La verdad incómoda de los rostros ausentes

 La verdad incómoda de los rostros ausentes/ Fred Alvarez

Al inicio de este 2026, México no solo mide el tiempo en calendarios, sino en ausencias que se acumulan. Estamos ante un punto de inflexión, un punto critico, donde las cifras han dejado de ser indicadores para convertirse en auténticas lápidas institucionales. Según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y análisis periodísticos fundamentales, el país arrastra una deuda histórica de 132 mil personas desaparecidas. Solo en los últimos dos años, 28 mil personas se desvanecieron; un promedio aterrador de 40 desapariciones cada día; la impunidad es del 99%.

A lo largo de dos décadas, hemos visto desfilar distintos partidos y colores. Pasamos del discurso de la "guerra" al de los "abrazos", pero la efectividad ha sido nula: en veinte años solo se han dictado 36 condenas. Es una cifra que estremece, pues hay menos sentencias totales que personas desaparecidas en un solo día. En este escenario, la justicia en México no es la norma, es una anomalía estadística.

La tragedia se desborda en los servicios forenses, donde el inventario del horror aumentó en 20 mil cuerpos durante los últimos cuatro años, sumando ya alrededor de 80 mil restos sin nombre. Ante esta parálisis, la ONU ha activado el Artículo 34, elevando el caso a la Asamblea General. No se trata de una "confrontación contra México", sino de un grito de auxilio internacional frente a un Estado que se investiga a sí mismo con burocracia, mientras las familias investigan con las manos en el barro.

Los colectivos de búsqueda han localizado más de 4,500 fosas clandestinas, descifrando lo que la autoridad parece ignorar: una dinámica donde los criminales reclutan, fuerzan a trabajar y entierran a sus víctimas en los límites estatales para que las fiscalías evadan su responsabilidad alegando falta de competencia.

La crítica más profunda revela que los límites entre el criminal y la autoridad se han desdibujado. Los informes indican una realidad ominosa: grupos delictivos utilizan policías, vehículos oficiales y recursos públicos para traficar seres humanos como si fueran mercancía. Existe una complicidad —o al menos una aquiescencia— del Estado que permite que este ciclo se perpetúe.

Pese a la evidencia, la respuesta oficial se mantiene a la defensiva, rechazando diagnósticos y revictimizando a quienes buscan. Pero negar la realidad genera riesgos fatales:

i) Se anula el derecho a la verdad para miles de familias.

ii) Se abandona la seguridad de las buscadoras al arbitrio del crimen organizado.

iii) Se erosiona la credibilidad de México como un Estado de derecho ante el mundo.

La resolución de la ONU es clara: existen indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática. Identificar a quienes faltan no es un simple trámite administrativo; es el primer paso para devolverle la humanidad a un país que parece haberla perdido entre expedientes y fosas comunes.

Aceptar la cooperación internacional no es ceder soberanía, es admitir que la magnitud de la tragedia requiere soluciones que el Estado mexicano, por sí solo, no ha podido —o no ha querido— ejecutar. Mientras el gobierno mantenga el puño cerrado, la deuda con los rostros ausentes seguirá creciendo; porque cada minuto de silencio oficial, es un minuto más de impunidad.

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