Publicado en La Otra Opinión, 11 de febrero de 2016
Lo dirige Luis Fondebrider, quien desde Buenos Aires coordina el grupo de personas (antropólogos, arqueólogos, especialistas en balística y biología) que trabaja en México desde el 5 de octubre para tratar de resolver el caso de la identificación de restos hallados en fosas de Guerrero a petición de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
En México el trabajo es coordinado por Mercedes Celina Doretti.
A decir de ellos –en el comunicado del pasado 7 de febrero de 2015 - son a la fecha 30 profesionales que provienen de los siguientes países: México, Argentina, Uruguay, Colombia, Canadá, EU, Francia y España. Dichos profesionales cubren las siguientes especialidades: antropología forense, medicina forense, arqueología forense y criminalística, criminalistas especialistas en fuego, genética forense, botánica y entomología forense. (Otras fuentes hablan de que son 60 personas).
Se trata una organización no gubernamental y sin fines de lucro argentina de carácter científico –con mucho galardones- creada en 1984 a iniciativa de las organizaciones de derechos humanos de la Argentina con el fin de desarrollar técnicas de antropología legal (antropología forense) que ayudaran a descubrir qué había sucedido con las personas desaparecidas durante la dictadura militar (1976-1983).
Iniciaron su trabajo bajo la dirección del antropólogo norteamericano forense Clyde Snow (difunto en de 2014) quien en 1986 fundó con un grupo de jóvenes argentinos el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Snow viajó a la Argentina en 1983, junto a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, a petición de las Abuelas de Plaza de Mayo y la Conadep quienes le habían pedido ayuda para dar con los miles de desaparecidos por la Junta Militar que llegó al poder el 24 de marzo de 1976.
Snow había trabajado ya en varios casos como el del Presidente John F. Kennedy, el criminal de guerra nazi Josef Mengele, las víctimas del asesino en serie John Wayne Gacy, e incluso el faraón egipcio Tutankamón.
Snow con el equipo EAAF desarrolló un método de investigación organizado en tres etapas:
i) Una preliminar de recopilación de fuentes escritas y orales del desaparecido o desaparecida;
ii) Una de análisis de la documentación y registros que tiene como fin establecer dónde pueden encontrarse los restos, y;
iii) Una etapa arqueológica, similar a la arqueología clásica en un contexto médico legal. En esta etapa se utilizan también las técnicas de investigación genética a través del ADN.
Tiene oficinas en Argentina, Estados Unidos, Sudáfrica y México, y han actuado en 50 países, entre ellos Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Angola, Kenia, Iraq, Indonesia, Bosnia, Angola, Croacia y España.
Algunos de los científicos miembros del EAAF han sido Clyde Snow (1927-2014), Luis Fondebrider, Darío Olmo, Silvina Turner, Mercedes Doretti, Patricia Bernardi, Anahí Ginarte, Rafael Mazzella, Daniel Bustamante, Carlos Somigliana, Miguel Nieva, Sofía Egaña, Cecilia Ayerdi, Andrea del Río, Douglas L. Cairns.
Acuden a cada país por llamado de los familiares de víctimas, y en los países a loa que van invitan a forenses para irlos capacitando.
Se financian con donaciones de fundaciones privadas de Estados Unidos y Europa. Además, desde 2004 reciben recursos del gobierno argentino.-
De hecho normalmente mantienen un bajo perfil bajo, independiente de los gobiernos, se incorporan a las investigaciones como peritos de las autoridades judiciales para dar su opinión técnica.
Los forenses se encargan de la recuperación, el análisis y la eventual identificación de los cuerpos, pero su labor se destaca porque uno de sus principios fundamentales ha sido respetar los deseos de los familiares de las víctimas en lo concerniente a la investigación; y trabajar de una forma muy cercana a ellos durante todos los pasos de la exhumación y el proceso de identificación.
La política institucional del EAAF es informar resultados primero a los familiares de las víctimas, así como a las autoridades a cargo de las investigaciones.
¿Cómo le hacen?
El 18 de noviembre de 2014 el periódico argentino Clarin entrevisto al Doctor Fondebrider.
¿Cómo es el procedimiento habitual?-, le pregunta el reportero y el responde:
-En base a fuentes escritas y orales elaboramos una hipótesis de donde puede estar esta persona muerta enterrada, donde puede estar el cuerpo de esa persona. Por otra parte se hace un trabajo con los familiares de la persona desaparecida, para tener una relación de confianza, de credibilidad. Después recuperamos información de antes de la muerte. Es decir, todos los datos que tienen que ver con la persona cuando estaba viva, pero desde el punto de vista biológico. Esto sirve en la identificación si uno necesita comparar. Luego lo que se hace es tarea de campo. Finalmente se envía al laboratorio para que analice los restos, desde el punto de vista multidisciplinario, utilizando básicamente antropología forense, medicina forense, odontología y la genética para tratar de identificar a la persona y determinar cómo murió.
-En México se vio el prestigio de Uds, ya que los familiares sólo confían en ustedes. ¿Por qué cree que sucede esto?
-Sin hacer referencia a México (fueron muy prudentes entonces), en la mayoría de los lugares donde trabajamos, los Estados son los victimarios, aunque hubo casos de conflictos como en Perú y Colombia donde los grupos guerrilleros tuvieron también estas prácticas. Entonces los familiares no confían en los forenses porque son parte del Poder Judicial o de la policía. Este tipo de investigación se hace normalmente después de que pasó un tiempo, lo que implica que los cuerpos ya no son cadáveres frescos, sino esqueletos, algo que no es la práctica habitual de los médicos forenses. Ellos no saben hacer recuperación de los cuerpos.
-Ustedes recobran identidades, cuando otros intentan hacerlos desaparecer...
-Estos procesos de identificación tienen que ver con conceptos de verdad, de justicia, de memoria. Nosotros, desde la ciencia, aportamos una tarea colectiva mucho más amplia. Buscamos reconstruir historias individuales donde identificamos personas con nombre y apellido.
Su presencia en México
La primera vez que llegaron a México fue en 2001, cuando la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió un protocolo para la investigación de muertes complejas en México. El Dr. Ignacio Carrillo Prieto de extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, charló con ellos para ver los casos de la desaparición forzada en la denominada guerra sucia pero no fueron contratados: “para resolver el problema de las inhumaciones clandestinas que produjo la “guerra sucia” hubiera sido eficaz combatir la obstrucción presupuestal para contratar los antropólogos forenses de experiencia. En todo caso, fue deficiente nuestra comunicación con las instancias académicas capaces de apoyar el área de investigación y hallazgo.” (“La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Un caso de políticas públicas en justicia transicional”, por Ignacio Carrillo Prieto, febrero de 2009).
En 2004 comenzaron a tratar los casos de las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En 2006 trabajaron en un proyecto grande en la frontera entre México y EU, para investigar las muertes de migrantes mexicanos y centroamericanos cuyos cuerpos aparecen como no identificados en las morgues de Texas y Arizona.
Y desde 2013 son parte de la comisión forense creada por el gobierno de México para participar en el análisis de las narcofosas en Tamaulipas, Nuevo León y el caso After Heaven, en el Distrito Federal.
El 4 de septiembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio entre la PGR, el EAAF y asociaciones civiles de México y Centroamérica para crear una Comisión Forense para identificar y determinar la causa de muerte de los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, y en Cadereyta, Nuevo León.
El documento detalla que la Comisión es un equipo de trabajo formado por peritos de la institución y del Equipo Argentino de Antropología Forense, expertos en antropología, genética, patología y medicina.
“II. Declara el "EAAF":
1. Que se fundó en 1984 en la República de Argentina, establecido como una asociación civil, sin fines de lucro en 1987, dedicada a la aplicación de las ciencias forenses, particularmente, la antropología biológica, social y arqueología así como la genética forense, aplicadas a la investigación de casos relacionados con violaciones a los derechos humanos;
2. Que la licenciada Mercedes Celina Doretti, integrante del "EAAF", cuenta con las facultades legales para suscribir el presente convenio, de conformidad con el acta notarial Número 139 del 19 de Agosto del 2010, ante el escribano Mario Alberto Zirardini, de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina.”
Se establece que las funciones de la Comisión consistirán en llevar a cabo un proceso de identificación de los restos que se encuentran pendientes de identificar, revisar las identificaciones ya realizadas -pues los dictámenes de la PGR han generado dudas en los familiares-, y compartir información entre las bases de datos oficiales y las de las asociaciones mexicanas, Guatemala, El Salvador y Honduras.
En tanto, la PGR se compromete a brindar datos sobre el contexto general de los hechos, las autopsias de los cuerpos recuperados, los análisis antropológicos, odontogramas, huellas dactilares, dictámenes forenses, electroferogramas, perfiles genéticos y el listado de personas con quienes se haya comparado dichos perfiles.
Se destaca que de ser necesario se tomarán nuevamente muestras a tres parientes de las víctimas por caso, como son padre, madre, hijos, hermanos y tíos.
Ambas partes se comprometen a garantizar la custodia, reserva y confidencialidad de la información, con la posibilidad de que algunos aspectos sean dados a conocer públicamente en términos de la ley de transparencia.
El plazo de colaboración fue de 12 meses, y el 22 de agosto de 2014, dicha Comisión Forense entregó a sus familias los restos de diez víctimas hondureñas identificadas en la masacre de 49 personas en Cadereyta y de otra víctima hondureña de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Iniciaron trabajos en Chihuahua
Desde hace unos meses EAAF estaba por comenzar trabajos en Chihuahua para identificar restos de mujeres asesinadas, a decir de la encargada de la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Eliana García: "Esto se solicitó no solamente por (la organización) 'Nuestras Hijas de Regreso a Casa', es una solicitud de familiares de mujeres allá en Chihuahua; entonces estamos haciendo el trámite que implica no solamente la acreditación, sino también los costos y cómo vamos a hacer la parte de poder incorporarlas", señaló. (Nota de Silvia Garduño en Reforma, 12 de octubre de 2014).
Y desde octubre de 2014 están en el caso de Ayotzinapa por petición de los familiares de los estudiantes. (no sabemos si hubo un convenio de colaboración).
EAAF lo dirige el Dr argentino en antropología forense Luis Fondebrider.
¿Quién es Luis Fondebrider?
Es especialista en Antropología Forense por la Universidad de Buenos Aires.
Luego del retorno de la democracia a la Argentina, en 1983, junto con un grupo de profesionales de la Arqueología, Antropología, Medicina e Informática, funda EAAF con el objetivo de documentar científicamente las violaciones a los DDHH que se habían producido en la Argentina entre 1976 y 1983.
El primer director y promotor de la idea fue el antropólogo norteamericano forense Clyde Snow
Actualmente es el Presidente del EAAF.
Ha participado como Perito en más de 700 casos ante tribunales argentinos. Al mismo tiempo, participó y/o co dirigió misiones de investigación en numerosos países. Ha participado como experto y/o consultor forense de las diferentes organizaciones internacionales. Igualmente ha co recibido diferentes galardones. En su calidad de Docente, ha dictado conferencias y seminarios sobre la aplicación de las Ciencias Forenses en la documentación de violaciones a los DDHH en numerosos países así como en Universidades y centros de investigación de Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Italia, Alemania, Holanda. Por otra parte, se desempeña como docente de la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
A finales de 2014 Luis Fondebrider dijo en una entrevista con la agencia Reuters en Buenos Aires consideró que habría que tener paciencia para tener los resultados. “Hay que tener un poco de paciencia, ya que los tiempos de la ciencia lamentablemente son mucho más lentos", afirmó (Reforma, 23 de noviembre de 2014).
Agregó en la entrevista: "Nos concentramos en nuestra tarea y nuestra forma de trabajar es avanzar en el análisis de los restos e ir produciendo informes para los familiares y para las autoridades a medida que tenemos resultados, y preferimos no especular o no hacer declaraciones sobre cómo pudo haber sido el proceso".
Después hubo posicionamientos encontrados…
La cooperación de la PGR con los antropólogos forenses iba aparentemente bien con la PGR hasta que el 27 de enero de 2015 la PGR difundió ante los medios de comunicación, sin aviso previo a los familiares, información sobre lo que calificó como la “verdad histórica” de los hechos, de acuerdo a la cual los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus restos arrojados al río San Juan.
Ese mismo día, los padres y las madres de los estudiantes enumeraron 10 puntos por los cuales no era posible dar por concluida la investigación ni aceptar la versión oficial. El primero de esos puntos era precisamente la falta de certeza científica de la hipótesis de la Procuraduría, no corroborada con peritajes independientes.
Días después, los antropólogos emitieron un primer avance a manera de conclusiones que contradice con la “verdad histórica“ de la PGR
La respuesta de la PGR fue inmediata.
A las 7:05 horas del lunes, 9 de Febrero de 2015 emitieron un firme boletín…
“Con relación al Comunicado de Prensa emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el que se manifiestan diversas imprecisiones, la Procuraduría General de la República señala lo siguiente:
I) El Equipo Argentino de Antropología Forense, en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos en los hechos de Iguala y Cocula, ya que desde el primer momento (4 de octubre), se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar de que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos, no obstante, por el interés de los familiares y defensores autorizados en la investigación, se les hizo entrega, en todo momento, de los dictámenes, diligencias y evidencias de todas las actuaciones practicadas en el caso.
“Esta Procuraduría actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF….“
Y un largo etcétera…..
Un año después, el 9 de febrero de 2016 el grupo de peritos concluyeron que No hubo incineración en Cocula, Guerrero. Punto.
En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro Pro de Derechos Humanos, los peritos Mercedes Dorotti y Miguel Nieva señalaron que en su opinión -de EAAF-, no existen tampoco elementos científicos suficientes para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta al fecha de uno de los normalistas desaparecidos, de nombre Alexander Mora Venancio.
También afirman que no hay evidencia científica que indique que en el basurero de Cocula se realizara la incineración en masa de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como asegura la versión de la PGR.
También dicen que no se encontraron evidencias para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en dicho basurero –entre ellos restos óseos de 19 personas– y los estudiantes desaparecidos.
En el dictamen pericial hecho público señalan diversas y serias irregularidades cometidas por personal de la PGR. Una de ellas es lo relacionado con 20 de los perfiles genéticos de los familiares de los normalistas enviados por la procuraduría al laboratorio de Innsbruck, pues eran diferentes de los remitidos por el EAAF, siendo de las mismas personas.
Otra inconsistencia fue la ocurrida el 15 de noviembre de 2014, cuando peritos y agentes del Ministerio Público recolectaron evidencias en el basurero de Cocula sin presencia ni aviso al equipo argentino, cuando el acuerdo era trabajar de manera conjunta.
El dictamen –en el que se incorporó tanto un informe de sitio como un reporte de laboratorio– ya fue entregado a la PGR, instancia a la que se invitó a realizar una ‘‘junta de peritos’’ para analizar y comparar los resultados alcanzados por los diferentes estudios sobre el basurero de Cocula.
Los peritos fueron acompañados por los padres de familia, alumnos de la normal rural y abogados..
Por tanto, ‘‘no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada’’, todo en función de la hipótesis de PGR. Señalaron que aunque en el lugar se encontraron 132 casquillos, entre ellos de armas largas, los calibres de la mayoría no corresponden al que los implicados dicen haber detonado.
La respuesta institucional de la PGR fue inmediata
Reitera PGR que el Caso Iguala no esta cerrado y las investigaciones continuan. Comunicado Comunicado 186/16
Ciudad de México.
La Procuraduría General de la República recibió hoy, a las 11:42 horas, un documento firmado por tres integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el cual será analizado por el Ministerio Público de la Federación.
Por otra parte, en el marco de la Audiencia Pública realizada el 20 de octubre de 2015 en Washington, con motivo del Caso Iguala, el Estado Mexicano y el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) formalizaron ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego con las siguientes características:
a) Establecer de común acuerdo los objetivos y las condiciones para llevarlo a cabo.
b) Tomar de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos.
c) Consensar el modo en que se realizará el estudio.
Estos aspectos se desahogan puntualmente por parte de la PGR y el GIEI, enfatizándose que los peritos que fueron invitados a participar –cuyo panel está en la última etapa de integración conjunta– cuentan con las credenciales profesionales necesarias para llevar a cabo el análisis.
Una vez finalizado, el nuevo estudio de la PGR y el GIEI, será puesto a disposición de la autoridad ministerial para que oriente su determinación con elementos que le brinden una opinión conclusiva en torno al suceso de fuego que se investiga en el basurero de Cocula.
El Ministerio Público de la Federación reitera que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial.
La prioridad para esta Representación Social es el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad. Por ello, se continuará con las reuniones que han venido sosteniéndose con familiares, representantes legales y el GIEI. La próxima reunión está programada para el 18 de febrero.“
Un día despues, legisladores de la Comisión Especial que da seguimiento a las investigaciones sobre los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", informaron que buscarán reunirse con los integrantes del EAAF.
La presidenta de la Comisión diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), dijo que las nuevas evidencias pueden llevar a rectificar lo que en su momento fue la “hipótesis inicial” y corresponderá a la PGR, con nuevos elementos y estudios, decir si existen las condiciones para modificar su hipótesis y asumir el posicionamiento que corresponda a la verdad de los hechos.
Dice la diputada que la PGR, continuó, tiene la responsabilidad jurídica, legal y política de generar una convicción y verdad sobre este caso, y la comisión esperará a lo que señale, y a que determine si hacen falta más elementos para integrar a su averiguación previa.
La diputada federal recalcó que tanto el GIEI como el grupo de forenses argentinos son coadyuvantes del Ministerio Público, “sus diligencias, estudios y conclusiones forman parte de la averiguación previa que trabaja la PGR y tienen que ser tomados en cuenta para llegar a las conclusiones, como parte de su expediente”.
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