Pretexto para reprimir

Pretexto para reprimir

Arturo Rodríguez García

Revista Proceso # 1818, 4 de septiembre de 2011

El aumento gradual de la violencia en Nuevo León se ha traducido en un incremento de los delitos cometidos por fuerzas oficiales en contra de la población civil. Tras la llegada de 3 mil elementos federales a la capital de ese estado, las violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales se recrudecieron. Lo que hoy impera en Monterrey, además del miedo y la zozobra ciudadana, es un estado de sitio de facto.

MONTERREY, NL.- Un día después de que arribaron 3 mil elementos de fuerzas federales a esta ciudad a raíz del ataque al casino Royale que dejó 52 muertos, policías, soldados e infantes de marina realizaron miles de cateos sin órdenes judiciales y establecieron un toque de queda de facto en varias colonias pobres, exhortando a la ciudadanía a abandonar las calles después de la medianoche.

La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Consuelo Morales, comenta que en barrios como Guadalupe, Escobedo y Apodaca la gente ya empezó a resistir las revisiones exhaustivas de sus viviendas, pues muchos de los elementos que las hacen “se llevan gente y ya no regresan. Se meten a las casas, se llevan cosas, roban y ahora hay gente detenida sin causa sustentada ni motivada en derecho. Esto es público. Los militares detienen, cuestionan y han establecido un toque de queda”, subraya.

Consuelo Morales, quien recibirá un reconocimiento de Human Rights Watch por “su activismo extraordinario”, refiere que la violencia se ha disparado, pues el CADHAC ha recibido sólo en este año denuncias sobre 67 casos de desaparición, en cada uno de los cuales han desaparecido nueve personas en promedio. Así, se trata de al menos 720  desaparecidos, que en un 30% fueron víctimas de elementos militares o policiacos.

Ahora, “con el operativo implementado tras el ataque al casino Royale, vemos que el actuar de los militares ha generado más violencia en colonias populares, las más pobres, de donde se están llevando gente. Cuando les va bien, nada más allanan moradas, entran a las casas y se roban cosas… Así ya les fue bien”.

Leyes antiprotesta

Durante el anterior gobierno de González Parás hubo acciones legislativas que, con el pretexto de enfrentar a la delincuencia, terminaron por criminalizar la protesta social.

En marzo de 2007 se aprobó el nuevo catálogo de delitos “contra la seguridad pública”, y el artículo 165 bis del Código Penal tipifica como conducta delictiva poseer o portar un equipo de comunicación que no esté a  nombre de la persona a la que se le encuentre.

Otra legislación peculiar surgió en febrero de 2009, cuando vecinos de colonias populares bloquearon avenidas de Monterrey en protesta por las operaciones de los militares en sus barrios. Según se dijo, estos bloqueos fueron organizados por el grupo delictivo de Los Zetas.

A principios de marzo de ese año, González Parás manifestó:

“Yo impulsaré una reforma a la legislación para que las expresiones de inconformidad o las manifestaciones que se den, afectando a los derechos de los demás, lastimando a los intereses de la ciudadanía y al interés superior de la comunidad, se consideren también como figuras delictivas.”

Y, en efecto, hoy la “obstrucción de la vía pública” es un delito grave, pues el artículo 177 bis 1 del Código Penal lo describe así:

“Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien con actos materiales ataque los derechos de terceros, impidiendo total o  parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores.”

Luego, el artículo 177 bis 3 establece que se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y una multa, además de advertir que si en la obstrucción se lleva a menores de edad, esto será una agravante. Finalmente, prescribe que la persona que organice la obstrucción tendrá una condena de tres a seis años de prisión.

Paraíso de la discriminación

Conocido por la creación anticonstitucional del policiaco “grupo rudo” y su cuerpo de inteligencia –desarticulado cuando la Marina de México detuvo a sus integrantes por presuntos vínculos con la organización criminal de los Beltrán Leyva–, el alcalde panista de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, replanteó su esquema de “blindaje” en el municipio donde viven los millonarios regiomontanos:

Ahora, sirvientas, jardineros, choferes, empleados domésticos y vendedores ambulantes deben darse de alta en un padrón municipal y obtener una credencial que acredite, desde el ayuntamiento, que laboran en el área. Al igual que los trabajadores, los vendedores ambulantes tienen la prohibición de usar teléfonos celulares.

Para Fernández Garza, integrante del clan Garza Sada, los vendedores ambulantes son sospechosos de “halconeo”. Asimismo, según el edil, 60% de los robos los cometen las trabajadoras y trabajadores domésticos.

“Yo voy a parar el halconeo. Si les gusta, pues qué bueno. Si no, pues que se vayan a trabajar a otro lado. Si van a traer celulares, no van a trabajar en San Pedro”, advirtió al presentar el programa “De Ti por Ti” el pasado 7 de abril.

El registro de los trabajadores domésticos, implementado a partir del 11 de abril, parte del supuesto de que ellos son de ranchos, comunidades rurales e indígenas, por lo que además de sus datos generales deben dar a conocer su lugar de procedencia, el número telefónico de la caseta del pueblo, un número telefónico y el nombre de una persona para avisar en caso de accidente, su domicilio en Monterrey (claro, los censados no viven en San Pedro), y su estado civil.

Para estar en el registro deben proporcionar una lista de sus amigos y parejas, así como revelar los lugares que frecuentan en días de descanso. A los patrones se les recomienda no darles llaves.

Por lo pronto, en San Pedro no hay mendigos, prostitutas y maldicientes. Si alguien se atreve a mendigar allí es encarcelado, ya que el reglamento municipal de policía, en su artículo 15, prohíbe “la mendicidad” por atentar contra la moral y las buenas costumbres. Limosnear es considerado tan grave y al mismo nivel que la prostitución, el exhibicionismo, el sexo en público, las malas palabras o los cartelones que ofenden “el pudor”.

Un gimnasio de poledance o el espectáculo “Sólo para Mujeres” no llegan a San Pedro, donde está prohibida la exhibición de personas desnudas o semidesnudas, en el mismo reglamento que prohíbe los prostíbulos y los “hoteles o moteles de estancia corta”.

Sospechosos múltiples

El 21 de junio de 2010, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal a fin de sancionar el espionaje de la delincuencia organizada, al que comúnmente se designa “halconeo”.

Esa propuesta fue también una medida al vapor. Presentada el 8 de junio de 2010, apenas 15 días después se dictaminó y aprobó por unanimidad. Prevé de 2 a 15 años de prisión para ese delito.

La modificación afectó al artículo 16 bis, fracción 1, que tipifica el delito grave, y 192, del Código Penal, y prevé castigar a quien sea sorprendido acechando, vigilando o realizando actividades de recopilación de datos sobre la ubicación de operativos realizados por los cuerpos de seguridad.

Las penas se agravan cuando el inculpado es o fue servidor público o militar, al igual que si es taxista o se hace pasar por cualquiera de éstos.

El artículo 192 del mencionado código establece:

“Se impondrá una pena de dos a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 cuotas a quien aceche o vigile o realice actos tendientes a obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o en general las labores de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas.”

Una previsión semejante introdujo el presidente Felipe Calderón en su iniciativa de reforma penal presentada el pasado 14 de abril, aunque en ese caso el “halconeo” es designado como “facilitación delictuosa”.

Consuelo Morales, quien ha seguido las reformas legislativas y las ha denunciado por arbitrarias, señala que apenas el pasado 29 de julio se tipificó como delito grave, con 50 años de prisión como pena, el robo de vehículos con violencia. El mismo día, el Congreso aprobó una reforma en la que la explotación de menores es castigada con la pena máxima de 13 años.

De este modo, “la protección patrimonial es más importante para los legisladores que la protección de los niños y las niñas”, observa la activista.

En estos días, continúa, el Congreso debate la reducción de la edad penal a 12 años, y aunque diversos actores sociales y políticos han criticado la propuesta, el diputado César Garza Villarreal advirtió el pasado 31 de agosto que, en virtud de las posturas, sólo se reducirá la edad penal en ciertos delitos.

Morales recuerda que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas calificó los centros de internamiento de menores en la entidad como la antítesis de lo que deben ser.

El 29 de agosto, Felipe Calderón recibió a los magnates regiomontanos, quienes le dieron su apoyo. Morales enfatiza que eso sucede porque los hombres de negocios que ahí se reunieron desconocen lo que viven los ciudadanos frente a las acciones de Estado que han incrementado la violencia. Y ante eso y las leyes arbitrarias, la activista reflexiona: “Si esta estrategia ha generado más violencia, nosotros nos preguntamos: ¿Qué clase de intereses son los que nuestros gobiernos y magnates están tutelando?”.