El juez Baltasar Garzón declarará mañana como imputado ante el Tribunal Supremo en relación con la querella por prevaricación que el sindicato Manos Limpias interpuso contra él por su actuación en el caso de la Memoria Histórica.
Garzón comparecerá ante el instructor de la querella de Manos Limpias y de la asociación Libertad e Identidad, el magistrado Luciano Varela.
Garzón comparecerá ante el instructor de la querella de Manos Limpias y de la asociación Libertad e Identidad, el magistrado Luciano Varela.
La Sala Segunda del Supremo decidió admitir a trámite una querella en la que se imputa al juez un delito de prevaricación "palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune" por su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Objeto de múltiples querellas, Garzón se había librado hasta ahora de todas ellas y en ésta, presentada el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias, contaba con un informe favorable de la Fiscalía del Supremo que, como es habitual, le exoneraba.
Sin embargo, los magistrados han estimado que los hechos relatados en la querella, en caso de confirmarse, podrían constituir un delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal. Este precepto castiga al juez que, a sabiendas, dicte una resolución injusta.
La querella de Manos Limpias fue elaborada por Jaime Alonso, el mismo que consiguió que el Pleno de la Sala Penal del Supremo condenara al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario de Batasuna tras la ilegalización del partido. En ese proceso tampoco hubo acusación del Ministerio Fiscal.
La querella que obliga a Garzón a comparecer como imputado ante el Supremo sostiene que el juez de la Audiencia Nacional montó un "artilugio jurídico" -en referencia a la causa por las desapariciones forzadas durante el franquismo- "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama". En definitiva, que montó un procedimiento "consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría".
Objeto de múltiples querellas, Garzón se había librado hasta ahora de todas ellas y en ésta, presentada el pasado 26 de enero por el sindicato Manos Limpias, contaba con un informe favorable de la Fiscalía del Supremo que, como es habitual, le exoneraba.
Sin embargo, los magistrados han estimado que los hechos relatados en la querella, en caso de confirmarse, podrían constituir un delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal. Este precepto castiga al juez que, a sabiendas, dicte una resolución injusta.
La querella de Manos Limpias fue elaborada por Jaime Alonso, el mismo que consiguió que el Pleno de la Sala Penal del Supremo condenara al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario de Batasuna tras la ilegalización del partido. En ese proceso tampoco hubo acusación del Ministerio Fiscal.
La querella que obliga a Garzón a comparecer como imputado ante el Supremo sostiene que el juez de la Audiencia Nacional montó un "artilugio jurídico" -en referencia a la causa por las desapariciones forzadas durante el franquismo- "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama". En definitiva, que montó un procedimiento "consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría".
Reacciones:
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), integrada por 59 presidentes y ex presidentes de Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en la ONU expresó su preocupación por la investigación seguida al juez, que calificó de "interferencia injustificada" en sus funciones profesionales.
La causa en contra del juez a Garzón ha suscitado inquietud en foros jurídicos internacionales. "Los estándares internacionales relativos a la independencia de la Judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas que, en todo caso, deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto", dijo Róicín Pillay, consejera jurídica principal para Europa de la CIJ. Según la comisionada de la CIJ, las investigaciones penales a jueces "por actos enmarcados dentro de sus funciones profesionales constituyen una interferencia injustificada e inapropiada en la independencia de los procedimientos judiciales y son contrarios al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los principios 4, 17 y 18 de los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura".
La CIJ estima que este intento de interferir en el procedimiento judicial es de "particular preocupación", puesto que concierne a una investigación por crímenes contra la Humanidad, "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente". Dichos delitos, según un comunicado de la CIJ, son imprescriptibles.
"Las investigaciones del juez Garzón de los crímenes contra la Humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias y mucho menos una persecución penal", afirmó Róicín Pillay.
La CIJ ha informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las actuaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".
Qué es la comisión La Comisión Internacional de Juristas se fundó en 1950 y tiene su sede actual en Ginebra (Suiza). Está integrada por 59 comisionados procedentes en su mayoría de países representados en Naciones Unidas. Está integrada por juristas, abogados y miembros de tribunales de justicia, entre otros, por presidentes o ex presidentes de las Cortes Supremas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Suráfrica.
La CIJ estima que este intento de interferir en el procedimiento judicial es de "particular preocupación", puesto que concierne a una investigación por crímenes contra la Humanidad, "que España tiene el deber internacional de investigar y perseguir judicialmente". Dichos delitos, según un comunicado de la CIJ, son imprescriptibles.
"Las investigaciones del juez Garzón de los crímenes contra la Humanidad no equivalen a negligencia profesional que pudiera justificar acciones disciplinarias y mucho menos una persecución penal", afirmó Róicín Pillay.
La CIJ ha informado de este caso a la Relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados "y espera que las actuaciones contra el juez Garzón sean desestimadas a la mayor brevedad posible".
Qué es la comisión La Comisión Internacional de Juristas se fundó en 1950 y tiene su sede actual en Ginebra (Suiza). Está integrada por 59 comisionados procedentes en su mayoría de países representados en Naciones Unidas. Está integrada por juristas, abogados y miembros de tribunales de justicia, entre otros, por presidentes o ex presidentes de las Cortes Supremas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Suráfrica.
La presidenta actual es Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
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