Culiacán: La herida que no deja de sangrar

 Culiacán: La herida que no deja de sangrar

Aquella tarde del 17 de octubre de 2019, el reloj de Culiacán no solo marcó un operativo fallido; marcó el instante en que el pulso de una ciudad se detuvo y la relación entre el Estado y el crimen organizado se fracturó, quizá para siempre. El llamado "Culiacanazo" persiste hoy como una herida abierta, alimentada no solo por el terror que llovió desde los techos, sino por una opacidad institucional que, seis años después, sigue sembrando ecos de desconfianza.

Lo que inició como un supuesto "patrullaje de rutina" terminó desnudando una profunda crisis de mando. De las versiones contradictorias pasamos a la confesión desde el púlpito presidencial: la orden directa de liberar al detenido para "evitar una masacre". Sin embargo, bajo el lente del análisis, esa decisión puso la narrativa política por encima de la Constitución. Al ignorar el Artículo 16, que obliga a la puesta a disposición inmediata de cualquier detenido, se envió un mensaje de vulnerabilidad que el país aún no termina de procesar: la ley es negociable si el estruendo es suficiente.

El saldo entre el silencio y el plomo

Más allá de los debates jurídicos, el costo humano es el que verdaderamente asfixia. Aunque las cifras oficiales intentaron matizar la tragedia, los datos duros rescatados por investigaciones como las de Ríodoce nos devuelven a la realidad: 14 fallecidos —cuatro de ellos víctimas inocentes—, 21 heridos y una ciudad fragmentada por 19 bloqueos.

El caos no se limitó a las calles; el sistema penitenciario colapsó con la fuga de 55 internos del penal de Aguaruto. Pero el daño más profundo es el invisible, el irreparable: una generación de niños que aprendió a distinguir el calibre de una ráfaga antes que el sonido de un juego, mientras las instituciones guardaban un silencio sepulcral que solo se rompió con comunicados tardíos y estériles.

Una pesadilla recurrente

Sinaloa parece condenada a un ciclo de "Culiacanazos". Del estallido de 2019 pasamos a la recaptura de 2023, y de ahí a la "noche negra" del 22 de marzo de 2024. En este último episodio, el plagio masivo de 66 personas volvió a exhibir la fragilidad de una paz que se sostiene con hilos.

A pesar de que el despliegue militar se cuenta por miles —casi dos mil elementos patrullando las avenidas—, las explicaciones oficiales siguen quedándose cortas. Ante la sospecha de una pugna entre facciones y la posible sombra de la DEA operando en el terreno, la respuesta desde el poder se refugia en el hermetismo: "Yo tengo información, pero no puedo dar a conocer estos datos". Se nos repite que el operativo no es contra la población, pero es la población la que vive bajo el sobrevuelo incesante de los helicópteros.

La ausencia como respuesta

La indignación social encontró su punto más crítico en la figura del gobernador Rubén Rocha Moya. Mientras las familias buscaban desesperadamente a sus desaparecidos en los secuestros masivos de marzo, la imagen del mandatario en el aeropuerto, a punto de partir, se convirtió en el símbolo de una administración que observa la tragedia desde la barrera. Su frase, "son cosas que lamentablemente ocurren", ha quedado marcada como el epitafio de la empatía gubernamental.

Hoy, la conexión entre los enfrentamientos en la zona serrana de Badiraguato y los "levantados" en la capital es una sospecha que recorre las redacciones y las columnas políticas. Sin embargo, en las calles de Sinaloa, lo que impera es un silencio espeso, solo interrumpido por el eco intermitente de las balas.

A más de seis años del primer estallido, la pregunta no es solo quién responderá por la ley violentada, sino cuánto tiempo más podrá resistir una sociedad que se siente doblegada, mientras sus líderes, con la mirada puesta en otro lado, insisten en que aquí no pasa nada.