El caso Palmarito divide a los senadores

Revista Proceso #2115, 14 de mayo de 2017 

El caso Palmarito divide a los senadores/

JENARO VILLAMIL

Un día después que se divulgó el video de la ejecución de un civil a manos de militares en la localidad de Palmarito, Puebla, el presidente del Senado, Pablo Escudero, afirmó que la Ley de Seguridad Interior se dictaminará en la Cámara alta y no en San Lázaro porque, enfatizó, es “urgente” que México cuente con una ley que permita el retorno de los militares a sus cuarteles.

El legislador del Partido Verde dijo también que envió oficios a las comisiones dictaminadoras y a la Junta de Coordinación Política del Senado para que se reúnan “a la brevedad” y tracen el calendario de trabajo; es decir,  que convoquen a un periodo extraordinario para dictaminar las iniciativas de los senadores Roberto Gil Zuarth, del PAN, y Miguel Barbosa Huerta, del Bloque Parlamentario PT-Morena.

Escudero no mencionó la del senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del PT-Morena, quien presentó la suya el 17 de marzo pasado, y se opone a la intención de regularizar la función de militares y marinos como policías estatales y municipales.

Entrevistado en su oficina del Senado, Bartlett descalificó el llamado de Escudero porque, dice, “él no puede arrebatarle la función de cámara de origen a la de Diputados y ésta no ha dictaminado esta ley por distintas razones, entre ellas, porque existe una oposición muy fuerte dentro y fuera del país”.

“El senador Escudero está en un estado de emergencia febril”, sentencia Bartlett, quien considera que la urgencia de su compañero se debe al escándalo ocasionado por los videos de la ejecución en Palmarito, Puebla, durante el operativo del miércoles 3 para detener a traficantes de combustible robado a Pemex.

Y abunda: “Palmarito es una demostración fehaciente de que ni el Ejército ni la Marina pueden ser los policías. Es mentira que estemos en contra del Ejército. Al contrario, lo que acaba de suceder nos indica que hay que proteger al Ejército y no puede estar más en funciones de policía”, abunda el senador petista.

“Es una falacia este argumento de que no podemos enfrentar a los ladrones de combustible sin el ejército. Se tiene que hacer con las policías. Por supuesto que es una responsabilidad de los gobernadores, pero también del presidente de la República. Regresar al ejército a los cuarteles es una decisión del presidente de la República, no se necesita de ninguna ley para eso.”

Gobernador de Puebla durante la administración de Ernesto Zedillo, Bartlett también subraya que el crecimiento de los huachicoleros y el robo de combustible en Puebla, de la que es oriundo, “fue un problema que dejó crecer el gobierno de Rafael Moreno Valle”.

Y agrega: “Como poblano te puedo decir que es un problema que dejaron crecer. Es un asunto político. Cuando fui gobernador de Puebla no existía este problema. Un gobernador debe saber lo que pasa en su estado y debe solucionarlo. Lo que ha ocurrido es el síntoma de un total desgobierno”.

Polémica artificial

Según las declaraciones del senador Escudero, las comisiones de Seguridad Pública, Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos deberán dictaminar la Ley de Seguridad Interior que incluya las iniciativas presentadas por los senadores Gil Zuarth y Barbosa; además de que se pronunció por la realización de un periodo extraordinario.

Escudero afirmó: “El único mecanismo para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles es por medio de esta Ley de Seguridad que los va a acotar, que les va a aplicar controles, que va a decir a qué van, con quién van, quién los pidió, cuánto tiempo; que van a tener controles, que vamos a poder acotar su función, y que vamos a poder obligar a los gobernadores y a los presidentes municipales a que tengan sus policías, sus academias, que fortalezcan esto y que asuman su responsabilidad”.

Sobre videos difundidos en Youtube en los cuales se observa a militares ejecutando a un civil, y a civiles atacando a los militares, Escudero consideró que la investigación debe partir de las cámaras de video, pero también del combustible que no se encontró.

“Me llama la atención, después de ver ese video, cómo un delincuente que estaba sometido se levanta con un arma y dispara, no sé si siete u ocho veces por la espalda a un militar y éste cae muerto. Me llama la atención que eso a nadie le preocupe”, expresó Escudero.

En contrapunto, Bartlett considera “abyectos” los argumentos que pretenden utilizar la matanza de Palmarito para acelerar la Ley de Seguridad Interior: “Es estúpido. Se está viendo que el Ejército no sirve para estas labores policiacas. Están viendo que se les está cayendo y pretenden robarle a la Cámara de Diputados su función de cámara de origen en este tema”.

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario PRD en el Senado, Dolores Padierna, demandó que la PGR investigue los hechos y se hagan a un lado “las tentaciones de querer exonerar de una posible acción extrajudicial a los elementos del Ejército que participaron en dicho enfrentamiento”.

Padierna subrayó: “Debemos saber si se trató o no de una acción extrajudicial, aún si se trata de presuntos delincuentes, porque era obligación del Ejército preservar los derechos humanos de éstos”.

La coordinadora de los perredistas coincidió con Bartlett en que el gobierno de Enrique Peña Nieto puede “repetir los mismos errores que en Tlatlaya, donde se buscó deslindar al Ejército y, al final, se mostró su responsabilidad”.

Los coordinadores del PRI, Emilio Gamboa, y del PAN, Fernando Herrera, guardaron silencio ante estas declaraciones de Escudero. Ninguno de los coordinadores de las comisiones mencionadas se dieron por aludidos, pero la presión continuó durante el jueves 11 y viernes 12.

“No se necesita de esa ley para que retorne el Ejército a sus cuarteles. El Ejército y la Marina están ahí por mandato del presidente. Regresarlos es una decisión del propio presidente”, insistió Bartlett.