Propuesta de Punto de Acuerdo.
A pocos días de que el Senado de la República nombre a los seis magistrados Electorales de la Sala superior del Poder Judicial de la Federaciónse el PRD en voz del Senador Ricardo Monreal Avila, presentó el siguiente Punto de Acuerdo:
Ciudadano Presidente muchas gracias. Ciudadanas senadoras; ciudadanos senadores de la República: La integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una de las primeras tareas sustantivas que atiende nuestra legislatura. La decisión que aquí se tome impactará el desarrollo político y electoral del país los próximos 10 años, es decir, trascenderá el periodo de vida del actual Congreso, hablamos, entre otras cosas, de que el Tribunal Electoral que aquí se integra calificará las próximas tres elecciones federales una de ellas presidencial y un gran número de elecciones locales.
En este sentido sería una grave omisión de nuestra legislatura reducir la integración del próximo Tribunal Electoral a un mero trámite parlamentario o a una mera votación cuantitativa, cuando lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia electoral en la próxima década.
Desde esta perspectiva el Senado debería estar analizando en estos momentos no sólo la trayectoria curricular de los aspirantes a magistrados electorales sino la naturaleza, orientación y objetivos del próximo Tribunal Electoral, por ejemplo, qué tipo de institución queremos, un Tribunal que aplique la letra del derecho electoral o uno que actualice el espíritu de la justicia electoral; una institución que se reduzca a calificar las elecciones aquí y ahora, o una institución que norme la conducta electoral de la clase política para la próxima década.
Una institución formalista que se acomode a nuestra imperfecta realidad electoral actual, o una instancia garantista que coadyuve a su democratización y mejoramiento. Deberíamos definir primero el tipo de institución que queremos y, en función de ello, analizar el perfil de los hombres y mujeres que garantizarían su funcionamiento.
El debate que hoy se presenta en este Senado será trascendente, ya supimos los mexicanos para que sirve el control del Tribunal Electoral, y no es otra cosa que la llave maestra para controlar los partidos políticos, y a las Instituciones electorales aplicando la normatividad en los tiempos y formas que más convengan a los grupos afines o a sus simpatías, con las funestas consecuencias que conllevan tales extremos.
El sistema electoral cobra hoy una importancia que nunca se le dio en el pasado, puesto que es evidente que una simple variable en el criterio aplicable puede generar la anulación de una elección, lo mismo que el reconocimiento de otra en las mismas circunstancias.
El Tribunal Electoral tiene facultades de control sobre el resto de las instituciones electorales que de manera práctica lo transforman en el gran elector o si prefiere en el fiel de la balanza, en la medida de la facultad que tiene para variar sus criterios en condiciones diferentes.Deseo convocar al Senado de la República para que no repitamos una historia reciente, me refiero al nombramiento de los Consejeros Electorales del Consejo General del IFE, donde dos partidos excluyeron a la tercera fuerza electoral en la designación y se afectó a una Institución que debiera estar al margen de las suspicacias, y que, sin embargo, actuó en forma irregular al asumir encomiendas que la ley no le atribuía.
El día de hoy la Suprema Corte de Justicia pareciera que se aisló de una realidad donde millones de mexicanos que votaron tienen dudas fundadas sobre el resultado electoral que han generado cuestionamientos postelectorales y un movimiento social de resistencia civil, que lejos está de atenuarse o liquidarse. A unos cuantos días de la pasada elección, pareciera que no ha sucedido nada y nos encontramos frente a un procedimiento opaco que genera un cúmulo de suspicacias y descalificaciones contra el procedimiento seguido por la Suprema Corte de Justicia.Invito a las Señoras Senadoras y Senadores a que recapacitemos sobre la importancia de la decisión que la Constitución nos confiere, los invito a que busquemos el consenso que legitime a un Tribunal Electoral que tendrá la grave responsabilidad de ser Juez en los próximos tres procesos electorales federales y que decidirá la suerte de las entidades de la federación en incontables elecciones que se avecinan en los próximos 10 años.
No es posible que una Institución de la trascendencia del Tribunal Electoral inicie sus funciones con dudas que saldrán a la luz cada vez que el resultado de una elección no satisfaga a algún partido, tampoco es correcto que la Suprema Corte de Justicia trasparentara las partes que consideró oportunas dejando claroscuros que no se pueden convalidar en la condición que se encuentra la República.
La solicitud de punto de acuerdo se basa en que desde nuestra óptica, el procedimiento seguido por la Corte viola gravemente la Constitución, puesto que la materia electoral por mandato constitucional debe regirse por los principios rectores establecidos en el artículo 41 Constitucional.
De la misma forma llamo la atención de este cuerpo legislativo para enumerar algunas de las irregularidades que han rodeado el procedimiento para el nombramiento de Magistrados del Tribunal Electoral.
La Convocatoria se expidió el 11 de septiembre de 2006 y el plazo para registrarse duró 5 días hábiles, es decir hasta el siguiente lunes, que fue 18 de septiembre, con esta estrategia la Suprema Corte logró varios objetivos:
Salir extraordinariamente tarde, para evitar que el Senado repusiera el procedimiento, en virtud de que el artículo 99 de la Constitución señala a los Magistrados del Tribunal un plazo máximo de 10 años improrrogable en el ejercicio de sus funciones, y que se vence el próximo 4 de noviembre.
Se dice que no se publicó la convocatoria con anticipación para no distraer la atención de los trabajos de calificación de la elección, a nosotros nos parece un pretexto absurdo, pues no entendemos cómo puede afectar un proceso de nombramiento a quienes por ley sabían que los primeros días de noviembre de 2006 tendrían que entregar sus cargos.
La convocatoria no se publicó de forma que se enteraran todos los interesados, la publicidad que se dio al proceso fue exclusivamente el día del lanzamiento de la Convocatoria y después desapareció.
El 18 de septiembre tampoco apareció la Convocatoria en la página de la Corte y el Diario Oficial de la Federación, único sitio donde se puede consultar la Convocatoria de la Corte, estaba fuera de servicio este sistema.
Quienes no fueron avisados con anterioridad a la convocatoria o no tuvieron un amigo notario que conociera los estudios de quien les solicitaba dar fe pública del título profesional, cédula profesional, acta de nacimiento, y demás documentos que se solicitaron, fue imposible que reunieran los requisitos, pues los notarios les indicaron que el proceso de certificación de títulos universitarios implica la necesidad de un cotejo con los documentos de las dependencias encargadas del caso, para evitar que un falso título pudiera filtrarse en el procedimiento, el tiempo estimado para el trámite era de 15 días.
Como es natural, con el tipo de convocatoria descrito, prácticamente acudieron los amigos de los ministros, los subalternos de los Ministros y uno que otro abogado académico investigador que se enteró y tuvo los recursos para reunir los requisitos.
De los expuestos vicios de origen del procedimiento, pasaremos a los vicios de selección, a los cuales se les quiso dar una apariencia de transparencia una vez que solo quedaban los candidatos a modo y uno que otro indeseable para la buena marcha de la justicia, como hasta hoy.Respecto de las violaciones a la Constitución por la imposición de un procedimiento oscuro mencionaré sólo lo siguiente:
Certeza.- La Suprema Corte vulneró este principio, puesto que las condiciones en que publicó la convocatoria fueron irregulares en cuanto a los medios de difusión y a los tiempos para reunir los requisitos establecidos en la convocatoria.
Respecto de la convocatoria diremos que fue extemporánea, puesto que el tiempo para desahogar el procedimiento fue tan breve, que condicionó las decisiones del Senado al acotar los tiempos fatales señalados en la Constitución para la renovación del Tribunal.
Independencia.- Pareciera que el objetivo de la Suprema Corte es eludir este principio, la mayoría de los candidatos que hoy se presentan a nuestra consideración, tienen vínculos de trabajo o amistad con los ministros, o con personas muy vinculadas al poder Político, con excepciones marcadas de académicos o investigadores, de esta forma se excluyeron a los candidatos que realmente presentaban cualidades para cumplir con el principio de independencia
Legalidad.- La Corte violó la legalidad al convocar extemporáneamente.
Imparcialidad.- Al concentrar la lista de aspirantes emanados en su mayor parte del Poder Judicial y del propio Tribunal Electoral, se discriminó y excluyó otros perfiles que pudieran dar al Tribunal Federal Electoral un perfil más. Profesional.
Objetividad.- Toda vez que el principio más conculcado haya sido el de la objetividad, no me explico como los Señores ministros pretendan hacernos creer que sus candidatos son mejores conocedores del derecho, mas objetivos y en general mejores funcionarios que el resto de los aspirantes.
En muchas partes del mundo, en los Estados Unidos y en otros países, para seleccionar a un Ministro se da oportunidad y tiempo al Senado durante meses para que se estudie el expediente de los candidatos en forma exhaustiva, a nosotros nos toca conocer a los candidatos en una plática de 10 minutos en Comisiones, no es posible ser más subjetivos.
Las entrevistas de la Corte son semejantes, fueron tan subjetivas que difícilmente tuvieron oportunidad de valorar a los candidatos.
Obsérvense los procedimientos de selección en cualquier parte del mundo, comparémoslos y llegaremos a la misma conclusión, no hay objetividad.
Quiero manifestar que no pretendo sostener que los candidatos que integren las ternas no llenen los requisitos. La impugnación es contra un procedimiento que no cumplió los requisitos constitucionales.
Quiero invitarlos, señores senadores, sé que están un poco inquietos, es el último punto de la agenda, podrán irse a comer con tranquilidad, pero este tema a discusión es el más importante de la República para los próximos diez años, me parece que sería de una tolerancia que yo reconociera que se esperaran unos cinco minutos más del tiempo reglamentario.
Antes de continuar, quiero invitar a los señores senadores y a las senadoras que verifiquen lo expuesto, los invito a que reflexionen sobre el impacto de la decisión que tendrá en el futuro constitucional de México, el procedimiento y los tiempos establecidos por la Suprema Corte de Justicia no garantizan al pueblo de México, y en particular a este Senado, que se estén tomando las mejores decisiones.
A este Senado, la Corte lo está viendo simplemente como una ventanilla de trámite, como una mera oficialía de partes, no les interesamos, ni como poder ni tampoco la opinión que pudiéramos tener con respeto de los futuros magistrados.
También tenemos que recordar que hay un hermano de una ministra de la Suprema Corte de Justicia, que se mantendrá en el Tribual Electoral. Es discutible la legalidad con la que se mantiene.
Los antecedentes legislativos contenidos en el dictamen para la designación del magistrado Luna Ramos no se advierte en ninguna parte de la ministra Luna Ramos se haya excusado como era su obligación, y existe un vicio de origen.
Por lo expuesto, y les agradezco la tolerancia a pesar de los silbidos de algunos. Voy a tratar de concluirlo, pero de verdad ameritaría una mayor seriedad por quienes chiflan y por quienes abuchean. El tema es trascendente para la vida del país.
Si ni siquiera interesa el Tribunal máximo del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, qué más puede interesarles a los senadores, si esto no les interesa y quieren acallar con chiflidos y con abucheos un tema tan importante.
Ciudadano Presidente, someto a la consideración tres puntos de acuerdo:
PRIMERO.- Frente al procedimiento buscar el consenso de los senadores, iniciando por la Junta de Coordinación Política de este Senado para que el nombramiento de los próximos Magistrados del Tribunal Electoral tengan el respaldo de las principales fuerzas políticas de este país.
SEGUNDO.- Se reponga el procedimiento iniciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se cumplan con los principios constitucionales establecidos en el artículo 41 constitucional, y de ser necesario se analicen las ternas para hacer lo pertinente.
TERCERO.- Se establezca en este Senado una comisión académica que evalúe objetivamente las currículas de los aspirantes al Tribunal Electoral, tanto los 18 incluidos como todos los excluidos para entablar un diálogo con la Suprema Corte y garantizar el principio de corresponsabilidad de poderes.
Tenemos nosotros la palabra. Si queremos actuar con dignidad, respeto y decoro, o que nos sigan tratando como una mera ventanilla de trámites. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE ARROYO VIEYRA: Túrnese el resolutivo primero a la Junta de Coordinación Política, y a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera, los dos restantes.
Antes, el Senado había recibido acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que exhorta al Senado de la República, a examinar minuciosamente el perfil y la solvencia ética y moral de todos los ciudadanos propuestos a ocupar el cargo de Magistrado Electoral de la Sala Superior.
Fue remitido a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.
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