Gerardo Laveaga

Una propuesta riesgosa

Arturo Rodríguez García, reportero.
Revista Proceso # 1846, 18 de marzo de 2012
El presidente tiene la prerrogativa de proponer candidatos al IFAI, y el Senado la de aprobarlos o vetarlos. Ahora, para llenar el espacio que dejó María Marván en el instituto, Calderón propuso a Gerardo Laveaga, un excondiscípulo suyo de la Libre de Derecho. Pero algunas organizaciones civiles ya dieron la voz de alerta: el hombre sugerido por Los Pinos ha demostrado (en artículos periodísticos y en sus programas de televisión) que es más partidario de la opacidad que de la transparencia…

A pocos meses de que acabe su gobierno Felipe Calderón propuso como comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) a Gerardo Felipe Laveaga Rendón, excondiscípulo suyo en la Escuela Libre de Derecho, funcionario federal y apologista de sus acciones.

Sin embargo organismos ciudadanos han lanzado una alerta pues consideran que el IFAI y el derecho a la información corren peligro por dos causas: una, la propuesta de Laveaga y otra, que está estancada en el Congreso la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), que debería ampliar las facultades del organismo.

El pasado 15 de diciembre María Marván Laborde renunció al IFAI para irse al Instituto Federal Electoral, dejando vacío en aquel instituto uno de los cinco puestos de consejero. Tres meses después, el lunes 12, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó de la propuesta de Laveaga.

El artículo 34 de la LFTAIPG faculta al presidente para proponer al Senado a los comisionados del IFAI. Si el Senado no objeta en 30 días, la designación se concreta automáticamente.

Artículo 19 y Fundar, organismos civiles especializados en transparencia y libertad de expresión, y Jacqueline Peschard Mariscal, la presidenta del IFAI, desde enero le pidieron a Calderón que su candidato garantizara profesionalismo y autonomía.

Laveaga, quien hasta el cierre de esta edición seguía siendo director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de la Procuraduría General de la República (PGR), no sólo carece de experiencia sino que se ha mostrado contrario al principio de máxima publicidad, pues a su juicio “la transparencia tiene límites”.

De no objetarse su designación, Laveaga sería el segundo miembro del círculo calderonista en el IFAI proveniente de una de las instancias de seguridad, pues desde 2009 Wanda Sigrid Arzt Colunga, exasesora de Calderón y exsecretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional, ocupa un espacio en el organismo, donde permanecerá hasta 2016.

La proximidad

La carrera de Laveaga comenzó a la sombra de Diego Valadés, quien como procurador de Justicia del Distrito Federal lo nombró director del Ministerio Público en lo Familiar y Civil. Luego fue director de Prevención del Delito, cargo que también desempeñó en la PGR en 1994, cuando Valadés era procurador general. Cuando Genaro Góngora era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Laveaga fue su director de Comunicación Social y de Publicaciones y Divulgación de la Cultura Jurídica.

En 2001 el entonces procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, hizo a Laveaga director del Inacipe, de donde éste debió haberse ido en 2009 al acabar su segundo periodo cuatrienal, pues los estatutos no permiten una tercera gestión.

Darío Ramírez, director de Artículo 19, señaló que el proceso de designación se estaba manejando sin transparencia y los perfiles motivaban la preocupación de que el presidente intentara “cubrirse las espaldas”, imponiendo a uno de sus cercanos.

Para Calderón el IFAI siempre ha sido objeto de deseo. Como presidente electo pactó con Vicente Fox la llegada de Alonso Lujambio a la presidencia del mismo. Además el consejero jurídico de la Presidencia Miguel Alessio Robles (otro egresado de la ELD) operó en 2009 el ingreso de Sigrid Artz y de María Elena Pérez Jaén al IFAI (Proceso 1718).

“Fundamentalistas

de la transparencia”

El Colectivo por la Transparencia, integrado por 11 organismos ciudadanos, entre éstos Artículo 19 y Fundar, emitieron un posicionamiento el pasado martes 13 por la candidatura de Laveaga, de quien consideran que no cumple con el perfil profesional establecido por el artículo 35 de la LFTAIPG.

Señalan que la propuesta no está fundada ni motivada, pues es de una persona cercana al presidente y debido a su posición respecto a la opacidad en averiguaciones previas “siembra la duda de si su nombramiento obedece a la política de opacidad y desacato de la LFTAIPG que ha seguido el gobierno federal en materia de procuración de justicia durante el actual sexenio”.

En un artículo publicado el 21 de febrero de 2009 en el periódico El Universal, Laveaga descalificó la resolución del IFAI en torno a que las averiguaciones previas concluidas pueden ser objeto de revisiones públicas.

Dicha resolución ha sido litigada por la PGR y está próxima a resolverse en la Corte. En el artículo Laveaga expuso que abrir las averiguaciones pone en riesgo el derecho a la intimidad y la seguridad pública, así como la presunción de inocencia y la fama pública de los implicados.

En el mismo texto se refirió a los comisionados del IFAI como “fundamentalistas de la transparencia”.

Tras el anuncio de su propuesta Laveaga advirtió en su cuenta de Twitter que no daría entrevistas, aunque sí respondió a algunos usuarios. Por ejemplo @presuntoc preguntó: “¿Quiénes son los fundamentalistas de la transparencia?”. Laveaga respondió: “Quienes se olvidan de las garantías individuales con tal de lucrar”.

Twitter y el sitio oficial del Inacipe se convirtieron en la ventana publicitaria del personaje. En la red social reiteró “su aportación” a la transparencia por impulsar los juicios orales, escribió que a su paso por la SCJN contribuyó “a que se conocieran las sentencias” y recomendó ver su programa Derechos en pugna, que transmite el canal de paga EfektoTv.

En la página del Inacipe se publicó la introducción que hizo al libro ABC del nuevo sistema de justicia penal en México, que también recomendó en Twitter para difundir sus conceptos sobre transparencia.

Con todo, la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública –que integra a todos los organismos públicos estatales de transparencia– exigió al Senado que apoye la designación de un comisionado que “de ninguna manera y por ninguna razón” ponga en riesgo la autonomía del IFAI, sin mencionar directamente a Laveaga.

Apologista de coyuntura

En los programas de televisión de Laveaga, los invitados son generalmente afines al gobierno y los temas son los que en el momento aborda Calderón: para reforma laboral llevó a los especialistas Jorge Enrique Roel y Edmundo García, ambos a favor. Para reforma penal invitó a su subordinado Álvaro Vizcaíno, quien promovió iniciativas de Calderón. Y naturalmente su jefa, la procuradora Marisela Morales, también fue invitada.

El funcionario convertido en conductor televisivo, preguntó a Morales sobre temas de transparencia. La procuradora fue evasiva hasta que finalmente admitió que los servidores públicos sujetos a escrutinio dan mejores resultados. A cada dicho de Morales, Laveaga asentía: “¡Claro, claro!”

Laveaga ha sido un activo defensor de las decisiones y hasta de los exabruptos de Calderón, en especial en coyunturas que lo ponen en entredicho.

Por ejemplo cuando un grupo de abogados –entre ellos Netzaí Sandoval, John Ackerman y Loretta Ortiz– anunció que interpondría una denuncia ante la CPI, Laveaga escribió un artículo (en Enfoque de Reforma, 6 de noviembre de 2011) en el que se dijo escandalizado, los llamó alborotadores y calificó a Calderón como “un mandatario que, con apego a la ley, ha trabajado para preservar la seguridad nacional” y que ningún tribunal se atrevería a juzgar.

En otro párrafo añadió: “Lo que sí parece claro es el oportunismo de quienes –cuando se avecina una contienda electoral en México y está a punto de concluir el periodo del fiscal ante la CPI– pretenden confundir a la opinión pública con fines partidistas. Su despropósito sólo desgastará a la CPI, que se verá obligada a realizar trámites inútiles para desechar la solicitud. También radicalizará el debate entre las personas mal informadas”.

En otro artículo (en Enfoque de Reforma el 24 de diciembre de 2010) explicó que no es lo mismo un juez que un ministro: “Mientras el primero debe apegarse al artículo, ceñirse a la fracción, cotejar lo que dice el Código con la jurisprudencia y el tratado internacional, el segundo está obligado a descifrar hacia dónde apunta la Constitución y cómo aplicar una idea abstracta a un problema concreto…”

Meses después Calderón empezó a descalificar al Poder Judicial, en especial a partir de junio de 2011. Laveaga publicó el pasado 12 de julio en Reforma: “Escudándose en el debido proceso, lo importante para un juez penal es que el ministerio público no haya omitido ninguno de los requisitos de una consignación, que no haya retenido al inculpado más de 48 horas y –Dios no lo permita– que lo haya detenido sin orden judicial, así se le haya sorprendido en flagrancia”.

Otro ejemplo del pensamiento de Laveaga es el caso de Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en agosto de 2008, cuya madre, Marisela Escobedo, se dedicó a buscar justicia hasta que fue asesinada en diciembre de 2010. El responsable de la muerte de Rubí fue detenido pero quedó en libertad luego de un proceso oral, con trágico desenlace para Marisela. Eso puso a discusión el modelo oral impulsado por Calderón.

En un artículo titulado “Jueces que no meten gol” (Reforma 30 de enero de 2011) Laveaga se refirió a los asesinatos de Rubí y Marisela para defender, con analogías futbolísticas, los juicios orales a propósito de la transparencia:

“Estamos construyendo un nuevo sistema acusatorio que, apuntalado en la publicidad y transparencia, nos permitirá ver de qué están hechos nuestros jueces, defensores, agentes del MP, peritos y policías. Creo, por lo anterior, contra lo que algunos opinan, que el caso de Rubí no ha demostrado la ineficiencia de los juicios orales sino, al contrario, su excelencia. Ha logrado que la sociedad esté enterada de lo que ocurrió y de que los jueces rindan cuentas, en los términos del artículo 17 constitucional”.

En los foros que organiza en el Inacipe ocurre lo mismo que en sus programas de televisión: los invitados son afines al gobierno. Por ejemplo uno de sus temas recientes en Twitter, que fue objeto de foro en el Inacipe, fue su rechazo al proyecto del ministro Arturo Saldívar en el caso Cassez.

Las voces que disienten no sólo carecen de espacio en sus foros. En el caso del jurista René González de la Vega, quien declaró que era viable enjuiciar a Calderón (Proceso 1804), Laveaga se apresuró a deslindar al Inacipe, que en adelante prescindió de los servicios de aquél.

El jueves 15 Proceso buscó al abogado para que fijara su posición, pero declinó hacer comentarios argumentando que no los hará hasta que el Senado se pronuncie acerca de su candidatura.

Más demanda, más opacidad

De acuerdo con las estadísticas del IFAI, el Portal de Obligaciones de Transparencia alcanzó entre febrero de 2007 y el 5 de enero pasado 50 millones de consultas.

A casi 10 años de aprobada la LFTAIPG y nueve de creado el IFAI, al cerrar 2011 el organismo había registrado 732 mil 56 solicitudes de información, de las cuales 120 mil 173 se hicieron durante 2011.

La creciente demanda de información ha coincidido con las denuncias de Peschard, así como en su momento de María Marván y María Elena Pérez Jaén, en torno a la opacidad y la amenaza sobre el derecho a la información.

Desde 2008 el IFAI combate la opacidad de la PGR, que además de declarar bajo reserva información o clasificarla como confidencial litiga contra las resoluciones que ordenan transparencia.

De 383 recursos que resolvió el pleno del IFAI durante el primer semestre de 2011, 5% correspondió a la procuraduría. El porcentaje es elevado tomando en cuenta que son casi 250 las dependencias obligadas por la LFTAIPG, y que la PGR no pertenece al grupo de instituciones que reciben más solicitudes.

El último año ha sido de rispidez entre el IFAI y los poderes Ejecutivo y Legislativo: al primero, Peschard le reclama su opacidad; al segundo, no aprobar la reforma a la LFTAIPG que ampliaría sus facultades y que se encuentra estancada desde hace tres periodos ordinarios.

Reclamo transparente y público

La mañana del 7 de septiembre de 2011, la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia estaba fuera de lugar. El IFAI, un organismo autónomo, acudía a Los Pinos a pedido presidencial. El acto debió haber sido en el Palacio de Minería, donde tuvieron lugar todas las actividades de la Semana… menos esa.

Peschard aprovechó el acto para recordarle al presidente sus expresiones en el mismo acto pero en 2007: “Cito: Mi gobierno seguirá por la ruta de la transparencia, porque sus ventajas y beneficios son reales y tangibles socialmente, porque la transparencia permite que la sociedad conozca, evalúe, exija el mejoramiento de las acciones del gobierno en temas como la seguridad pública, la educación, la política, el desarrollo social, los trámites y la prestación de servicios”.

La comisionada continuó: “En fechas recientes se ha dado lo que a mi juicio es un falso debate. Se argumenta que la transparencia vulnera la seguridad del Estado. No podemos estar de acuerdo con esta afirmación. La seguridad del estado no se entiende sin la seguridad de sus integrantes, y ésta se consigue mediante la acción de las instituciones que garantizan el bienestar, y esto sólo es posible a través de la transparencia y la rendición de cuentas”.

Calderón respondió presumiendo que la transparencia es un logro de los gobiernos humanistas, como llama él a los surgidos del PAN, sin reconocer el esfuerzo ciudadano del Grupo Oaxaca, cuya declaración fue antecedente de la LFTAIPG y que precisamente cumplió una década en 2011.

El mandatario declaró que la transparencia es menos eficaz en estados y municipios. A diferencia de Peschard dijo que había un debate y no un “falso debate” entre transparencia y seguridad nacional. Entonces ordenó a todos los funcionarios presentes que no declararan reservas ni litigaran contra el IFAI, ni siquiera en temas de seguridad nacional

Las expresiones de Calderón retomaron –pero como propias– las recomendaciones que hizo a México el relator especial sobre la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, Frank La Rue.

El 7 de junio de 2011 el relator recomendó al Estado mexicano que las resoluciones de los órganos de transparencia sean definitivas e inatacables. Incluso se refirió al sistema de justicia, al expresar que debe profundizarse la transparencia garantizando acceso a las sentencias judiciales y a las averiguaciones previas concluidas o inactivas.