Reclaman
inacción del fiscal de Veracruz
Nota de Isabella
González
Reforma, Cd.
de México (25 marzo 2016).- Javier Fernández, padre de una menor violada hace
un año por cuatro jóvenes, hijos de políticos y empresarios locales, acusó a la
Fiscalía de Veracruz de no actuar contra los culpables y de obstaculizar la
investigación.
El
3 de enero de 2015, al salir del antro PH en Boca del Río, su hija, de entonces
17 años, fue obligada a subir a un auto por los jóvenes Jorge Cotaita Cabrales,
Diego Cruz Alonso, Gerardo Rodríguez Acosta y Enrique Capitaine Marín, quienes
la violaron en la casa de uno de ellos en el fraccionamiento Costa de Oro,
relató Fernández.
A
pesar de que desde el 16 de mayo de 2015 interpuso la denuncia con diversas
pruebas como el señalamiento directo de su hija, estudios médicos, análisis
psicológicos, dichos de testigos que acompañaban a la víctima y videos en donde
los cuatro jóvenes admiten su culpabilidad, el lunes pasado la Fiscalía le
informó que el abogado de los denunciados pidió seis nuevas pruebas.
El
caso Rougier, conocido así en la entidad por ser el nombre del colegio en donde
estudiaban la víctima y los implicados, estalló en redes sociales.
Javier
Fernández difundió una carta donde expresa su indignación por la falta de
justicia y protección a los cuatro jóvenes. Además, circula un video donde
ellos reconocen su participación en los hechos.
Desde
el 15 de noviembre pasado, externó en entrevista, se esperaba la resolución del
expediente 592/15/1ESP/VER/05.
"(Las
autoridades) no han reaccionado. El Fiscal Luis Ángel Bravo les dijo a los
medios que no lo iban a presionar y que no hay rezago en la
investigación", explicó.
La
agresión
"Mi
hija iba saliendo del antro con sus amigas y estaban pagando el valet parking
cuando ellos llegaron y, de la nada, la metieron al coche que Enrique Capitaine
iba manejando", relató Fernández.
"Los
amigos de mi hija intentaron perseguirlos, pero los perdieron. En el coche,
Jorge Cotaita le quitó el celular, y ahí comenzó todo el abuso sexual".
La
familia de la adolescente se enteró del suceso semanas después ante los cambios
en su comportamiento.
"Un
día colapsó con su hermana mayor y le contó todo, y luego nos dijo a
nosotros", recordó el padre de la joven.
Tras
iniciar un tratamiento psicológico y valorar la posibilidad del perdón,
Fernández platicó lo sucedido a Ricardo Fernández Rivero, un amigo que tenía en
común con los padres de los cuatro jóvenes, con quienes acordaron reunirse
antes de actuar legalmente.
"Les
pedí tres cosas para no proceder: que le pidieran disculpas a mi hija y que
fueran filmados por mí; que se fueran inmediatamente de los lugares donde se
encontraran a mi hija y que asistieran a tratamiento con un psiquiatra de mi
confianza", explicó.
Así,
sostuvo, los jóvenes fueron filmados pidiendo disculpas a la víctima, aceptando
su culpabilidad y reconociendo que, cuando la violaron, estaban en muy malas
condiciones.
No
obstante, en lugar de cumplir la petición, familiares de los jóvenes comenzaron
una campaña de desprestigio contra la hija de Fernández.
"Cuando
vi que sucedía eso, decidí denunciarlos", expuso.
El
16 de mayo de 2015, Fernández interpuso la demanda penal.
Influencias
Fernández
presentó como pruebas el señalamiento directo de su hija, estudios médicos
ginecológicos y análisis psicológicos, realizados por particulares y por el
Ministerio Público; además incluyó los testimonios de las amigas que acompañaban
a la víctima y videos en donde los cuatro jóvenes admiten su culpabilidad.
No
obstante, el lunes pasado, la Fiscalía veracruzana le informó que el abogado de
los denunciados pidió seis nuevas pruebas.
"Yo
fui con la ilusión de tener ya una respuesta, pero me pidieron más pruebas que,
desde mi punto de vista y el de mi abogado, son totalmente absurdas y fuera de
contexto", expresó.
Entre
éstas, manifestó, se encuentran el testimonio de un velador que presuntamente
cuidaba la casa donde fue ultrajada la menor y quien al parecer vive ahora en
Puebla; además de las circunstancias familiares, educativas y sociales de la
víctima.
"¿Y
pretenden que yo les abra las puertas de mi casa para que vean cómo vivo? ¿Qué
tiene eso de relevante con el caso?", comentó el padre de la menor.
Para
Javier Fernández, la resolución del expediente ha sido postergado porque los
jóvenes son hijos de conocidos empresarios veracruzanos.
"Los
papás de tres de los jóvenes son empresarios que hacen negocios en Boca del Río
y a nivel estatal" sostuvo.
"El
papá de Enrique es Felipe Capitaine, ex Alcalde de Nautla y ex delegado de
Tránsito de Boca del Río durante el Gobierno de Fidel Herrera", detalló.
La
familia de Gerardo Rodríguez, añadió, tiene panaderías, y la de Jorge Cotaita
renta propiedades.
"Desafortunadamente
a casi un año de haber denunciado y con elementos, evidencias y testimonios
suficientes para consignar, no lo han hecho", escribió Fernández en una
carta publicada en medios locales de Veracruz.
"Me
pregunto, ¿por qué aún no los han consignado? ¿Serán verdad los rumores de que
'ya tienen todo arreglado y no les harán nada' por ser parte de la alta
sociedad y estar estrechamente relacionados con la clase política de
Veracruz?", advirtió.
Niegan
violación; ven interés político
En
una carta pública, los cuatro jóvenes acusados de abusar sexualmente la menor
se dicen inocentes y advierten un interés político en el caso.
Asimismo,
externan que Javier Fernández Gómez, padre de la víctima, ha tergiversando y
falseando los hechos registrados en enero de 2015.
"Negamos
total y absolutamente que su hija haya sido ultrajada o violada, tal y como
consta en las pruebas presentadas a la autoridad, y que están asentadas en la
carpeta de investigación número 592/15", señalan en la misiva publicada el
miércoles en medios locales y redes sociales.
Indican
que fue la propia joven la que pidió seguir la fiesta y que fue su decisión
subir al coche; también refieren que fueron amenazados y obligados a grabar el
video con el argumento de que sólo quería que se disculparan.
"Como
se observa en la filmación, en donde jamás aceptamos haber cometido algún
delito, y que usted ha hecho público y sacado totalmente de contexto",
sostienen.
"Es
lamentable que en aras de un interés personal y ahora vemos que hasta político,
no le duela marcar y señalar a su hija, y lastimar e infamar a nuestras
familias. Pedimos que este sensible caso, por el bien de ambas partes se
mantenga alejado de campañas políticas", añaden en el pronunciamiento.
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