Comienza en Guanajuato el juicio al "Comandante Emilio”/

Revista Proceso # 2104, 27 de enero de 2019..
Comienza en Guanajuato el juicio al "Comandante Emilio”/VERÓNICA ESPINOSA
Año y medio después de los hechos por los que lo acusan, comenzó en Guanajuato el juicio a Raúl Julio Escobar Poblete, quien fuera el Comandante Emilio del chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Se le considera corresponsable del secuestro de una ciudadana extranjera en San Miguel de Allende y se sospecha que pudo haber tenido que ver con el plagio de Diego Fernández de Cevallos. Una vez concluido el proceso en México, el ciudadano de Chile podría ser extraditado a su país para responder por el homicidio de un senador pinochetista.
VALLE DE SANTIAGO, Gto.- Un año y medio después de su captura, el chileno Raúl Julio Escobar Poblete fue sacado del Centro Federal de Readaptación Social de Ocampo para ser presentado ante el tribunal que lo juzgará; está acusado de participar en el secuestro de una extranjera residente en San Miguel de Allende.


El desenlace de este juicio es esperado con interés no sólo en San Miguel de Allende o en su natal Chile. La identidad y el pasado de Escobar convirtieron su aprehensión, en mayo de 2017, en noticia internacional.

Conocido en San Miguel de Allende como Ramón Alberto Guerra Valencia –este fue su nombre los casi 20 años que vivió en esa ciudad–, Escobar Poblete es identificado en su país como Comandante Emilio, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que entre los ochenta y finales de los noventa desplegó una actividad guerrillera contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde diciembre de 1996 se ignoraba el paradero de Escobar Poblete, luego de su participación en la “Operación Vuelo de Justicia”, que ejecutó el FPMR para liberar a cuatro integrantes de la organización presos en Santiago: Pablo Muñoz Hoffman, Mauricio Hernández, Patricio Ortiz Montenegro y Ricardo El Negro Palma Salamanca, quienes escaparon en un helicóptero.

Palma Salamanca y su pareja, Paulina Brzovic, también se ocultaron en San Miguel de Allende, donde estuvieron hasta pocos días después del 30 de mayo de 2017, cuando Escobar fue detenido, señalado como presunto líder de una banda a la que públicamente se han atribuido, entre otros, los secuestros de Diego Fernández de Cevallos, en 2010, y de Eduardo García Valseca.

La sorpresa vino después de la captura, cuando la Procuraduría General de la República dio a conocer que el detenido Ramón Alberto Guerra era en realidad Raúl Julio Escobar Poblete, el Comandante Emilio buscado por la Interpol.

Tras la aprehensión de su compañero del FPMR, Palma y Brzovic huyeron a Francia, donde obtuvieron asilo político. “Después de más de 26 años de persecución, hoy podemos respirar tranquilos y en paz”, escribió él desde Francia en una carta a principios de noviembre pasado. 

Además del proceso penal que enfrenta aquí, el Comandante Emilio sostiene una batalla legal para echar abajo el acuerdo de extradición aprobado por un juez federal a petición del gobierno de Chile, país que quiere juzgarlo por un ataque ocurrido en aquella nación en abril de 1991, en el que fue asesinado Jaime Guzmán Errázuriz, senador de la Unión Demócrata Independiente y hombre cercano a Pinochet.

Sus defensores alegan que el juez que concedió la extradición resolvió de manera precipitada el asunto, “sin tomar en cuenta violaciones al tratado de extradición entre México y Chile y que la ley antiterrorista chilena es sumamente violatoria de derechos, como lo han señalado organismos internacionales, con un riesgo fundado de que tenga un juicio inquisitorio”.

Por ahora, Escobar permanecerá en el estatal Cereso 1000, en Valle de Santiago, para asistir a las sesiones que desde el martes 22 tienen lugar en los Juzgados de Oralidad del Poder Judicial estatal, donde se desahogan testimonios y medios de prueba presentados por la fiscalía y por su defensa.

Más de 60 personas serán interrogadas por el fiscal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guanajuato y por el abogado del chileno; se analizarán decenas de peritajes, cartas e informes consignados en la carpeta de investigación iniciada por el secuestro de Nancy Michelle Kendall, cometido el 13 de marzo de 2017 en San Miguel de Allende. 

El cronograma del tribunal prevé que esto llevará como mínimo un mes, pues además de la larga lista de pruebas, por seguridad se tomó la decisión de limitar el horario en que se desahogarán día a día: Valle de Santiago es uno de los municipios de la región sur de Guanajuato que padece altos índices de homicidios.

El inicio de la etapa de juicio fue ya enrevesado, pues el tribunal no pudo declarar el auto de apertura porque ni Escobar –en su calidad de inculpado– ni la víctima de secuestro estaban presentes el día programado: el martes 22. Él, porque las autoridades de la cárcel de Ocampo se negaron a autorizar su salida, aunque debieron otorgarla ese mismo día, luego de que fueron enérgicamente requeridas por el propio tribunal. La mujer, según expuso el fiscal, se negó a viajar desde el extranjero a México para asistir al juicio.

–¿Qué propone usted para que se desahogue (el interrogatorio a la víctima)? –preguntó la presidenta del tribunal al fiscal el martes 22, cuando se acordó la cronología para la presentación de testigos y medios de prueba que inicialmente abarcaría un plazo hasta el 21 de febrero.

–Cuando se le dijo que era necesaria su presencia se mostró con psicosis. Ni ella ni su esposo quieren volver a México; accedieron a hacerlo por (video)conferencia. Está en Estados Unidos –ofreció el representante de la PGJ.

La misma alternativa se empleará para un testimonio que ofreció el defensor de Escobar: el de Isabel Mazarro, esposa del chileno, quien está en España y también fue acusada de ser cómplice del secuestro. Su declaración aún está en duda, porque en su calidad de inculpada podría reservarse hablar en este juicio.

La acusación

El miércoles 23 Escobar Poblete –vestido con una camisa lila y pantalones de mezclilla, rapado y con gruesos anteojos– caminó por el túnel que comunica al Cereso 1000 con los Juzgados de Oralidad Penal de Valle de Santiago.

Sentado junto a sus abogados, Escobar escuchó al fiscal que desde el otro lado de la sala describió la acusación y las pruebas que la PGJ presenta en este juicio.

“Aquí quedará demostrado que el 13 de marzo de 2017, por Calzada de Guadalupe un supuesto vendedor de flores se acercó a Nancy… le puso una bufanda en la cara, la condujo hacia un vehículo y la llevaron a una casa en Circuito Azucena, del fraccionamiento La Vista, donde la encerraron dentro de una caja en una de las recámaras… ahí estuvieron tres personas con el rostro cubierto, la interrogaron sobre sus propiedades, su familia…”

El jueves 24, durante el interrogatorio a uno de los peritos de la PGJ, a petición del fiscal éste presentó un croquis tridimensional de la planta baja del dúplex del Circuito Azucena 22, donde se afirma que permaneció secuestrada la ciudadana francesa.

En la primera recámara, describió el perito, se encontraron varias tarimas de madera armadas para formar una especie de cajón de piso a techo, dentro del cual sólo cabía un colchón individual, con un hueco para pasar a un baño. En la pared se encontraron restos de un polímero que, afirmó a pregunta del fiscal, sirve como aislante.

El esposo de la mujer se encontraba fuera del estado y regresó el 15 de marzo, al saber del secuestro; le pidieron un rescate de 6 millones de dólares y lo hicieron mediante mensajes escritos en hojas, dentro de sobres, con cartas de puño y letra de Nancy; se los hicieron llegar directamente o por conducto de amigos de la pareja, así como en correos electrónicos.

A petición del hombre, la PGJ intervino en la negociación, señaló el fiscal.

Además de las cartas, en uno de los sobres –enviado al domicilio de uno de sus amigos– le mandaron el reloj Cartier que usaba Nancy y un mechón de cabellos, objetos que fueron presentados en el juicio el jueves 24, durante el interrogatorio a otro perito de la PGJ.

Para el 25 de mayo, expuso el fiscal, los secuestradores habían bajado su demanda a 1.5 millones de dólares; en correos electrónicos le avisaron al esposo de la víctima que a ella ya le habían cortado un dedo y que si “seguía negándose a pagar lo siguiente sería una oreja u otra parte…”.

El 30 de mayo, cuando Escobar fue capturado, “un taxista, que fue contratado por un hombre para entregar un paquete en un restaurante, se dio cuenta de que en otro carril iba una camioneta Tacoma y el conductor (Escobar) se le quedaba viendo a las placas (del taxi), por lo que se alarmó, se metió a la gasolinería conocida como Bicentenario y llamó al 911 informando que lo seguían; al reportarse a la central de emergencia, policías ministeriales fueron a ubicar la unidad, el taxista les entregó el paquete y detuvieron” a Escobar.

Cuando lo revisaron “le encontraron varios objetos (entre éstos dos cartas supuestamente idénticas a las que eran enviadas al esposo de Nancy); Ramón solicitó hacer varias llamadas y en una de ellas dijo: ‘No puedo llevar el encargo, saca todo lo que hay en el cajón’”; en una de esas llamadas pidió que le avisaran a su hijo Carlos que estaba detenido y que debía ir al departamento de Circuito Azucena.

Ese mismo día Nancy fue liberada. El fiscal afirmó que “ella escuchó ruido y gritos, escuchó que ya habían detenido a Ramón; le dieron toda la ropa que traía, la sacaron y la dejaron” en una terracería; caminó a una casa vecina y desde allí llamó a su esposo. 

El fiscal también aseguró que además de robustecer la acusación con los peritajes y cateos en cuatro domicilios a nombre de Raúl Julio o Ramón, cuenta con el testimonio de la persona que le vendió a éste el departamento de Circuito Azucena, mismo que en su declaración consignada en la carpeta de investigación “dijo que Ramón se negó a poner el departamento a su nombre y a pagarle con transferencia, pues le dijo que no quería que quedara registro (de la compraventa), pues tenía problemas con Hacienda”.

En los peritajes al departamento de Circuito Azucena –registrado a nombre del hijo de Escobar– “se encontraron manchas secas y rojas”.

Otro testigo de la fiscalía citado para el juicio declaró a la PGJ que el 13 de marzo, apenas unos minutos después de que Nancy había sido privada de su libertad y sin que se supiera aún lo que había pasado, Mazarro llegó a un restaurante y habló del secuestro “con detalles”.

Al intervenir, el defensor de Escobar acusó a la PGJ de detenerlo ilegalmente, justificando su captura con una flagrancia que no existió: “Quienes lo detuvieron fueron preventivos, no ministeriales. Si lo detuvieron ilícitamente, también es ilícita la revisión que le hicieron, los cateos, todas las pruebas derivadas de esa detención”.

–Pido al tribunal que admita un incidente de prueba ilícita –planteó el defensor.

Pero esto le fue rechazado. Entonces Escobar se puso de pie y pidió que se le permitiera hablar.

“No sé cómo van a probar lo que dicen de que yo quería evadir impuestos no pagando… siendo que yo pagué la casa con un cheque certificado a mi nombre”, comenzó.

Luego, contradijo otro punto expuesto por el fiscal. “Dicen (de) una llamada telefónica que yo hago y digo textual: ‘Dile a mi hijo Carlos que vaya al departamento y diga que me detuvieron’, siendo que mi hijo Carlos estaba estudiando en Cuba”.

“Esto”, dijo Escobar con un marcado acento y moviendo las manos, “no tiene sentido”, para luego acusar a las autoridades estatales y municipales de acomodar falsamente los hechos para inculparlo, tal como lo refirió en sendas cartas que envió a Proceso desde su reclusión en Ocampo.

“No hacen ninguna investigación porque el objetivo –es mi especulación y creo que no estoy errado– es adjudicarme esas cartas a mí, esas hojas nunca existieron… hay una intención de inculparme del secuestro.”