Las columnas políticas hoy, sábado 4 de abril de 2026

La verdad incómoda de los rostros ausentes

Al inicio de este 2026, México no solo mide el tiempo en calendarios, sino en ausencias que se acumulan. Estamos ante un punto de inflexión, un punto critico, donde las cifras han dejado de ser indicadores para convertirse en auténticas lápidas institucionales. Según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y análisis periodísticos fundamentales, el país arrastra una deuda histórica de 132 mil personas desaparecidas. Solo en los últimos dos años, 28 mil personas se desvanecieron; un promedio aterrador de 40 desapariciones cada día; la impunidad es del 99%.

A lo largo de dos décadas, hemos visto desfilar distintos partidos y colores. Pasamos del discurso de la "guerra" al de los "abrazos", pero la efectividad ha sido nula: en veinte años solo se han dictado 36 condenas. Es una cifra que estremece, pues hay menos sentencias totales que personas desaparecidas en un solo día. En este escenario, la justicia en México no es la norma, es una anomalía estadística.

La tragedia se desborda en los servicios forenses, donde el inventario del horror aumentó en 20 mil cuerpos durante los últimos cuatro años, sumando ya alrededor de 80 mil restos sin nombre. Ante esta parálisis, la ONU ha activado el Artículo 34, elevando el caso a la Asamblea General. No se trata de una "confrontación contra México", sino de un grito de auxilio internacional frente a un Estado que se investiga a sí mismo con burocracia, mientras las familias investigan con las manos en el barro.

Los colectivos de búsqueda han localizado más de 4,500 fosas clandestinas, descifrando lo que la autoridad parece ignorar: una dinámica donde los criminales reclutan, fuerzan a trabajar y entierran a sus víctimas en los límites estatales para que las fiscalías evadan su responsabilidad alegando falta de competencia.

La crítica más profunda revela que los límites entre el criminal y la autoridad se han desdibujado. Los informes indican una realidad ominosa: grupos delictivos utilizan policías, vehículos oficiales y recursos públicos para traficar seres humanos como si fueran mercancía. Existe una complicidad —o al menos una aquiescencia— del Estado que permite que este ciclo se perpetúe.

Pese a la evidencia, la respuesta oficial se mantiene a la defensiva, rechazando diagnósticos y revictimizando a quienes buscan. Pero negar la realidad genera riesgos fatales:

i) Se anula el derecho a la verdad para miles de familias.

ii) Se abandona la seguridad de las buscadoras al arbitrio del crimen organizado.

iii) Se erosiona la credibilidad de México como un Estado de derecho ante el mundo.

La resolución de la ONU es clara: existen indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática. Identificar a quienes faltan no es un simple trámite administrativo; es el primer paso para devolverle la humanidad a un país que parece haberla perdido entre expedientes y fosas comunes.

Aceptar la cooperación internacional no es ceder soberanía, es admitir que la magnitud de la tragedia requiere soluciones que el Estado mexicano, por sí solo, no ha podido —o no ha querido— ejecutar. Mientras el gobierno mantenga el puño cerrado, la deuda con los rostros ausentes seguirá creciendo; porque cada minuto de silencio oficial, es un minuto más de impunidad.

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Las columnas políticas hoy, sábado 4 de abril de 2026

Templo Mayor/ REFORMA

AUNQUE el gobierno de México intentó descalificar el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la terca realidad se impone al discurso oficial.

MIENTRAS ayer en Guanajuato se reportó el hallazgo de al menos 20 cuerpos en fosas del municipio de Cortazar, colectivos en Tamaulipas revelaron la existencia de un posible campo de exterminio del crimen organizado cerca de Reynosa.

HASTA AYER, los buscadores reportaban al menos ocho cráneos en ese nuevo sitio, con lo que acumulan 12 lugares distintos donde han encontrado restos humanos en lo que va del año, tan solo en esa entidad.

EL FENÓMENO se repite en otros estados, como Sonora, Jalisco y Morelos, en donde familiares de desaparecidos reportaron descubrimientos similares en semanas y meses recientes.

AUN ASÍ, tal parece que las autoridades mexicanas están más preocupadas en minimizar el problema que en atenderlo.

VAYA MANERA de rehuir la responsabilidad mostraron los legisladores de Morena en el Congreso de Veracruz al romper el quórum en la sesión del miércoles cuando se discutía el tema del derrame de petróleo en el Golfo de México y sus efectos en las costas de esa entidad.

EN LA DISCUSIÓN se puso sobre la mesa que hay imágenes satelitales que confirman que el vertido de crudo al mar inició en febrero y no hasta marzo, como han dicho las autoridades federales, y se insistió en que lo que llegó a las playas no fueron "gotitas", como dijo la gobernadora morenista Rocío Nahle.

CUANDO la diputada panista Indira Rosales reclamaba deslindar responsabilidades en el desastre y pedía la comparecencia de la mandataria estatal, los morenistas simplemente abandonaron la sesión.

PERO no se fueron solos pues, haciendo gala de su nula preocupación por los temas ambientales, los legisladores "ecologistas" del Partido Verde también dejaron el recinto sin atender la crisis en el Golfo, al que muchos veracruzanos ya le dicen el "Mar Negro".

RETOMANDO un dicho muy conocido, vaya que "salió peor el remedio que la enfermedad" en el caso de la guerra emprendida por Donald Trump contra Irán.

ANTES de que comenzaran los bombardeos estadounidenses, esa nación de Medio Oriente planteaba dos problemas en el ámbito geopolítico: armas nucleares y terrorismo.

UN MES y miles de bombas después, ambas amenazas persisten y, ahora, se agrega una tercera: el desequilibrio del mercado petrolero mundial ante el cierre del Estrecho de Ormuz.

VOLVIENDO a la sabiduría popular, allá en EU hay quienes piensan que el inquilino de la Casa Blanca acabó "quemando la casa para rostizar el puerco".

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México criminal

LINOTIPIA / Peniley Ramírez

REFORMA, 04 abril 2026

Imagina un país donde hay más de 132 mil personas desaparecidas y no localizadas. De ellas, algunas se fueron voluntariamente o migraron. No se sabe cuántas. No hay estadísticas confiables. El resto puede estar muerto o forzado a trabajar. El problema comenzó hace casi dos décadas y no ha mejorado. En los últimos dos años, más de 28 mil personas desaparecieron. Unas 40 cada día.

Desde que comenzaron estos números atroces, gobernó un partido, luego otro y otro. En años recientes, ese país ya no estaba en una etapa de "guerra", sino en otra de "abrazos". Pero hay algo en común: desde la guerra hasta los abrazos, los militares han estado allí. Y solo 6 de cada 100 casos han llegado a juicio. ¿El resto? Impunes.

En más de 20 años, solo se han dictado 36 condenas. Menos que el número de personas que desaparecen en un solo día. En las morgues, más de 70 mil restos yacen sin que nadie los identifique. En cuatro años, aumentaron en más de 20 mil los restos no identificados.

Los dolientes y sus defensores llevan años investigando por su cuenta. La mayoría han hallado, con sus propias manos, más de 4 mil 500 fosas clandestinas. Han recuperado más de 4 mil 600 restos. No solo son fosas en sitios alejados. En estos años ominosos, han enterrado a más de 14 mil seres humanos sin identificar en fosas comunes públicas.

Con sus investigaciones, los dolientes han entendido cómo los criminales engañan a los suyos, los reclutan, los fuerzan a trabajar, los matan, los entierran allá del otro lado, en ese límite entre un pueblo y otro, entre un estado y otro, donde la responsabilidad es de otra policía, de otra fiscalía. A los dolientes los ignoran, los estigmatizan, los revictimizan, los convierten en objetivos.

Los dolientes también han demostrado, en muchos casos, que los límites entre matones y policías o militares están borrados. A veces es un político que quiere deshacerse de un periodista. Un grupo criminal utiliza a la policía para secuestrar a estudiantes. Las fuerzas especiales o una empresa de seguridad estatal secuestran a civiles al servicio de un jefe mafioso. Autoridades y bandidos actúan juntos, comparten información y se entregan a las víctimas unos a otros como si fueran mercancía. Usan el dinero público, incluso los vehículos oficiales, para sus crímenes.

En las oficinas donde se debe investigar, dicen que no tienen ni gente ni dinero ni recursos. Lo he visto: muchas veces no los tienen. Para investigar, muchas veces no buscan registros de llamadas ni videos, no toman pruebas genéticas, no entrevistan ni van a los sitios del crimen para averiguar qué pasó. Investigan como burócratas, girando oficios y presentando solicitudes de colaboración. A veces, los militares se investigan a sí mismos. Estas pesquisas casi nunca demuestran el vínculo entre la mafia y el Estado. Mientras, los dolientes pisan el barro, hilan las pistas y descubren qué pasó con sus hijos y los de otros.

En estas décadas, los más altos jefes y jefas de ese país han aprobado leyes, protocolos, reglamentos. La situación no ha mejorado sustancialmente. Por eso, los dolientes han acudido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante la inacción de su propio Estado.

Más de 800 personas han pedido a la ONU que adopte medidas urgentes. Casi 4 de cada 10 peticiones en todo el mundo corresponden solo a ese país. Piden investigación, memoria, reparación.

Un Comité de la ONU ha indagado en los casos. Su informe, que resumí en este texto, indica que el número de personas desaparecidas, la crisis forense y la impunidad prevalecen. Las desapariciones siguieron patrones, cadenas de mando. Las víctimas no eran accidentales, sino los objetivos de los mafiosos. El gobierno del país respondió a la indagatoria y presentó sus argumentos. Pero no convenció al Comité.

Esta semana, por primera vez en su historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dijo que en ese país, México, existen indicios de que se cometen crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada. Los cometen organizaciones que actúan con la complicidad o la aquiescencia de las autoridades.

Ahora, esa verdad de la desaparición como fenómeno sostenido, la impunidad estructural y la crisis forense masiva tendrán una exposición internacional como nunca antes. Que sirva para traer justicia y verdad a tantos y tantas que aún buscan a los suyos.

@peniley_ramirez

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