Joaquim Ibartz

Diario de América Latina

Joaquim Ibarz, Corresponsal en América Latina de La Vanguardia,

¿Uribe es responsable del asesinato de 2.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros?

| 28/03/2010 - 03:49 horas

La campaña electoral colombiana se ha visto sacudida por el escándalo de los asesinatos de miles de civiles inocentes por parte de militares colombianos, que los mataban para cobrar recompensas o lograr ascensos, crímenes de Estado conocidos con el eufemismo manipulador de falsos positivos, como si el asesinato planificado fuese una mera equivocación, o un fallo ocasional en el acierto. También desde los años 90, cuando empezaron a ser asesinados mendigos por centenares, se habló de limpieza social y a la persona pobre empezó a llamársela con el nombre terrible de desechable. Lo grave de ese lenguaje es el horror que esconde para justificar, incluso para promover el crimen, como ocurrió en Barranquilla, donde algunos celadores asesinaban a desechables para vender sus cadáveres a la Facultad de Medicina, y con ellos hacer prácticas los estudiantes.

En el primer debate entre los candidatos se planteó vagamente la responsabilidad que pudieran tener en los asesinatos el presidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (ministro de Defensa cuando ocurrieron los homicidios y principal favorito para ganar la elección presidencial del 30 de mayo), pero no se incidió en el tema. Tampoco nadie abordó otro tema especialmente escandaloso: el presidente Álvaro Uribe pretende, quizá para cubrirse las espaldas, que sea designado Fiscal General de la Nación el ex ministro de Defensa, Camilo Ospina, responsable de la directiva que establecía recompensas de todo tipo por la muerte de guerrilleros, sin establecer control alguno que comprobara las circunstancias de las muertes. Ospina diseñó y promulgó la directiva que establecía estímulos económicos a los resultados operacionales del Ejército. La prensa colombiana ha destacado que designar a Ospina como fiscal general es, ni más ni menos, que poner a un ratón a cuidar el queso.

Directiva del ministro Ospina que otorga recompensas por cada guerrillero muerto

La directiva del ministro Camilo Ospina dio paso a más de 2.000 asesinatos de jóvenes que, según Philip Alston, relator de la ONU para investigar ejecuciones extrajudiciales, no fueron casos aislados, ya que se cometieron de manera sistemática. El relator acusó al Ejército ante el mundo de estar asesinando civiles, cuando su razón de ser es protegerlos. Y subrayó que no se trataba de manzanas podridas dentro de las filas castrenses, ya que los crímenes se realizaron de manera sistemática.

El pasado 23 de enero, el columnista Felipe Zuleta denunció penalmente al candidato uribista Juan Manuel Santos y al actual candidato a fiscal general, Camilo Ospina, por su presunta participación en los casos de falsos positivos. El comentarista Mauricio Botero Montoya ha escrito en el diario conservador El Nuevo Siglo que "dudo que desde el siglo XIX se haya sentido un repudio tan visceral del mundo al, hasta hoy, respetado Ejército Nacional. El informe de la ONU no sólo afecta la credibilidad del régimen que no se ha pellizcado al resto a su responsabilidad política, sino que cuestiona la ética y el honor militar".

El presidente Uribe desvía la responsabilidad por los asesinatos

El presidente Uribe pretende desviar la responsabilidad por los asesinatos de jóvenes al afirmar que narcos infiltrados en el Ejército serían los autores de las muertes. El mandatario afirmó que sectores del narcotráfico se aliaron con miembros de una brigada del Ejército en el Noreste del país para facilitar el tráfico de drogas y cometer asesinatos para aparentar la persecución a mafiosos entre 2006 y 2007. Uribe dijo que esa presunta alianza le fue revelada por un testigo que escuchó durante una reunión con delegados de la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El candidato presidencial del Polo Democrático, Gustavo Petro rechazó que el responsable de los llamados "falsos positivos' sea la infiltración del narco en el Ejército. Petro responsabilizó de estos asesinatos sistemáticos al cumplimiento de una resolución secreta según la cual el ministerio de Defensa daba un incentivo económico a los militares que dieran de baja a presuntos guerrilleros.

"Es el gobierno civil en nombre de Camilo Ospina hoy candidato a la Fiscalía General de la Nación, quien firma una resolución secreta, la 029 que permite intercambiar 3.800.000 pesos (más de 1.500 euros) por cada muerto de la base guerrillera o paramilitar que se entregue", denunció Petro. Según el candidato de la izquierda, con estas recompensas en metálico se abrió la puerta para que círculos mafiosos y corruptos de la sociedad y del Estado capturaran el erario público matando inocentes por miles. "Ésa es la verdadera causa de los falsos positivos", puntualizó.

El candidato por el partido liberal, Rafael Pardo, primer civil en dirigir el ministerio de Defensa durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), está molesto por las declaraciones que Juan Manuel Santos hizo a este periódico referentes a que los asesinatos de civiles por militares para cobrar recompensas se venían registrando desde 1994 y que él fue el que terminó con esta práctica abominable. Pardo rechaza que durante su paso por el ministerio se produjeran falsos positivos.

En un encuentro con prensa extranjera en Bogotá, tuvimos ocasión de plantearle a Rafael Pardo numerosas preguntas sobre la responsabilidad de Uribe y Santos en las muertes de tantos chicos inocentes.

"Juan Manuel Santos tiene que asumir su responsabilidad, los falsos positivos le pasaron bajo las narices; no tiene explicación que no los controlara, ni que siguieran ocurriendo, de por qué se dio un procedimiento sistemático. Tiene que ser investigado por eso. Basta mirar las estadísticas para comprobar que el gobierno de Uribe, con Santos como ministro de Defensa, fue el período en el que se dio más alto número de asesinatos fuera de combate", señala Pardo.

¿Qué responsabilidad tienen Uribe y Santos en crímenes de Estado tan horribles y numerosos?

El caso de los falsos positivos ha sido calificado como sistemático, una violación sistemática de los derechos humanos. No ocasional. Sistemático porque se repite el procedimiento en muchas zonas del país por parte de mandos militares. La fiscalía tiene un proceso de investigación sobre un alto número de militares. No se ha investigado la responsabilidad por la falta de control sobre esos hechos. En mi opinión, la responsabilidad principal del Gobierno, particularmente del ministro de Defensa y de los mandos militares, está en la falta de control sobre la muerte por el Ejército de falsos guerrilleros.

¿Qué clase de control ha faltado?

Toda operación militar en la que se registre un combate, con intercambio de disparos que produzcan muertos y heridos, debe tener un reporte escrito explicando los hechos. Cómo se originó el combate, a qué hora sucedió, quiénes participaron, por donde aparecieron, si estaba lloviendo o hacía sol, si la zona era montañosa o selvática. El informe tiene que pasar al superior. Si usted examina los reportes de los supuestos combates en que se produjeron los falsos positivos se descubren problemas e inconsistencias que debieron haber detectado los mandos superiores. Por ejemplo, ¿cómo era posible que de manera repetida sólo hubiera muertos y heridos de un lado, y ninguna baja de las propias tropas? Los guerrilleros tenían que estar dormidos para que únicamente se registraran muertos de un lado, y ni un herido en el otro bando. El uso de munición también tuvo que ser evaluado, cuánta se gastó, de qué calibre eran las balas…. Esos casos repetidos de sólo muertos por un lado debieron haber llamado la atención de alguien. Pero no fue así, y los informes fueron pasados sin ningún tipo de juicio ni de evaluación. Ahí es donde está la responsabilidad superior en la falta de un control dentro del escalón militar y en la falta de control desde el punto de vista del mando político.

¿Cuándo comenzaron los militares a matar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros?

Eso se venía denunciando desde el 2006. En ese año, el Congreso hizo el primer debate, en el cual se discutió el tema de los falsos positivos. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en ese momento, negó que se hubieran producido ejecuciones extrajudiciales de civiles. En el 2007 otra vez hubo dos debates sobre las muertes de civiles por el Ejército. Durante los últimos cuatro años se ha mantenido este señalamiento. El nombre de falso positivo se puso en 2006 a raíz de que en los días cercanos a la segunda toma de posesión presidencial de Álvaro Uribe se produjeron atentados en Bogotá. Murieron dos personas por el estallido de una bomba. Se capturaron a los responsables, que eran una ex guerrillera y un miembro de la inteligencia militar; los detenidos reconocieron que estaban poniendo bombas para generar alarma y mostrar que desactivaban explosivos. Ahí se puso el nombre de falsos positivos. Después, muchas madres empezaron a denunciar que era mentira que sus hijos fueran guerrilleros muertos en combate, tal como afirmaba el Ejército. El Congreso discutió muchas veces este problema, que sólo toma importancia cuando ocurre en Soacha, en una población del área metropolitana de Bogotá. Al afectar los asesinatos a muchachos que vivían cerca de la capital, el caso adquiere otra dimensión porque las muertes aparecen en los medios de comunicación nacionales… Los falsos positivos en Sucre, en Norte de Santander y en otros departamentos pasaron inadvertidos. Llamó la atención de los medios nacionales al tocar a chicos que desaparecieron cerca de Bogotá. Sólo cuando el escándalo llega a los medios nacionales el Gobierno dio importancia al caso. El Gobierno dijo que esos asesinatos no se habían producido. Y cuando ya no le fue posible negarlo por más tiempo, destituyó a 27 oficiales y suboficiales del Ejército de una manera inexplicable.

¿Esos militares son los responsables de las muertes?

Sólo un pequeño número de esos 27 oficiales y suboficiales destituidos están en los procesos de investigación de la fiscalía. El Gobierno dice que actuó al destituir a unos oficiales. Pero los dio de baja sin ningún tipo de proceso judicial, no sabemos si los considera responsable o no. Cuando el ministro Santos da la orden de parar esas muertes, se paran. ¿Cómo el ministro de Defensa puede dar la orden de que se suspenda la comisión sistemática de esos homicidios monstruosos? Santos dio la orden y se pararon las muertes. Había un mando sobre eso.

¿Había directrices claras de la presidencia de la República sobre que los ascensos militares, las recompensas en metálico y los permisos dependerían del número de guerrilleros muertos?

Es lo que está estipulado en la directiva 29 del 17 de Noviembre de 2005, que emitió el ministro de Defensa en aquel entonces, Camilo Ospina. La directiva del ministro contiene una tabla en la que se establecen mecanismos de remuneración por cada muerto.

¿Cree usted que un ministro de Defensa puede dictar una directiva de tal gravedad sin previa consulta y aprobación del presidente Uribe?

Es una directiva ministerial. Yo no la atribuyo al presidente… El presidente exige resultados, y está bien que los exija, los exige de buena manera y de mala manera. Es parte del liderazgo que ejerce el presidente Uribe. Pero sistematizar eso en mecanismos en los cuales los estímulos, los permisos o remuneraciones económicas están estipulados en una directiva ministerial…. La directiva simplemente pone en blanco y negro un esquema bastante cuestionado sin que tenga ningún tipo de control. La directiva podía haber especificado algún mecanismo de control, pero no existía ninguno. Si la directiva fuera racional, toda la instrucción pudo señalar un mecanismo de control, diciendo esto tiene que ser evaluado por tal o cual, esto tiene que tener un levantamiento de parte de la fiscalía, esto amerita un estudio forense sobre el hecho. En los falsos positivos no hay ningún tipo de calificación forense. Unos hechos clasificados y señalados sin ningún tipo de verificación por un tercero, y sin ningún control de los superiores. Nada de eso.

¿Considera que la directiva del ministro Ospina no debió entrar en vigor?

Lo que quiero decir es que en toda organización hay estímulos. En la Ford hay estímulos para quien trabaja bien. Pero no es lo mismo. Cuando los estímulos tienen que ver con la vida de personas debe haber un grado de control infinitamente superior a los premios o gratificaciones de la General Motors. Cuando está involucrada la vida de personas, y la responsabilidad que tiene el Estado de disponer del uso de la fuerza y de las armas de fuego, debe establecerse un sistema de control, que era absolutamente inexistente en este tipo de directrices.

¿Usted ve plausible que el presidente Uribe sea juzgado por una corte nacional o internacional por los asesinatos de jóvenes por militares?

La fiscalía está investigando, y eso nos permite pensar que es la Justicia colombiana la que acomete este caso. Está investigando a los ejecutores, a soldados y oficiales, pero no está investigando la falta de control, la omisión. No sé si hay responsabilidades superiores pero no se está investigando la omisión y la falta de control.

¿Cree que el presidente Uribe, a quien le gusta controlarlo todo, conoció previamente la directiva del ministro de Defensa que establecía generosas recompensas por cada guerrillero muerto?

Eso es una hipótesis.

En Perú, el ex presidente Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor universitario. Aquí hay al menos 2.000 asesinatos de jóvenes. ¿Puede darse en Colombia el procesamiento del presidente?

La fiscalía tiene que investigar. La fiscalía solo está investigando a los ejecutores, y no ha investigado por qué ocurrió eso, por qué se repetían esos asesinatos, por qué no había controles, ni por qué ante denuncias repetidas no se hizo investigación alguna. Sólo cuando el escándalo llega a Bogotá el Gobierno reconoce los hechos. Pero hacía tres años que se formulaban denuncias repetidas sobre falsos positivos, sin que se abriera ninguna investigación. Y ahora ya hay denuncias serias de Naciones Unidas y de congresistas norteamericanos.

¿Uribe puede ser juzgado por sobornar presuntamente a congresistas para que aprobaran su primera reelección? La ex senadora Yidis Medina reconoció, y está sentenciada por ello, que recibió prebendas sustanciosas por cambiar su voto y apoyar la reelección de Uribe en un crucial trámite parlamentario.

Hay sentencia contra el que recibió pero no contra el que dio.

Lo que denunció Yidis Medina fue muy grave, porque con su voto posibilitó el cambio constitucional que dio vía libre a una reelección que la Carta Magna prohibía.

Muy grave. Hubo cambio de voto por prebendas económicas.

Los llamados vladivídeos, las filmaciones que hizo el asesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos para testimoniar la compra de algunos congresistas, y que al cabo de unos meses provocaron la caída de Fujimori, fueron cosa de niños comparado con el soborno de congresistas que se ha producido en Colombia para posibilitar dos cambios constituciones y dos reelecciones.

Así es.