Revista
Proceso # 2069, 25 de junio de 2016
El
dolido adiós de Beltrones/CARLOS
ACOSTA CÓRDOVA
En
su discurso de renuncia a la dirigencia nacional del PRI, y después de su caída
electoral, Manlio Fabio Beltrones hace un recuento de fallas propias, pero
sobre todo de las ajenas, de las que pudieron haber venido de las más altas
esferas del poder. Además viene el reclamo: Gracias a mi capacidad política,
parece decir, se lograron las reformas y como pago recibí el abandono. Y como
lo revela el estudio de un especialista, en el fondo de todo siempre estuvo el
dinero… en este caso, la falta del mismo en el accionar priista.
Los
hechos violentos de Nochixtlán, Oaxaca, el domingo 19; las movilizaciones de
los maestros de la CNTE en varios estados, y la turbulencia financiera
provocada por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, opacaron la
noticia de la renuncia de Manlio Fabio Beltrones Rivera a la presidencia
nacional del PRI.
Los
resultados desastrosos para el PRI en los comicios del domingo 5 han sido
objeto de múltiples y variadas explicaciones, análisis y conjeturas. Pero
Beltrones, hasta el lunes 20 dirigente nacional priista, no duda en cargarle a
los gobiernos federal y estatales la mayor parte de la responsabilidad en el
fracaso electoral reciente.
En
su largo discurso de renuncia, 11 y media páginas, a veces críptico, a veces
elocuente, plantea –así sea de manera elíptica– que el gobierno abandonó a su
suerte al PRI.
Dice:
“El partido requiere establecer una más fluida relación con sus gobiernos. No
basta el diálogo permanente y fructífero que existe con el presidente de la
República y con los gobernadores. El partido en el gobierno debe apoyar y su
gobierno debe comunicarse y comprometerse más con su partido. Es necesario que
haya correspondencia y retroalimentación en las agendas de gobierno y partido,
respetando el ámbito de competencia de cada parte”.
Pero
también sugiere que el gobierno no sólo no apoyó al partido, sino que incluso
jugó en su contra, pues poco hizo para sancionar o corregir a funcionarios y
gobernantes priistas señalados y criticados recurrentemente por la sociedad:
“Es
imprescindible, diría que es urgente y prioritario, que reforcemos la rendición
de cuentas de los servidores públicos, legisladores y gobernantes que emanan de
las filas del PRI, que oigamos y atendamos las demandas de castigo a la
corrupción y a la impunidad.
“Requerimos
hacer efectivo el papel político del partido como vigilante de la gestión de
los gobiernos priistas, con facultades estatutarias para actuar con
determinación y a tiempo para reconocer y premiar aciertos; corregir errores, y
sancionar conductas irresponsables.”
Lanzó
un tiro de precisión a la cabeza del gobierno, el presidente Enrique Peña
Nieto, y de paso al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que no cesan en su
discurso de que en el país todo marcha bien, la economía en primer lugar.
Un
balance crítico de la gestión de ambos: “No tengo duda alguna, y hay que decirlo:
estamos obligados, como nunca antes, a escuchar la voz y reclamos de los
ciudadanos, de todos ellos, votantes priistas o por otros partidos, que exigen
mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad,
dondequiera que esta se encuentre.
“Quieren
(los ciudadanos) que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias
mexicanas; que su trabajo sea mejor remunerado; servicios de salud de calidad y
calidez; vivienda digna; seguridad para sus hogares y sus ciudades. No están
satisfechos con solamente enterarse de que vamos bien, sino que quieren
sentirse bien.”
Un
gobierno autista, egocéntrico, soberbio, que no escucha ni a los miembros de su
partido, también dibuja, entre líneas, el expresidente del PRI:
“El
proyecto de transformación que defendemos está situado ahí (en el centro
progresista, con democracia y justicia social) y para seguirlo impulsando,
debemos combinarlo con una política que reconozca la existencia de las variadas
formas de pensar que tienen lugar y expresión legítima dentro de nuestro
partido, para que las incorporemos a propuestas y proyectos progresistas, donde
todos quepan y cada uno se sienta representado.”
Según
Beltrones, el fracaso electoral no debe ser motivo de queja simplista o ánimo
victimista:
“Hay
que profundizar en el análisis multifactorial. No obstante, también hay que
decirlo fuerte y claro; en muchos de los casos los electores dieron un mensaje
a políticas públicas equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que
no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable.
Sus respectivos partidos recibieron la sanción de una ciudadanía vigilante que
premia o castiga con su voto. Es oportuno parafrasear a Luis Donaldo Colosio:
‘Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten’.”
Insiste,
pues, en la responsabilidad del gobierno en la derrota del domingo 5. Y de
manera insólita –al menos en las prácticas de la política mexicana– sugiere un
partido que pueda confrontarse con el gobierno surgido de sus filas.
“Nos
queda claro que nuestro partido tiene que cambiar. Es necesaria una
transformación a fondo para servir mejor a la gente y conectarnos más con la
ciudadanía, tanto en sus causas y aspiraciones como en el rechazo hacia
políticas públicas con las que no coinciden.”
Finalmente,
con enojo y resentimiento mal camuflados, hace un reclamo directo a Peña Nieto
y a Videgaray, propulsor uno y artífice el otro, de las reformas estructurales:
“Siempre
he sido factor de unidad y nunca de división en el PRI. Y esta ocasión no será
distinto. Hace años me expresé a favor de la unidad del partido al lado de un
gobierno con proyección de futuro. Así fue que participé desde el Poder
Legislativo para lograr la aprobación de reformas en las que creo, de las que
estoy convencido que han generado una nueva revolución en México,
modernizándolo y dándole las nuevas instituciones para el fortalecimiento de su
vida democrática.
Los
recortes
Correligionarios
de Beltrones, y él mismo dentro de su círculo más cercano, han acusado al
gobierno de Peña Nieto no sólo de dejar solo al partido, sino de no hacerle
partícipe, mucho menos enterarlo, de decisiones de política pública –como la
aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo– que fueron muy
sensibles a grandes núcleos de la población y que por ello votaron contra el
PRI.
Sin
embargo, de acuerdo con consultas hechas por el reportero, donde más les dolió
fue en la parte financiera: el PRI no contó esta vez con recursos suficientes
para una más amplia y eficaz operación política en los estados.
De
hecho, la información oficial da cuenta, por el contrario, de que hubo
reducciones drásticas en los tradicionales gastos con impacto electoral. Y los
priistas acusan a Videgaray de no haber soltado el dinero –como lo ha hecho en
las anteriores coyunturas electorales– a tiempo y con suficiencia.
De
un ensayo sobre las finanzas públicas y su impacto en la coyuntura electoral,
elaborado por Juan Moreno Pérez, doctor en historia económica y asesor
parlamentario, fechado apenas el viernes 24, se desprende lo siguiente:
Tradicionalmente
de cuatro rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación es de donde
principalmente salen los recursos con impacto electoral: 1) el ramo 9, que
corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) el ramo 20, que
es la Secretaría de Desarrollo Social; 3) el 23, denominado Provisiones
Salariales y Económicas, y finalmente 4) Pemex.
Respecto
del primer ramo señalado, el 9, destaca que en el primer cuatrimestre de 2015
–enero-abril, es decir, cercanas las elecciones federales intermedias de ese
año–, la SCT tuvo un presupuesto asignado de 40 mil 733 millones de pesos,
mientras que para el mismo periodo de 2016, justo antes de las elecciones del
pasado domingo 5, el presupuesto fue de 31 mil 324 millones de pesos, una
diferencia de 9 mil 409 millones, equivalentes a -23.1%.
Es
decir, menos recursos para la construcción de infraestructura, que da empleo e
ingresos a las familias y a las empresas.
Dicha
reducción fue producto de los recortes efectuados por la Secretaría de Hacienda
en el gasto de inversión. Sin embargo, eso sólo es respecto al gasto aprobado
en general de la SCT.
Para
este año, Hacienda tenía programado que la SCT ejerciera un gasto, en el primer
cuatrimestre, de 37 mil 666 millones de pesos, pero sólo gasto 31 mil 324
millones; es decir, 6 mil 342 millones, casi 17% menos de lo programado.
Metido
en las entrañas de las cifras de la Secretaría de Hacienda, Moreno Pérez
encontró en el presupuesto de la SCT dos rubros de gasto denominados
“Subsidios, Transferencias y Aportaciones” y “Ayudas y Otros Gastos” –los
cuales claramente tienen un destino electoral–, que tuvieron una contracción
aun más fuerte.
Por
ambos conceptos se erogaron, en los primeros meses de 2014, poco más de 5 mil
millones de pesos; para el mismo periodo de 2015, año de elecciones federales,
ese gasto casi se triplicó, pues ascendió a 13 mil 767 millones.
En
cambio, para el primer cuatrimestre de este año, también de elecciones pero
sólo locales, se gastaron por esos conceptos sólo mil 703 millones de pesos. Es
decir, los recursos para la estructura y la operación política con fines
electorales fueron menores en 12 mil 64 millones de pesos, 87.6% menos que en
2015.
Respecto
del ramo 20, Desarrollo Social, que es donde se concentran los gastos para
subsidios y transferencias relacionados con los programas sociales, Moreno
Pérez señala que las cifras de Hacienda muestran un gasto erogado de 31 mil 196
millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2014. Un año después, en el
mismo lapso de 2015, ese gasto subió a 37 mil 284 millones, un incremento de
19.5%.
Sin
embargo, para este año de elecciones locales el gasto acumulado hasta abril fue
de 36 mil 329 millones de pesos, una disminución marginal de 2.6% respecto de
2015, de elecciones federales.
Es
poca la disminución, pero en este ramo presupuestal con lo que se juega –dice
Moreno Pérez a partir de su experiencia de más de 20 años examinando las cifras
más escondidas de la información oficial– es con la manipulación en los
calendarios de entrega de recursos, con el fin de impactar en la coyuntura
electoral.
Dentro
del ramo 20, de Desarrollo Social, explica el economista, hay otro concepto “de
magnitud menor, pero que en algunos lugares puede tener un impacto importante,
y es el denominado ‘Otros gastos de Operación’”.
Dice
que en ese rubro se incluyen contrataciones temporales de personal para el
manejo de los programas sociales y la distribución de sus recursos. Ese gasto
pasó de 989 millones de pesos en los primeros cuatro meses de 2014, a mil 6
millones en el mismo lapso de 2015. Un aumento de 102.7%. Pero para 2016, en el
mismo lapso, los recursos para ese concepto fueron de solo 578 millones, una
caída de 71.2% respecto del año pasado.
El
tercer rubro de gasto con impacto electoral, el ramo 23, Provisiones Salariales
y Económicas, es todo un caso, dice Moreno Pérez.
En
el ramo 23, dice ahora en entrevista, hay de todo: recursos que se transfieren
a los gobiernos de los estados para programas de todo tipo; ahí están los
recursos que controlan los diputados, y que reciben su “moche” para soltar el
dinero a alcaldes o a autoridades comunitarias.
Una
cosa que distorsiona un poco el ramo 23 es que ahí se registran los recursos
que provienen de ingresos petroleros, que luego se van a los fondos de
estabilización para empresas bajo control presupuestal y también fondos de
estabilización de los ingresos de las entidades federativas.
Pero
lo que sí es claro, dice el entrevistado, es que “la mayor parte del ramo 23 sí
tiene un impacto electoral, son de ayudas de todo tipo o programas aunque sean
de inversión o de reparar canchas, caminos, escuelas, puentes o lo que sea,
pero que los usan mucho para ese periodo electoral”.
Dentro
del ramo 23 hay un concepto que se denomina “Transferencias a Entidades
Federativas”, que en el periodo enero-abril de 2014 recibió 23 mil 442 millones
de pesos; en 2015 fue de 28 mil 585 millones en el mismo lapso, un incremento
de 19.5%.
Pero
para el mes de abril de este año, el gasto acumulado por este rubro alcanzó 24
mil 187 millones de pesos, con una caída anual de 15.4%.
Finalmente,
en el caso de Pemex, Moreno Pérez escribe en su ensayo que a partir de 1995 la
entonces paraestatal fungió como la principal fuente para financiar todo tipo
de excesos, errores y corruptelas: “Basta recordar que el financiamiento del
creciente rescate bancario (Fobaproa) fue realizado de manera subrepticia,
entre 1995 y 1997, exprimiendo fiscalmente a Pemex. Para permitir que la
empresa siguiera funcionando, se inventaron los Pidiregas, un mecanismo de
contratación de deuda pública que se dejó fuera de la contabilidad
gubernamental.
“Como
es sabido, durante muchos años Pemex fue utilizado para financiar campañas
políticas, de manera directa o utilizando a su poderoso y corrupto sindicato.
Un ejemplo, que generó mucho escándalo, fue la denuncia de los recursos
desviados a la campaña presidencial del PRI en el año 2000, cuando Francisco
Labastida Ochoa era el candidato.
“Ahora
bien, en 2015 se registró una fuerte expansión del gasto público que impactó en
la jornada electoral de mediados de ese año. Aunque desde enero de 2015 se
anunció un recorte presupuestal de 62 mil millones de pesos a esa empresa,
algunos conceptos de gasto corriente no sólo no se redujeron, sino que se
incrementaron de manera exponencial. El más notable fue el rubro denominado
‘Ayudas y Otros Gastos’.
“Para
el citado concepto, en 2015 se presupuestaron solo 903 millones de pesos, pero
al final del ejercicio se registraron 20 mil 989 millones como devengados, y 11
mil 29 millones de pesos como gasto pagado.
“Para
el presente año de 2016 se presupuestaron mil 359 millones de pesos en ese
rubro, y durante el periodo enero-abril se registraron mil 331 millones como
gasto devengado, y 3 mil 521 millones como gasto pagado.
“Esa
discrepancia indica que la mayor parte de ese gasto ‘pagado’ se devengó en
2015, siendo parte del enorme pasivo ‘circulante’ que ha tenido que enfrentar
Pemex a lo largo del presente año.
“Además,
no se debe olvidar que durante 2015 se llevó a cabo una difícil (y muy opaca)
negociación con el sindicato petrolero, para modificar las abusivas e
insostenibles cláusulas incluidas en el contrato colectivo, en materia de
pensiones, que llevaron a que el pasivo laboral alcanzara un monto equivalente
a más de la mitad de los activos de Pemex.
“Después
de la reiterada negativa del sindicato para modificar esas condiciones de
privilegio, finalmente Pemex consiguió doblegar al sindicato, con la inusual
participación personal del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, en la firma del convenio.
“Así,
Pemex anunció que había logrado una disminución de 186 mil 482 millones de
pesos en el señalado pasivo laboral. Con ello, la Secretaría de Hacienda señaló
que otorgaría un apoyo a Pemex, de la misma magnitud.”
Concluye
en su ensayo: “No se necesita mucha imaginación para suponer lo que sucedió
durante la jornada electoral del 5 de junio del presente año. Para empezar, la
fuente de recursos de ‘ayudas’ se contrajo de manera drástica. Además, la
disminución de los privilegios del sindicato debe haber creado un estado de
ánimo muy diferente al registrado en otras campañas electorales. Por último, no
se debe olvidar la influencia tradicional de ese poderoso sindicato en estados
como Veracruz y Tamaulipas… que perdió el PRI”.
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