Las columnas políticas hoy, martes 7 de abril de 2026

  La Luna a cucharadas: el regreso a casa de un viaje histórico

Dice el poeta Sabines que la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Pero hoy, mientras la cápsula Orión emprende su regreso a casa, nos damos cuenta de que la luna ya no es solo un sedante para los intoxicados de filosofía. Hoy es una dirección, un destino, un pedazo de roca que cuatro seres humanos han guardado en el bolsillo de su memoria para siempre.

Tras décadas de una nostalgia que nos pesaba en los pies, la misión Artemis II nos ha devuelto el cielo. No es solo el regreso de una nave; es el retorno del hombre a ese silencio absoluto donde —como dice Sabines— uno puede ser rico sin que nadie lo sepa. Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen han habitado ese silencio. Durante cuarenta minutos, en el lado oscuro del satélite, estuvieron solos. Sin radio, sin Tierra, sin nosotros. Fue entonces cuando Koch nos regaló la dosis precisa de humanidad: "Siempre nos elegiremos los unos a los otros". Porque, al final, uno va tan lejos solo para confirmar que el verdadero milagro está aquí abajo.

Esta misión ha roto récords de distancia, superando los 400 mil kilómetros - 407 mil- que impuso el Apolo 13 hace más de medio siglo. Pero la verdadera distancia que se acortó fue la del corazón. Lo vimos cuando propusieron nombrar un cráter como “Carroll”, en honor a la difunta esposa del comandante Wiseman, a quien el cáncer le arrebató la vida. Pusieron un nombre amado en la geografía del cielo. Así, el cráter Carroll es ahora esa "hoja tierna de luna debajo de la almohada" para que el comandante pueda mirar, por fin, lo que siempre quiso ver.

El geólogo Gordon Osinski, testigo del estruendo en el Centro Espacial Kennedy, confesó que tuvo miedo. Y es que detrás de las 2,600 toneladas de fuego y acero del cohete SLS, habita la fragilidad. Están las lágrimas de un hijo que despide a su padre y está una tripulación que representa a toda la especie: la primera mujer, el primer hombre afroamericano, el primer canadiense. Ya no hay fronteras; solo hay ojos asombrados ante esa "canica azul" que se observa por la ventana a miles de kilómetros de distancia.

Hoy, la cápsula Integrity navega de vuelta. Traen con ellos un frasquito de aire de luna para cuando nos ahogue la rutina. Traen la llave para los desencantados. Porque la ciencia nos da los datos y la potencia de los motores, pero son estos pioneros —estos locos condenados a la vida— quienes nos devuelven la capacidad de asombro.

La luna sigue ahí. Sigue siendo buena para los ancianos y para los niños que no se duermen. Pero a partir de hoy, gracias a Artemis, la luna es también un espejo donde la humanidad se ha vuelto a reconocer. Bien lo sabía Borges cuando le escribió a María Kodama:

Hay tanta soledad en ese oro.

La luna de las noches no es la luna

que vio el primer Adán. Los largos siglos

de la vigilia humana la han colmado

de antiguo llanto. Mírala. Es tu espejo.

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 El Reloj de Arena en Ormuz

El mundo contiene la respiración mientras el reloj avanza hacia las ocho de la noche. No es solo un plazo diplomático; es, en palabras de Donald Trump, el posible epitafio de una civilización. Con el Estrecho de Ormuz bloqueado, la retórica en Washington ha dejado de ser una advertencia para convertirse en una sentencia de demolición inminente.

"Esta noche morirá toda una civilización". La frase, lanzada desde Truth Social, resuena con un tono casi bíblico. Trump no solo amenaza con fuego; habla de un "cambio de régimen total" y del fin de 47 años de una era en Irán. Es el estilo Trump en su máxima expresión: la mezcla de un escenario apocalíptico con la promesa de algo "revolucionario y maravilloso" que surge de las cenizas.

La advertencia es quirúrgica y devastadora: puentes y centrales eléctricas. El Mandatario asegura que el tiempo de las prórrogas se agotó. La estrategia es clara: poner a Teherán frente al espejo de su propia desaparición infraestructural si el tráfico marítimo no fluye antes de que caiga el sol en el Este de Estados Unidos.

Estamos a horas de descubrir si este es otro capítulo de la diplomacia del límite o el inicio de una transformación violenta que cambiará el mapa dek Medio  Oriente para siempre. Esta noche, el mundo no solo observa una noticia; observa cómo se escribe —o se borra— la historia.

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El espejo de la ONU y el dilema Mexicano

El debate sobre las desapariciones en México ha escalado a un terreno de tensión diplomática. Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ha lanzado un mensaje claro: en democracia el desacuerdo es válido, pero la descalificación institucional es peligrosa. Esta respuesta surge tras las críticas de la Presidenta Sheinbaum, quien cuestionó la metodología y la naturaleza misma del Comité ante la alarmante cifra que supera ya las 132 mil personas desaparecidas.

¿Presión o Supervisión?

Lo que estamos presenciando es un choque de narrativas. Por un lado, el Gobierno de México defiende su estrategia, argumentando que el fenómeno es herencia del pasado y responsabilidad del crimen organizado. Por otro, la ONU aplica el Artículo 34 de la Convención, advirtiendo que la magnitud del problema tiene tintes "generalizados y sistemáticos", lo que eleva el caso a la Asamblea General. La crítica objetiva aquí es que el Estado no puede descalificar al árbitro que él mismo ayudó a elegir; la independencia de estos órganos es el único contrapeso real frente a una crisis humanitaria que no deja de crecer.

Resulta preocupante que la discusión se pierda en tecnicismos sobre si el Comité analizó un periodo cerrado o si es un órgano de primer nivel. Mientras las instituciones se lanzan dardos retóricos, la realidad es implacable: las familias de los desaparecidos siguen buscando. Minimizar la injerencia de la ONU bajo el argumento de la soberanía corre el riesgo de invisibilizar la evolución de un delito que, lejos de erradicarse, se ha transformado en un dolor cotidiano que trasciende sexenios.

La cooperación internacional no es una amenaza, sino una herramienta. Ignorar las directrices de Naciones Unidas no borra las cifras; al contrario, debilita la confianza en las instituciones encargadas de traer justicia a quienes hoy nos faltan.

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La tragedia de Vizsla Silver: El goteo de la muerte

La noticia nos llega con la pesada carga de la pérdida confirmada. El nombre de Miguel Tapia Rayón se suma hoy a una lista que nunca debió existir. Él es el noveno minero de la empresa Vizsla Silver identificado sin vida, tras aquel oscuro episodio de enero en Concordia, Sinaloa, donde diez trabajadores fueron arrancados de su descanso por la violencia.

Nueve de diez. Nueve familias que han pasado del calvario de la incertidumbre al luto rotundo. Mientras las autoridades, encabezadas por el secretario Omar García Harfuch, sostienen la tesis de una trágica "confusión" en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, las voces de los trabajadores y líderes sindicales cuentan una historia distinta: la de la extorsión y el cobro de piso que no se pagó.

Más allá de las versiones oficiales o los conflictos entre "Chapos" y "Mayos", lo que queda es el vacío en las minas y en los hogares. Solo falta uno: Antonio Esparza. Hoy su nombre es el último hilo de esperanza —o de exigencia— en una tragedia que nos recuerda que, en este país, el trabajo honrado sigue atrapado en el fuego cruzado de una guerra que no perdona.

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El fin de la presunción de inocencia financiera

La justicia en México acaba de dar un viraje de timón que sacude la confianza en nuestro sistema financiero. En una decisión histórica, la Suprema Corte decidió soltarle la mano a la jurisprudencia de 2018 para entregarle a la UIF un poder que se siente absoluto: congelar cuentas bancarias sin orden judicial, basándose solo en "indicios razonables".

Con seis votos a favor y tres en contra- Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa-, el pleno desechó la inconstitucionalidad promovida por la oposición. La ministra Loretta Ortiz sostiene que esto no es una sanción, sino una "molestia temporal" para agilizar la lucha contra el lavado de dinero. Pero seamos claros: en la vida real, esa "molestia" es una sentencia anticipada. Lo que antes era una excepción —activada solo por peticiones internacionales— hoy es la regla local. El Estado decidió que la eficiencia burocrática vale más que la Constitución. Esa es nuestra nueva Corte… la del acordeón.

La votación evidenció una Corte fracturada. Mientras ministras como María Estela Ríos defendieron el bloqueo como un compromiso internacional, otros, como Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa, advirtieron que no era necesario destruir la jurisprudencia anterior para castigar a los delincuentes; bastaba con aplicar la ley vigente. Sin embargo, la mayoría prefirió inclinar la balanza hacia el poder administrativo, dejando en la indefensión la propiedad privada y abriendo, de par en par, la caja de Pandora.

 Lo más grave es la perversa inversión de la carga de la prueba. En el México actual, tus ahorros son culpables hasta que tú demuestres su pureza. El ciudadano se enfrenta a un sistema donde el amparo ha sido debilitado y donde el SAT y la UIF se erigen, al mismo tiempo, como supervisores, fiscales y jueces.

Y no nos engañemos: no hablamos solo de grandes cárteles. Aunque usaron el caso de una empresa vinculada a Ismael Zambada para justificar el cambio, el reglamento parece diseñado para cercar al contribuyente de a pie. Con plazos asfixiantes y sanciones "exprés", el sistema convierte a contadores y notarios en informantes forzados. Te enteras de la sospecha cuando el daño ya está hecho: la cuenta bloqueada y el patrimonio inmovilizado.

Ojo aquí: el próximo 9 de abril, la Corte revisará si la UIF puede hurgar en tus historiales patrimoniales sin permiso de un juez. Si esto se avala —y seguramente van a avalar esa barbaridad— el artículo 16 constitucional quedará en letra muerta.

Total una raya mas al tigre no se nota!

La seguridad nacional podrá haber ganado una batalla táctica, pero la seguridad jurídica ha perdido su principal trinchera.

Con este fallo, el artículo publicado en el DOF el 11 de marzo de 2022 queda firme…

 Hoy, estar registrado en el SAT parece ser el primer paso para ser sospechoso. ¿Quién nos protege de un error de la autoridad si los jueces han decidido dejar de juzgar para comenzar a acatar? ¡Dios nos coja confesados!

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 Diálogo sí, intermediarios no: Sheinbaum

La parálisis de carreteras en 17 estados no fue suficiente para doblar el brazo del Ejecutivo. Transportistas y agricultores exigen seguridad, frenar el IEPS y precios de garantía, pero se han topado con un muro político infranqueable.

Desde la mañanera, la presidenta Sheinbaum fue tajante: habrá diálogo, pero no se regresará al esquema de entregar recursos a través de organizaciones. Para el Gobierno, el modelo de intermediarios es un capítulo cerrado. La instrucción es clara: el apoyo va directo al productor, sin escalas que —según la narrativa oficial— fomentan la corrupción.

Sin embargo, el problema de fondo desborda la entrega de dinero. Las demandas del Frente Nacional para el Rescate del Campo y la ANTAC tocan fibras sensibles: la inseguridad en corredores clave y la crisis por la importación de granos. Bloquear el abasto nacional es una medida desesperada ante un campo y un transporte que se sienten asfixiados.

La pregunta es: ¿bastará el diálogo directo para desactivar un conflicto que ya afecta la movilidad de medio país? Por ahora, la Presidenta mantiene el timón firme: contacto directo con el pueblo, pero las puertas cerradas para las cúpulas organizadas.

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Las columnas políticas hoy, martes 7 de abril de 2026

Templo Mayor/ REFORMA

VAYA PARADOJA: la misión Artemis 2 alcanzó los 407 mil kilómetros de distancia para llegar a la luna, transmitiendo en vivo el viaje completo, las 24 horas del día... y en México siguen sin poder explicar un derrame de chapopote en el Golfo de México. Ah, pero ahora se va a crear un "observatorio" para seguir pateando el bote, perdón, para encontrar las causas del mayor desastre ambiental de este gobierno.

EL ANUNCIO hecho por la propia presidenta Claudia Sheinbaum señala que a las investigaciones de Pemex y la Semarnat se integrarán instituciones académicas y científicas... pero no dijo cuáles ni cómo serán designadas. Así que la transparencia del Observatorio del Golfo está turbia como el agua de las playas veracruzanas.

A DOS meses de que comenzó el derrame que ya recorrió toda la costa y llegó hasta Texas, el gobierno federal sigue jugando a que no sabe de dónde salió todo ese hidrocarburo. Ya negaron el hecho, luego se habló de un buque fantasma autorizado por Enrique Peña, de chapopoteras naturales, se negó después una fuga en ductos, y ahora la Presidenta vuelve a decir que "se van a investigar las causas".

LOS ASTRONAUTAS de la NASA fueron y regresarán de la luna... y México seguirá sin respuestas claras sobre el desastre ambiental en el Golfo.

 LA NUEVA administración de la Auditoría Superior de la Federación le metió fuerte la tijera a la estructura de ese organismo al desaparecer más de la mitad de sus direcciones. Increíblemente contaba con 116 puestos de ese nivel y se redujo ahora a 41, bajo la idea de tener una estructura menos cara y más ágil. Por lo pronto, el recorte evidencia la manera en que la ASF se convirtió en los últimos años en una agencia de colocaciones de cuotas y cuates.

EL VERDADERO reto para el nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios Cardel, es demostrar que con menos se puede hacer más, pues su antecesor se caracterizó por engordar la nómina y, al mismo tiempo, generar la menor cantidad de resultados en la historia de la ASF.

NO ES QUE se esperara mucho de la Suprema Corte del Acordeón, pero... no deja de sorprender hasta dónde llegan las y los nuevos ministros con tal de alinearse con la 4T. Ayer avalaron, sin siquiera inmutarse, una de las reformas más graves del actual régimen: la facultad de la temida UIF, para bloquear cuentas bancarias, ¡sin orden judicial! ¿Qué necesita para congelar las cuentas de cualquier persona? Simple y sencillamente tener "indicios razonables" (cualquier cosa que eso signifique) de que se manejan recursos de origen ilícito.

EL ASUNTO resulta tan bizarro que la FGR no puede bloquear cuentas sin la autorización de un juez. Pero una unidad de Hacienda que no tiene facultades penales... ¡sí puede!

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Ni en la 4T quieren elección judicial en el 2027

Bajo Reserva/El Universal

Nos hacen notar que cada vez surgen más políticos que señalan que es inviable que se realice la elección judicial el próximo año, como quedó establecido en la reforma constitucional, y que la empalma con la elección intermedia. Luego de lo complicado que resultaron los primeros comicios, donde sólo votaron 13 millones de 99 millones de electores, varios legisladores consideran inconveniente juntar los comicios. Y no sólo lo señala la oposición, sino también dentro de la autollamada Cuarta Transformación. El vicecoordinador de Morena en San Lázaro y cercano a la presidenta Sheinbaum, Alfonso Ramírez Cuéllar, en reiteradas ocasiones ha afirmado que pasar la elección judicial a 2028, “evitará la saturación informativa” de campañas y una mejor organización electoral. ¿Será que los diputados del oficialismo se atreverán a incluir esa modificación en el Plan B que discutirán esta semana?

¿Narcomanta o políticomanta?

Nos cuentan que una manta aparecida en La Paz, Baja California Sur, con supuestas denuncias y amenazas contra la alcaldesa, Milena Quiroga, ya escaló más allá de la grilla local y que, para seguir la ruta completa de su origen, entraron a la investigación tanto el Centro Nacional de Inteligencia como la Fiscalía General de la República. La instrucción, según dicen, es una sola: ir hasta las últimas consecuencias y no dar por bueno ningún guion prefabricado, venga de donde venga. En esa lógica, nos aseguran, no habrá excepciones ni blindajes políticos: si detrás hay mano externa, se sabrá; y si resulta que el hilo conduce al siempre socorrido fuego amigo, también.

Cementeros bajo fuego amigo

Nos cuentan que quienes se llevan pesado son los integrantes de la Cooperativa del Cruz Azul. Nos explican que Juan Manuel Briseño, director Financiero de Cruz Azul, en funciones, lleva un año y medio detenido en prisión preventiva en la Ciudad de México. A don Juan Manuel, nos dicen, lo acusan de violación por tocamientos, pues al acudir a un table dance de la alcaldía Benito Juárez, una trabajadora sexual se acercó a tomar una copa con él en las salas del lugar, frente a todos. Días después la chica lo acusó de violación. Sus abogados rechazan la imputación. Y hay quien piensa que esta maniobra viene desde la directiva de la cooperativa, que encabeza Víctor Velázquez, que busca controlar la chequera al precio que sea.

Las acciones afirmativas en renovación del Consejo del INE

Nos platican que ayer, durante la aplicación del examen para quienes aspiran a formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), hubo un espacio en el que se permitió a quienes se consideran parte de algún grupo vulnerable, hacerlo saber, a fin de cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral, que preside Gilberto Bátiz García, para integrar a cuando menos una persona de grupos vulnerables a las quintetas. Nos adelantan que fueron cerca de tres decenas quienes se registraron, la mayoría como “adulto mayor”, pero también algunos que se autorreconocieron como indígenas, cuestión que habrá que verificar, pues en más de un caso candidatos a puestos de elección popular se han declarado miembros de pueblos originarios sin serlo.

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El nuevo poder de la UIF y la Corte dividida/Mario Maldonado

El bloqueo de cuentas sin orden judicial puede ser eficaz para desarticular redes financieras del crimen o un instrumento con efectos sobre opositores y ciudadanos sin la debida certeza jurídica/

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó este lunes una decisión que marca un antes y un después en el sistema financiero mexicano. Con seis votos a favor y tres en contra -, el pleno avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, bajo el argumento de que se trata de una medida administrativa y no penal. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz desechó la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y avaló un criterio que amplía de forma significativa las facultades del Estado sobre el dinero de los particulares.

La votación, sin embargo, evidenció una Corte fracturada. De un lado, ministras como María Estela Ríos defendieron que el bloqueo de cuentas responde a compromisos internacionales en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Del otro, Yasmín Esquivel advirtió que la norma deja en la indefinición los supuestos bajo los cuales la autoridad puede intervenir y abre la puerta a afectaciones a la propiedad privada. El fondo del debate fue el alcance del poder administrativo frente a los derechos patrimoniales. Y la resolución inclinó la balanza hacia el primero.

El fallo no se puede entender sin el contexto político y financiero que atraviesa el país. La presión de Estados Unidos sobre el sistema bancario mexicano no ha cedido. Al contrario, se ha intensificado. La presencia discreta pero activa de funcionarios de la OFAC en la Convención Bancaria de Cancún, encabezados por perfiles como Lisa Palluconi, confirma que el escrutinio es permanente. A eso se suman las sanciones previas del FinCEN a instituciones como Vector, CiBanco e Intercam, y la amenaza latente de nuevas inclusiones en la “lista negra” si no hay resultados.

En ese contexto, el gobierno mexicano aceleró la firma de acuerdos de cooperación en las últimas semanas. El más relevante es el Memorándum de Entendimiento entre la UIF y el IRS-CI, el brazo criminal del fisco estadounidense, que permite el intercambio de inteligencia financiera y tributaria en tiempo real. A nivel interno, se reforzó la coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Ángel Cabrera, para cerrar la brecha histórica entre la detección de operaciones sospechosas y su judicialización. La resolución de la Corte llega, por lo tanto, en un momento en el que México necesita mostrar resultados.

Lo que también queda claro es que la UIF dejó de ser una oficina subordinada a la Secretaría de Hacienda. Aunque formalmente depende de esa dependencia, hoy opera más alineada con la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch que con la conducción financiera de Edgar Amador. La inteligencia financiera se convirtió en una herramienta de combate al crimen organizado y no sólo en un mecanismo de supervisión económica. En ese rediseño, el congelamiento de cuentas es una pieza central.

El cambio de mando en la UIF también explica parte de este viraje. La llegada de Omar Reyes sustituyó a una gestión que fue desastrosa: la de Pablo Gómez, cuya falta de atención a requerimientos de agencias como el FinCEN y el Departamento del Tesoro derivó en señalamientos internacionales y en el colapso de instituciones financieras que no pasaron la prueba del ácido. Hoy, con un perfil técnico y experiencia en inteligencia financiera, la UIF retomó interlocución con sus contrapartes estadounidenses y elevó el nivel de coordinación.

La resolución de la Corte le da ahora a esa nueva UIF un respaldo jurídico que antes no tenía del todo claro. El bloqueo de cuentas sin orden judicial se convierte en un arma de doble filo. Puede ser una herramienta eficaz para desarticular redes financieras del crimen, o un instrumento discrecional con efectos sobre opositores y ciudadanos sin la debida certeza jurídica.

Posdata 1

En la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel, volvió a encenderse una alerta en torno a una licitación relevante para la impresión de materiales de sus programas sociales, cuyo monto supera los 516 millones de pesos. El proceso, publicado el pasado 26 de marzo por la tarde y prácticamente al arranque del periodo vacacional de Semana Santa, se diseñó con tiempos y condiciones que, a decir de participantes del sector, dificultan la preparación de propuestas y reducen la competencia efectiva.

El expediente incluye 87 conceptos a cotizar en plazos recortados y con información incompleta sobre cantidades, especificaciones técnicas y lugares de entrega. A esto se suman modificaciones posteriores que cambiaron condiciones logísticas sin detallar nuevos destinos, lo que introduce incertidumbre operativa. Especialistas advierten que estos ajustes podrían contravenir disposiciones de la Ley de Adquisiciones, al alterar de forma sustantiva los términos originales de la convocatoria.

Uno de los elementos más cuestionados son los requisitos técnicos. Se exige a los licitantes acreditar la posesión de más de 40 equipos de alta gama, con valores millonarios y características que no necesariamente corresponden al tipo de impresión solicitado. En el sector se interpreta como un diseño que limita la participación a un número muy reducido de empresas. También genera dudas la exigencia del registro REPSE, cuya pertinencia en este caso no es clara.

Las inconformidades apuntan además a un patrón que no es nuevo. Desde 2022, la empresa Impresores en Offset y Serigrafía S.C. de R.L. de C.V., cuyo principal accionista es Carlos Javier Mondragón de la Garza, ha resultado beneficiada en contratos similares dentro del gobierno federal, acumulando adjudicaciones por varios cientos de millones de pesos en distintos ejercicios. En esta licitación vuelve a aparecer como el participante mejor posicionado, lo que alimenta la percepción de condiciones recurrentes que favorecen a un mismo proveedor. Versiones de participantes también refieren la intervención de funcionarios del área de adquisiciones como Beatriz Fajardo Espinoza, así como la posible participación de Álvaro Zavala Cano y Erik Oviedo Salazar en el proceso, señalamientos que, por su naturaleza, tendrían que ser investigados por las autoridades competentes.

Posdata 2

En medio de la revisión del T-MEC y de la reciente visita de una nutrida delegación empresarial de Canadá a México —y la que está programada para mayo, cuando inversionistas mexicanos viajarán a Toronto, Montreal y Vancouver—, el clima para los negocios volvió empañarse, en este caso por la inseguridad.

La minera canadiense Vizsla Silver confirmó la muerte de nueve de sus 10 trabajadores secuestrados en enero en Concordia, Sinaloa. El caso, que sigue con un empleado desaparecido, expone la operación de grupos del crimen organizado en zonas donde también hay actividad económica estratégica.

Canadá es uno de los principales inversionistas en México, particularmente en el sector minero. En ese contexto, los mensajes de integración económica y relocalización de inversiones chocan con episodios que evidencian riesgos operativos y de seguridad. La señal para los socios del T-MEC es contradictoria.

Posdata 3

El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU volvió a colocar a México bajo presión internacional por la crisis de personas desaparecidas. La presidenta Claudia Sheinbaum encontró respaldo en gobernadores de Morena, entre ellos el de Oaxaca, Salomón Jara, quien cuestionó el documento al considerar que omite avances recientes en la atención del delito. El cierre de filas se da en un momento en que el gobierno federal enfrenta críticas externas y busca sostener una narrativa de fortalecimiento institucional.

Desde Oaxaca, Jara defendió que su administración ha reforzado las instancias de búsqueda, la atención a familiares y la coordinación con autoridades federales y colectivos. Sin embargo, el contraste con el diagnóstico de la ONU es evidente. Mientras el gobierno local subraya avances, el organismo internacional insiste en rezagos estructurales y fallas en los sistemas de registro e identificación.

El respaldo de los gobernadores apunta a contener el impacto político del informe y a respaldar la postura de la Presidencia frente a organismos multilaterales. No es la primera vez que ocurre. En temas como este, la estrategia ha sido cuestionar la metodología o el alcance de los informes internacionales. Las declaraciones de Jara se insertan en una línea de defensa más amplia del proyecto federal.

Posdata 4

El corporativo de Nestlé México anunció un nuevo nombramiento en su cuadro directivo. Se trata de Javier León, quien a partir de abril ocupa la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Comunicaciones, para consolidar las relaciones que permitan mantener a nuestro país como el cuarto más importante en ventas para la compañía y el segundo con mayor nivel de inversiones globales.

El nuevo elemento cuenta con casi 20 años de trayectoria en el ramo, liderando para Nestlé áreas de comunicación, marketing, asuntos públicos y sostenibilidad en mercados como Perú, Bolivia y en la sede global de Suiza, lo que le aporta una visión integral y multicultural del negocio.

Al mismo tiempo , León preside el Comité Técnico de ESG (Environmental, Social, and Governance) del COMCE (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología), desde donde pretende impulsar la adopción de criterios de sostenibilidad en el sector empresarial.

@MarioMal

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Estrictamente Personal

La gobernadora sí está en problemas/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, abril 07, 2026 |

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está cerca de que el escándalo por sus presuntos lazos familiares con el crimen organizado la alcance. Haberse divorciado el año pasado de Carlos Torres Torres, para controlar los daños que le había causado la cancelación de sus visas para entrar a Estados Unidos, no impide que se vea envuelta en la turbulencia político-jurídica que se avecina: existe evidencia de que su exesposo recibió –por un tiempo aún no precisado– 500 mil dólares mensuales de cárteles de las drogas.

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hasta donde ha trascendido, señala únicamente a Torres Torres, pero no está cerrada. El divorcio fue un control de daños, pero no inmuniza a Ávila, que es una de las poco más de 100 políticas y políticos mexicanos a quienes la administración Trump les ha cancelado la visa. Las de la pareja fueron suspendidas en mayo del año pasado, cuatro meses antes de su separación legal.

Las razones por las que se les cancelaron no son públicas, pero entre las causales que pueden llevar a que el Departamento de Estado las revoque, se encuentra haberse extralimitado en el plazo de autorización para estar en Estados Unidos, fraude, problemas de seguridad o actividad criminal. En su momento, la gobernadora aseguró que era solo un problema administrativo que estaba en vías de resolverse. Ávila tampoco dudó en respaldar a su entonces esposo, y en un mensaje en X señaló que siempre había actuado con integridad y “profundo compromiso por Baja California”.

Torres Torres era el coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno, y la justificación contra el conflicto de interés era que no tenía salario. “Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y político”, agregó la gobernadora cuando hizo pública la cancelación de sus visas. De acuerdo con fuentes diplomáticas estadounidenses, el caso en contra de Torres Torres señala que el dinero que recibía regularmente era para permitir al crimen organizado operar sin problema en Baja California.

La gobernadora, se puede argumentar, realizó un divorcio estratégico y preventivo. A la pareja se le ha relacionado con propiedades millonarias y cuentas bancarias que Ávila dice no tener. El caso contra su exesposo permitirá saber si la gobernadora dijo la verdad o mintió, de la misma manera que tendrá que explicar, llegado el caso, cómo no se dio cuenta de los nueve millones de pesos –el equivalente a 500 mil dólares a un tipo de cambio de 18 pesos por unidad– que recibía cada 15 días, como establece la investigación en Estados Unidos.

Ávila es una de las gobernadoras preferidas del régimen, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su nombre, sin embargo, ha sido recurrente en las reuniones de los enlaces de ambos países en el tema de la seguridad, donde se ha estado hablando de una solicitud de licencia. No existe una investigación en México contra ella, a diferencia de su exesposo, que de acuerdo con una investigación periodística de N+ Focus transmitida a finales de enero, lo están investigando desde septiembre por presuntamente ser parte de una red implicada en tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.

El trabajo periodístico reportó también una denuncia presentada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en junio de 2025, que señala que Torres Torres recibía 150 mil dólares mensuales de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario del Ayuntamiento de Mexicali, a cambio de facilitar la operación del grupo criminal de Los Rusos, una célula vinculada al Cártel de Sinaloa. Esa carpeta de investigación imputa a cuando menos 20 políticos y empresarios por los delitos de recursos de procedencia ilícita y posibles vínculos con la delincuencia organizada.

Torres Torres siempre ha negado cualquier señalamiento criminal. Sin embargo, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, tanto él como la gobernadora estuvieron involucrados en un conflicto en Baja California hace más de tres años por el reacomodo de cárteles en Tijuana, que impactó en el resto del estado. En términos estadísticos, la violencia en Baja California se agudizó desde noviembre de 2021, cuando Ávila asumió la gubernatura, y de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad en aquel año, se realinearon los cárteles de las drogas surgiendo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las fuerzas de mayor presencia y control.

Un reporte que le mostraron al gabinete de seguridad durante una reunión en Palacio Nacional mostraba la penetración del crimen organizado en el gobierno de Ávila, donde adjudicaban al entonces fiscal, Ricardo Carpio, los problemas de la inseguridad por sus relaciones con miembros de los cárteles, entre los que sobresalía como su operador Pablo Edwin Huerta, El Flaquito, que había sido uno de los lugartenientes dentro del Cártel de los Arellano Félix. Ávila los promovió y mantuvo en el cargo hasta que fue imposible. Carpio renunció en 2023, tiempo después de que dos de sus ministerios públicos fueron detenidos en California con drogas.

López Obrador nunca quiso actuar en Baja California. Incluso, cuando su amigo, el antecesor de Ávila, Jaime Bonilla, lo buscó para informarle lo que estaba pasando en Baja California, lo ignoró. Bonilla la denunció en 2022 en el Senado, donde aseguró que la violencia en esa ciudad, en Mexicali, Rosarito y Ensenada se debía a un pacto incumplido con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La gobernadora siempre lo negó. Hace poco más de una semana, Bonilla fue sancionado por un tribunal estatal por violencia de género en contra de la gobernadora.

Sheinbaum no ha sido omisa como lo fue López Obrador. La investigación contra Torres Torres sigue caminando, y le ha enviado mensajes a Ávila para que resuelva sus problemas y ordene el estado. Primero fue con Mario Delgado, el secretario de Educación que es muy cercano a ella, para informarle que los estadounidenses estaban sugiriendo que pidiera licencia. Después con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.

No obstante, Ávila permanece estática, esperando quizás que se desvanezca el caso. Pero no va a ser así. Autoridades estadounidenses informaron de manera oficiosa a México los avances contra Torres Torres, y pidieron que actúe en su contra. Hacerlo, sin embargo, significará un desafío: cómo evitar que las acusaciones no salpiquen a la gobernadora.

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Estado invasivo

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento 

REFORMA, 07 abril 2026

"Los que van a sentir esto en la

cuenta y en la vida son los de siempre.

Los ciudadanos que el Estado nunca

protege, pero siempre vigila". José Mario de la Garza

  Con el pretexto de la guerra contra las drogas, esa que supuestamente ya no existe, el Estado mexicano espía cada vez más a los gobernados y los castiga antes de ser juzgados en tribunales. El gobierno está creando un régimen más invasivo e injusto que el del PRI de los setenta.

Ayer la Suprema Corte avaló un proyecto que le permite a la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa y sin petición de una autoridad internacional. Se anula así un fallo de 2018. La ministra Loretta Ortiz argumentó que congelar cuentas no es una sanción penal sino una medida cautelar administrativa.

Por otra parte, la Suprema Corte revisará este próximo 9 de abril la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar revisiones de historiales bancarios y patrimoniales de particulares sin orden de un juez. El proyecto del ministro Giovanni Figueroa desecharía un amparo previo que consideraba que estas revisiones son inconstitucionales. Una simple sospecha, real o fingida, o quizá políticamente motivada, será suficiente.

El gobierno prepara, además, un paquete de modificaciones al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, que dará mayores facultades al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para vigilar y sancionar a los contribuyentes. Facilitará las visitas de verificación y los requerimientos de documentación y aplicará, además, sanciones "sin implementar el proceso sancionador". Los contribuyentes tendrán solo 10 días para responder a los requerimientos de la autoridad, la cual podrá aplicar sanciones inmediatamente después. También los vales, cupones o monederos electrónicos serán sometidos a estas verificaciones (¿usarán los cárteles vales de despensa?). El SAT podrá requerir información de auditorías internas de las empresas y se ampliará el plazo en que se deben conservar los documentos bancarios y financieros de cinco a 10 años.

"El nuevo reglamento antilavado no va contra el Chapo ni contra los grandes lavadores de dinero. Va contra ti", sostiene en redes el abogado José Mario de la Garza. Efectivamente, las medidas están dirigidas contra los pequeños y medianos contribuyentes, que hacen ya enormes esfuerzos para cumplir con una legislación fiscal cada vez más complicada y amenazante. Eliminar el proceso sancionador previo significa que el Estado podrá castigar al contribuyente sin cumplir con los requisitos de ley para evitar abusos de autoridad. Además, "Tu notario, tu contador, tu abogado van a reportarte ante la UIF, no porque seas sospechoso, sino porque si no lo hacen les cae la multa a ellos -señala De la Garza-. Y tú te enteras cuando ya es tarde: cuenta bloqueada, crédito negado, historial manchado. Primero el golpe. Luego, si acaso, te escuchan".

El gobierno podrá revisar transacciones, bloquear cuentas y sancionar sin orden de un juez. Viviremos violaciones sistemáticas al artículo 16 de la Constitución: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". La UIF y el SAT serán supervisores, fiscales y jueces. Podrán cancelar cuentas o sancionar de manera discrecional.

Bienvenidos al Estado más invasivo de México en su historia. Bajo el pretexto de combatir a los cárteles, el Estado está persiguiendo a los contribuyentes registrados en el SAT.

· 5 MIL MILLONES

Cuesta 5 mil millones de pesos a la semana subsidiar el IEPS a las gasolinas, dijo ayer la presidenta Sheinbaum. ¡Qué bueno que somos un país tan rico que podemos quemar esta cantidad de dinero! Con razón los servicios gubernamentales se deterioran cada vez más.

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