El Universal, 13 de abril de 2016
“Jurídicamente sí” es la respuesta contundente a la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) permanezca más tiempo en México. Eso me responde el mexicano Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en entrevista apenas antier. La pregunta concreta fue: “¿Hay la posibilidad, técnicamente, jurídicamente, de que permanezca más tiempo el grupo del GIEI?” Y la respuesta también es muy concreta: “Jurídicamente sí. El acuerdo de asistencia técnica establece que, en consulta con las partes, la Comisión tomará esta decisión y para eso hace dicha consulta esta semana tanto con los representantes de los muchachos, los padres y con el Estado mexicano y, con base en eso, tomaremos una decisión”.
Así que está claro que estos días que restan de la semana serán cruciales para decidir si continúa la presencia o no del GIEI, que ya fue prorrogada en una ocasión. Por eso vale recordar que cuando los hechos brutales de Iguala-Ayotzinapa escalaron a nivel global, fue el gobierno federal el que buscó la legitimación a través de una solicitud de asistencia técnica a la CIDH, que a su vez conformó el grupo de expertos, el GIEI. El error de cálculo estuvo en que los especialistas no convalidaron la investigación oficial, sino que en septiembre de 2015 cuestionaron severamente la célebre verdad histórica de la PGR. Todavía más, vendría en octubre la visita de la propia CIDH, que emitió un informe demoledor en materia de derechos humanos, desapariciones forzadas y todos los trágicos y macabros eventos de impunidad que se han dado en los años recientes y que siguen siendo heridas abiertas en este país.
A partir de entonces, la relación entre gobierno federal y el binomio CIDH-GIEI se quebró y nadie ha podido volver a juntar los pedazos. Al grado de que se inició una campaña de desprestigio que llegó al colmo de que la PGR “admitiera” una demanda de un personaje ultraderechista y tan oscuro como José Antonio Ortega, acusando de un presunto fraude al mismísimo Álvarez Icaza. “Se ha desatado una campaña que ha obligado a que la propia CIDH haya salido dos veces a respaldar al grupo de expertos para avalar sus indagatorias y resultados. Esa campaña ha buscado deslegitimar, atacar, desconocer el trabajo de los especialistas del GIEI. Y la cereza del pastel, el absurdo de los absurdos, es una denuncia (en mi contra) sin fundamento por un fraude que nunca existió. Yo ni siquiera manejo los recursos y es además una interpretación absolutamente distorsionada”, puntualiza el propio Emilio.
Para colmo, en días pasados se abrió el sobre con los resultados del Instituto Médico de Insbruck que no encontraron ninguna nueva identidad en los restos analizados del basurero de Cocula y el Río San Juan. Lo que precisamente refuerza las tesis del GIEI y aun de los Forenses Argentinos en el sentido de que no hubo la horrenda quema de cuerpos en Cocula.
Así que la suerte está echada y son sólo dos los escenarios: que el GIEI permanezca por su cuenta y riesgo, en lo que sería un abierto desafío al Estado mexicano. O que el gobierno apresure su salida después de su informe a fines de abril. Sólo tengo dos preguntas: ¿A quién le conviene que se vayan? Y la brutal, la persistente: ¿Dónde están los 43 de Ayotzinapa?
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