Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Un documento interno de Pemex y la Policía Federal, al que este semanario tuvo acceso, revela que la mayor parte del robo de combustible a Pemex se realiza en cuatro estados y deja ganancias exorbitantes al crimen organizado. La información es precisa: se detallan los nombres de las bandas y de sus principales integrantes, el monto del daño que causan al país, los domiclios e inmuebles relacionados con ese delito, la complicidad de algunas autoridades y los casos en los que se cuenta con carpetas de investigación.
Dos grandes cárteles de la droga, por conducto de nueve grupos delictivos formados exprofeso, controlan 60% del robo de combustible en cuatro estados “prioritarios” del país –Hidalgo, Puebla, Guanajuato y Estado de México–, lo cual les deja ganancias diarias calculadas en 47 mil millones de pesos.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, en complicidad con empleados de Pemex, autoridades municipales, corporaciones de policía y empresas particulares distribuidoras de combustible, roban 59 mil 500 barriles diarios de hidrocarburos (un barril contiene 159 litros), con una pérdida para Pemex de 29 mil 600 millones de pesos anuales; en precios al público equivale a 47 mil 400 millones de pesos.
Un documento interno de Pemex y de la Policía Federal (PF), Mercado ilícito de combustibles, al que este semanario tuvo acceso, da cuenta de lo anterior y menciona nueve células delictivas que operan para los cárteles: Los Téllez, El Bukanas, El Rapid-Inn, Los Talachas, La Parka, Los Bárcenas y/o Los Pelones, Santa Rosa de Lima y Melchor Ocampo.
El producto más robado es la gasolina regular o magna (45%), ordeñada en los sistemas Minatitlán-México y Madero-Cadereyta; mientras que en los dos sistemas Tula-Salamanca el producto más robado es el diésel. El 60% del robo de combustible en el país se concentra en Hidalgo (23%), Puebla (13%), Guanajuato (12.5%) y el Estado de México (11.5%).
En Hidalgo operan cinco grupos: la banda de El Talachas, Saúl Hernández Martínez, con influencia en Tula y Tepatitlán, se apodera diariamente de 7 mil 800 barriles con un costo de 20 mil 200 millones.
El hombre de confianza de Hernández es César Serrano Negrete, quien tiene bajo su mando a Misael Mendoza Villeda, a los hermanos Adán y Tomás García Montiel; Miguel y Héctor García Lugo; Jorge, Aldo y Mario Hernández Martínez; Antonio y Cruz Alonso, además de un hombre apodado El Zapatán. También integra esta célula delictiva el delegado de la colonia San Francisco Bojay.
El Talachas opera en Ejido de Teocalco, en Benito Juárez; Santa Ana Ahuehuepan y San Francisco Bojay, municipio de Tula de Allende. Se dedica a la sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución, posesión, suministro y ocultamiento de hidrocarburo y petrolíferos.
A él, Pemex y la PF lo ubican en calle Pino Suárez, colonia Benito Juárez, Santa Ana Ahuehuepan, en Tula de Allende. Allí mismo, sólo que en la calle Constituyente, se ubica el presunto domicilio de Heladio e Ignacio Quiroz, sus cómplices. Posee el negocio Talachas Aldín, ubicado en la carretera estatal Francisco I Madero sin número.
Los sistemas que afecta este grupo son Tuxpan-Tula, Tula-Salamanca y Tuxpan-Azcaptozalco. Las autoridades abrieron la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000832/2017. El 21 de marzo del año pasado se presentó ampliación de denuncia.
En Hidalgo también operaba Héctor Baltazar Osorio Delgado, La Parka, cuya actividad se extendía a la Ciudad de México. Afectó los ductos de Pemex con la ordeña de 5 mil 800 barriles al día, con un coso de 15 mil millones de pesos.
El sábado 20, un día después de la explosión en Tlahuelilpan, las autoridades de Hidalgo informaron del asesinato de La Parka. Una versión periodística señaló que fue ejecutado afuera de una tienda Oxxo; otra, que fue baleado cuando circulaba por la carretera Tlahuelilpan-Mixquiahuala. Además, mientras las autoridades estatales lo identificaron como Julio César Zúñiga Cruz, la PF lo nombró Héctor Baltazar Osorio Delgado, como aparece en el informe de inteligencia de la PF y Pemex.
La Parka –con su esposa, Norma Maturano Pérez– desarrolló una red: su área de operaciones la integran Antonio de la O García y Roberto Hernández Rodríguez; en mantenimiento, Manuel García Camacho, José Alberto Sánchez Mendoza y Juan Antonio López Ramírez. Carlos Adrián Mota Pérez es operador de bomba; Juan Alberto Arena Rosas, bombero. Manuel Fernando Rosas Estrada es vigilante e Ismael López Pineda, portero.
La banda cuenta con operadores como José Luis Maturano Pérez, Cristian Sebastián Espinoza Hernández y su padre Pedro Espinoza Aguilar, quien posiblemente forma parte de la banda de Los Abarca. Otros operadores son Leopoldo Cruz Estrada y Jorge López Reyes, aunque éste es “externo”.
En Hidalgo
Osorio Delgado se entendía directamente con las empresas que se involucraron en el robo del combustible al comprarle a su banda, como Praxair, la cual –de acuerdo con el reporte asentado el 14 de octubre de 2016 en el Registro Público de Comercio (RPC) de Monterrey– obtuvo 3 mil 22 millones 885 mil 151 pesos de utilidades netas en los ejercicios fiscales 2014 y 2015. El consejo de esta empresa lo preside Ramzsa Torres Azar.
Otra de las empresas que, de acuerdo con el documento de Pemex y la PF, estaba involucrada con La Parka es Combustibles Riman, registrada en el RPC de Tlalnepantla. Según el acta constitutiva y la de su asamblea más reciente, de 2017, los accionistas son Manuel Arroyo Heredia y Ricardo Arroyo Montiel. En su página de internet Riman se describe como “el principal distribuidor de diésel en México a través de estaciones de autoconsumo”. Dice tener una capacidad de almacenamiento de combustible de 4 millones de litros y añade: “Todos nuestros productos se obtienen directamente de Pemex-Refinación”.
Autotransportes Parada Hermanos, también involucrada con La Parka, asienta en el acta del 12 de noviembre de 2011, inscrita en el RPP de Ecatepec, Estado de México, que es propiedad de la familia Parada Zendejas. Preside su consejo Irma Parada Zendejas y el tesorero es su hermano José Luis. Esta empresa ofrece el servicio de tractocamiones, autotanques, tanques, chasís portacontenedor, así como chasís portaisotanques y de caja seca.
Otra empresa asociada al abatido líder huachicolero es Noriega, Blanco y Sucesores, que forma parte del conglomerado Administradora Chelín, formado en 1995 para administrar a las empresas Noriega y del Blanco Sucs; Combustibles de Occidente; Petróleo de León y Autotransportes Batallón. Según su sitio de internet, lleva más de 70 años en la comercialización y distribución de combustibles.
El 23 de marzo de 2018 se presentó en Tula, Hidalgo, la denuncia de hechos FED/HGO/TULA/0000153/20 en contra de esa banda. Antes se había presentado la FED/HGO/TULA/0000447/2016.
En Hidalgo también opera la banda de El Bárcenas o El Pelón, Carlos Bárcenas Jiménez, con influencia en Tepetitlán. Afecta los ductos de Pemex con la ordeña de 5 mil 800 barriles al día, con un costo de 15 mil millones de pesos. En este grupo criminal trabajan El Pirlo, su chofer, y un grupo armado de vigilancia. Se coordinan con las células Los Caguamos y Los Pipas; el hijo de Bárcenas es operador; Tomás Barrera Batista, operador y distribuidor; Brandon García López, distribuidor; mientras que Pío Lugo es almacenista.
Para Bárcenas trabajan también policías de los tres niveles de gobierno, como Humberto García Jiménez, quien funge como operador, y un agente del Ministerio Público. Según el documento de inteligencia, el líder de la banda cuenta con el apoyo del alcalde de Tepetitlán, Rodrigo Castillo Martínez.
Su red dentro de Pemex la encabeza Carlos Pichardo Arroyo; son operadores Julio Armando Castro Romero y Juan Arce Jiménez. Los hermanos Tomás y Yesenia Barrera Bautista son distribuidores, pero el primero también opera y ella almacena. Completan la banda los distribuidores Érik Javier Herrera Arroyo, Julio Javier Herrera Mejía, Elizabeth Arroyo Ayala así como Edith Serrano y su esposo.
Bárcenas opera en Sayula Pueblo, San Mateo la Curva, Pedro María Anaya, San Pedro Nextlalpan, Encinillas, Las Antenas y La Loma. Las autoridades ubican su domicilio particular en la carretera estatal Tepetitlán-Nopala sin número, a la altura de Sayula Pueblo; y le atribuyen otro inmueble en Benito Juárez 3, Pedro María Anaya. A Tomás Barrera lo ubican en calle Benito Juárez y 21 de marzo, colonia Centro.
Contra Bárcenas se han abierto las carpetas de investigación FED/HGO/TULA/0000213/2017 y FED/HGO/TULA/00228 /2018, ya se le aseguró un inmueble y por actividades relacionadas con él se encuentran vinculados a proceso 12 personas adultas y dos menores.
Con un pie en Pemex
Al grupo delictivo de Antonio Yépez Ortiz, El Marro, se le conoce también como el cártel de Santa Rosa de Lima y opera en Guanajuato, donde se apodera de 6 mil 100 barriles de hidrocarburos con un costo de 15 mil 900 millones de pesos al día.
En 2014 autoridades federales detectaron que David Rogel Figueroa, El Güero, era jefe de El Marro. Ahora éste es identificado como el líder y tiene como segundos a los hermanos Fabián, Noé y Luis Ángel Lara Belman.
A su vez, Felipe de Jesús Vega Cano consigue información y corrompe autoridades, mientras que El Calamardo, El Bala, El Chavito, El Tavo y El Súper se encargan de la “seguridad”. Efraín Labrada Reyes funge como operador financiero; Raymundo Labrada Lara se encarga del lavado de dinero; Karem Lizbeth Yépez Ortiz, hermana del Marro, es la operadora encargada en Celaya junto a su esposo, Santiago González Martínez.
La banda del Marro controla sobre todo Celaya y Villagrán, pero también es fuerte en Cortázar, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Irapuato y el Valle de Santiago. Contra el grupo se abrieron tres carpetas de investigación por los delitos de delincuencia organizada, robo de hidrocarburos y robo de hidrocarburo en la refinería de Salamanca.
De acuerdo con el reporte de Pemex y la PF, El Marro tiene siete domicilios, entre ellos el de Residencial la Cantera, en Celaya, y el de Miguel Hidalgo Norte 1, municipio Santa Cruz de Juventino Rosas.
Se relacionan con este grupo siete predios y cinco ranchos. Pero se especifica que El Marro utiliza para “desaparecer” personas el llamado Triángulo de las Bermudas, una zona que está entre El Limón, Santa Rosa de Lima y la Estación entre Villagrán y Celaya.
Guanajuato también es territorio de Los Pelones, encabezados por Javier Ramírez Morales, El Mónico o El Pelón, que hurta 2 mil 500 barriles de hidrocarburos por día y obtiene ganancias de 6 mil 400 millones de pesos al ordeñar los poliductos Salamanca-Zacatecas y Salamanca-León.
Integrantes de esta banda son Jesús Ignacio Guevara, El Chuy, y Hugo Mosqueda Vázquez. Con ellos se coluden Los Plebes, como El Villín y una veintena de sujetos originarios, en su mayoría, de Sinaloa. A su enlace con las autoridades lo apodan El Puerquero.
Sus principales dominios son los municipios de Salamanca (comunidades y colonias Cárdenas, Loma de Flores, San José Temascatio, San Vicente de Flores y La Purísima) e Irapuato (San José del Marañón, El Carrizal, Malvas, El Copal y El Copalillo). El informe de inteligencia registra las coordenadas de dos depósitos clandestinos de combustible, del domicilio del Pelón y de una casa de seguridad en la que se guardan armamento, drogas y aditamentos para instalar tomas ilegales.
La casa del suegro de Ramírez Morales se localiza en la calle Clavel 40, San José Temascatio. Ahí también se guardan armas y dinero para pagarle cada sábado al personal de la organización. Asimismo, se documenta que tres ranchos están relacionados con esta banda y que El Pelón no tiene abierta ninguna carpeta de investigación.
Colusión con autoridades
mexiquenses
En el Estado de México se concentra la banda Melchor Ocampo, vinculada al CJNG y a la empresa Riman Combustibles, que afectan al sistema de Melchor Ocampo, Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán e Ixtapaluca al robar 3 mil 800 barriles diarios con un costo de 14 mil 800 millones de pesos.
La célula local de Melchor Ocampo, cuyo líder sólo se identifica como “N”, tiene a su disposición a los policías municipales Bruno Juárez Reyes, Julio César Ruiz Trejo, Rubén Granados Flores, Rito Hernández Hernández y Paola Patlán Montes. Operan también en Tultitlán, Tultepec, Cuautitlán e Ixtapaluca.
En enero de 2018 la PGR cateó un inmueble en Ixtapaluca, donde aseguró 20 vehículos en una toma clandestina del fraccionamiento Rancho San Blas, en Cuautitlán. Además, se ubicó allí un vehículo de la policía estatal, otro de la municipal y uno más de Transportes y Líquidos de Salamanca, que fue cargado con producto robado. En el lugar se detuvo a José Eduardo Salazar Rodríguez y a Ramón Ángeles Hernández, pero un juez declaró ilegales las aprehensiones “por demora en la puesta a disposición” y los dejó en libertad.
El corredor poblano
En Puebla operan Los Téllez, grupo liderado por Oscar García Téllez, El Loco. Con base en San Martín Texmelucan, se apoderan de 6 mil 600 barriles por día, de los que obtienen 19 mil 700 millones de pesos.
Del resguardo vehicular con hidrocarburo se encargan Alejandro Vázquez Pérez, Leonardo Vázquez y Juana Pérez. El grupo que vigila la colonia Libertad Antorchista lo forman Salvador Zepeda, Ángeles Pérez y “Leticia”. Los posibles implicados son Jesús Kamez Manzano, Friné Soraya Córdova Morán –presunta exdiputada federal– y Aristóteles Campos Flores, líder de Antorcha Campesina.
Otros miembros de la banda son Isabel Mello Same, esposa de Antonio Téllez, El Pecas, y los hermanos Manuel y Marcos Téllez Mello. También Juan Roldán Téllez y Juan Gabriel Aguilar Muñoz, jefe de halcones, los hermanos Gustavo, Ángel e Ismael Aguilar Téllez y Amalia García Téllez.
El reporte de la PF y Pemex incluye dos domicilios del Pecas en la colonia Libertad Antorchista; y dos de Leonardo Vázquez y Juana Pérez, donde resguardan vehículos con combustible.
Sobre Los Téllez existen cinco carpetas de investigación; cuatro de ellas se encuentran en proceso y una en sentencia condenatoria de ocho años de prisión contra Emilio Guzmán Hernández y Billy Guzmán Moreno.
Prácticamente la misma cantidad de producto sustraen de los ductos de Pemex Los Bukanas, cuyo jefe es Roberto de los Santos de Jesús, en el municipio poblano de Esperanza. Algunos de sus miembros son Ruselin Vargas Hernández, Saúl de los Santos de Jesús y Antonio Cortez Hernández.
Antoni Martínez Fuentes rompió relaciones con El Bukanas por problemas de pago del hidrocarburo robado. Con Martínez Fuentes se fueron José Feliciano Mirón, Pascual Mirón Nabor, director de Seguridad Pública municipal y el priista Néstor Camarillo Medina, alcalde de Quecholac.
La red de Martínez Fuentes la integran sus hermanos Alejandro y Fermín, Sergio Valente Martínez (hijo del segundo), su tío Adrián Vicente Martínez Silva y los primos Rafael Fuentes Sánchez, Rogelio Odilón Fuentes y Juan Carlos Fuentes.
Además del municipio veracruzano de Maltrata, operan en los poblanos de Esperanza, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Tepeaca y Acajete. A consecuencia de la causa penal 262/2018, se detuvo a su brazo ejecutor, Ángel Vázquez de Jesús, quien es procesado por homicidio, cohecho y posesión ilícita de hidrocarburo y se encuentra en prisión preventiva.
Otra banda dedicada al robo de hidrocarburos en Puebla es la conocida como El Rapid Inn. Con ella se vincula a la empresa Transportes JSV, perteneciente a José Gómez Camacho. Según la investigación, a este último se le sorprendió con hidrocarburo robado y autotanques de doble remolque placas 642-YY-9, 676-YY-9 y 680-YY-9. También están relacionadas con esa organización las empresas Distribuidora de Diésel, Diáfano PERC y Parque Industrial de Tepotzotlán.
Su área de operaciones va de los municipios poblanos de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan hasta los mexiquenses de Ecatepec y Los Reyes La Paz.
Entre los integrantes de este grupo delictivo el reporte de inteligencia sólo menciona a Tania, encargada del hotel Rapid Inn, y a tres exmilitares cuyos datos no se consignan. En el hotel resguardaban pipas cargadas con producto robado, las cuales se dirigían a las empresas JSV y Diésel.
La Policía Ministerial ingresó al hotel pero no encontró vehículos ni petrolíferos. Por ausencia de pruebas se determinó la reserva de la investigación.
En el documento se dice que desde 2017 se ha dado seguimiento a otros casos relacionados con actividades ilícitas de robo de hidrocarburo en otros estados. Por ejemplo, en la Terminal de Almacenamiento de Chihuahua fueron suspendidos 28 trabajadores de Pemex, pero no se les han podido fincar responsabilidades.
En el caso de la válvula de San Octavio, en el municipio de Acayucan, Veracruz, 18 trabajadores de Pemex sustraían el hidrocarburo de la toma de proceso del sistema “Scada”, por lo cual se abrió la carpeta de investigación FED/CDMX/SEIDO/0001444/2017.
Igualmente, se informa que en Santa Catarina el propio personal de la Terminal de Almacenamiento sustrae los petrolíferos con autotanques y los traslada a otros para venderlos después a gasolinerías, hecho que dio lugar a una carpeta de investigación.
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