Adiós a la reforma eléctrica de la cuatroté...; AMLO enfureció!
La SCJN declaró inconstitucional la reforma impulsada por López Obrador en marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que favoreció a la CFE sobre empresas privadas.
Si bien el amparo sólo fue concedido a seis empresas privadas, la Corte aclaró que para evitar distorsiones en el mercado, se debe dejar de aplicar la reforma y obligar a las autoridades a operar con la versión anterior de la LIE.
La votación tuvo un empate a dos, con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar a favor, Yasmín Esquivel y Lenia Batres en contra, y una excusa planteada por el Ministro Javier Laynez, la cual fue aprobada por tres votos contra uno.
Empero, Pérez Dayán rompió el empate con su voto de calidad como presidente de la Sala, aplicando el artículo 56 de la Ley de Amparo, que lo permite cuando se aprueba la excusa manifestada por un Ministro. Esquivel y Batres rechazaron el uso de esta figura.
Laynez había listado un proyecto que también declaraba inconstitucional la reforma, pero la Secretaría de Energía planteó un día antes su impedimento, por haber defendido la reforma energética en el sexenio pasado, cuando era Procurador Fiscal.
Consumado es! Aunque AMLO dice que impugnará la decisión de los ministros..
AMLO despotricó contra la Corte..., y anunció una nieva reforma Constitucional.
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Comunicados de Prensa/ SCJN
No. 028/2024
Ciudad de México, a 31 de enero de 2024
REFORMA DE 2021 A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA; EN CUANTO INTRODUCE NUEVAS REGLAS EN EL ORDEN DEL DESPACHO DE ENERGÍA, LA FORMA DE ASIGNACIÓN DE LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA Y EL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA, LIBRE CONCURRENCIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al tenor de la Constitución Federal en su texto derivado de la reforma en materia energética de 2013, el orden de prelación en el despacho de energía eléctrica regulado en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que constituye el mecanismo mediante el cual se decide qué centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional, transgrede los principios de competencia y libre concurrencia.
Ello porque, en lugar de atender a un criterio de eficiencia como lo manda la Carta Magna, la indicada legislación secundaria prioriza a quienes pueden celebrar contratos con compromiso de entrega física, es decir, a los generadores del Estado (CFE) o a las plantas asociadas a éstas, lo que genera una alteración en el mercado eléctrico.
Asimismo, la Sala resolvió que el hecho de que, en virtud de la reforma legal reclamada, las centrales del Estado (CFE) puedan acceder a la asignación de un contrato de cobertura eléctrica (para la compraventa de energía) mediante un contrato de interconexión, quedando relevadas de acudir a las subastas como la forma que las empresas privadas están obligadas a satisfacer al efecto, implica un trato diferenciado y privilegiado que elimina un ámbito de sana competencia.
Igualmente, la Segunda Sala decidió que la reforma legal reclamada autoriza que no sólo los participantes del mercado conforme al nuevo régimen, sino también los legados que se rigen por la normatividad anterior, puedan adquirir certificados de energías limpias, lo que provoca que necesariamente deban emitirse más de estos certificados para satisfacer la demanda de todos los participantes, desincentivando la producción efectiva de dicha energía limpia en contravención al imperativo del Constituyente Permanente que prevé para la materia energética el principio de desarrollo sustentable.
La propia Sala precisó que el supuesto fortalecimiento de las empresas del Estado no es razón para desconocer el marco constitucional en materia de energía eléctrica, ya que no puede soslayarse que en ciertas actividades, como la generación de electricidad, CFE es un competidor más del mercado e, incluso, el Poder Reformador de la Constitución ordenó otorgarle una estructura que le permita competir en igualdad de circunstancias, de ahí que el legislador secundario no puede introducir un diseño que entorpezca la libre concurrencia y competencia.
Finalmente, se determinó que, aunque la concesión del amparo parte de la tutela a las empresas quejosas, lo cierto es que, al materializarse la desincorporación de la reforma legal reclamada en su situación, necesariamente, se generará la misma consecuencia para el resto de los agentes que participan en el mercado eléctrico mayorista, pues, de lo contrario, se provocaría que, al concursar para lograr la contratación de energía eléctrica y el acceso a las redes, así como al intervenir en la adquisición de certificados de energías limpias, se apliquen reglas dispares a las amparistas, desconociendo los principios que la Ley Fundamental fijó como rectores en ese mercado.
Amparo en revisión 164/2023. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán. Resuelto en sesión de 31 de enero de 2024 con los votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales y Presidente Alberto Pérez Dayán, quien en términos del Artículo 56, párrafo primero, de la Ley de Amparo, emitió su voto de calidad. Votaron en contra las Ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, previa calificación de la excusa planteada por el Ministro Javier Laynez Potisek.
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Lenia Batres señala “albazo” en Segunda Sala...
Por tres votos a dos, la Segunda Sala concedió el amparo a Fuerza y Energía de Norte Durango S.A de C.V, La Bufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Fuerza y Energía de Hermosillo, entre otras, para que no les sea aplicada dicha reforma aprobada durante la actual administración.
Tras esta decisión, la ministra Lenia Batres señaló un “albazo” en la Segunda Sala...
“En el marco de los amparos AR 164/2023 y AR 106/2023, se dio albazo en la Segunda Sala de la SCJN, para declarar inconstitucionales disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Entre ellas, algunas ya discutidas y declaradas constitucionales por el Pleno de la Corte”, escribió en sus redes sociales.
“No se dio trámite a la recusación interpuesta por la Secretaría de Energía, violando el artículo 60 de la Ley de Amparo”, señaló.
Acusó que la votación en la Sala resultó en un empate 2 a 2, que el Presidente (Alberto Pérez Dayán) resolvió “indebidamente” con un voto de calidad, en contravención con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“En la sesión pública, fuera del formato acostumbrado y con el fin de transparentar el debate, di lectura a mi voto particular sobre el tema.
“Contra lo que de mala fe se difunde en la prensa, debe aclararse que el amparo en revisión sobre la LIE no sentó un precedente obligatorio”, señaló.
“El fast track de hoy no es un buen precedente para la discusión que, conforme a derecho, debería dar la Corte sobre los temas de relevancia nacional”, mencionó.
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AMLO abre su último año de Gobierno con aprobación de 54% en enero: El Financiero...
López Obrador obtuvo una aprobación de 54%, en enero, y 46 por ciento de desaprobación, según revela la encuesta nacional de El Financiero realizada en el primer mes de 2024. El sondeo se hizo vía telefónica a mil adultos en las 32 entidades federativas.
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López Obrador exige a EU que se disculpe si no tienen pruebas de que recibió dinero del narco para campaña de 2006...
El c. presidente señaló que no hay una buena vecindad y cuestionó “cómo vamos a estar sentados a la mesa si ellos están filtrando información afectando, no a mí, a la institución que represento"
En mañanera señaló que ayer un funcionario del Departamento de Justicia dijo que está cerrado el caso y que no me encontraron nada.
“Yo no acepto eso, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el Presidente de México tiene autoridad moral y autoridad política y si no tiene pruebas tienen que disculparse”.
Esto luego de que el periodista estadounidense Tim Golden publicó un artículo sobre supuesto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña electoral en 2006 de López Obrador.
Rechazó presentar una carta diplomática para, porque si recurre al formalismo sería como un presentar un recurso de apelación en el Poder Judicial de México.
-“Ellos saben, el presidente Biden tiene que enterarse de esto. ¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga, si una institución de ellos está dañando no a mí, sino lo que represento. ¿Cómo vamos a hablar de migración, combate a la droga o fentanilo, si un periodista dice tiene pruebe de la DEA y de repente como se decía antes de parte de quien, pero bien armando”.
Descartando el suspender las reuniones de alto nivel con Estados Unidos, pero insistió en que con esas acciones no hay una buena vecindad ...
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Rosario Robles Berlanga, procederá legalmente en contra quien modificó su licencia de manejo con información falsa para lograr sujetarla a prisión preventiva justificada por el caso de la ‘Estafa Maestra’.
En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Rosario Robles detalló sus intenciones de proceder legalmente en contra de quien se encargó de utilizar una licencia de conducir falsa para encarcelarla durante tres años por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicios públicos.
"El objetivo no era la verdad, el objetivo no era la justicia, sino privarme de mi libertad, en un trofeo político por parte del actual gobierno", dijo para Grupo Formula.
"Falta mucho para saber quién fue el artífice", dice Rosario Robles
Esto, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmara la falsedad de la identificación que fue utilizada para mantenerla detenida en el penal de Santa Martha Acatitla.
"Estamos hablando que cinco años después dijeron que -ese documento es falso- en varias ocasiones la Fiscalía de la Ciudad de México pretendió archivar esta investigación, sino es que Mariana (mi hija), mis abogados y mi familia estuvieron presentes en la Fiscalía hablaron con los medios, denunciaron estos hechos y pidieron que sucediera se hubiera archivado y se hubiera encubierto toda esta situación", comentó.
Asimismo, destacó que inició el día de ayer el proceso para iniciar una audiencia en contra del responsable que manipuló dicho documento, sin embargo, aseguró que aún falta mucho para saber quien fue el "artífice" que fabricó el documento falso para encarcelarla.
“No solo me quitó la libertad, afectó a mi familia, a mi reputación yo lo he traducido en una especie de tentativa de feminicidio, porque el seguir en todo este proceso me impide participar abiertamente en un proceso electoral que para mí es fundamental para el país este año, es decir, me afecto en todos los sentidos, hay mucho que esclarecer sobre todo este embramado para llevarme a mi a esa situación".
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Las columnas políticas hoy, jueves 1 de febrero de 2024
Con la bendición de Sheinbaum y AMLO, Monreal regresa al mando
Bajo Reserva/| El Universal
Nos cuentan que en la plenaria de senadores de Morena regresaron las caras largas y el evidente malestar de José Antonio Álvarez Lima, del grupo de los radicales y quien por segundo año, aspiraba a la coordinación de la bancada, y de nuevo perdió. Todo salió como estaba planeado, y nuevamente se impuso Ricardo Monreal, quien además contó con la bendición de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum y de Palacio Nacional, vía la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. Don José Antonio, nos relatan, se arrinconó en la reunión plenaria, e incluso salió antes de que concluyera. En contraste, don Ricardo nunca perdió la sonrisa de oreja a oreja. La obediencia tiene su recompensa.
No para la epidemia de renuncias en el PRD
Tal y como adelantamos ayer, Luis Espinosa Cházaro renunció a la coordinación de los diputados del PRD y en su lugar llegó Francisco Huacus, y mientras el nuevo coordinador aseguró que el sol azteca no se está desmoronando y que hay unidad y fuerza, le renunciaron Marcelino Castaneda y Laura Fernández, con lo que perdió una quinta parte de su disminuida fuerza, que ahora pasó de 15 a 12 legisladores. Pero, además, nos dicen que la epidemia de renuncias en el PRD no acaba, pues nos adelantan que se vienen más dimisiones, entre ellas, la de Edna Díaz.
PT, aliados de segunda
No dicen que el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, no irá por un escaño para el Senado de la República, pero sí buscará reelegirse como diputado federal. Sin embargo, don Alberto, tal y como se lo adelantamos en este espacio hace unos días, está negociando para que los integrantes de su partido tengan más espacios en el equipo de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, además del que ocupa Gerardo Fernández Noroña, actualmente coordinador de organizaciones sociales y civiles. Nos recuerdan que en el PT hay varios soldados caídos en la repartición de candidaturas, tanto federales como locales, por la prioridad que se les está dando a los verdes y a los morenistas. Es claro que hay aliados de primera y de segunda.
Denuncias por la filtración de datos de periodistas
Hasta ayer por la tarde, nos cuentan, 14 reporteros, camarógrafos, fotógrafos, que cubren las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador, habían presentado una denuncia ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por la “filtración” y difusión ilegal de sus datos sensibles que fueron expuestos desde el pasado 22 de enero, pero que Presidencia de la República detectó hasta el 26 de enero, cuando ya era todo un escándalo por la difusión de la información personal de los comunicadores. ¿Alguien hará algo para proteger a las víctimas de la filtración?
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López Obrador no tiene absolutamente nada que ver con el narco/Carlos Loret de Mola
En 2021, Morena arrasó en el corredor del Pacífico
El Universal, 01/02/2024 |;
1.- Un testigo protegido de la DEA, Roberto López Nájera alias “Jennifer”, declara que entregó 2 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador por órdenes de Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, cabecilla del Cártel de Sinaloa. El dinero se lo entregó a través de un conocido operador político del obradorato, Maurico Soto Caballero. La prestigiada plataforma de periodismo de investigación ProPublica, bajo autoría del laureado Tim Golden, reveló el trato: si AMLO gana, dejan al crimen organizado operar a sus anchas.
2.- Al ganar la Presidencia en 2018, López Obrador estableció la política de “abrazos no balazos”. Las organizaciones criminales han expandido su dominio y este sexenio ha registrado el mayor número de ejecuciones en la historia de México.
3.- ProPublica reveló que Mauricio Soto declaró ante las autoridades de Estados Unidos que él personalmente entregó los 2 millones de dólares a Nicolás Mollinedo “Nico”, el hombre de todas las confianzas de López Obrador: el que estaba a su lado durante todo su mandato como jefe de Gobierno y su campaña presidencial, su coordinador de logística, encargado de la seguridad y hasta chofer. Soto incluso grabó clandestinamente a “Nico” aceptando los hechos. Soto y Nico además intentaron formar juntos un partido político. (Le agrego que la oficina que comparten -frente al restaurante La Buena Barra de Polanco- sigue siendo frecuentada por la crema y nata de la 4T, y el Tren Maya instaló su cotizada estación de Tulum al lado de los terrenos de la familia de Nico que administran sus hijos).
4.- Según los testigos protegidos, La Barbie financió el bloqueo del Paseo de la Reforma que durante casi 50 días realizó López Obrador para denunciar fraude electoral. Además, el líder criminal planeó secuestrar al presidente del Tribunal Electoral federal para impedir que se entregara la constancia de ganador a Felipe Calderón.
5.- Durante el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, Jesús “El Rey” Zambada, hermano del “Mayo”, patriarca del Cártel de Sinaloa, declaró haber dado 7 millones de dólares en soborno para una campaña, y que se los dio a Gabriel Regino, un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, cercano a López Obrador.
6.- El 17 de octubre de 2019, el presidente López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán Salazar, hijo de “El Chapo” Guzmán, cuando ya estaba en poder del Ejército. Poco más de tres años después, en medio del escándalo por la complicidad que esa liberación sugería y por presión de Estados Unidos, el gobierno detuvo a Ovidio Guzmán. Sucedió tres días antes de la visita de Joe Biden a México. Una ofrenda.
7.- El 29 de marzo del 2020, el presidente López Obrador interrumpió su gira en Badiraguato, Sinaloa, para acercarse a saludar a la mamá del Chapo Guzmán. Por cierto, era el día del cumpleaños de Ovidio.
8.- A diferencia de su trato a quienes considera sus adversarios, el presidente AMLO siempre se ha referido con un gran respeto al “Chapo” Guzmán: señor Guzmán Loera, le suele decir al líder del cártel del Pacífico.
9.- En las elecciones de 2021, el partido Morena arrasó en el corredor geográfico del Pacífico. Se llevó las gubernaturas desde Guerrero hasta Baja California. Se documentó y denunció ante la OEA que el día de las elecciones, decenas de operadores electorales de la oposición fueron secuestrados, llevados a casas de seguridad y soltados hasta después de que cerraron las casillas. Todo esto lo habría hecho el crimen organizado para allanar el camino a Morena.
10.- Bajo acusaciones de haber financiado campañas morenistas estatales, Sergio Carmona Angulo “El Rey del Huachicol”, fue ejecutado en San Pedro Garza García, Nuevo León, el 22 de noviembre del 2021, cinco meses después de las elecciones.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene nada que ver con el narcotráfico. No hay ninguna prueba.
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Las declaraciones de los narcos/ Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excelsior.
No creo en los testigos protegidos que no pueden comprobar sus dichos con pruebas materiales. El que un narcotraficante declare, años después de ser detenido y a cambio de su libertad, que entregó dinero o que tuvo complicidad con alguna persona o funcionario, pierde credibilidad si no puede respaldarse con datos duros. Eso se aplica al presidente López Obrador o a García Luna, al caso Ayotzinapa o a cualquier otro.
En Estados Unidos, el reconocido periodista Tim Golden publicó una amplia investigación en la que cuenta cómo Roberto López Nájera, conocido como el testigo protegido Jennifer, testificó ante la DEA que entre 2009 y 2010 había sido abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y que había participado en una reunión en 2006, en Nuevo Vallarta, con políticos, que decían representar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y narcotraficantes, incluyendo a La Barbie. En ese encuentro se llegó a un acuerdo para financiar la campaña de López Obrador en el 2006. Eran los años en los que los Beltrán Leyva, todavía parte del Cártel de Sinaloa, tenían una amplia presencia en la Ciudad de México, Guerrero y Morelos, además de Sinaloa y Sonora.
Ese testimonio es coincidente con el que maneja la fiscalía del sur de Nueva York, que tendría abierta una investigación sobre la presunta entrega de dos millones de dólares del cártel de los Beltrán Leyva a la campaña presidencial en el 2006. Esta segunda información está relacionada con la primera, porque involucra al mismo cártel. Uno de los personajes es Sergio Villarreal, El Grande, uno de los jefes de sicarios de los Beltrán Leyva, convertido también en testigo protegido, y otro es Jesús El Rey Zambada, que en el 2013 ya había declarado ante la DEA que habían financiado la campaña de 2006 de López Obrador a través de quien era entonces el subsecretario de Seguridad del gobierno capitalino, Gabriel Regino, que se especulaba que sería, dijo el hermano de El Mayo Zambada, el titular de Seguridad federal si ganaba López Obrador la Presidencia.
El problema es que la información surge de la misma fiscalía del sur de Nueva York que juzgó al Chapo Guzmán y a Genaro García Luna, y ese testimonio se presentó en el juicio contra García Luna. Ahí, cuando el abogado defensor de García Luna interrogó a Zambada sobre el presunto aporte a la campaña de López Obrador en el 2006. El hermano de El Mayo, también testigo colaborador de la fiscalía, dijo que había pagado ese dinero a Gabriel Regino, pero que no era para López Obrador, cuando el abogado defensor ahondó más en el tema, la fiscalía interrumpió el interrogatorio porque dijo que ése no era el tema del proceso. Y el juez Brian Cogan lo aceptó.
Pero lo cierto es que la investigación está abierta en la fiscalía de Nueva York, que El Grande, El Rey y Jennifer han sido testigos creíbles para esa fiscalía y a todos ellos les han dado beneficios por este tipo de testimonios. Insisto, esos testimonios, desde mi punto de vista, no son válidos porque no se sustentan en pruebas materiales, no sirven para condenar a Genaro García Luna, pero tampoco para proceder contra Gabriel Regino y tampoco contra el presidente López Obrador, que calificó esas denuncias como una “vil calumnia”.
El problema es cuando se hacen selectivas esas opiniones. Si esa investigación, basada en esas acusaciones, son una calumnia contra López Obrador, también lo serían contra García Luna, porque el juicio contra éste se basa solamente en esos mismos testigos y sus testimonios, sin una sola prueba material. Muchas veces hemos dicho que ése es el riesgo inherente al aceptar este tipo de testimonios y hacerlos buenos sin pruebas que los respalden, y es que se pueden convertir, como ocurre ahora, en un búmeran.
Además, todo esto ocurre en un momento en que en México se politiza y se manipula la procuración de justicia en forma notable. Ahí está el informe de Transparencia Internacional que nos coloca en una posición global lamentable (número 126 de 180 naciones estudiadas, por debajo de buena parte de las naciones latinoamericanas) en el índice de corrupción, precisamente por ese tema. Pero, inevitablemente, cuando aquí politizamos y manipulamos la justicia con fines políticos, eso también se refleja en las acusaciones que se hacen contra personajes en México, sean García Luna o López Obrador.
Además, como comentábamos esta misma semana, se enlaza con un momento muy particular, el del endurecimiento del discurso antiinmigrante en Estados Unidos, que ya abarca desde el presidente Joe Biden hasta Donald Trump, ante lo que consideran poca colaboración de México para frenar la migración, con amenazas serias de cerrar la frontera.
Y con agravantes. Dijo el presidente López Obrador sobre la última reunión de diciembre en Washington de funcionarios estadunidenses y mexicanos, que para resolver el tema migratorio y, por ende, la crisis en la frontera, entre otras dos medidas (financiamiento y amnistía), la Casa Blanca debía levantar el bloqueo a Cuba y las sanciones a Venezuela, los otros dos grandes países exportadores de migrantes, junto con México, hacia Estados Unidos. Las sanciones no se suspenderán en ninguno de los dos casos. En Venezuela se rompieron todos los acuerdos con la inhabilitación a María Corina Machado como candidata presidencial (tiene un 70% de aceptación en las encuestas), ante lo cual, por cierto, el gobierno de López Obrador no ha dicho una palabra. El apoyo de Andrés Manuel a Díaz-Canel y a Maduro sigue siendo inmutable.
El gobierno federal ha hecho de aprendiz de brujo y ha echado a andar fuerzas que no va a poder controlar.
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Estrictamente Personal
Primera llamada, primera/ Raymundo Riva Palacio
EL Financiero, febrero 01, 2024 |
El presidente Andrés Manuel López Obrador se indignó tanto por la publicación de Estados Unidos de testimonios que afirman que recibió dinero del Cártel de Sinaloa durante su campaña presidencial de 2006, que denunció al gobierno de ese país por permitir esas “prácticas inmorales” –que no especificó si se refería a respetar la libertad de prensa o las investigaciones que realiza el aparato judicial y de inteligencia–, y al rechazar el señalamiento, elevó la apuesta y retó al presidente Joe Biden a que se dé por enterado de su molestia. Hasta aquí la posición para la gradería doméstica. Sin embargo, el Sol no se va a ocultar.
Hay que apuntar la fecha, 30 de enero de 2024, porque puede significar un quiebre en la tolerancia política que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con los arrebatos del presidente López Obrador contra la DEA, el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia, mientras es laxo y respetuoso con el crimen organizado. Lo que se dio este martes fue una explosión de información confidencial sobre un tema delicado con una sincronía inusual en cuanto a tema y fuentes que la hicieron trascender a medios de comunicación.
La respuesta de López Obrador era previsible, acusar a la prensa estadounidense de estar “subordinada” al poder, mediante lo cual asume implícitamente que sus patrones están en el gobierno de Biden, por lo que deja ver que entiende que la revelación tuvo una intencionalidad política en Washington. También ubicó su publicación en el contexto electoral, tanto en Estados Unidos –lo que no se terminaría de entender por qué– como en el doméstico –donde haya sido la motivación o no–, que sí afecta el estado de cosas. Lo que quizás el Presidente no termina de ubicar en su justa dimensión es que las imputaciones muestran el futuro que se le avecina.
De manera no vista antes, tres periodistas, la mexicana Anabel Hernández, y los estadounidenses Tim Golden y Steven Dudley, abordaron el mismo tema, el mismo día. Hernández abrió la polémica en un artículo de opinión en el portal de la radio pública alemana, Deustche Welle, donde citaba una investigación del Departamento de Justicia entre 2010 y 2011, que concluía que el Cártel de Sinaloa había aportado entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador.
Horas después, Dudley y Golden publicaron sus trabajos en InsightCrime y ProPublica a partir de una investigación de la DEA que evaluó el Comité de Revisión de Actividad Sensible, compuesta por funcionarios del Departamento de Justicia y de la DEA, que revisa las operaciones clandestinas relacionadas con tráfico de drogas, narcotraficantes y también funcionarios extranjeros corruptos, donde el sujeto central es Mauricio Soto Caballero, un consultor de la Ciudad de México con contactos oscuros que buscaba entrar al negocio del tráfico de cocaína.
Los trabajos periodísticos involucran al Cártel de Sinaloa, por medio de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, antes de que rompieran con sus socios y compadres, y su operador, Édgar Valdés, La Barbie, supuesto enlace del dinero. En la parte mexicana están Soto, que había apoyado campañas políticas anteriormente, incluidas las de López Obrador, Héctor Francisco Pancho León García, un empresario y candidato al Senado en Durango, que tras perder la elección desapareció, y Nicolás Mollinedo, el famoso Nico que por mucho tiempo manejó y fue una especie de secretario privado del Presidente. También figura Jennifer, un testigo protegido, Roberto López Nájera, que fue utilizado por el exprocurador Eduardo Medina Mora como comodín en múltiples casos, que probó aquí y en Estados Unidos ser poco fiable.
Se puede descalificar a los medios, a los periodistas e incluso la misma información, como sucedió a través de las voces al servicio de la Presidencia o de expertos que revisaron contenido y contexto de lo publicado, pero no puede el Presidente quedarse ahí. Hay dos casos mexicanos que debe revisar: la detención en Los Ángeles del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, en 2020, y la detención y juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, cuyo caso está siendo revisado en la corte de Brooklyn, pero que tiene previsto, si no hay sobreseimiento, que lo sentencien a fines de junio.
Por el método utilizado en Washington para imputar a López Obrador y el volumen de fuentes de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que las respaldan, son cualitativamente más severas que lo que se hizo con Cienfuegos y García Luna, al utilizar la arena pública como señales de lo que viene, para lo que debe analizar lo que hizo el Departamento de Justicia con Juan Orlando Hernández, que tan pronto como terminó su mandato como presidente de Honduras, fue acusado de tráfico de cocaína a Estados Unidos y extraditado por el nuevo gobierno.
La investigación contra Hernández abarcó de 2004 a 2022. Fueron 18 años en los que estuvieron armando la acusación formal, pero las llamadas de atención que tuvo no fueron directas, sino a través de imputaciones que iban siendo publicadas gradualmente por The Wall Street Journal, hasta que lo detuvieron, lo juzgaron y presentaron el pliego consignatario donde surgió el nombre del entonces presidente.
Con López Obrador no hubo llamadas indirectas, sino una directa, este martes, que surgió en el juicio contra García Luna, cuando su abogado César de Castro buscó utilizar la investigación en un interrogatorio. El juez Brian Cogan lo frenó, aduciendo que ese tema no estaba a juicio. López Obrador reaccionó en ese momento amenazando con demandarlo, pero no hizo nada más, una inacción, negligencia o soberbia incluso, que se ha revertido con el mensaje en Washington de que está abierta una investigación en su contra, probablemente transexenal.
López Obrador no debe quedarse gritando a los mexicanos y denostar a la misma DEA que le creyó ciegamente en el caso de García Luna, sino tomar lo sucedido el martes como una cita con la justicia estadounidense que vendrá tarde o temprano, para lo cual debe prepararse, enviar en su calidad de Presidente al fiscal a Washington para saber qué se tiene exactamente contra él y comenzar a preparar su defensa.
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Recuerdos de Pancho León/Héctor De Mauleón
El Universal, | 01/02/2024 |;
En el polémico reportaje publicado en ProPublica sobre un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006, el dos veces ganador del Pulitzer, Tim Golden, relata que un día de 2008 un abogado de nombre Roberto López Nájera apareció en la embajada de Estados Unidos en México y pidió hablar “con alguien de la DEA”.
López Nájera se presentó como asesor legal del entonces poderoso narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, una figura relevante del Cártel de Sinaloa.
López Nájera, cuenta Golden, entregó a los agentes un relato tan convincente que decidieron convertirlo en testigo protegido y le dieron un nombre clave: “Jennifer”.
“Jennifer” sería el origen de la versión sobre el financiamiento del crimen organizado a la campaña de López Obrador. Relató que en 2006 La Barbie se reunió en un hotel de Puerto Vallarta con dos hombres de negocios “que estaban allí con el conocimiento y la autorización de López Obrador”. Uno de ellos el empresario duranguense Francisco León García, conocido como Pancho León.
En esos días, Pancho León había lanzado su candidatura al Senado por el PRD. “Jennifer” le dijo a los agentes que a cambio de dinero para la campaña, Pancho León había prometido “que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios de la ley que serían de ayuda para los traficantes”.
A los traficantes —escribe Golden— se les dijo que AMLO “no nombraría a un procurador general que ellos percibieran como hostil a sus intereses”. La Barbie aceptó el trato y entró en contacto, según los funcionarios de la DEA, con dos personajes cercanos a López Obrador: Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto Caballero.
La versión ha sido negada por Mollinedo y por el propio López Obrador. Tim Golden dice que Soto Caballero no le contestó el teléfono cuando quiso interrogarlo sobre el tema.
Pancho León desapareció en una carretera poco después de que AMLO perdiera la elección. Según “Jennifer”, era amigo cercano de otro de los jefes del Cártel de Sinaloa, Sergio Villarreal, El Grande.
En el tiempo en que transcurría esta historia, El Grande era precisamente el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la comarca lagunera y sostenía una guerra a muerte por el control del territorio con los líderes de los Zetas, Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño.
En medio de esa guerra, Pancho León lanzó su candidatura al Senado. Su slogan de campaña era “Yo AMLO a Pancho León”.
Empresario marmolero heredero de una inmensa fortuna, dueño de hoteles en Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún, fue invitado por Manuel Camacho Solís a sumarse al PRD en tiempos en que este partido no pintaba en La Laguna.
León era bailador, alegre, dicharachero, y hacía un derroche de recursos que permitió que al cierre de campaña de AMLO en la Comarca Lagunera llegaran 1,200 autobuses, más de 5 mil sillas y la Arrolladora Banda Limón. La derrama de recursos llegó a tal punto que sus rivales políticos pidieron que se investigara el origen del dinero. Le apodaron “El rey del acarreo”.
Desde entonces corrían rumores —la prensa de la época los documentó— de que su amistad con El Grande, lugartentiente de La Barbie, era una de las causas de tal ostentación.
En febrero de 2007, cuando se dirigía a una reunión en compañía de un primo y un escolta, su rastro se perdió. “Parece que se vaporizó”, declaró su asesor, Armando Navarro. La desaparición levantó un escándalo en la Comarca Lagunera. En una extrañísima declaración, el presidente estatal del PRD, José Arreola, se apresuró a apuntar que Pancho León no era militante del partido y reclamó: “¿Por qué no lo relacionan con el PT o Convergencia? (los partidos que formaban, con el PRD de AMLO, la llamada Alianza por el Bien de Todos).
Dos jefes de sicarios de Los Zetas, Juan Vera, El Colmillo, y un “comandante” conocido como Pinki, habían soltado en esos días el infierno en La Laguna. Masacres, tiroteos en la vía pública, secuestros, extorsiones, reclutamiento forzoso de jóvenes y adolescentes, calcinamiento de cuerpos, cuotas a bares, cantinas y giros negros.
El crimen organizado tomó el control de las cárceles y de las policías. Un alcalde declaró: “No se podía decir que la policía estaba infiltrada por el crimen organizado. La policía era el crimen organizado”. Las cosas llegaron al extremo de que 900 policías municipales fueron despedidos por vínculos con el narcotráfico.
Más de cuatro mil personas fueron asesinadas en unos años. Cerca de 500 desaparecieron en ese tiempo.
Entre ellas estaba Pancho León, cuyo caso nunca fue resuelto y cuyo nombre, hoy se sabe, figura desde 2010 en los archivos de la DEA vinculado a una supuesta inyección de recursos del crimen organizado a la primera campaña del actual presidente de México.
Hay cosas que podrían cuadrar, como dicen los abogados, en tiempo, forma y lugar, con el reportaje de Golden.
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La Aldea
¿Narcopresidente?/Leonardo Kourchenko
La Aldea
fEl Financiero, febrero 01, 2024 |
Las revelaciones del medio estadounidense ProPublica con investigación del laureado periodista Tim Golden (dos veces Premio Pulitzer) ponen en evidencia una serie de declaraciones, sospechas y testimonios de hipotéticas relaciones del narcotráfico con Andrés Manuel López Obrador.
El reportaje periodístico apunta a una investigación de la DEA (Agencia Antidrogas de los Estados Unidos) con base en testimonios de narcotraficantes en calidad de testigos protegidos, quienes hacen señalamientos en torno al hoy presidente de México.
Los testigos afirman haber entregado a asistentes, ayudantes del entonces candidato presidencial en 2006, la cantidad de 2 millones de dólares en efectivo para su campaña.
Más aún, después de la conocida derrota electoral de AMLO frente a Felipe Calderón en aquel año, el rechazo del candidato opositor a aceptar los resultados y el posterior plantón en Paseo de la Reforma, uno de los testigos afirma que La Barbie, narcotraficante ligado al Cártel de Sinaloa, financió el bloqueo a la céntrica avenida capitalina como protesta por el resultado electoral.
Esta es una bomba a la imagen, la reputación y la credibilidad de Andrés Manuel.
El problema es que 18 años más tarde, al analizar en perspectiva estas declaraciones, parecen completar algunas piezas de un rompecabezas ilógico, absurdo y desastroso para México en materia de seguridad.
La premisa central de la mal llamada “estrategia de seguridad nacional” ha sido atacar las causas de origen de la violencia criminal. Impulsar el crecimiento de la economía en las clases populares, mediante los muy extensos programas sociales impulsados por el presidente desde el 2018. Cambiar la realidad de marginación y pobreza, mediante inversión social y, en consecuencia, disminuir el crimen, la delincuencia y la capacidad del narco para atraer a jóvenes a sus filas.
En papel podría sonar muy bien. En los hechos, cinco años después, ha resultado un país bañado en sangre, con más de 160 mil muertos y otros 60 mil desaparecidos que no se quieren sumar a la cuenta global porque no hay cuerpos.
Es decir, este sexenio, el de López Obrador, terminará siendo el más violento y criminal en la historia reciente de México. Sumará más muertos que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto combinados. Cifras oficiales del gobierno que AMLO se niega a reconocer.
A 18 años de aquellas elecciones en las que con toda ley y votos contabilizados, López Obrador perdió, la política implementada por su gobierno desde que asumió la Presidencia en 2018, pareciera representar la continuidad de aquel compromiso: “la promesa de que una futura administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los narcotraficantes”.
¿Qué ha sucedido en México desde 2018?
No ha habido combate al crimen organizado; se ordenó, para vergüenza de las Fuerzas Armadas, el retiro y repliegue en confrontaciones o zonas en disputa; se ordenó después de un operativo militar con inteligencia de la DEA para detener a Ovidio Guzmán, que después fuera liberado el joven narcotraficante. Continuas señales de deferencia al Cártel de Sinaloa, no así, al Jalisco Nueva Generación, o a La Familia Michoacana.
El ‘trato especial’ documentado públicamente en los múltiples traspiés de López Obrador, están en el saludo personal a la madre del Chapo Guzmán al interrumpir un recorrido por el estado de Sinaloa, o las diferentes menciones del “Señor Guzmán Loera” —con excesivo respeto y reverencia a un criminal sentenciado— o “también es un ser humano”.
Si bien la DEA y uno de sus mandos —Mike Vigil, exdirector de operaciones— afirman, después del reportaje, que no existen evidencias sólidas para demostrar esa entrega de dinero a la campaña presidencial de 2006, quedan sobre la mesa una serie de cuestionamientos y sospechas.
Pareciera que aquel candidato fallido, que finalmente ganó en el 2018, les cumplió la promesa. No solo los ha defendido, liberado y otorgado múltiples deferencias, sino en esencia, los ha dejado operar y actuar con absoluta impunidad.
¿Es resultado de una casualidad? ¿Producto de una coincidencia?
Varios de los testimonios y las entrevistas de Tim Golden señalan a Nicolás Mollinedo, persona cercanísima de AMLO —en aquellos años, su ‘chofer’ personal que cobraba como subsecretario en el gobierno capitalino—. Años después el señor Mollinedo y su familia se vieron distinguidos con cargos, puestos y posiciones jugosas, como la de su primo hermano al frente de Aduanas.
El hoy presidente de México califica de calumnia el reportaje; dice que están enojados —¿quiénes?— y lanza su habitual campaña de desacreditación y victimización.
Acusó al gobierno de Estados Unidos, a los medios controlados por ese gobierno y otros varios disparates. Bueno, hasta a los testigos protegidos, que por cierto, son la base sobre la cual está acusado —sin sentencia aún— el enemigo número juno del régimen, Genaro García Luna.
López Obrador tendría muchas explicaciones que dar respecto a estos señalamientos. Pero es verdad, todas son declaraciones y testimonios. No hay videos, entregas de dinero ni nada parecido.
Solo una, entre muchas otras: presidente, ¿por qué ha protegido al Cártel de Sinaloa durante su gobierno?
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Nico, el polémico exchofer de AMLO, metido en las entrañas de la 4T/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL
El nombre de Nicolás Mollinedo Bastar (“Nico”), el exconductor del Tsuru Blanco de Andrés Manuel López Obrador, está más vigente que nunca, y no únicamente por las investigaciones que revelaron esta semana los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández respecto a financiamientos “irregulares” y de parte del crimen organizado para la campaña presidencial de 2006, sino por la presencia que sus familiares tienen en los proyectos de negocio de la 4T en colaboración con el Partido Verde.
El punto de encuentro de los negocios es el sureste del país, principalmente en Quintana Roo. En un análisis de las redes que se desprenden del conocido “Nico” se confirma que estas impulsan negocios alrededor del Tren Maya, además de que mucho han tenido que ver en el embate jurídico del que es objeto la operadora del servicio de agua Aguakán en el estado que gobierna la morenista Mara Lezama.
Más allá de los proyectos empresariales de los Mollinedo, la familia sueña con un proyecto político, incluso gobernar en algún momento el estado en el que se avecindaron. El personaje sobre el que descansan estas esperanzas se llama Samuel Mollinedo Portilla, segundo hijo del otrora chofer presidencial con la empresaria Lydia Esther Portilla Manica; actualmente es regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez ―municipio de la zona turística de Cancún― y encargado del Comité de Ecología y Medio Ambiente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo.
En algún momento se le candidateó como dirigente estatal de ese organismo político, cobijado según sus operadores cercanos por Jorge Emilio González, el mismo que llevó a Mara Lezama a gobernar la entidad.
Como lo reveló el año pasado una investigación del periodista Carlos Loret de Mola y su equipo de Latinus, Samuel Mollinedo participa con su familia en la administración del parque ecoturístico Sac Actun, proyectado a finales de 2018 para ubicarse frente a la estación Tulum del Tren Maya. La cabeza visible de esa empresa es su madre, Lydia Portilla, quien se desempeñó como funcionaria del Ayuntamiento de Cancún en los tiempos en los que lo gobernaba Remberto Estrada, ―otro personaje identificado como operador del llamado “Niño Verde”―; también su nombre se ha visto involucrado en investigaciones sobre inmuebles adquiridos de forma irregular. Igualmente está relacionado con este negocio del parque ecológico el empresario Jorge Alberto Portilla Manica ―hermano de Lydia―, quien actualmente aspira a gobernar el municipio de Tulum bajo los colores de Movimiento Ciudadano.
A Samuel Mollinedo Portilla también se le señala como uno de los principales promotores de las acciones contra la firma de Desarrollos Hidráulicos de Cancún o Aguakán. Desde el Ayuntamiento de Benito Juárez, en donde preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad, asesora a la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta de la Peña, para retirar los permisos que esa empresa tiene en la zona de Cancún. En esta columna publicamos que, tanto el gobierno de Mara Lezama como los de los municipios que hoy operan con Aguakán, tienen claro que la única manera de sustituir el servicio es entregar el negocio a otra empresa, y algo tendrá que ver el hijo de “Nico” con la posible elección de un nuevo proveedor como encargado de los procesos de municipalización de las nuevas colonias en Cancún.
En suma, después de conducir, por 63 mil pesos al mes, el auto del exjefe de Gobierno del Distrito Federal y de coordinar supuestamente la logística de las campañas presidenciales de AMLO en 2006 y 2012, “Nico” convirtió a los integrantes de su familia en jóvenes promesas políticas y acaudalados empresarios ―también lo hizo con otros amigos, como los vendedores de su barbacoa favorita―. Sus nexos políticos, principalmente en el sureste, no son los más sanos y al parecer tampoco la manera en la que en el pasado se hacía de recursos para su operación.
Posdata 1
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un nuevo revés al gobierno del presidente López Obrador y puso freno a la controvertida reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Este proyecto fue impulsado por el presidente y desde el inicio generó discusiones por la ventaja, al parecer injustificada, que le daba a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento del sector privado.
Fue la Segunda Sala de la Corte la que aprobó el primer amparo promovido en contra de la reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Se trata de un proyecto que busca resarcir los efectos generales de lo propuesto por el Ejecutivo Federal.
En concreto la declara inconstitucional porque no va en línea con lo publicado en la Constitución federal y a la reforma en materia energética de 2013, además de que trasgrede los principios de competencia y libre concurrencia.
Esta determinación se suma a las que tres ministros y una ministra se disponen a tomar en abril próximo para invalidar reformas estratégicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, entre otras cosas, arrebatan a la Secretaría de la Defensa Nacional el control del Tren Maya y de Mexicana de Aviación.
En el máximo órgano de justicia están listos cuatro proyectos de resolución para acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores y diputados de oposición contra decretos aprobados por la mayoría legislativa de Morena en la sesión del 28 de abril de 2023, conocida como el “viernes negro”. En los cuatro casos, correspondientes a las modificaciones a las leyes del Servicio Ferroviario y de Vías Generales de Comunicación, a la Ley para el Control de Precursores Químicos, a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley del ISSSTE, la propuesta de los ministros es la misma: se invalida el decreto por violaciones al proceso legislativo.
Viene un autentico choque de trenes.
Posdata 2
Pemex cada vez más mal y de malas. Ayer se confirmó la presencia de un artefacto explosivo hallado en un jardín de las instalaciones de su centro administrativo de la Ciudad de México.
Según la petrolera, el artefacto se retiró alrededor del mediodía, luego de que se activaran los protocolos correspondientes y se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Sedena desplegó una operación con especialistas en desactivación de explosivos y el área fue acordonada por personal de seguridad física para garantizar la seguridad. Finalmente el aparato fue retirado de manera segura.
En un escueto comunicado, Pemex expuso que “la conformación de esta información será anunciada por los canales oficiales”, pero se sabe que fue una granada ofensiva.
Paradójicamente, este incidente se da a 11 años de la explosión del edificio B2 de la Torre de Pemex que cobró la vida de 36 personas y dejó a 100 heridos.
@MarioMal
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