Desapariciones de Calderón y Peña, base de ONU para analizar situación en México

Desapariciones de Calderón y Peña, base de ONU para analizar situación en México

Nota de Xavier Jiménez

Milenio,  04.04.2026 

Las desapariciones cometidas en Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira, las que ocurrieron en Nayarit cuando operaba el fiscal Edgar Veytia en colusión con el crimen organizado, y las que se registraron en Veracruz durante el gobierno del priista Javier Duarte, fueron la punta de lanza para que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) iniciara un inédito procedimiento en contra del gobierno mexicano.

Estos tres casos, ocurridos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son el argumento central que la Federación Internacional de Derechos Humanos usó para solicitar que el Comité activara el procedimiento establecido en el artículo 34 de la convención internacional en la materia.

Por ello, se informó este jueves que se llevará ante la Asamblea General de la ONU la situación de las personas desaparecidas en México.

​“La documentación transmitida al Comité por la FIDH requirió la activación del procedimiento en virtud del artículo 34 de la Convención, principalmente a la luz de patrones observados y de casos documentados, tomados como ejemplos paradigmáticos en Coahuila, entre 2009 y 2016; Nayarit, entre 2011 y 2017; y Veracruz, entre 2010 y 2016”, indica el documento del CED del 19 de marzo pasado, en el que justificó su decisión de evaluar a México.

De acuerdo con el Comité, la información que recibió señala que durante ese periodo se registraron patrones específicos de desapariciones forzadas, en los que autoridades se coludieron con grupos criminales, en casos como detenciones ilegales por parte de las autoridades para entregar a las personas a grupos criminales.

“Estos datos muestran la estrecha correlación entre el aumento del número de desapariciones y la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’, que comenzó durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se aplicó una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para desempeñar funciones de seguridad pública. Esta política se mantuvo e incluso se intensificó en los seis años posteriores”, se lee en el documento CED/C/MEX/A.34/D/1.

En el caso de Nayarit, el informe enviado al Comité contra las Desapariciones Forzadas detalla la estructura criminal creada entre 2011 y 2017 desde la fiscalía del estado, cuando el titular era Edgar Veytia, conocido como El Diablo, y quién después fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación se centra en 47 casos de personas desaparecidas, algunas de ellas halladas con posterioridad en fosas clandestinas.

“Las 47 víctimas eran personas de escasos recursos de Tepic y pueblos vecinos, que realizaban trabajos tales como albañil, mecánico o soldador. Las 47 víctimas no son miembros de fuerzas militares ni aquellos considerados bajo el estatuto de combatientes. De las 47 víctimas se han encontrado 25 en fosas comunes que contienen un total de 140 cuerpos”.

“Basado en la documentación obtenida, las organizaciones firmantes creemos sobre bases razonables que el ataque contra una población civil de habitantes de Nayarit tenía como objetivo mantener el control territorial sobre el narcotráfico en el Estado”, indica el informe.

¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? Esto dicen los organismos internacionales

Sobre Coahuila, la FIDH documentó prácticas que seguían un patrón regular entre 2006 y 2016. El análisis se basó en más de 500 desapariciones forzadas, de las cuales se tomaron 32 casos emblemáticos, que involucraron a 73 víctimas.

“Entre 2009 y 2011/2012, las fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a las víctimas, que luego fueron entregadas al cártel de los Zetas; y entre 2011/2012 y 2016, las autoridades estatales responsables de la aplicación de la ley llevaron a cabo directamente actos de desapariciones forzadas a través de sus Fuerzas Especiales, entre ellas el GATE, Grupo de Armas y Tácticas Especializadas, creado en diciembre de 2011; el GATEM, Grupo Municipal de Armas y Tácticas Especializadas, la FUERZA ÉLITE y el GROM, Grupo de Respuesta y Operaciones Mixtas”.

En Veracruz, se analizaron 41 desapariciones ocurridas durante el gobierno de Javier Duarte. “En al menos 22 casos se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales”, indica el documento, que también fue entregado a la Corte Penal Internacional.

El informe incluye el hallazgo de las fosas clandestinas más grandes de América Latina, conocidas como “Colinas de Santa Fe” y “El Arbolillo”, cerca del Puerto de Veracruz.

“Dichos crímenes fueron cometidos por autoridades estatales de Veracruz, incluyendo las Policías Estatal y Ministerial, a veces actuando junto a otras autoridades estatales federales y/o el crimen organizado, durante el mandato del ex gobernador Duarte de Ochoa”.

EHR

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Desapariciones, una propuesta muy hereje para proscribirlas…/Juan Pablo Becerra-Acosta M.

El Universal, | 04/04/2026 |

No hemos tenido éxito como sociedad ni como Estado para lograrlo en un cuarto de siglo, así que debemos buscar respuestas fuera de lo común, alejadas de la zona de confort en la que yacemos inmovilizados luego de haber sucumbido a la normalización de la violencia que desde hace décadas nos impusieron el sicariato nacional y sus cómplices en la política.

Hoy en México no estamos viviendo estrategias represoras como las que se aplicaron durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, cuando ciertamente se diseñó una política de Estado para perseguir, capturar, encarcelar, desaparecer y asesinar a miembros de grupos opositores o disidentes. En ese entonces hubo órdenes concretas de civiles y militares que formaron parte de al menos tres distintos gobiernos federales (los de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo) para perpetrar esos crímenes, de acuerdo a las pesquisas que se realizaron en el sexenio pasado a través de la llamada “Comisión para Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990”, además del trabajo llevado a cabo por la “Comisión de la Verdad del estado de Guerrero”, más lo recabado en investigaciones periodísticas publicadas justamente desde los ochentas para acá.

Las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la base militar de Pie de la Cuesta, en las afueras de Acapulco, Guerrero, y los posteriores “vuelos de la muerte” que habrían sido el destino final de al menos 1,500 opositores, cuyos cuerpos fueron lanzados al mar desde el aire, ilustran el macabro proceder que tuvieron personajes que formaban parte del Estado mexicano en esa época.

A pesar de que ahora no padecemos un abuso de poder semejante, sí se ha documentado en este siglo que miembros de distintos órdenes de gobierno, y que por tanto formaban parte del Estado mexicano, han sido cómplices de atrocidades que también podrían ser enmarcadas en el derecho internacional como “crímenes de lesa humanidad”. El caso más emblemático de ello es el de Ayotzinapa, donde policías de tres municipios participaron en la captura, desaparición y muerte de 44 estudiantes normalistas (no hay que olvidar a Julio César Mondragón, desollado la infausta noche de Iguala). Mientras eso sucedía, los militares destacamentados ahí sabían todo lo que pasaba minuto a minuto y, por decisión de sus mandos locales, no intervinieron para evitar la tragedia, lo que al menos representa un acto de negligencia.

Hoy tenemos en México las guerras narcas, las interminables guerras de los cárteles, de las distintas facciones del crimen organizado, que tienen como principal táctica bélica la infame desaparición forzada de rivales, o de gente que se resiste a sus acometidas, por ejemplo, personas que se rebelan ante el reclutamiento forzado que practican cotidianamente, o ciudadanos que no toleran sus extorsiones semanales, además de mujeres que se niegan a ser trofeos de guerra o esclavas sexuales.

Y aquí la pregunta es qué podemos hacer como sociedad, qué es factible acometer para darle un poco de paz a miles y miles de madres de desaparecidos, a miles y miles de familiares de esos ausentes.

¿Puede realmente el Estado mexicano impedir que haya desapariciones? No, la verdad, no. Hoy, no. No hay manera. No hay forma de que algún gobierno, ya sea federal o estatal, lo impida. Hasta hoy, ningún cártel se ha planteado cesar las desapariciones. Es, subrayo, su machista táctica de guerra para sembrar terror, que, además, al sicariato nacional le resulta muy rentable: este delito tiene, según dicen quiénes se ostentan como los más estudiosos del asunto, un 98% de impunidad.

Nada que hacer. Sin embargo, siendo muy pero muy crudos, quizá como sociedad sí podríamos lograr persuadir a los desaparecedores. La Iglesia católica tiene acceso a grupos criminales, algunos gobiernos municipales y estatales, también, y los servicios de inteligencia militar, igual. Podríamos agregar a un par de representantes de comerciantes y empresarios, una dupla de periodistas por cada entidad de la república, familiares de desaparecidos… y ni modo, ya sé no deberíamos negociar con delincuentes pero habría que sentarnos en 32 mesas para la paz con un solo objetivo inicial: que todos los cárteles ya no desaparezcan, que si se van a seguir matando, como lo seguirán haciendo para prevalecer en sus mercados criminales, por lo menos recuperen la pizca de piedad y humanidad que quizá todavía tengan en algún lado de su ser y se comprometan a entregar los cuerpos de inmediato, a avisar dónde están; a ya no desaparecer a nadie, pues.

Con eso, podrían suprimir el dolor permanente de las madres buscadoras que son como almas muertas en vida, seres errantes que deambulan cada día a la búsqueda de los restos de sus seres queridos.

Además, en el fondo les conviene: un día ellos podrían ser los desaparecidos y sus madres las buscadoras.

Intentemos acabar con las desapariciones. Luego ya veremos qué más se puede conseguir. Un objetivo de paz a la vez. Y si en esto puede ayudar un organismo internacional, sin alaridos por favor niño en Bucarest ni en Tlatelolco: aceptémoslo y que nos ayuden, pero ya.

Al fondo

En tiempos de estridencias como las que seguimos padeciendo desde Washington D.C., se va extrañar el trabajo discreto y eficiente de Juan Ramón de la Fuente, esa diplomacia que le permitió a la Presidenta actuar siempre con la cabeza fría a pesar de las constantes provocaciones del energúmeno que reside en la Casa Blanca y sus adláteres en Twitter, esos personajes que constantemente amenazaban con quitarles la visa a quienes osaran criticar las barbaridades de Donald Trump. jp.becerra.acosta.m@gmail.com

Twitter: @jpbecerraacosta

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