Qué dijo la Ministra María Estela Ríos González, ayer?

 El reciente posicionamiento de la ministra María Estela Ríos González no es solo una interpretación jurídica; es, en los hechos, una sentencia de muerte para la seguridad patrimonial en México. Al avalar que la UIF congele cuentas sin el contrapeso de un juez, la ministra no defiende la soberanía: deja al ciudadano a merced de la arbitrariedad administrativa.

La ministra afirmó que el derecho de propiedad "no es absoluto" bajo el argumento de que no todos tienen una cuenta bancaria. El razonamiento es tan falaz como peligroso. Que un derecho no sea disfrutado por la totalidad de la población no le resta su carácter universal, ni autoriza al Estado a vulnerarlo sin control judicial. Bajo esa lógica, ¿podríamos suspender la libertad de expresión solo porque no todos tienen acceso a un medio de comunicación? Los derechos existen para proteger al individuo frente al abuso del poder, no para ser graduados según la conveniencia estadística del gobierno.

Calificar el bloqueo de una cuenta como una "simple molestia temporal" es un ejercicio de insensibilidad burocrática. Para una empresa que debe cubrir nóminas o una familia que depende de sus ahorros ante una emergencia médica, la parálisis de sus fondos no es un contratiempo; es una asfixia. Al eliminar la figura del juez, la ministra permite que el Estado ejecute la pena antes del juicio. Se invierte así la presunción de inocencia: ahora tu dinero es culpable hasta que tú, en el laberinto de un trámite administrativo, logres demostrar lo contrario.

La ministra justifica este atropello bajo el manto de la "soberanía" frente a agencias extranjeras. Sin embargo, la soberanía reside en el pueblo y se protege a través de la Constitución, no otorgando cheques en blanco a una oficina dependiente del Ejecutivo. Lo que se vendió como un acto de independencia nacional es, en realidad, un acto de absoluta dependencia ciudadana ante el humor de la autoridad hacendaria.

El funeral del Ius Disponendi

Al desdeñar el derecho a disponer de lo propio como una "reliquia romana", Ríos González abraza un colectivismo donde el Estado es el verdadero dueño de todo y el ciudadano un simple poseedor precario. Su desdén por el ejemplo de la "madre de familia" que sufre el bloqueo revela una visión donde las personas son solo cifras en una estrategia de seguridad nacional, y no sujetos de derechos.

Si el Estado puede arrebatarte el acceso a tu patrimonio con un clic y sin pasar por un tribunal, la propiedad privada en México ha dejado de existir como derecho para convertirse en una gracia del gobernante. La ministra asegura que esto "da seguridad a todos", pero la única seguridad que garantiza es la de un Estado omnipotente frente a un ciudadano indefenso.

Hoy, la supuesta seguridad financiera se construye sobre el cadáver de la seguridad jurídica. Resulta paradójico que quien presume formación en la UNAM y transitó de la Consejería Jurídica de la Presidencia a la Corte, entregue un posicionamiento que es un auténtico galimatías de colección; una pieza de retórica que olvida que, sin justicia, el orden no es más que tiranía.

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El posicionamiento de la ministra es de colección.; textual.

"Yo estoy a favor del proyecto (de Loreta Ortiz) y creo que el hecho no resulta ya aplicable la jurisprudencia que se invoca porque se modificó la ley y allí se establece la garantía de audiencia y se establece todo un procedimiento administrativo, para quien pueda verse afectado por esta medida cautelar, pueda llevar a cabo la defensa.

Evidentemente, si concluimos que necesitamos de una autorización de alguna autoridad extranjera para proceder al bloqueo de cuentas, estaríamos sujetando nuestra soberanía a lo que decida un país extranjero y me parece que esa interpretación conforme no puede darse en nuestro sistema jurídico, somos un país soberano, pero sí es cierto que hemos firmado Convenios, y conforme a esos Convenios tenemos firmado la Convención de Palermo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, y también es integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional (el GAFI) y, en general, el Estado Mexicano está obligado a implementar medidas preventivas y de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo cual la UIF se basa en los estándares (y también la ley) internacionales del GAFI, es la recomendación 29, que aconseja a los países miembros, contar con una Unidad de Inteligencia Financiera para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, estamos cumpliendo con esa obligación internacional y no se está privando a nadie de su derecho de propiedad, las limitaciones al derecho de la propiedad hace tiempo que ya están reconocidas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. 

¿Por qué? Porque debe prevalecer una situación de equilibrio entre el interés privado que parte del derecho de propiedad, derecho de propiedad que desgraciadamente no todos disfrutan, porque no todos tienen una cuenta bancaria que pueda ser bloqueada, entonces, perdón, pero defender como si fuera un derecho universal el derecho de propiedad, que es el derecho a la propiedad, sí se tiene, pero no el derecho de propiedad, y no es absoluto ese derecho de la propiedad desde hace ya tiempo en nuestro régimen y en todos los demás regímenes de los Estados. ¿Por qué? Porque no se puede usar, lo que llamaban los romanos el ius disponendi, no se puede abusar del derecho de propiedad, y, en ese sentido, lo que hay aquí no es una privación del derecho de la propiedad, es una limitación al derecho de la propiedad que es factible darla porque establece, y me parece muy correcto el argumento de la Ministra, como un acto de molestia que está sujeto a un procedimiento, se cumple con ese procedimiento y se cumplen los plazos, no se deja en ningún momento en estado de indefensión a la persona bloqueada.

Y hablar, como ejemplo, para que nos compadezcamos de esta medida del hecho de que una madre sufre eso, me parece que pudiera no ser el ejemplo normal que pudiéramos utilizar, sino de aquellas personas que hacen grandes movimientos de dinero mediante, ahora, los nuevos sistemas que hacen necesario que se tome en cuenta esta realidad, de que el movimiento del dinero puede hacerse de manera inmediata, y por eso es que estas medidas tienden, precisamente, a evitar ese movimiento inmediato y fraudulento de grandes cantidades de dinero, pensemos en los que mandan su dinero a las Islas Caimán o a Suiza y que lo hacen de manera inmediata, y que lo hacen con el fin de lavar el dinero, yo creo que eso es lo que se está persiguiendo, se está persiguiendo garantizar una adecuada organización financiera que dé seguridad a todos, digo, porque esos recursos se puedan ir de manera tan rápida, como hoy se hace, ponen en riesgo la seguridad financiera del país, y no solo del país, sino de otras instituciones extranjeras.

Entonces, creo que es muy correcta las consideraciones y la conclusión a la que llega la Ministra Loretta Ortiz, por eso voy a estar a favor del proyecto: porque da seguridad a todos, a los que son sujetos del bloqueo de cuentas y a todos nosotros n el sentido de que no va a haber una distracción inmediatade dinero de quien lo hace con fines para eludir el cumplimiento de las obligaciones que tenemos todos los mexicanos. Es cuanto.