El
debido proceso, a debate/
Nelson
Vargas publicó en El Universal el artículo “El maldito ‘debido proceso’”
(24/IV/2016). Allí narra que uno de los implicados en el secuestro y asesinato
de su hija Silvia, Isidro Solís Medina, fue amparado y liberado por el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito: “La justificación fue
que, una víctima de otro secuestro del que Solís Medina estaba acusado, lo
reconoció a través de la Cámara de Gesell sin la presencia de su abogado”. Este
delincuente había sido sentenciado a 34 años de prisión: “Pero debido a un
amparo, se reinició el caso y se decidió que el maldito ‘debido proceso’ le dio
la razón y el magistrado federal José Merced Pérez Rodríguez lo dejó libre por
falta de pruebas”.
A
Vargas nunca se le notificó de esta liberación. Se enteró de que Solís ya
estaba fuera de la cárcel porque otro secuestrado, que afortunadamente no
perdió la vida, se lo encontró por casualidad en la calle. En uno de los
párrafos del artículo en cuestión se lee: “Estoy muy preocupado por la libertad
que jueces y la Suprema Corte de Justicia de la Nación están otorgando a
procesados y sentenciados, con criterios en los que no piensan en las víctimas,
perdiendo el objetivo principal que hasta donde la lógica me dice, es impartir
justicia.” Y termina con la siguiente frase: “Quisiera que nuestros
legisladores se pusieran en los zapatos de las víctimas. Tal vez así, algún día
tendremos una ley más justa. No he dejado de creer que eso pasará en algún
momento”
Este
artículo de Nelson Vargas ha levantado voces a favor y en contra. Tomo como
ejemplo de esta última posición lo expresado por Miguel Carbonell en su
artículo “El bendito” publicado también en El Universal (26/IV/2016). Allí el
autor expresa su admiración por Nelson Vargas: “Pero creo que se equivoca
profundamente al denostar de forma imprecisa e indebida al ‘debido proceso
legal’ en su artículo El maldito proceso legal”.
Este
académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala que
quizá la puesta en libertad de un secuestrador haya sido un error. “No lo sé…
Si hubo una actuación indebida de un juzgador habría que enmendarla promoviendo
los recursos jurídicos previstos por la ley, no echando por la borda más de 25
siglos de civilización jurídica”. Después de defender el debido proceso como
“el mínimo indispensable para que podamos llegar a indagar la verdad de lo
sucedido en algún caso concreto”, Carbonell concluye diciendo: “Don Nelson: el
debido proceso legal nos protege a todos. Es una garantía frente a los abusos
de poder. Negarlo es una invitación abierta para asomarnos al abismo de la ley
de la selva. En ello no puedo, nunca podré, estar a su lado. Le ruego me
disculpe”.
Pero,
no es que el de Isidro Solís Medina sea un caso aislado. La preocupación de
Nelson Vargas y de muchas personas consiste en que el debido proceso en México
se está volviendo una coartada para los delincuentes y sus abogados con vistas
a obtener la libertad. Dicho de otro modo: por fallas en la interpretación y
aplicación de esta figura jurídica, o incluso por un mal diseño legislativo, se
está dando pábulo a que los malhechores y sus defensores encuentren un atajo
para evadir la justicia.
Con
‘procesos indebidos’, liberan a secuestradores/ Alejandro Martí,
El Universal,
El
martes por la mañana leí el reporte que la organización ciudadana Semáforo
Delictivo nos ofrece, para dar a conocer que durante el primer trimestre de
2016 el índice de secuestros a nivel nacional se redujo en nueve por ciento (EL
UNIVERSAL, 26/04/16). Sin duda alguna, el papel de la Coordinación Nacional Antisecuestros
(Conase) ha sido relevante para ello.
Siendo
uno de los delitos de alto impacto que más nos afecta, uno no puede dejar de
sentir un poco de alivio, considerando que este tipo de casos se cuentan por
miles durante los últimos años y que siempre vienen acompañados de una ofensiva
carga de dolor, rabia e indignación entre las víctimas y sus familiares.
Sin
embargo, el entusiasmo y esperanza de que pronto podríamos abatir la práctica
de este aberrante delito se difuminaron casi al instante al recordar que días
antes, el 18 de abril, mi amigo Nelson Vargas denunció que Isidro Solís Molina,
El Chilo, secuestrador y asesino confeso de su hija Silvia, había sido liberado
mediante un proyecto de sentencia emitido por el Tercer Tribunal Colegiado
Penal de Toluca. Esta situación, también fue denunciada por José Antonio
Álvarez, otra de sus víctimas, quien además enfrentó la desdicha de encontrar a
este criminal caminando libremente por las calles de la ciudad, cuando la
última noticia que tuvo del también integrante de la banda Los Rojos, es que
había sido condenado a 34 años y seis meses de prisión, al encontrársele
culpable y confeso de su secuestro. Preocupa y ofende advertir que se
multiplican los casos en que nuestros jueces y magistrados otorgan la libertad
a peligrosos delincuentes, mediante artilugios que ponen en duda la efcacia con
que debería operar un sistema de procuración y administración de justicia que
ha sido
recientemente
reformado para operar con transparencia y probidad, a fn de garantizar la
protección de los derechos humanos de las víctimas, de sus familiares y
también, pero nunca en primer lugar, de los delincuentes. Apenas el mes pasado
llamábamos la atención sobre la liberación de los secuestradores y asesinos del
joven empresario Damián González del Río, quienes fueron liberados por el Juez
Segundo Penal de Monterrey aduciendo, ¡para colmo de nuestros males!, errores
en las investigaciones ministeriales que condujeron a su captura y sentencia.
Hoy
lo hacemos con el caso de Silvia Vargas, compartiendo el dolor, rabia e
indignación de sus familiares y amigos. No se pueden revolver leyes y criterios
en benefcio de los criminales al amparo del debido proceso, o qué, ¿tendremos
en el país un debido proceso aunque el proceso sea indebido? Por el bien del
país, miremos el bosque y no sólo el árbol, que no se defenda el debido proceso
sin mirar la irresponsabilidad de los jueces que bajo su amparo, eliminan todas
las pruebas violentando otros principios fundamentales como la valoración
individual de cada prueba. El uso excesivo de formalismos (y eso sí que es a
criterio de cada juez) para desechar de tajo y de manera irrazonable todas las
pruebas, aunque sean indubitables, es una aberración y una irresponsabilidad
ética y profesional que debe reconocerse y corregirse de manera urgente.
¿Qué
ceguera tienen aquellos que defenden el debido proceso sin mirar la actuación
de los jueces, la revictimización de la víctima y el daño social que se
ocasiona al poner en libertad a quienes tanto han dañado a la sociedad?
Mirar
el bosque no sólo el árbol que les viene a modo. Si la defensa a ultranza del
debido proceso tiene su razón de ser en la justicia y los derechos humanos,
¿dónde quedan esos sustentos cuando se libera a estos asesinos? ¿en dónde queda
la justicia para la víctima y sus derechos humanos? ¿en dónde está el criterio
y el sentido común de esos jueces? En el caso de Silvia Vargas y de Damián
González del Río simplemente no los hay. Sólo persiste una indolencia que no
podemos ni debemos permitir.
No
es sentimentalismo, no sólo es el corazón dolido de un padre o de una madre el
que habla, es el sentido común para darse cuenta de que existen jueces y
juristas que defenden la justicia a través de actos injustos y visiones
parciales. Esa, no es justicia. Esos, no son derechos humanos. Volvamos la
mirada al origen de la ley y de la justicia: la persona; y pongamos
efectivamente en primer sitio a las víctimas que, tanto y tan pronto, se les
van olvidando.
Presidente
y fundador de México SOS
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