Revista
Proceso
# 2068, 19 de junio de 2016.
Y
los empresarios, resentidos/Juan Carlos Cruz Vargas
El
sector empresarial del país logró que el Congreso de la Unión pusiera en la
agenda, discutiera y aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La mala
noticia es que no fue en los términos que la iniciativa privada pensó.
De
entrada, los empresarios también tendrán que presentar su declaración 3de3, es
decir, deberán poner a disposición del público sus declaraciones patrimoniales,
de intereses y fiscal. No sólo eso, el SNA contará con una Fiscalía
Anticorrupción, la cual dependerá de la Procuraduría General de la República
(PGR), cuando el sector empresarial propuso una fiscalía con total
independencia y autonomía respecto del Poder Ejecutivo.
A
decir del líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, los empresarios continuarán como
víctimas, mientras que los peces gordos que ocupan puestos públicos seguirán
impunes, pues el SNA quedó corto y sin ninguna fortaleza.
En
entrevista, el presidente de la Coparmex sentencia sobre la nueva Fiscalía
Anticorrupción: “Es un punto nodal. Es un irreductible para que la reforma sea
eficaz. El fiscal anticorrupción tiene que ser independiente, con autonomía
política; suficiencia en sus capacidades administrativas para su función. Si no
logramos dar este paso, muy difícilmente será eficaz la capacidad de
persecución contra los servidores que se vean involucrados en corrupción”.
Luego
advierte: “Nos vamos a quedar mucho tiempo persiguiendo peces flaquitos, a
sardinitas, y difícilmente se verá que ese fiscal vaya por un pez gordo. ¡Y en
México hay muchos tiburones que necesitan un fiscal con esas capacidades!”
Nuevo
sometimiento
En
la charla, en un salón del Club de Industriales, donde se reúne con su equipo
de trabajo, el originario de Monterrey, abogado y director del despacho De
Hoyos y Avilés, comenta que la creación de dicha fiscalía es una de las
principales resistencias de la clase política.
Echa
un vistazo al pasado: “En México tenemos una larga tradición de que los
procuradores los pone el Poder Ejecutivo. Es una facultad poderosísima que
tiene el presidente. Pero para ser eficaces, los procuradores o fiscales deben
tener una independencia operativa, una autonomía política, y tienen que estar
dotados de los recursos técnicos, humanos y materiales para cumplir con su
cometido. De otra manera, difícilmente lo harán”.
Sin
embargo, la Fiscalía Anticorrupción quedará bajo la tutela de la PGR; es decir,
de la Presidencia de la República, que en este sexenio ha estado involucrada en
conflictos de interés, como en la Casa Blanca, del propio Peña Nieto, o el de
la vivienda de descanso en Malinalco, Estado de México, perteneciente al
titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray. En los dos asuntos se
vincula al empresario Juan Antonio Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa.
Aún
más. El empresario –licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Baja
California y vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Servicios Logísticos
de México, compañía especializada en sistemas de almacenaje de alta densidad y
automatización– denuncia que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas implica que “hay una resistencia a la transparencia. Todo
aquello que suponga que los servidores públicos tengan que abrir sus ingresos,
sus intereses, su situación patrimonial no les gusta a los servidores públicos
ni a los legisladores”.
Sin
embargo, aclara que para el sector patronal, la Ley 3de3 “es una medicina que
sí necesitamos, un mecanismo que nos permita monitorear la evolución
patrimonial que tienen los servidores públicos, además de una forma de detectar
cuando hay casos de corrupción”.
Golpe
a los impulsores
El
Senado decidió modificar el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, lo que obliga a los empresarios a hacer públicas sus
declaraciones.
A
Gustavo de Hoyos no le gustó la idea. De hecho, el jueves 16, después de
realizar un mitin con los miembros de Coparmex en las escalinatas del Ángel de
la Independencia para exigir un país sin corrupción, el líder calificó este
hecho como “un despropósito”.
“Esperamos
que se corrija esta ocurrencia inmadura que se tuvo de tratar de trasladar a la
sociedad, a los empleados, a los colaboradores, a los que participan en la
iniciativa privada las obligaciones propias de los funcionarios públicos. Es un
despropósito. Si se insiste en este punto, lo más seguro es que el sistema
completo pueda colapsar. Parecería que el propósito es levantar una cortina de
humo, tratar de camuflarse entre miles de declaraciones, para que aquéllas que
verdaderamente nos importan, que son las de los funcionarios, queden ocultas.”
No
paró ahí, durante la conversación con este semanario, el representante
empresarial dejó claro que el funcionario que no esté dispuesto al escrutinio
público, que se dedique a otra cosa.
“El
funcionario público siempre tiene riesgos, como los policías y el bombero.
Tiene que estar para el escrutinio; si no, que se dedique a otra cosa. Nadie
está obligado a ser servidor público. Quien tenga la vocación tiene que estar
dispuesto al escrutinio, a abrirse a la sociedad.”
–¿Cómo
asume su responsabilidad el sector empresarial en actos de corrupción, cuáles
son las resistencias? –se le pregunta.
–Nuestra
premisa es que la ley debe estar por encima de todos y aplicarse sin
distinciones. Nunca he escuchado que se pida un régimen de exclusión para los
empresarios. Nuestra aspiración es que el sistema anticorrupción se aplique a
todos por igual, sea un funcionario público, de alto o bajo nivel; sea un
pequeño o gran empresario; sea un ciudadano. Eso es un tema que no está a
discusión.
De
Hoyos menciona que otro sofisma que ocupa la clase política es que para que
haya corrupción se requiere de un funcionario y un empresario.
“No
descartamos que haya casos de ese tipo y la ley debe caer sobre el privado y
sobre el público. Lo que nos preocupa es que el principal promotor, el
principal inspirador de la corrupción en este país, son los funcionarios.”
De
hecho, aseguró que los hombres de negocios son víctimas de la corrupción
extorsionadora: “Hemos platicado con empresarios de otros países y de sectores
del comercio, industria, de la construcción, que se ven sujetos de la
corrupción extorsionadora. Es aquella donde el funcionario público retiene el
pago de una factura, teniendo el recurso, con el único propósito de causar
desesperación del empresario y luego manda un emisario, disfrazado de gestor,
el cual dice que con un contrato de servicios de 10% a 20%, puede gestionar
eficazmente un pago.
“Ése
es el tipo de corrupción que está sufriendo nuestro país, pero ahí los
empresarios no son copartícipes, son víctimas de una extorsión con charola”,
sentencia.
De
acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2015, elaborado por
Transparencia Internacional, México es el país más corrupto de los 34 miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En
América Latina, el estudio señala que México está en el escalón número 11 de 22
países de la región. Es más corrupto que Uruguay, Chile, Costa Rica, Cuba, El
Salvador, Panamá, Brasil, Colombia, Perú y Surinam.
“Esta
es la paradoja”, señala el presidente de la Coparmex: México es considerado uno
de los pocos países que reúne los atractivos para la inversión extranjera. “A
los inversionistas les encanta el mercado interno, el régimen internacional de
comercio que tenemos, nuestra ubicación, que estemos entre dos continentes, y
nuestra plataforma exportadora a la principal economía del mundo.
“Todo
lo hace un país muy atractivo. Sin embargo, esos atractivos se pueden opacar o
eclipsar si no resolvemos el tema de la fragilidad del estado de derecho. Ese
es el tema. Probablemente no hay otra circunstancia que esté afectando al
desarrollo del país.”
No hay comentarios.:
Publicar un comentario