dice el artículo constitucional que todos tienen derecho a votar y a ser votados– pero tenemos que presentar nuestra acta de nacimiento, tenemos que presentar un texto para decir que queremos ser candidatos, etcétera, y nadie dice que le estamos poniendo candados a la Constitución. Es de elemental orden.
Y quien puede conseguir un millón 600 mil firmas –y ya demostramos que lo podemos hacer con los ciudadanos y por eso están en el Senado ya todas las hojas con las firmas– quien puede hacer eso puede hacer por supuesto una carta de intención y puede acompañar este proceso.
Se mezclan cosas. Se dice: tiene que aprobarse por mayoría en la Cámara. Eso es sólo si es propuesto por una tercera parte de los diputados, no si viene de la sociedad, si viene de la ciudadanía, con el 2 por ciento de los ciudadanos.
Va a haber consulta popular. Es más, ya no están diciendo que no se puede consultar la Constitución; ahora dicen que no se pueden consultar cuestiones de ingreso. Pero yo estoy seguro que esa treta no se la va a comprar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está en la Constitución, tiene que ver la constitucional de la ley.
Por eso, yo le digo con mucho afecto a mis amigos etarios, que va a haber consultas sobre el petróleo con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes. Y cuando haya, espero que hagamos juntos campaña para que la sociedad mexicana eche atrás esa reforma constitucional que coincidimos, viola el interés nacional. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Esta Presidencia informa en estricto acatamiento al Reglamento, que se ha cerrado la lista de oradores. Sin embargo el artículo 121, fracción II, le permite al presidente darle la palabra al diputado Javier Orihuela y lo hará.  Tiene usted el uso de la voz.
El diputado Ricardo Mejía había solicitado el uso de la tribuna; la fracción I, del 121, no me lo permite; pero, afortunadamente para don Ricardo y para nosotros que nos gusta escucharlo, tiene tres participaciones en las reservas.
El diputado Javier Orihuela García: Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas y diputados. Solamente vengo a esta tribuna a hablar como diputado por distrito. No vengo a hablar como diputado a nombre del PRD, porque la verdad, como es evidente, no nos hemos puesto de acuerdo en torno a este tema tan importante, pero es para mí una obligación.
Es una obligación dirigirme a mis compañeros ciudadanos de Jiutepec, de Zapata y de Temixco que corresponde al distrito II, y que el día de hoy nos están observando. En este distrito hemos establecido ya una comunicación. Cuando vamos a intervenir sobre algún tema, muchos ciudadanos de mi distrito están atentos.
Y por eso hoy, como representante popular por estos tres municipios, tengo la obligación de fijar mi posición al respecto. Porque cuando fui a campaña, cuando fui a campaña a pedirles el voto, una de las cosas que prometimos es que haríamos todo lo posible porque cambiara este régimen político, que la ciudadanía ya no fuera rehén de los partidos políticos, ya no fuera rehén de los poderes y que hubiera la posibilidad de tener leyes amplias, abiertas, libertarias, donde todo mundo pudiera expresarse, que hubiera una ley de consulta popular que permitiera expresarse, no solamente sobre un tema, sobre varios temas, donde hubiera la posibilidad de que todo mundo no solamente se creara una ley, sino se creara una cultura de la consulta popular porque en ese momento teníamos en el estado de Morelos muchas obras que estaba ejecutando el gobierno del PAN en aquella época, y la gente no quería esas obras por los daños que ocasionaban.
Faltaba ahí una consulta a la ciudadanía para saber qué cosa es lo más correcto para el desarrollo de un país. Por ello, a mí me parece que esta ley de consulta que hoy aquí se va a votar, quiero informar a mis ciudadanos de mi distrito, más que informar a mis compañeros, fijar mi posición.
Nosotros no estamos de acuerdo con esta ley que lejos de permitir la participación ciudadana la limita. No estamos de acuerdo en que al pueblo se le regateen migajas de consulta. Estamos de acuerdo en una verdadera ley que permita la participación amplia, abierta, sin miedo, porque, compañeros, nosotros mismos estamos creando las condiciones de lo que dice el artículo 39 de nuestra Constitución. Y de veras, no dejemos, no permitamos que lleguemos a ese extremo, donde la gente tenga que hacer lo que dice el 39. Y a mí me da mucha esperanza.
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y hoy, compañeros, no caigamos en lo que pasó en 1910, donde el pueblo tomó el derecho a gobernarse por sí mismo.
Una consulta popular amplia y abierta puede permitir una gran gobernabilidad, pero desde luego ustedes tienen la palabra, el PRI queriendo establecerse en el largo plazo y el PAN acompañándolo, creo que están cometiendo un gran error que habrán de pagar, compañeros.
Por mi parte, ciudadanos de mi distrito, Jiutepec, Zapata y Temixco, mi voto será en contra y vamos a luchar por hacer una ley donde verdaderamente participe la ciudadanía. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia informa que se han reservado, por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara el 5, el 12, el 33, el 41. El 5 lo han reservado José Luis Valle Magaña, José Luis Martínez Martínez, Zuleyma Huidobro González, María Teresa de Jesús Mojica Morga, Uriel Flores Aguayo, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Mejía Berdeja –dos veces el mismo–, y don Fernando Zárate.
El 6o. lo ha reservado dona Nelly del Carmen Vargas Pérez, doña Teresa de Jesús Mojica Morga y don Ricardo Mejía Berdeja. El 6o., el 21 y el 30 doña Claudia Elizabeth Bojórquez Javier. El 6o., el 21 y el 30 Carlos de Jesús Alejandro. El 12 María Fernando Romero Lozano. El 33 Martha Beatriz Córdova Bernal. El 64 Francisco Coronato Rodríguez. El 64 Luis Manuel Arias Pallares. Y el 6o., el 64 y sexto transitorio don Silvano Blanco Deaquino.
Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recabar votación en lo general y en particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Universidad La Salle, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que están aquí invitados por el diputado Cárdenas, Enrique Cárdenas. Bienvenidas, bienvenidos todos a la sesión.
También salud con mucho gusto a un grupo de ciudadanos del municipio de Tultitlán, estado de México, que están aquí invitados por el diputado Marco  Antonio Calzada. Bienvenidas, bienvenidos a la Cámara.
También a maestros universitarios del municipio de Guanajuato, que invitó y nos acompañan hoy aquí invitados por la diputada María Esther Garza Moreno. Bienvenidos, bienvenidas.
También por supuesto a los jóvenes del Primer Parlamento del estado de Michoacán, que están aquí invitados por el diputado Silvano Aureoles. Bienvenidos todos a esta sesión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 362 votos a favor, cuatro abstenciones, 57 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general, y en particular los artículos no reservados, por 362 votos.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar sus reservas a los artículos 50, 12,  33 y 41, y pido de antemano a la asamblea tolerancia y le vamos a dar el tiempo que corresponde a las cuatro reservas para que las presente juntas.
Le pido a la asamblea respeto al orador y le pido al orador también que inicie su intervención y que la podamos hacer en un ambiente de respeto.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En días recientes un destacado intelectual mexicano retomó un término que tenía un buen tiempo que había salido de los análisis políticos, Lorenzo Meyer. Habla del PRI como partido de Estado.
Esto a mí me dio mucho gusto porque es importante hablar de ello y ayer en la Comisión de Gobernación un militante de Acción Nacional preguntaba que qué es esto de régimen, pero un poco me imagino que vale la pena, porque es parte de mi argumentación situar que en México se vive un régimen de partido de Estado de más de 85 años, ya más de 85 años.
Se ubica con Calles el PNR. Se ubica un cambio con Cárdenas, el PRM. Alemán, PRI; Salinas PRIAN, en ese pacto para defraudar la voluntad popular, que hacen connotados y algunos todavía actuales dirigentes panistas, con Salinas. Y hoy vemos con Peña Nieto una remasterización del PRIAN y le agregan, unos dicen: es que no es todo, nada más la mitad. Otros dicen: todo. Pero ahí los llevan desde el Pacto por México a los compañeros del PRD.
Espero que sea una parte y no todos, como ocurre... no, no las bases, sus dirigentes. Nos referimos evidentemente a los dirigentes.
Esto es importante señalarlo, porque la ciudadanía, y en eso tienen mucha razón, no le basta la democracia electoral, que por cierto hay que rescatarla, porque con lo que estoy sosteniendo aquí no existe, es una simulación. Se han robado la esperanza de muchos mexicanos. Pretendido, porque la esperanza se mantiene. Se han robado la Presidencia de la República, con Salinas en el 88, con Calderón en el 2006. Y ahora con Peña Nieto a Monex y Soriana.
Y la siguen aniquilando. Un régimen democrático —que no lo es éste— debería de ampliar la participación de la democracia. Estas ansias ciudadanas nosotros pedimos de favor que no mientan más. Ya no quieran engañar a los ciudadanos. Porque por eso la Cámara está por los suelos en su credibilidad, tratan de engañar permanentemente a los ciudadanos. Nada más prendan la televisión y se dan cuenta cualquier sentido común, dos, tres centímetros de inteligencia y se ven las mentiras permanentes del régimen, que les vamos a bajar la luz. Que les vamos a bajar la gasolina. Puras mentiras.
Miren, la Constitución se cuida sola, como bien dice un colega diputado, por el principio de la supremacía de la Norma Constitucional y por los procesos legislativos, que la propia Constitución marca que cuando una norma sea cambiada se requiere el mismo procedimiento.
Por eso cuando debatimos esto de los temas de trascendencia nacional y algunos pretenden llevar esto al debate de la reforma energética, más allá de lo convencidos que estamos que el Tribunal va a orientar –como no hay división de Poderes– a la conveniencia del Revolucionario Institucional a que no lo hubiera, la verdad es que es postmórtem, como se los dijimos en el mes de diciembre.
Miren, Andrés Manuel le planteó a los senadores del PAN y del PRD, en el momento justo que unos decían: no, es que no queremos la energética, y los dos decían: no, es que queremos la de Hacienda. Y les dijo: pues fájense, hagan alianza, detengan todo y van a ver que ustedes pueden cambiar las cosas.
¿Y qué hicieron? Uno, inmediatamente desbocados fueron a aprobar la Ley Hacendaria, la de los gasolinazos, o a quién se le va a olvidar que el PRD y el PRI aprobaron la reforma hacendaria. Y el PAN, obviamente jugando a las suposiciones, dice: no, nosotros no aprobamos la reforma hacendaria. Todavía van y tienen el cinismo de ir con esto del IVA en la frontera, como les empieza a pegar y ya no los quieren los ciudadanos, a querer proponer ahí una acción de inconstitucionalidad. Absurdo.
¿Por qué? Porque lo hemos dicho en esta tribuna y más a ellos, ya ven con lo de Oceanográfica, les interesaba la reforma energética, pues ahí están los negocios, ahí está la corrupción, que por cierto, es como hoy llaman a doña Porfiria, al PRI, corrupción, es lo que es este régimen. Más corruptos que nunca.
Y obviamente, en la movilización popular mantuvimos ese deseo de parar estas reformas. Piensan que ya cumplieron su cometido, pues no. Si quieren actuar en congruencia, la vía legal, pues vayamos, como lo hemos hecho muchos ciudadanos, a denunciar al traidor de Peña Nieto, al traidor a la patria y a sus compinches, ante la Procuraduría General de la República, como lo hemos hecho algunos. –Manlio, te siguen hablando.
Y miren, esto es importante. Obviamente que muchos dicen: ¿y qué, va a proceder ahí la justicia? Pues miren, nosotros cumplimos, hacemos lo que hay que hacer y evidentemente iremos a tribunales internacionales, y en el peor de los casos, que también se confabularan, la historia va a juzgar como juzgo a Porfirio Díaz, y hoy es un traidor a la patria.
Esto, compañeros, es más del juego de simular la apertura democrática, el avance, pero no, no es eso. Qué bueno que hoy ya existen ciudadanos, que a través de la construcción de una nueva fuerza política, de un partido político van a iniciar, a cambiar la correlación de fuerzas, que en un próximo Congreso podamos tener una mayoría calificada para abrogar, para derogar todas las mal reformas que ustedes han hecho aquí, empezando por la laboral, la educativa, la hacendaria, y sin duda, la energética. Eso es lo que va a ocurrir tarde que temprano.
Por eso nosotros cuando hacemos nuestras reservas, decimos: bueno, pues ya no le hagamos a que estamos mejorando la ley, cuando menos regresen el artículo 5 al criterio original, también para no entrar en debates y sustantivos aquí, porque vemos el esfuerzo que hacen algunos de la Mesa Directiva, de abrir pequeños espacios.
Hoy me dio mucha pena de una legisladora que allá en el chiqui chiqui foro. Esto que están haciendo de la consulta para los residentes en el extranjero. Otro acto ahí de simulación democrática. Si ya tienen decidido todo, aquí ya le pegaron a la democracia, ya le pegaron al órgano que ustedes votaron, que iba a evaluar. Ya tres partidos dijeron, van los cuatro.
Entonces, están permanentemente... los cuatro que están en el IFE, que son del PRI, ahora los del PAN se sienten ofendidos porque ellos los pusieron y ahora se los cargan a la cuenta de los tres.
Es como cuando vas a la cantina y te echas unas y dices, pues ahí luego tú pagas. Eso les pasa a los del PAN ahora, ya eligieron a cuatro, cuál evaluación objetiva, cuál evaluación tranquila, cuál método transparente, conculcándole los derechos a 303 ingenuos que se inscribieron, cuando ya los dados están cargados y ya saben por dónde van a llevar las cosas.
Entonces, nosotros estamos proponiendo reservas de que no simulen, regresen estos artículos a lo que tenemos. Ya hice una intervención muy precisa de cómo están conculcándole el derecho a los ciudadanos al no permitirles participar en más de una consulta. Ya hemos dicho que lo de las firmas es un calvario para los ciudadanos y son métodos para impedir que se participe. Y ya en relación al artículo 41, donde supuestamente, ahora sí el nuevo instituto va a garantizar que se tengan tiempos en el Congreso de la Unión y con los de la Presidencia para que la Radio y la Televisión sean equitativas.
Sabemos que eso es limitativo. Ni siquiera previeron mecanismos para que personajes externos, como le hizo Peña Nieto, carguen los dados con la propaganda política. O vean nada más el caso del gobernador de Chiapas y tantos mismos aquí políticos que están en la autopromoción sin que esto ocurra.
Entonces, sabemos cómo van a votar. No tengo la menor duda que la línea es, no le cambien ni una coma porque tiene que avanzar la democracia, y si no al tiempo. Muchas gracias, diputados y diputadas.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Le ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación del diputado Huerta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, en consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Fernando Zárate Salgado, para presentar su propuesta de modificación al artículo 5o.
El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidente. Muy breve. Me parece que uno de los puntos centrales de debate el día de hoy ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo que respecto de alguna interpretación se está afirmando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera revisar como órgano de control de constitucionalidad, la pregunta de la consulta popular.
Sin embargo, este control constitucional de la Corte podrá decidir, en última instancia si la consulta popular es procedente o no. Y vale la pena aclararlo porque es una petición de principio, incluso, un argumento e instrumento que se le dota a la Corte para poder hacer específicamente lo que no queremos.
Hay un principio jurídico que establece donde la ley no distingue, las autoridades tampoco pueden distinguir; es absolutamente incorrecto que se piense o se asuma que la corte puede resolver sobre la procedencia o improcedencia de la consulta popular.
Es un derecho garantizado en la Constitución y sobre todo la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es respecto, única y exclusivamente la constitucionalidad de la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que la corte revisará si la pregunta cumple con el artículo 35 constitucional, fracción VII, numeral 3, única y exclusivamente sobre este punto.
La corte no tiene injerencia sobre la consulta popular ni en contenido, ni en estrategia, ni en los procedimientos, ni en la iniciación, ni los recursos que se envían, ni los recursos que se gastan, ni la fiscalización, ni el debate, ni la deliberación. Es importantísimo hacer la distinción, porque la corte ejerce un control constitucional, no un control político respecto de los actores y respecto del debate político que les corresponde a los ciudadanos.
A partir de esta aclaración pudieran existir nuevas interpretaciones que el partido en el gobierno y que la corte se pueden poner de acuerdo, en cualquier país, en cualquier Estado el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo lo puede hacer; nosotros apelamos a la autonomía e independencia de los órganos. Nosotros reforzamos el Estado. Nosotros apostamos por las instituciones y por las leyes. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para presentar también propuesta de modificación al mismo artículo 5o.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente; compañeras, compañeros legisladores. En la versión del neoconstitucionalismo moderno se ha reconocido la necesidad de oponer contrapesos a las mayorías aplastantes en los Congresos y al superlativo Poder del Ejecutivo.
El sistema democrático sufre severas crisis y la representatividad de los Congresos se ve afectada por la falta de vínculos con la ciudadanía, los mecanismos de participación directa impulsados por ejercicio de minorías legislativas son un elemento de gran importancia para garantizar el ejercicio democrático del poder. Es así que los derechos de las minorías se erigen como un elemento democrático necesario para evitar la afectación de las coyunturales mayorías en la implementación de derechos que pudieran existir al constituirse un régimen autoritario.
De forma precisa en la reforma al artículo 35 constitucional en materia de consulta popular se estableció que el 33 por ciento de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, podía solicitar someter a consulta popular cualquier tema de trascendencia nacional. Esto es claramente la regulación de un derecho de minoría en un estado donde existe un problema de legitimidad de los representantes de la ciudadanía y corresponde a un contrapeso para las mayorías aplastantes.
Sin embargo, en la reglamentación de la materia las mayorías han frenado el alcance de la norma constitucional estableciendo el absurdo que la solicitud de la minoría quede sujeta a la calificación mayoritaria. Es un verdadero despropósito que ahonda la crisis de representatividad existente.
Mención aparte merece el hecho que este candado está yendo más allá de lo que establece nuestra Carta Magna, es decir este absurdo mecanismo constituye un precepto normativo inconstitucional en todos sus términos, pues afecta el ejercicio de un derecho supremo vulnerando el goce del mismo. De nueva cuenta se advierte lo que ha sido el común denominador en el trabajo de esta Legislatura. La emisión de normas sin el más mínimo apego a la Constitución y en contra de los principios democráticos que afectan de forma sustancial la normalidad democrática deseada.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 5 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
Único. Se modifica el artículo 5o. de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta popular para quedar como sigue:
Artículo 5o. Serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional, eliminando el segundo párrafo que dice que la trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Valle Magaña.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para presentar también propuesta de modificación al mismo artículo.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros. Las democracias del mundo se diferencian de aquéllas que se encuentran con construcción por contar con mecanismos que permitan una verdadera representación de la sociedad.
Como sabemos el régimen democrático establece que la soberanía debe de residir en el pueblo, tomando en cuenta la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Aunque como es bien sabido que a lo largo de los años se ha comprobado que el gobierno toma decisiones sobre las políticas públicas sin tomar en cuenta, sin considerar la opinión de los pueblos o consultar sus necesidades, dando como consecuencia decisiones centralistas de políticas públicas que en lugar de ayudarlos los coarta y los somete.
Resulta impostergable crear una política integral incluyente que promueva la participación ciudadana de los grupos sociales, minorías, étnicas y grupos indígenas, fomentar la apertura de escenarios públicos en donde se propongan, discutan, decidan y vigilen las políticas públicas que deben de ser implementadas.
En nuestro país la reciente reforma constitucional al artículo 35 de nuestra Carta Magna, incorporó como derecho de todos los ciudadanos el participar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Sin embargo contamos con una limitada organización y relación entre el gobierno y sus gobernados en la que no se garantiza que las decisiones sean a favor de las grandes mayorías.
En esta postura consideramos que como parte fundamental de este criterio, deberán ser contempladas todas aquellas reformas que propongan la modificación de algún o algunos artículos de la Constitución federal, pues con la simple aprobación de una nueva redacción en un precepto constitucional legal, se puede estar vulnerando los derechos de todos los ciudadanos.
Dado que la trascendencia de la reforma constitucional radica en la aplicación general de los cambios que éstas plantean, resulta importante conocer la opinión de los destinatarios de la norma que por supuesto ésta sea vinculante, razón por la cual proponemos que todas aquellas reformas que pretendan modificar el texto constitucional puedan sujetarse a consulta popular.
No podemos permitir que este derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones se vulneren con requisitos absurdos que entorpecen los regímenes democráticos.
Ya es suficiente de tantas propuestas parciales y cortoplacistas en las que no se toma en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas.
Nuestro país requiere soluciones que permitan que las voces de nuestros ciudadanos sean escuchadas e incluidas en los temas de trascendencia nacional.
Derivado de lo anterior someto a la consideración de la asamblea la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 5o., para quedar como sigue. Se reforma el primer párrafo del artículo 5o.,  en donde se menciona que “serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional como las reformas constitucionales, la modificación o creación de políticas públicas, los actos legislativos y ejecutivos”.
Desde esta tribuna informo a mis hermanos los indígenas del distrito de Teotitlán de Flores Magón,  Oaxaca, que no vamos a permitir que nuevamente se consume este acto de simulación.
Acá los partidos mayoritarios siempre han engañado, siempre han mentido al pueblo de México. Con esas reformas estructurales que se han gestado, van en perjuicio de las grandes mayorías y mucho más a las comunidades indígenas que no nos ven, que no nos oyen y que para ellos nunca hemos existido. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angélica Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Le doy la más cordial bienvenida, a nombre de la Mesa Directiva, a un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad de Londres del estado de Querétaro que nos acompañan invitados por el diputado Marcos Aguilar, Bienvenidos todos.
Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar también propuesta de modificación al artículo 5o.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, Presidente. No quisiera meterme en el tema de que se considera de trascendencia nacional. Pero si bien resulta absurdo plantear que la petición de consulta popular sólo se podría realizar a partir del 1º de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo en que se realiza la jornada electoral federal, aun es más lesivo dejar en manos del mismo gobierno la aprobación de la trascendencia.
Por qué los diputados, senadores –ya se había comentado– hacen una diferencia entre consultas, una diferencia de la trascendencia que debe de ser contemplada por esta Cámara de Diputados y por qué la de los ciudadanos debe de ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por qué, por qué la diferencia, si nosotros, diputados y legisladores también en el Senado son representantes de los propios ciudadanos. Por qué hacer una diferencia.
Todo se debería de consultar en la trascendencia nacional en cada una de las cámaras en que se presenta la propia consulta popular.
La restricción contemplada en el segundo párrafo del artículo 5 de la minuta, donde se establece que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la encargada de calificar la trascendencia nacional de los temas que sean propuestos por los ciudadanos representa una flagrante violación a los derechos de los propios ciudadanos, contemplados en nuestra Carta Magna.
La consulta popular está establecida como un derecho ciudadano en el artículo 35 de la Constitución y esto representa un avance importante en la apertura a los ciudadanos de expresar su opinión sobre los grandes temas nacionales, por lo que dicha modificación, además de inconstitucional, nos parece excesiva al coartar un derecho fundamental para la vida democrática del país.
Es indudable que, de acuerdo a la importancia que reviste la consulta popular en México y por su posible interrelación con los demás mecanismos de participación ciudadana ya contemplados en la Carta Magna, estará limitada a capricho de la suprema corte, por lo que su esencia pierde potencia.
De esta manera es necesario eliminar de tajo dichas restricciones que entorpecen los derechos ciudadanos y forman parte de barreras que limitan la oportunidad de tener injerencia directa en los asuntos de gobierno.
De esta forma tenemos que la mayor utilidad de esta propuesta se visualiza en la posibilidad de brindarle a la ciudadanía mayores incentivos para el control sobre la clase política y se promueve entre los ciudadanos la importancia de involucrarse en la supervisión de las actividades  de sus representantes, exigiendo con base en el principio de la soberanía popular.
La tan anhelada y añeja demanda de una real y auténtica rendición de cuentas. La reserva que se propone es eliminar el segundo párrafo del artículo 5o. del dictamen de la minuta de la Ley Federal de Consulta Popular. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Huidobro.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Teresa Mojica Morga, para presentar también propuesta de modificación al artículo 5o.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores: el día de hoy habremos de discutir y votar el dictamen de la minuta de la Ley Federal de Consulta Popular que la Cámara de Senadores nos ha enviado.
Este proyecto que establece las bases y normatividad para la aplicación en nuestro país, de una de las formas más modernas de la práctica democrática, es un viejo anhelo y demanda de las luchas políticas emprendidas por la izquierda mexicana a lo largo de su historia.
Hoy quedará plasmada en nuestra legislación ese mecanismo por el que tanto tiempo hemos pugnado. Ha sido largo el camino que hemos tenido que recorrer, tanto en la acción política como en el trabajo legislativo, pero al fin se ve fructificado ese gran esfuerzo.
No obstante, en el dictamen de la ley que hoy discutimos persisten deficiencias importantes que limitan todo el potencial que podríamos esperar de dicha ley. En tal sentido, como diputada del Partido de la Revolución Democrática, solicito que los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Consulta Popular puedan ser perfeccionados en el sentido de incluir el mandato de que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como los actos administrativos del Ejecutivo federal, siempre que sean de trascendencia nacional.
Además, proponemos la incorporación en el artículo 6 de nuevos elementos considerados de trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular los siguientes:
Que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población.
Que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población y los demás que determine el Congreso.
En la actualidad existen en la agenda política del país temas de verdadera trascendencia nacional que requieren ser revisados y tratados a la luz del mecanismo de la consulta popular, pero que con el texto del dictamen a discusión, resulta muy difícil de hacerlo.
El tema más importante en este sentido es el energético, que por su importancia acapara la atención de la ciudadanía a la que debemos brindar la oportunidad de ejercer a plenitud el derecho a la consulta popular.
En este sentido los legisladores del Partido de la Revolución Democrática hemos manifestado en distintos ámbitos nuestro desacuerdo con la privatización y con la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de la industria petrolera y petroquímica nacional.
Asimismo, desde ahora existen en la sociedad mexicana reclamos como el de Movimiento Ciudadano, Que me pregunten, que van en el mismo sentido de rechazo a la reforma energética y a la privatización, y que esperan poder ser consultados en el 2015. Po lo anterior presentamos la presente reserva en el ánimo de mejorar el dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Mojica Morga.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene ahora la apalabra el diputado Uriel Flores Aguayo para presentar también una propuesta de modificación al artículo 5.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Desde su curul. Adelante, diputado. Dígame, diputado. Sonido, por favor.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Para declinar, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Se retira la reserva. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja también para presentar una propuesta de modificación al mismo artículo 5o.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: La propuesta va dirigida a eliminar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina los temas de trascendencia nacional. Nosotros no somos ingenuos, nosotros no avalamos una ley que sólo tiene de consulta popular el nombre, porque todo lo demás es un engaño para tratar de venderlo propagandísticamente y tratar de expiar culpas y decir que se está pidiendo la participación ciudadana, cuando es claro que es inviable.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el poder más conservador y más retrógrado en el país, y voy a dar un botón de muestra. Al resolver una contradicción de tesis sobre la prevalencia de la Constitución y los tratados internacionales, tratándose de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue más allá del artículo 1o. constitucional, que establece el principio pro persona y que señala que en materia de derechos humanos, tratándose de la Constitución y de los tratados internacionales, prevalecerá el criterio y la interpretación más favorable a las personas.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en este caso habrían de prevalecer las restricciones constitucionales. Es decir, fue por abajo del propio dispositivo del artículo 1o y esto ha sido censurado por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros, y ha puesto en entredicho la reforma de 2011 en materia de derechos humanos.
Por esa razón, ¿por qué habríamos de creer que la Corte va a optar por la democracia por la participación ciudadana? Definitivamente nosotros no le damos un voto de confianza, creemos que este es un obstáculo insalvable y creemos que una verdadera Ley de Participación Ciudadana y de consulta popular tiene que facilitar al máximo la posibilidad de que le pueblo se exprese. No puede haber tampoco limitaciones temáticas que lo único que buscan es achicar el margen de decisión popular.
Muchos que hoy cuestionan nuestra posición deberían preguntarse, ¿cuándo se consultó al pueblo con la reforma laboral?, y decían que se iban a crear cientos de miles de empleos y esto es una mentira. ¿Cuándo le preguntaron al pueblo para aumentar los impuestos que aprobaron? Hoy se quieren lavar la cara con este engendro legislativo.
Concluyo, presidente. Para muestra de la simulación de esta Ley y de otras decisiones está el caso del Instituto Nacional Electoral, para el cual se hace una convocatoria y se inscriben 307 ciudadanos y ciudadanas y ya ayer, en una cargada, en un autodestape, los cuatro consejeros  actuales prácticamente tienen pase automático y ellos representan el 40 por ciento de la integración del nuevo órgano electoral.
Por eso nosotros decimos que el INE, al igual que la consulta popular, son simulaciones democráticas, son discursos políticamente correctos pero que no se sostienen en la realidad. No hay una verdadera decisión de consultar al pueblo y nosotros no vamos a servir para esta tapadera. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría  a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente,  mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas para presentar una propuesta de modificación al artículo 6o del proyecto  de decreto.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. El concepto de participación ciudadana en un régimen democrático necesariamente debe ser visto como el mecanismo por excelencia para la consumación de una verdadera política integral, que permita a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo fomentando la apertura de los escenarios públicos, en donde no sólo se debate la implementación de políticas públicas por los diferentes órdenes de gobierno, sino que se decidan y vigilen las mismas.
Hoy debemos hacer una consulta popular más amplia, para los asuntos relevantes, para la vida del país es necesario que siempre se consulte al pueblo.
Hace poco, en esta Cámara se aprobó, sin mandato de la sociedad, la reforma constitucional para la privatización de los energéticos, violentando el Estado de derecho, toda vez que no estaba contenida en la plataforma electoral ni en la agenda legislativa.
En nuestro país, la reciente reforma constitucional al artículo 35 incorporó como derecho de todos los ciudadanos participar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Como es bien sabido, las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determinan la organización y relación entre el gobierno y los gobernados, así como también entre todas las personas que cohabitan en el territorio nacional. Asimismo se garantiza a favor de los ciudadanos el conjunto de prerrogativas esenciales, como el derecho a la libertad, seguridad, salud y educación, entre otros.
Dentro del proyecto democrático al que aspira el Estado mexicano, la participación ciudadana debe necesariamente ser vista como eje rector de su política, ya que este es el mecanismo por el cual permite a los ciudadanos intervenir en los asuntos de interés colectivo, a través no sólo de la discusión y debate, sino también de la decisión y vigilancia de las políticas públicas implementadas en los diferentes órdenes de gobierno.
En esta tesitura, consideramos que como parte fundamental de la propia esencia de la consulta, que deberán ser contempladas todas aquellas reformas que propongan la modificación de algún o algunos artículos de la Constitución federal, la creación o eliminación de políticas públicas o, en general, de todos aquellos actos legislativos o ejecutivos que repercutan en la mayor parte del territorio nacional y que, por ende, tengan un impacto significativo en la población.
Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno la siguiente reserva a la fracción I del artículo 6 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular.
Único. Se reforma la fracción I del artículo 6 de la minuta con proyecto de decreto:
Artículo 6. Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando tenga elementos tales como:
1. Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, políticas públicas, actos legislativos y ejecutivos, así como cualquier tema que sus efectos tengan repercusión en la mayor parte del territorio nacional;
2. Que impacten en una parte significativa de la población.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le ruego a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Vargas Pérez.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra, por una omisión mía porque eran dos reservas al artículo 5o., el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar otra reserva distinta al mismo artículo 5o.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Muy breve, nada más para seguir abundando en por qué no se puede esperar que la Corte resuelva para abrir las vías de participación ciudadana y la democracia.
Están algunas resoluciones. Cuando la Corte niega el amparo al Sindicato Mexicano de Electricistas, que reconocía la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto.
Éste es otro caso. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la transparencia y a favor de la opacidad, resolvió que los servidores públicos no están obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, porque dijeron: son datos personales.
Éste es otro elemento importante. En el caso que ustedes recordarán de Alberto Patishtán, la Corte se negó a que se liberara a este maestro que había sufrido 12 años de injusticia. La Corte le negó la libertad, fue un indulto presidencial, después de una reforma, lo que le abrió las puertas a la libertad.
Ahí está otro botón de muestra. También la Corte se negó atraer un juicio sobre la película Presunto culpable y determinó que no le correspondía atraer el juicio sobre la libertad, para la exhibición de este documental.
Estos son ejemplos de por qué razonablemente nosotros consideramos  que darle la facultad a la Corte para que defina qué se puede preguntar al pueblo y qué no, es un retroceso democrático, por eso nosotros no estamos de acuerdo.
Ya habíamos señalado el tema de la violación al principio pro persona y la decisión que constituye un retroceso. Y así podríamos ver en temas que tienen que ver con las personas, también hay una postura eminentemente conservadora, y por esta sola razón para nosotros, no podríamos dar el voto a favor de esta ley. Si a eso le sumamos los otros candados, las limitaciones de materia, las firmas, los formatos, evidentemente no es una ley que abre la vía de la participación ciudadana.
Ojalá la Corte fuera un tribunal de justicia, que fuera democrático y que resolviera conforme a derecho y no en torno a los grandes intereses económicos y políticos del país. Si así lo fuera y la ley abriera la participación, podríamos tener otra posición, pero en las circunstancias actuales que sea el sensor de qué se pregunta o no al pueblo, la Corte, es un retroceso que no podemos estar a favor, y por eso la reserva es quitar a la Corte como la que defina la trascendencia nacional. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ricardo Mejía.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, para plantear reserva sobre el artículo 6º.  ¿No se encuentra en el salón la diputada Mojica? Se retira.
A continuación se concede el uso de la palabra al diputado José Soto Martínez, quien presenta reserva por el artículo 6o.
El diputado José Soto Martínez: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con permiso, diputado presidente.
Esta Ley de la Consulta Popular, como lo han dicho ya los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, es una tomada de pelo hacia nosotros los diputados, pero más que nada, al pueblo mexicano.
Decía un gran hombre que quería ser un buen presidente, Luis Donaldo Colosio, que el pueblo tenía hambre y sed de justicia.
Hoy el pueblo tiene hambre y tiene sed de una consulta verdadera al pueblo, de que haga un plebiscito, de que haya la segunda vuelta, que haya la revocación de mandato.
Eso es lo que nos piden cuando andamos en campaña. En muchas que he andado, pero en tres que he sido diputado, diputado local y diputado federal dos veces. Y es lo que nos han pedido.
He sido de izquierda aunque estaba en el PRI, pero siempre fui de la izquierda que nos trae a este recinto como diputadas y diputados, para servirle al pueblo, no para servir a intereses ajenos, intereses de partido, a intereses empresariales, a intereses internacionales. Por eso voté en contra de esta ley, porque nunca va a haber una consulta.
Yo les pregunto a ustedes, aquí con toda sinceridad, que me digan si cuando nos toque a nosotros como diputados y diputadas votar la mayoría a favor de la consulta para Petróleos Mexicanos, si vamos a votar a favor. No vamos a votar a favor, no vamos a cumplir.
Porque el pueblo lo pidió, que es muy difícil que reúna los requisitos, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a decir o va a avalar que se lleve a cabo. No lo va a hacer. Por eso ni siquiera esta palabra que me toca pedirles a ustedes que se cambien, no creo que lo vayan a aprobar.
Por eso mejor les pido que ni siquiera la vote, señor presidente. Les agradezco su atención y ojalá que el pueblo los juzgue a todos por lo que estamos haciendo. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado José Soto Martínez.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. A continuación tiene la palabra, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta reserva por tres artículos: artículo 6º., 21 y 30. Pido el tiempo por nueve minutos a favor de la diputada Bojórquez Javier.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Pues nuevamente nos toca participar y hablar con las curules, porque la mayoría está en otras ocupaciones y no en los temas que realmente son de relevancia para nuestro país. Hoy venimos...
La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): Y nosotros.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier:... Dije pocos, somos pocos los interesados. Sobre las reservas a los artículos 6o. 21 y 30 de esta iniciativa.
Todos los legisladores que fungimos como representantes del pueblo en esta soberanía, cuando hicimos campaña mostramos nuestros proyectos políticos para llegar aquí, ofertamos a los electores mejores de vida, pero sobre todo ofrecimos democracia e igualdad.
En sentido estricto la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo al respeto y pluralidad.
Lo anterior viene al tema porque hoy en esta Cámara se discute la modificación a la Ley Federal de Consulta Popular y vale la pena señalar algunos antecedentes de ello. El 9 de agosto de 2012, se modificó y reformó el artículo 35 de la Constitución; el Capítulo IV se establece lo referente a los derechos de los mexicanos y las mexicanas. Ahí se describen los mecanismos para que los mexicanos puedan votar y ser votados, las asociaciones independientes para formar parte en la política nacional, así como tomar las formas y las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y sus instituciones, el derecho de petición de los mexicanos y otros derechos más, no para que sean utilizados sólo para que protejan a un solo grupo de poder que hoy gobierna México.
Sin embargo, es importante destacar que en el párrafo octavo la descripción puntual es sobre el derecho a la consulta popular donde se describe en forma clara lo siguiente:
Párrafo octavo. Son derechos de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional las que se sujetarán a lo siguiente:
Uno. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión –diputados o senadores-, los ciudadanos en un número equivalente a al menor por el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determina la ley.
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.
Dos. Cuando la participación total corresponda al menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales para las autoridades competentes.
Tres. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación  resolverá previo a la convocatoria que realiza el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. El IFE tendrá a su cargo en forma directa la verificación del requisito establecido en el inciso c), apartado uno, así como la organización, el desarrollo y el cómputo de la declaración de los resultados.
La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Las resoluciones del IFE podrán ser impugnadas en los términos de las leyes correspondientes. Las leyes se establecerán en lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.
En base a lo anterior, en tiempo y forma el PRD solicitó la consulta popular para que se pregunte, se nos pregunte a todos los mexicanos y mexicanas si estamos de acuerdo  o no en la llamada reforma energética donde se permite, entre otras cosas, a los privados extraer y poseer a través de contratos de producción compartida y licencias el petróleo de México y de todos los mexicanos.
El 4 de diciembre de 2013 el PRD entregó un millón 672 mil 242 firmas al Senado de la República, lo correspondiente a un poco más del dos por ciento de la lista nominal de electores para que se nos pregunte sobre este importante tema, cubriendo los requisitos de ley.
Posteriormente, el 12 de diciembre, el Congreso aprobó e hizo el atraco más grande a la nación: la reforma energética votada por el PRI, el PAN, sus aliados y algunos como el Verde Ecologista y el Nueva Alianza.
El 20 de diciembre, el Presidente Peña Santa Anna, publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma donde se permiten contratos de producción y utilidad compartida y/o licencias.
Ante la inminente consulta al pueblo de México, el PRI y el Presidente Peña Santa Anna se pusieron nerviosos, ya que es un hecho que el 80 por ciento de los ciudadanos rechazamos tal acción, por lo que el 26 de febrero en el Senado de la República se legisló esta reforma sobre la Ley Federal de la Consulta Popular.
En forma puntual decidieron atajar y manipular varios artículos con el propósito de que la Suprema Corte elimine la posibilidad de que al pueblo se nos consulte sobre el tema energético. Con lo anterior también se excluyó de esta figura temas como derechos humanos, seguridad nacional e ingresos y gastos del Estado, dentro del cual entran aspectos de la reforma energética.
Otra modificación que se observa es que la petición para realizar una consulta popular podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso según corresponda, a partir del 1 de septiembre del segundo año del ejercicio de cada legislatura, y  hasta el 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal.
Hoy nosotros los diputados federales tenemos la oportunidad de ampliar esta ley para entregar a nuestros representados lo que ofrecimos en campaña: democracia. Por lo que exhorto a que realicemos un trabajo en consenso adecuado para que esta ley no quede en una simulación que limita el derecho cívico y fundamental de los mexicanos a opinar y decidir.
Invito  a todos los mexicanos desde esta alta tribuna de México, a que nos sumemos a unirnos a alzar la voz y a hacer presentes; que sepan que pensamos y que conocemos nuestros derechos. Demostrémosles que somos más que ese puñado de familias que gobiernan México y que lo tienen captado.
Hoy ese puñado debe saber que el pueblo mexicano no está de acuerdo con la reforma energética y la privatización de ella.
Que no podemos permitir que el gobierno y estas cuantas familias se queden con todo lo que le pertenece a todo el pueblo mexicano, porque sí hay de otra para Pemex y porque sí hay de otra para México.
Compañeras y compañeros mexicanos, caminemos por las calles,  salgamos a defender lo que es nuestro, porque a los que ustedes les dieron su voto, PRI y PAN,  hoy los han traicionado nuevamente. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Bojórquez Javier. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. En consecuencia se desecha. A continuación tiene la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por nueve minutos para presentar reserva a los artículos 6o.,  21 y 30.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Sin duda estamos nuevamente en un momento de la historia complicado para los avances democráticos que se siguen dando en el mundo.
Consulta popular debiera ser el sinónimo de democracia participativa, pero vemos que este término se usa solamente de manera demagógica.
No vemos cómo encontrar mecanismos que nos permitan realmente empoderar a la ciudadanía con sus distintos sectores sociales, pues pareciera que solamente es una clase política la privilegiada para tomar decisiones de trascendencia nacional en nuestra patria.
Sin duda también este dictamen de consulta popular está viciado de origen porque efectivamente se le imponen candados múltiples y son candados efectivamente porque ya lleva una dedicatoria para que no sea posible, y van a buscar todos los mecanismos; pero la fuerza de la ciudadanía tiene que imponerse, para que finalmente podamos hacer posible romper este candado que busca evitar que llegue la consulta popular en temas de trascendencia nacional, que han sido de debate en algunos casos y algunos de oídos sordos, temas trascendentales que nos han impuesto en este honorable Congreso.
Temas como la reforma energética, que está por demás seguir señalando que con ello estamos privatizando el patrimonio nacional de los mexicanos, como el petróleo y la electricidad.
Sin duda también esta consulta popular buscará acotar que en un momento dado pongamos también a discusión y análisis y a darle voz a la ciudadanía en temas como la reforma hacendaria, que busca seguir imponiendo impuestos a personas físicas, a empresas pequeñas, a empresas medianas, dejando siempre el privilegio fiscal para los grandes monopolios, como el caso de las empresas mineras que siguen saqueando al país de nuestros naturales y minerales.
Una reforma también que recientemente discutimos: la política electoral, que también debiera ser sujeta a discusión y a consulta de la ciudadanía porque es de trascendencia nacional, porque mientras se aprueba la reelección para algunos, se rechaza la revocación de mandato. Debiera de ir aparejada la reelección para premiar a quienes llevan de manera digna la función pública y la representación popular, pero también la revocación de mandato para quienes no cumplen con darle voz a sus representados. Estamos discutiendo temas de trascendencia nacional.
Compañeros legisladores, sabemos la suerte que ha de correr esta propuesta de reservas que planteo al artículo 6 donde propongo que agreguemos un tercer párrafo relacionado con el tema de que se proponga la creación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional como un elemento también importancia de trascendencia nacional.
Propongo también anexarle al artículo 21 un cuarto párrafo que diga que en el caso de que la petición que verse sobre la propuesta de modificar el orden jurídico federal, deberán especificar en forma precisa y detallada los preceptos legales o reglamentarios que serán objeto de la consulta popular.
Y una fracción v): cuando la petición verse sobre un acto u omisión de las autoridades describirlo de manera detallada o indicar a la autoridad competente.
Al artículo 30 también de esta Ley de Consulta Popular propongo modificarle la fracción IV para decir que en la pregunta a consulta especificar en forma precisa y detallada los preceptos legales o reglamentarios que serán objeto de la consulta popular.
Asimismo hacerle un agregado a la fracción v) que diga: especificar en forma precisa y detallada el acto u omisión de la autoridad  competente. No puede aceptarse una propuesta más que hice para reformar el artículo 5o. de esta Ley General de Consulta, que me permito, señor presidente, dado que estamos presentando varias reservas a diversos artículos, de cualquier forma comentar: que es trascendental que en esta consulta popular hubiéramos agregado también en el artículo 5o. que cuando el Estado provea medidas legislativas o administrativas que puedan afectar o afecten directamente a personas, comunidades y pueblos indígenas, la consulta se establecerá conforme al principio del consentimiento libre, previo e informado.
Cuando discutíamos en su momento esta Ley General de Consulta, era fundamental que agregáramos la consulta específicamente para los pueblos y comunidades indígenas. Por supuesto que es de trascendencia nacional seguir insistiendo en las grandes reformas que hacen falta para homologar nuestra Constitución o armonizarla con el marco jurídico internacional.
Y en ese sentido proponíamos también que se considerara esta consulta específica a los pueblos indígenas. Hay convenios y tratados de carácter internacional que ya reconocen este derecho a los pueblos indígenas y no ha lugar para que esta soberanía y el Estado mexicano siga negando el derecho a la consulta de los pueblos indígenas bajo estos principios, del consentimiento libre, previo e informado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto y, por consecuencia, se desechan las tres. A continuación tiene la palabra la diputada María Fernanda Romero Lozano, para presentar reserva del artículo 12, hasta por tres minutos.
La diputada María Fernanda Romero Lozano: Gracias. El régimen democrático establece que necesariamente la soberanía debe residir en el pueblo, y que se propiciará una participación activa de los ciudadanos para la toma de decisiones.
Sobre el concepto de participación ciudadana, podemos decir que éste es el mecanismo por el cual las personas pueden participar en la toma de decisiones, pues contempla la inclusión de la sociedad en el ejercicio de las funciones de gobierno.
No obstante, en México la limitada experiencia nacional en la materia ha ocasionado que estas valiosas medidas no hayan cobrado la trascendencia que revisten, sobre todo en la coyuntura política vigente.
Lo anterior toma relevancia de conformidad con el contenido al artículo 35 de la Constitución Política, que expresamente contempla los requisitos necesarios para el ejercicio pleno del derecho a la participación ciudadana.
Sin embargo, el artículo 12 de la minuta que hoy se discute pretende ir más allá de lo consagrado en el precepto constitucional antes mencionado, al establecer que los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el 20 por ciento de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud.
En definitiva no podemos permitir que una prerrogativa de tal calado, como es que la ciudadanía pueda participar y tener injerencia en la toma de decisiones que más favorezcan a la sociedad en su conjunto, se siga acotando a través del establecimiento de requisitos que no son más que candados absurdos sólo entorpecen el ejercicio pleno de un derecho de rango constitucional como lo es el de la participación ciudadana.
Los ciudadanos tienen derecho a que su voz sea escuchada por igual en todos los temas que consideren relevantes, por lo que nos manifestamos en contra de las limitantes expuestas a aquellos que quieran participar en más de un tema. Basta ya de paliativos migajas, es el pueblo quien debiera tener la última palabra. Basta ya, compañeras y compañeros, de tanta simulación.
Esta ley, que seguramente se aprobará el día de hoy, no es más que seguir mintiéndole al pueblo de México. ¿Dónde está el plebiscito? ¿Dónde quedó el referéndum? Y un mínimo detalle –minúsculo, eh, no se preocupen–, ¿dónde está la revocación de mandato?
Somos representantes del pueblo y como tales deberíamos ser congruentes y velar por los intereses de los mexicanos, y no como han venido haciendo la mayoría de los diputados que conforman esta Cámara –digo, ustedes saben quiénes son–, traicionando la confianza del pueblo, atentando contra la soberanía nacional y entregando como propio a manos llenas los recursos naturales que nos pertenecen a todos los mexicanos.
Están a tiempo de rectificar y de no pasar a la historia como los traidores más grandes que hemos padecido en este México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada María Fernanda Romero Lozano.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. A continuación tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar reserva al artículo 33.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Ante la ignominia y la injusticia la voz del pueblo jamás será callada. Y me gustaría que las cámaras hicieran una toma a este pleno para que todo el país vea cómo les interesa discutir, a quienes han propuesto este proyecto, esta Ley de Consulta Popular, que sepan que nada más vienen a pasar lista y a decir allá en sus comunidades que vienen a trabajar y a ver por el pueblo de México.
Ojalá y todos los que no están aquí presentes y éstos que hoy nos ignoran así les hagan sus conciudadanos cuando vayan ustedes a pedirles el voto y los ignoren en su comunidad. Eso sería magnífico para el país, que también a ustedes se les ignore.
Las democracias consolidadas en el mundo son democracias precisamente que se diferencian porque están en construcción. Desde que yo era muy niña, en la escuela, menos que algunos de ustedes, pero déjenme les digo, ya escuchaba yo hablar de democracia. Hoy que estamos en estos niveles vemos que la democracia en México no existe, no hemos terminado de democratizar al país y ustedes lo saben muy bien.
¿Qué les estamos dejando a nuestros niños, hablar de democracia cuando lo que venimos aquí a hacer es una hipocresía por parte de quienes no están aquí presentes? ¿Eso es la democracia? Para fortalecer el régimen democrático en nuestro país resulta necesaria la implementación de diversos instrumentos que busquen que todas las voces sean escuchadas y se encuentre una solución a sus demandas.
Lamentablemente lo anterior no se cumplirá de aprobarse la minuta con proyecto por el que se expide la Ley de Consulta Popular. Es necesario corregir los defectos que limitan la participación de los ciudadanos. Prueba de lo anterior se encuentra en el artículo 33, en el cual se estipula que no se computarán las firmas de los ciudadanos que ya hubieren respaldado otra consulta popular en el mismo proceso cuando excedan del 20 por ciento del total de firmas requeridas, por lo que en este caso únicamente se contabilizará la primera firma que haya sido recibida en el Instituto.
Esto quiere decir que el ciudadano enfrentará candados y aunque hay quien subió y dijo aquí que no hay esos candados, claro que sí, cuando nos ponen límites son candados, cuando nos ponen cercos con candados también -el término no es erróneo-, lo que obligará a escoger tan solo un tema de su interés aun cuando no existan más que lo afecten de manera directa.
Si las consultas populares hubieran existido el año pasado, ¿sería justo que los individuos no manifestaran su posición en contra de la reforma energética o en contra de la reforma fiscal? Imagínense que no pudieron haber expresado libremente su parecer en ambas. Qué incongruencia.
Ya basta, basta de propuestas acotadas, parciales. El país requiere soluciones de fondo que permitan que todas las voces sean incluidas en todos los temas de trascendencia nacional. ¿A qué le temen? A los compañeros del PRD, y les digo compañeros porque hemos ido juntos en muchas luchas, les cuestiono hoy, ¿por qué se presentan a esta simulación? ¿Por qué se prestan a esta falta de democracia en el país? Han traicionado a la nación con esto que están haciendo el día de hoy.
Ustedes saben muy bien que el día de mañana los conciudadanos se los van a reclamar y se los van a hacer pagar. Es cuanto.
El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión la modificación propuesta por la diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Presidente.
El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Adelante, diputado Uriel Flores, ¿con qué objeto?
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Una moción. Nada más en apoyo a lo que expresó la compañera diputada que terminó de ocupar la tribuna, que se haga un llamado a las diputadas y a los diputados para que se incorporen al pleno. No deberíamos de permitir que se den estos hechos. Y subrayo, incluso los coordinadores, la Junta de Coordinación Política no está presente. Pareciera un desprecio, un abandono de funciones. Nada más. Gracias, diputado presidente.
El diputado Roberto López González (desde la curul): Presidente.
El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Adelante, diputado Roberto López.
El diputado Roberto López González (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Totalmente de acuerdo con mi compañero. Y además me parece que esta moción de orden, con muchísimo respeto y con el mayor comedimiento la hago extensiva también a la Presidencia. Mientras estaba haciendo uso de la voz la oradora pasada, había una serie de compañeros que le estaban llamando la atención al ciudadano presidente y el presidente estaba en otras tareas, no propias de la responsabilidad que le dio la Cámara y que está ahorita fungiendo. Le agradezco mucho su atención.
El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Se informa a esta asamblea que se están haciendo los llamados respectivos, precisamente para invitar a nuestros compañeros a estar presentes. Tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos, para presentar reserva al artículo 64.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la búsqueda de reformar el artículo 35 de la Constitución Política federal representaba la aspiración de las y los ciudadanos para tener la posibilidad de poder emitir su opinión sobre temas de interés nacional mediante su participación en una consulta popular, lo cual sin duda reconoce de igual manera el artículo 25 y 26 de la propia Carta Magna, de incidir en la vida democrática de nuestra nación.
En otras latitudes, la consulta popular constituye una primordial herramienta para la democracia participativa, ya que mediante este instrumento la ciudadanía aprueba o desaprueba una acción implementada o por implementar por parte de la autoridad.
Al menos en la teoría, la consulta tiene la capacidad de resolver diferencias entre las élites políticas, además de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos públicos, aunado al no constreñirse al ámbito del Ejecutivo, sino que ataña a decisiones legislativas que cobra particular relevancia en un sistema legislativo como el mexicano, que se ha caracterizado, o bien por su parálisis o por trabajar con mayorías mecánicas que legislan sin discusión verdadera, y sobre todo, violentándose el mismo procedimiento legislativo.
Sin embargo, estos supuestos teóricos no se extrapolan en la realidad mexicana, pues tal y como está planteada la Ley de Consulta Popular se establecen numerosos candados a la participación de las y los ciudadanos, pareciera que lo que se pretende es disuadirlos del ejercicio de su derecho y de la utilidad de la misma consulta.
Tal es el caso del artículo 64, que abre la posibilidad para que las autoridades encargadas de ejecutar lo dispuesto en la consulta popular puedan aplazar su aplicación por tres años, o incluso, no llevarla a cabo mediante el uso amañado de los términos que la  misma ley dispondría.
Para que esta herramienta se erija como un mecanismo efectivo de participación ciudadana, es necesario que sus efectos sean rápidamente apreciados por la población, a través de acciones tangibles de la autoridad, no esperar hasta por tres años para que esto suceda, más aún si tomamos en cuenta el andar casi catatónico del Estado mexicano, lo cual desafortunadamente se contribuía con la redacción de este precepto.
Recordemos que el propio artículo 35, fracción VIII, numeral 2 de la propia Constitución, no establece término alguno, lo cual dicho precepto de esta ley resultaría incongruente, y sobre todo, inconstitucionalidad.
Es por ello que con esta reserva pretendemos que el resultado de una consulta popular que afecte decisiones, tanto del Legislativo como del Ejecutivo se refleje de manera inmediata. No hay desarrollo con gobierno lento en acciones, menos si dicha lentitud es al acatar la misma voluntad ciudadana.
Derivado de lo anterior, compañeras y compañeros, someto a su consideración la reserva a este artículo, para la modificación del artículo 64, para quedar en los siguientes términos. Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio, las autoridades deberán ejecutar los actos necesarios para su implementación en un plazo no mayor de 6 meses. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Coronato.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).  Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Informo a la asamblea que fueron retiradas las reservas del diputado Luis Manuel Arias Pallares al artículo 64, y del diputado Tomás Torres Mercado al sexto transitorio.
La última reserva que se presentará es la del diputado Silvano Blanco Deaquino, que tiene reservados el artículo 64 y el sexto transitorio. Les pido que le pongan los seis minutos que le corresponden para que pueda presentar las dos reservas.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente. Y bueno, pues saludando a las compañeras y compañeros que con responsabilidad están, y a quienes no están, pues también decirles en su curul que no abona mucho cuando se es irresponsable.
En el Senado se hizo algún ejercicio de relativa importancia para el tema de hacer un poco más accesible el tema de la consulta. Nos queda claro que el PRI, el PAN y los aliados van a impedir, a toda costa, que el tema de la consulta se dé, y por eso se aprobó en estos términos la consulta, con todas las limitantes y los candados que tiene.
Igual desconfiamos, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sabemos que atiende a llamados del Ejecutivo, pero a pesar de esos candados, a pesar de la sumisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el PRI y el PAN prevén que la consulta sí va en el 2015 y va en sentido desfavorable para las resoluciones que se tomaron en materia energética.
Y derivado de eso, pues todavía incorporan en la consulta popular un elemento adicional después de haberse votado en contra de esas disposiciones que se les da por parte del Estado mexicano, en un esquema de favorecer a los inversionistas nacionales y extranjeros para que se beneficien de la renta petrolera, pues se abre esta posibilidad en el artículo 64 para que tenga efectos en los tres años posteriores para que sea vinculatorio.
Es decir, como saben que efectivamente sí va  haber condiciones en el 2015 para la consulta, y que la mayoría de los ciudadanos va a votar en contra de estas disposiciones que afectan el patrimonio nacional, pues están poniendo ese candado en ese artículo.
Es un dato preciso, efectivamente, de que ellos saben que la consulta va y que va a estar en contra de esto.
Por supuesto que la ciudadanía va a votar en contra, porque sabemos en qué términos se van a dar los contratos y estas licencias que van a ser prácticamente concesiones. Se disfrazó el término de concesiones con el término de licencias en la reforma energética y estos contratos y estas licencias se otorgan siempre en condiciones de corrupción, es decir, donde hay funcionarios involucrados para favorecer a una empresa privada y obtener el beneficio personal.
Esto se da de manera natural en Pemex. No es algo que la nación no sepa. Y bueno, pues en este momento salta esta corrupción ahí, con Oceanografía, en el cual dicen, este gobierno, que en los periodos del PAN se dio esta situación irregular de corrupción, pero bueno, pues continuó con ellos ahí y se da de manera normal.
Es decir, cómo puede operar una empresa, que es la segunda prestadora de servicios a Pemex, cómo puede hacerle un fraude a Banamex con una documentación avalada de Pemex si no hay funcionarios involucrados de Pemex en este sentido. Por supuesto que los hay.
Por eso decimos, pero  no es el único caso de corrupción en Pemex. Y sabemos entonces que los contratos y las licencias en el futuro se van a dar en base a eso, en base a la aportación que le va a hacer la empresa extranjera, el inversionista extranjero a estos funcionarios de Pemex, para efectos de que se les otorguen estos contratos o estas licencias o lo que es muy común, el hecho también de que como Salinas y otros privatizaron algunas áreas y ellos son socios de esas mismas empresas que privatizaron.
Es parte de lo que se da en nuestro país y que eso lo sabe la ciudadanía, y por eso efectivamente la consulta va en el 15 y la ciudadanía se va a volcar en contra de esas decisiones que se tomó del PRI y sus aliados, y por supuesto pues va a ir en contra de este Santa Anna que tenemos gobernando nuestro país.
Y presidente, decirle que lógicamente le voy a pedir de favor y con mucho respeto que no someta a votación mis reservas porque ya sabemos efectivamente cuál va a ser el sentido del voto. Pero comentarles que efectivamente los inversionistas extranjeros van a medirle, van a esperarse después del 15 para saber los resultados de la consulta, porque el retorno de la inversión de algún inversionista extranjero pues no va a ser tan rápido y a pesar de este candado que se le va a poner adicional de que tenga efectos vinculatorios después de los tres años, pues no va a ser muy fácil que el inversionista extranjero decida hacer un esfuerzo –por venir en teoría– a invertir en nuestro país pues sabiendo los resultados de la consulta.
En ese sentido decirle al pueblo mexicano de que lo que tenemos que hacer es organizarnos, lo que tenemos que hacer efectivamente es salir a votar masivamente en el 2015 por la consulta. Ésta va y el pueblo de México va a poner en su lugar a quien ha estado vendiendo a nuestro país en contra de la mayoría de la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Quedan retiradas las reservas.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 5o., 6o., 12, 21, 30, 33, 41, 64 y la adición de un artículo sexto transitorio. Todos en los términos del dictamen. Cinco minutos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 5o., 6o., 12, 21, 30, 33, 41, 64 y la adición de un artículo sexto transitorio reservados en términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Faltó alguna diputada o diputado por emitir su voto?
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la Curul). A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul). A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 334 votos a favor, cuatro abstenciones y 54 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados por 334 votos todos los artículos reservados en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.