Puro lucimiento

Puro lucimiento

Luciano Campos Garza

Revista Proceso # 1818, 4 de septiembre de 2011

MONTERREY, NL.- El gobernador priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, es acusado de aprovechar mediáticamente casos que llaman la atención nacional e internacional, como la matanza del casino Royale, mientras que se ha mantenido prácticamente inmóvil ante el récord de mil 263 crímenes que, atribuidos al crimen organizado, han sido cometidos en la entidad durante su administración.

Aunque tanto él como las autoridades ministeriales alegan que los hechos violentos del crimen organizado deben ser atendidos conforme a la ley por las fuerzas federales, varios especialistas entrevistados por Proceso advierten que ese es sólo un pretexto para no hacerse cargo del problema, pues las leyes establecen claramente que, en principio, corresponde hacerlo a las autoridades estatales.

Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), quien recibirá un reconocimiento de Human Rights Watch, señala que no hay investigación de autoridades locales en numerosos homicidios, amenazas y privaciones ilegales de la libertad porque el gobierno estatal argumenta que son de orden federal y que, por lo tanto, debieran ser investigados por la Procuraduría General de la República.

“Los crímenes quedan impunes porque dicen que fueron cometidos por la delincuencia organizada. ¿Pero qué es delincuencia organizada? Ahorita cualquier persona se pone un pasamontañas y te roba y pueden decir que es delincuencia organizada. Las autoridades de Nuevo León evaden esta situación y pasan la pelotita a las autoridades federales.”

Morales indica que muchas veces los objetivos de los criminales “son dueños de pequeños negocios que reciben presiones para que paguen por seguridad, y si no pagan los matan ahí mismo o los desaparecen. El estado no ha mostrado que verdaderamente establezca medidas para proteger a la ciudadanía en estos casos”.

En cuanto a la actuación del gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, sentencia: “Es un gobernador ausente. No está. En su discurso cuando tomó posesión dijo que daría su vida en defensa de la ciudadanía. Si quisiera honrar su palabra, debería bajar de su oficina, pero se esconde y ahora esconde a las cabezas de las secretarías y pone al frente a una persona que es vocero”.

Crímenes e impunidad

El martes 30 de agosto, cinco días después del asesinato masivo en el casino Royale, el gobernador Medina armó un espectáculo para presentar a cinco detenidos. Acompañado del subprocurador de Control Regional de la PGR, Cuitláhuac Salinas Martínez, presentó videos de una gasolinera donde los incendiarios cargaban combustible.

Triunfal, el mandatario mostró más imágenes de la caravana de coches circulando por la avenida Gonzalitos, y también las fichas de los cinco involucrados. El jueves 1 de septiembre fue presentado otro involucrado, que era policía estatal.

Pero ante el olvido del resto de los crímenes, Bernardino Fernández Contreras, dirigente estatal del PRD, considera que el mandatario ha concentrado sus esfuerzos en resolver sólo aquellos casos que llaman la atención. “Vemos que el gobierno del estado da respuesta mediática, y aunque todos los casos son trascendentales, ha dejado de lado la mayoría de los asesinatos de gente inocente que ha muerto en este asunto de la guerra contra el narcotráfico”.

“Lo que trasciende lo ataca y está dejando de hacer su trabajo para el resto de la ciudadanía. Es una forma muy burda de hacer las cosas, mediática y selectiva, donde el gobernador busca sobrellevar las cosas. Además de lo del casino, hay muchos hechos donde las familias quedan dañadas y sin atención. El gobernador en lo personal y el alcalde de Monterrey (Fernando Larrazabal) deben renunciar a sus cargos porque no dan resultados.”

Según cifras de la Procuraduría estatal, los homicidios dolosos se han incrementado notablemente en Nuevo León. En el 2008 hubo 263, de los cuales 75 fueron atribuidos a la delincuencia organizada. Al año siguiente la cifra subió a 267, de los cuales 97 fueron ejecuciones.

En 2010, primer año completo de gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, los números se dispararon y el registro fue de 828 homicidios dolosos. De ellos, 361 fueron ejecuciones. Un total de 156 personas resultaron abatidas en operativos, principalmente de las fuerzas federales. Cayeron 30 víctimas civiles.

El hecho es que las autoridades no han podido contener la crisis de inseguridad. Desde que llegó Medina de la Cruz al poder, el 4 de octubre del 2009, han desfilado en la entidad dos procuradores y tres secretarios de Seguridad Pública.

De acuerdo con un conteo periodístico, durante el mandato de Medina se han registrado en el estado, hasta finalizar el pasado mes de agosto, mil 263 homicidios relacionados con la delincuencia organizada. De ese total, 85 personas eran inocentes; 90, autoridades abatidas; 278, delincuentes que murieron en enfrentamientos con autoridades, y 810 correspondieron a ejecuciones entre delincuentes.

Por lo que se refiere a la impunidad, estadísticas de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León resultan reveladoras: En los años 2008, 2009 y 2010 se han iniciado, en total, 196 mil 634 averiguaciones previas. De esa cifra, sólo se ha ejercido acción penal en 9 mil 66 casos, equivalentes al 5% (Proceso 1817).

Prácticas contra la ley

El vocero de Seguridad Pública del Estado, Jorge Domene Zambrano, aduce que el estado no investiga en los casos en los que se supone que participa la delincuencia organizada, porque la Federación atrae las investigaciones.

Pero Eloy Hernández García, exagente del Ministerio Público Federal y del Fuero Común, comenta que es el estado el responsable de investigar homicidios, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales. El artículo 2, subraya, establece que es el MP estatal el encargado de perseguir los delitos y ejercer acción penal ante los tribunales.

El ahora abogado privado y catedrático en derecho puntualiza: “No hay ningún convenio de acuerdo entre estado y Federación en que deban suprimir su competencia para conocer de los delitos, y menos en flagrancia. Si hay flagrancia, en automático interviene el MP del fuero común y tiene que desglosar la averiguación. Si hay arma de fuego de uso restringido, pasarlo a la autoridad federal, que puede atraer la investigación del homicidio si existe delincuencia organizada. Pero si no hay flagrancia, deberá conocer el fuero común del homicidio, y el federal, por lo que hace al arma de fuego”.

A su vez, el presidente del Colegio de Licenciados en Criminología de la República Mexicana, Ramiro Ramírez Pérez, afirma que la autoridad que debe investigar los homicidios es la Procuraduría estatal. “En la mayoría de las ocasiones en que se da el delito de homicidio las investigaciones para esclarecer el caso y resolverlo, consignarlo incluso, son responsabilidad del Ministerio Público del Fuero Común, que es el representante social”.

La diputada panista Jovita Morín Flores, abogada por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), menciona que para que inicie un procedimiento penal, primero debe haber un indiciado, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución General de la República.

“Cualquier persona que comete un homicidio –explica– debe ser puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público local; debe ponerse al detenido en custodia de la autoridad más cercana, y en este caso siempre será el Ministerio Público local, forzosamente.”

A su vez, Carlos Treviño Vives, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), coincide en que es la autoridad estatal la que debe iniciar la investigación en cualquier clase de homicidio.

El litigante, quien ha colaborado con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), agrega que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de la PGR, el Ministerio Público de la Federación deberá solicitar al Ministerio Público local, cuando corresponda, la remisión de la investigación.

Por su parte, el litigante Guillermo García Leija expone que, por costumbre, si en un crimen se utiliza un arma de uso restringido, como la AK-47 o la AR-15, el caso es atraído por la autoridad federal, pero inicialmente debe atenderlo la autoridad local aunque luego lo turne a la otra instancia.

Pero, dice, “la actitud de la autoridad estatal es pasiva, cómoda e inepta, aunque el gobernador está constitucionalmente obligado a procurar la seguridad de los habitantes de Nuevo León”.

Egresado de la UANL, y con más de 20 años de experiencia, plantea que cuando se comete un homicidio con armas de alto poder prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego “ya se ha hecho norma” que el caso sea atraído por la autoridad federal, “pero no está fundamentado legalmente, por lo que debe ser legislado esto”.

El diputado local panista Omar Pérez, quien subraya que los robos del fuero común se han incrementado en 90% este año respecto al anterior, manifiesta que Medina se lo quiere achacar todo a la delincuencia organizada.

“Lo que hace el gobernador –puntualiza– es ir resolviendo lo que pasa en su administración. Si pasa algo en los casinos, vamos sobre todos los casinos. Si hubiera pasado en restaurantes, se hubiera lanzado contra los restaurantes. Reacciona, y lo que queremos es prevención. Medina da prioridad a su imagen y relega lo que le pasa a los nuevoleoneses…”