Maria Elena Morera en el Consejo...

• El caso de Iguala es la versión extrema y más dolorosa de este problema, donde las autoridades locales actuaron mal, muy mal, y las federales quizá por omisión, también lo hicieron.
• Reconoció que “No es suficiente la certificación individual“

37ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública

Los Pinos, a 19 de diciembre de 2014

Habla la doctora María Elena Morera de Galindo.

Muchas gracias. Buenas tardes.

Señor Presidente; señores miembros del Consejo Nacional de Seguridad Pública; amigos de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Éste es el discurso más difícil que me ha tocado pronunciar, con mis palabras quiero caminar en una línea muy delgada entre la legítima indignación y la necesidad de construir.

Somos muchos mexicanos y mexicanas doblemente agraviados.

Primero. Por los hechos de: Tlatlaya, Ayotzinapa, de las casas y esta semana de la Ruana, en Michoacán, entre otros.

Segundo. Por la limitada respuesta de las autoridades ante estos hechos.

Sin embargo, también hay que reconocer que algunas autoridades han actuado y hay que reconocer la necesidad desde la sociedad civil de tener esperanza y apoyar al Gobierno, no para administrar la crisis, no para esconder los temas debajo de la mesa, sino para transformar las instituciones nacionales y forjar un país distinto, reconstruyendo también el tejido social.

Sabemos todos que existe un círculo de corrupción, simulación e impunidad que impide que tengamos cambios de fondo en nuestro país y que en este círculo todos estamos inmersos o la gran mayoría de los mexicanos.

Si no logramos cambiar esta ecuación, no tendremos policías profesionales, ni ministerios públicos honestos, ni un sistema judicial que nos permita construir un verdadero Estado de Derecho.

El caso de Iguala es la versión extrema y más dolorosa de este problema, donde las autoridades locales actuaron mal, muy mal, y las federales quizá por omisión, también lo hicieron.

Sin embargo, aquí también hay que reconocer el trabajo que hizo la Policía Federal y la Procuraduría General de la República para encontrar a los culpables y ponerlos en la cárcel, para tratar de encontrar a las víctimas y para apoyar a las familias. Sin embargo, este trabajo aún no está cerrado y esperamos que pronto así lo sea.

Sin embargo, también tenemos muchos otros casos, como en Michoacán, Tamaulipas, Coahuila, el Estado de México, Morelos, Veracruz, entre otros, que no podemos ni debemos dejar de ver, ni olvidar a las víctimas que no están siendo debidamente atendidas por todas sus autoridades.

Lo que hoy ocurre en Guerrero, es un ejemplo contundente de la erosión institucional que sufre el Estado por este binomio inseparable de corrupción y de criminalidad. Las mismas redes de opacidad, que protegen y permiten que un Presidente Municipal, un Gobernador o un funcionario federal aproveche su cargo público para beneficio propio, son las mismas carreteras por las que los delincuentes penetran e infiltran los distintos órganos de autoridad.

Es por eso que las acciones para combatir la corrupción deben atender a sus causas y dejar a un lado la simulación pues se trata de un problema estructural en el que todos tenemos algo que hacer.

Y en este sentido, nos preocupa que la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue impulsada desde la sociedad civil por organizaciones y expertos, esté detenida en el Legislativo por la insistencia de algunos partidos de querer meter un consejo de ética o uno de integridad pública, y me refiero al PAN y al PRI.

Consideramos que esto rompería con la credibilidad del esfuerzo, ya que no es concebible que quienes son sujetos obligados, también sean juez y parte.

El problema es que la corrupción debilita la seguridad nacional, poniendo en riesgo la solidez y la sustentabilidad del Estado mexicano y fomenta la inseguridad pública llenando de miedo la vida de los ciudadanos.

En esta materia, los policías son el primer y más importante eslabón de los ciudadanos con el Gobierno.

Una policía que debería ser respetada y que debería darse a respetar, pero no. La mayoría de los ciudadanos la ven como una institución represora, reactiva, abusiva y desvinculada.

Pero ellos, los policías, también son víctimas de atropellos por parte de los ciudadanos, como lo hemos visto en Guerrero o en el Distrito Federal en los últimos meses sin que la autoridad haga nada y simplemente se queda callada, al igual que los ciudadanos. También, muchas veces son víctimas de sus propios superiores, por esto es la necesidad de diseñar una política pública de seguridad pensando en la policía, pero en la policía que queremos.

En este sentido, coordinar 32 policías es más sencillo que mil 800, indudablemente. Sin embargo, esto no sugiere un cambio de fondo o no solamente con esto vamos a tener un cambio de fondo, sino que es un cambio gerencial. Y no necesariamente hay razones para creer que podemos confiar más en un Gobernador que en un Presidente Municipal.

Yo, la verdad, no le encargaría la seguridad de mi familia al ex Gobernador de Tamaulipas, o al de Guerrero o al de Michoacán, como tampoco se lo confiaría al Presidente Municipal de Iguala o de Ecatepec.

Lo importante son los pesos y contrapesos, la certificación institucional, no sólo quién es el jefe de la policía.

Con respecto a la iniciativa de ley no hay una posición unificada dentro de la sociedad civil, creemos que se debe de analizar por el cambio que implica, por los recursos económicos que se requieren, por el tiempo para lograrlo y principalmente saber cuál es el objetivo para hacerlo.

Recordemos que hemos tenido muchísimos cambios respecto a nuestro sistema de seguridad desde 1994 y hoy no estamos mejor.

Estamos convencidos que las soluciones no solamente se dan por ley o por decreto, y además, mientras esta discusión de la ley sigue adelante, creemos que podemos avanzar mucho y para lograrlo, como dijo el Secretario Osorio, hay un trabajo conjunto entre ciudadanos y autoridades y éste es fundamental en la construcción de un México seguro.

Por ejemplo, desde Causa en Común, hemos tenido la apertura de los gobiernos estatales para acompañar a las policías estatales en su desarrollo policial; hemos identificado instituciones policiales, como la de Baja California o la de Nuevo León, con un sistema de desarrollo policial aceptable, muy aceptable, y que se refleja, por supuesto, en la seguridad de sus ciudadanos, mientras que otros, como Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur y Zacatecas, han sido incapaces de atender el desarrollo de sus policías.

Lo que tenemos que hacer es ver cómo sí se puede lograr. Y una forma de avanzar, como ya lo dijo el Gobernador Medina, es estableciendo estándares mínimos, que sean comunes a todas las policías del país.

Esto se va a traducir en que cualquier policía en la calle respetará y protegerá nuestros derechos, pero también significará que él o ella tengan la certeza de que las instituciones a las que pertenecen también respetan los suyos.

Al respecto, nos dio gusto conocer los avances de la Comisión Especial de Desarrollo Policial, pero agregaríamos que se requiere un mecanismo para garantizar su cumplimiento y que le pongan tiempo, porque sin tiempos nada se cumple.

Abracemos a nuestros policías y garanticemos que tengan una carrera profesional y no un trabajo como última opción.

En suma. Proponemos la legislación e implementación efectiva de un sistema nacional anticorrupción sin consejos.

Segundo. El rediseño institucional del Secretariado Ejecutivo, a fin de que no solamente administre recursos, sino que sea una instancia que genere y evalúe política pública.

Tercero. La implementación efectiva del desarrollo policial.

Cuarto. El establecimiento de estándares profesionales.

Quinto. La certificación institucional. No es suficiente la certificación individual.

Sexto. La creación de un mecanismo de supervisión externa.

Y por supuesto, reconocemos que el Presidente incluyó la Clave Única de Identidad en su decálogo.

Señoras y señores:

La confianza institucional se construye. No basta con que nuestras autoridades identifiquen que estamos haciendo reclamos. Es impostergable que actúen en consecuencia.

Comencé esta intervención refiriéndome a la legítima indignación, la cual no significa asumir una actitud derrotista ni violenta, sino que es una oportunidad de construir un México más seguro, teniendo memoria de los acontecimientos ocurridos para que nunca más se presenten, generando instituciones transparentes y cercanas a los ciudadanos, no sólo en papel sino en lo cotidiano.

Muchas gracias.