Magistrado acosador

¡La ropa sucia se lava en casa!

Una nota de Jesús Aranda de hoy en La Jornada nos confirma que la ropa sucia en el Poder Judicial de la Federación se lava en casa.

En esta bitacora le hemos dado seguimiento a la corrupción que exise en el Poder Judicial.

¿O como interpretar la reciente revocación de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a una resolución del Consejo de la Judicatura Federal(CJF) que protegió -ante todo- al magistrado de circuito Héctor Gálvez Sánchez?

El flamante Juez fue acusado de acoso sexual por dos de sus colaboradoras, pero los señores (¡ Y caramba!) también las señoras Ministras determinaron que sólo procede una sanción administrativa, no la destitución del cargo, porque la legislación no considera grave ese delito.

La decisión de los señores Ministros dejó sin efecto el dictamen del CJF sobre una queja administrativa en contra de Gálvez Sánchez, en la que concluyó: "las faltas en que incurrió el servidor público denunciado son de gran gravedad y trascendencia que perjudica no sólo la imagen del Poder Judicial de la Federación, sino además deteriora la función jurisdiccional".Señala La Jornada, que en una reciente sesión privada (¿por que no la hicieron pública?), el pleno resolvió la revisión administrativa 18/2004 y dejó sin efecto el dictamen de los consejeros, quienes habían determinado que el juzgador "faltó al profesionalismo y a la excelencia propios de su actuación, al no cumplir de manera ejemplar sus deberes, y por actuar de manera irrespetuosa, indecorosa, falta de sencillez y honestidad".
Los señores y señoras Ministras Juan Díaz Romero, Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano coincidieron en que el CJF no graduó correctamente la gravedad de la conducta del magistrado ni precisó por qué la consideró grave.

Las denunciantes se quejaron de que el funcionario "en forma reiterada" las llamaba a su privado y les hacía propuestas indecorosas e incómodas, como "pretender imponerles que sostuvieran con él relaciones sexuales, haciéndoles preguntas que las hacían sentir mal, insinuándoles y proponiéndoles invitaciones para salir a comer o cenar a algún restaurante o discoteca; reprochándoles que no lo saludaran de beso en la mejilla, con la consiguiente amenaza de que él era muy vengativo; obligarlas a ir al tribunal fuera del horario de labores sin que hubiera necesidad". También pidió a una que "vistiera con minifaldas, porque así le gustaba verla".El único Ministro que voto en contra fue Genaro Góngora Pimentel expresidente de la SCJN quien cuestionó la decisión de sus compañeros del pleno y advirtió que es absurdo pretender individualizar la pena, como señalar que solicitar un beso es una falta "leve", un abrazo también "leve", una proposición para tener relaciones sexuales es "menos leve", una solicitud de que se vista con minifalda es "leve", de manera que al aislar las conductas se concluye que todas son "leves".

Dijo con firmeza -según la nota de Aranda- que "el licenciado Gálvez Sánchez no es un magistrado bromista y besucón: es un acosador sexual, y ahí radica la gravedad de su conducta".

¡Debería no sólo ser destituido sino llevado ante tribunales!

Pero la mayoría de sus compañeros resolvió que ni la Ley Federal de Responsabilidades ni la Orgánica del Poder Judicial contemplan expresamente el acoso sexual como delito grave y causa de destitución, por lo que no procedía separarlo del cargo, y dio la razón al magistrado, quien cuando cumpla una sanción administrativa de seis meses será reinstalado en su plaza, con todos los derechos.

Quizás hasta las acosadoras tengan que pedirle perdón. ¡Habráse visto!

Sería bueno que las acosadoras fueran a la CONAPRED que preside Gilberto Rincón Gallardo e iniciaran una denuncia de hechos; y además también acudieran a la Comisión de Equidad y Genero de la Cámara de Diputados, además de al Instituto Nacional de las Mujeres.

Por lo menos un balconeo se merece el magistrado acosador.

Por otro lado, lástima por el posicionamiento de las señoras Ministras.

Según información de la Comisión de Disciplina del CJF sabemos que han sido sancionados en los últimos años poco más de 300 funcionarios del Poder Judicial, el mayor número de sanciones ha consistido en apercibimientos privados, y los casos más graves fueron los que implicaron la destitución de jueces y magistrados, algunos de los cuales también fueron inhabilitados para no ocupar ningún cargo público.

En el 2002 el CJF sólo ha destituido al Magistrado López Murillo de Guadalajara, y al juez primero de distrito con sede en Chilpancingo, Carlos Hugo de León Rodríguez, al comprobarse su “notoria ineptitud” y diversas conductas impropias de un servidor público derivadas de su adicción a las bebidas alcohólicas.
En el 2001 el CJF destituyó al magistrado de circuito Agustín Cerón Flores, “al comprobarse que utilizó su cargo para asediar sexualmente a una justiciable que tenía el carácter de tercero perjudicada en dos juicios de amparo cuyos proyectos de resolución debía elaborarlos dicho juzgador”.
En 2000 fueron destituidos el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del primer circuito del Distrito Federal, Raúl Melgoza Figueroa, por registrar un rezago injustificable en la resolución de expedientes; la jueza María Esther Rodríguez Juárez adscrita al juzgado de La Paz, Baja California Sur, al comprobarse conductas irregulares "graves e inexcusables" en su actuación como funcionaria pública, y el magistrado Roberto Terrazas Salgado, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por asistir en estado de ebriedad a desempeñar su labor.
A excepción del Magistrado López Murillo, ningún otro magistrado había sido encarcelado en varios años; el último caso fue en 1989, cuando Gilberto Arredondo Vega y Eufemio Zamudio Alemán fueron condenados a nueve años de prisión por aceptar un soborno para liberar a Alejandro Braun Díaz, acusado de violar y asesinar a una niña de 8 años en Acapulco, Gro. Quizás el único antecedente similar es el ex magistrado Nicandro Martínez, quien en 1999 liberó al presunto narco Adán Amezcua Contreras.

Por eso el nivel de confianza de la SCJN esta en un nivel bajo, por lo menos así lo señala la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2001 de la Secretaría de Gobernación.
El nivel de confianza que alcanzó la SCJN fue del 10.18 por ciento, frente al 25.79 por ciento de personas que tiene algo de confianza en su desempeño institucional. Esta cifra, cuando menos, nos dice que el nivel de confianza es menor, en buena medida por el desconocimiento que hay de sus funciones y actores, pero también porque no hay mucha información disponible para el ciudadano ordinario sobre la forma en que se imparte la justicia en México.