La gran derrota/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso No. 1891, 27 de enero de 2013
Mes y medio después de que Felipe Calderón dejara Los Pinos, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ordenó la “liberación inmediata” de Florence
Cassez, con lo que echó por tierra el caso emblemático del calderonismo montado
por el superpolicía Genaro García Luna y sus colaboradores con el apoyo del
duopolio televisivo. Queda pendiente el castigo a los responsables de las
irregularidades, pero del caso se desprende una importante consecuencia
natural: con su fallo, la Corte pone en jaque al sistema persecutorio mexicano,
basado en los abusos policiacos y en la violación sistemática de los derechos
humanos de presuntos o verdaderos culpables.
El miércoles 23, desde el máximo tribunal del país salió la orden de
liberación inmediata de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez
Crepin, de 38 años, presa durante siete y acusada de delincuencia organizada y
secuestro en un proceso viciado desde su origen.
Ya con Calderón fuera del poder y García Luna en el extranjero, la posición
que prevaleció en la Corte la expresó el ministro Arturo Zaldívar, cuya
propuesta de resolución fue por la que se inclinó la Primera Sala: En el caso
de la ciudadana francesa, la policía, el Ministerio Público y los jueces
actuaron de manera equivocada.
La Suprema Corte quiere hacer de ese criterio una tendencia para que los
tribunales federales vigilen que se respete el debido proceso. “Si las cosas no
se hacen bien en la policía y el Ministerio Público, la gente va a salir
libre”, dijeron a Proceso funcionarios del máximo tribunal.
Por tres votos a dos, la Primera Sala ordenó la libertad inmediata de
Cassez por las violaciones constitucionales y procesales cometidas por García
Luna en su decisión de encarcelarla por su participación en el supuesto
secuestro de tres personas. Reiteró lo dicho en marzo del año pasado, cuando
abordó por primera vez el caso: En su detención se violaron el principio de
presunción de inocencia, el derecho consular y el debido proceso a causa del
“efecto corruptor” del montaje televisivo preparado por García Luna y sus
hombres más cercanos.
La Corte no se manifestó sobre la responsabilidad o inocencia de Cassez,
aunque al invalidar el proceso y la sentencia en la práctica la dejó como no
culpable.
Aun cuando el “superpolicía” de Calderón esté fuera del país, tras la
decisión de la Corte aparece como uno de los primeros exfuncionarios del
sexenio calderonista a los que se les pueden fincar responsabilidades por esas
violaciones, junto a sus principales colaboradores, entre ellos Luis Cárdenas
Palomino, ahora empleado del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
Las responsabilidades pueden ser administrativas, civiles y hasta penales.
Pero en su debate los ministros no fueron explícitos. Tampoco se espera que la
Corte dé vista al Ministerio Público.
La decisión está en la Procuraduría General de la República (PGR), que
podría iniciar de oficio una investigación contra los responsables del montaje
televisivo sobre la detención de Cassez, el personal del Ministerio Público que
le dio fe a esas actuaciones y hasta de los propios jueces y magistrados que
tampoco vieron esas irregularidades y la condenaron a 60 años de prisión.
El gobierno de Enrique Peña Nieto aún no ha decidido qué hacer, aunque el
procurador Jesús Murillo Karam dijo el viernes 25 que las violaciones señaladas
públicamente por los ministros “podrían constituir un delito”, mientras que el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió un día
después del fallo de la Corte a que “en cuanto haya un señalamiento público
oficial, nosotros también lo haremos con la investigación correspondiente”.
Lo que nadie vio
A diferencia de marzo de 2012, cuando el caso de Cassez se trató por
primera vez en la Primera Sala y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se
pronunció por castigar a los responsables de las violaciones, el miércoles 23
los ministros no se refirieron a quienes deberían responder.
Todos los caminos llevan a García Luna de forma directa y por extensión a
quien fue su jefe, Felipe Calderón. Su abogado, Alonso Aguilar Zinser,
evitó hacer comentarios sobre los escenarios en que puede quedar el
exsecretario de Seguridad Pública, quien ya está marcado por su fracaso ante
Cassez.
De acuerdo con el constitucionalista y profesor de la Universidad Autónoma
Metropolitana Elisur Arteaga, a partir de la resolución de la Corte,
funcionarios del poder Ejecutivo y Judicial están involucrados en las graves
violaciones cometidas durante el proceso judicial contra Cassez.
En el caso de García Luna considera que puede ser demandado por la vía
penal, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 109 de la Constitución.
Según esa disposición, los delitos cometidos por cualquier servidor público
serán perseguidos y sancionados en los términos de la legislación penal.
Arteaga asegura que la demanda puede alcanzar a la exprocuradora Marisela
Morales Ibáñez, pues ni en su caso ni en el del exsecretario de Seguridad
Pública han prescrito los delitos. Su inmunidad se terminó el 1 de diciembre de
2012 y según los delitos que se les llegaran a configurar empezaría a correr el
plazo de prescripción, argumenta.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl
Plascencia Villanueva, coincide en que las responsabilidades alcanzan al propio
Poder Judicial. En una entrevista con el periódico El Universal dijo que ese
organismo ya inició una investigación para establecer las responsabilidades.
En la entrevista publicada el viernes 25 se refirió a los servidores o
exservidores públicos que pueden ser sancionados: “Desde los que ejecutaron
directamente, lo toleraron y autorizaron y, por supuesto, no solamente
policías, también ministerios públicos, pues ayer quedó muy claro por parte de
la Corte que no supieron trabajar”.
Los ministros “también dieron una resolución completamente distinta de lo
que un juez de Distrito y de lo que magistrados de tribunales unitarios y
colegiados habían resuelto, y eso necesariamente implica que se investigue lo
que nadie vio en siete años”.
Pero el propio presidente de la CNDH ya sabía desde el mismo día del
montaje, el 9 de diciembre de 2005, quiénes estaban detrás. Así se lo hicieron
saber los padres de Israel Vallarta Cisneros, la expareja de Cassez, a quien la
desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) acusó de ser jefe de la
hasta ese momento desconocida banda Los Zodiaco.
La queja fue dirigida al entonces presidente del organismo, José Luis
Soberanes. Con el número 2005/5146/I/Q fue asignada a Plascencia Villanueva,
quien era primer visitador y hoy preside la CNDH.
Vallarta fue torturado para inculparse e involucrar a la ciudadana
francesa, hermana de un exsocio de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, un
proveedor de servicios de seguridad para García Luna en la SSP. Margolis es
además cercano a Isabel Miranda de Wallace, una de las principales opositoras a
la liberación de Cassez y quien cabildeaba en las oficinas de los ministros
acompañada de los allegados a los secuestrados por la banda de la que formaba
parte la francesa.
La tortura con toques eléctricos que le dejaron a Vallarta quemaduras y los
golpes en diferentes partes del cuerpo fueron acreditados por la CNDH en
diciembre de 2005, pero en los siete años que lleva el caso, el organismo se ha
negado a gestionar que se le practique el Protocolo de Estambul para acreditar
la tortura como prueba judicial firme.
En diciembre de 2011 la dirección general de Asuntos Jurídicos de la CNDH
respondió por oficio a la petición que le hizo Vallarta a través de un juzgado
de distrito. Le dijo que el organismo tenía mucho trabajo “y por ese motivo no
puede atender la petición realizada”.
No fue la única negativa. En octubre de 2010 la titular del Juzgado Quinto
de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Olga Sánchez
Contreras, le negó “la prueba de Estambul” solicitada en esos términos por
Vallarta. En su negativa Sánchez Contreras señaló: “Asimismo, para una mejor
ilustración del procesado, dígasele que existe el Manual en la investigación y
documentación eficaces de la tortura y otro tratamiento y castigo cruel,
inhumano o que degrada, conocido comúnmente como ‘Protocolo de Estambul’”.
Desde sus primeras declaraciones, Vallarta y Cassez identificaron como el
jefe del operativo para su aprehensión a Luis Cárdenas Palomino. Vallarta
también ha señalado a Francisco Javier Palacios.
Cassez incluso declaró ministerialmente que fue Cárdenas Palomino quien la
torturó y presionó desde el 8 de diciembre de 2005, un día antes de que fuera
presentada “en vivo” como secuestradora ante las cámaras de Televisa y TV
Azteca.
Escenario preparado
En su edición 1845, del 11 marzo de 2012, Proceso dio a conocer una investigación
interna de la AFI, realizada en 2006, luego de que a García Luna no le quedara
más que reconocer ante la televisión que, “a petición de los reporteros de las
televisoras” recreó la detención de la francesa y Vallarta.
De acuerdo con esa investigación realizada por la Dirección General de
Supervisión e Inspección Interna para la AFI, Cárdenas Palomino y Garza
Palacios estuvieron implicados directamente en el montaje que se transmitió en
los noticieros matutinos de ambas televisoras y que fue la causa principal de
que se derrumbara en la Corte la acusación contra Cassez.
En la AFI, Cárdenas Palomino era director de Investigación Policial; Garza
Palacios estaba al frente de la Dirección de Operaciones. Cuando Calderón le
dio la SSP a García Luna, éste mantuvo cerca a Cárdenas Palomino quien terminó
el sexenio como jefe de la División Regional de la Policía Federal. A Garza lo
hizo jefe de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal Preventiva y
en medio de acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico lo envío a
Colombia como representante de la corporación.
En la investigación interna de la AFI también fueron identificados los
policías que irrumpieron en el rancho Las Chinitas: José Aburto Pazos, José
Luis Escalona Aldama, Germán Ovidio Zavaleta Abad y Carlos Alberto Servín
Castorena, quienes señalaron como jefe del operativo a Israel Zaragoza Rico, en
ese entonces director de Secuestros de la agencia.
Los cuatro policías coincidieron en que se preparó un escenario para
detener a Cassez y Vallarta dentro del rancho. Se sembraron armas, diversos
objetos y hasta se puso una venda en la cabeza a uno de los supuestos
secuestrados. Todo preparado para que saliera en la televisión.
De acuerdo con abogados que participaron en la defensa de Florence, fue el
propio Cárdenas Palomino el que editó el video que se presentó como prueba de
la detención.
Ahora el expolicía trabaja en Televisión Azteca, de donde salió la
reportera Lizeth Parra para hacerse cargo del área de prensa para García Luna y
terminó el sexenio de Calderón como subsecretaria de Planeación y Protección
Institucional de la SSP, en sustitución del general Javier del Real Magallanes.
En previsión del revés en la Corte, Cárdenas Palomino buscó apoyo legal de
la Iglesia católica a través del sacerdote Hugo Valdemar, director de
Comunicación Social de la arquidiócesis de México. No lo obtuvo, pero tiene
ahora el respaldo de Salinas Pliego. Valdemar ha mantenido una relación
estrecha desde hace años con Cárdenas Palomino.
Incluso coincidieron con el actual consejero jurídico de la Presidencia de
la República, Humberto Castillejos Cervantes, quien además de haber sido
abogado del sacerdote fue cuñado de Cárdenas Palomino.
La liberación
De acuerdo con los abogados que apoyaron a Cassez, la francesa tiene la
posibilidad de presentar un juicio civil por indemnización de los siete años
que estuvo presa, pues no fue declarada culpable de los delitos que le fincó la
PGR con la acusación de la AFI y la SSP, ambas bajo el mando de García Luna, y
con el apoyo de Calderón, activo promotor para mantener a Cassez en la cárcel.
Invocan la Convención Americana de Derechos Humanos de la que el Estado
mexicano forma parte. Según el artículo 10 de ese instrumento, toda persona
tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido
condenada en sentencia firme por error judicial.
Cassez fue sentenciada por primera vez en abril de 2007 a 96 años de
prisión por un juez de distrito; luego, en 2009, un tribunal unitario redujo la
sentencia a 60 años y en 2011 un tribunal colegiado le negó un amparo contra
esa sentencia y la dejó firme.
Fue cuando Cassez acudió a la Suprema Corte para que el máximo tribunal
revisara el amparo y lo que propició las presiones del gobierno de Calderón
hacia los ministros para que lo negaran (Proceso 1790 y 1890).
En los días previos a la resolución de la Primera Sala, los opositores a la
liberación de Cassez promovieron la idea de que los ministros iban a conceder
un amparo para efectos y que el Tribunal Unitario que revisaría la condena
sentenciaría a Cassez por el alegado secuestro de Ezequiel Yadir Elizalde, lo
que le permitiría cumplir la condena en Francia.
No esperaban que la Primera Sala retomaría el proyecto que presentó el
ministro Arturo Zaldívar el 21 de marzo del año pasado para conceder un amparo
“liso y llano”; es decir, la libertad inmediata.
La votación del miércoles 23 la decantó el nuevo ministro, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, quien llegó a la Corte en diciembre pasado con el apoyo
de Peña Nieto, por lo que su voto fue interpretado como el interés del nuevo
gobierno para cerrar el caso, luego de que Calderón lo hiciera parte central de
su estrategia de seguridad.
Economista, Gutiérrez Ortiz Mena nunca había sido juez y definió el asunto
penal más polémico de los años recientes en México cuando respaldó a Zaldívar,
quien se había mantenido en su posición original. La ministra Olga Sánchez
Cordero renunció a su proyecto de regresar al Tribunal Unitario un expediente
sin pruebas contra Cassez e hizo el tercer voto para la liberación inmediata y
la misma noche del miércoles 23 Florence Cassez salió de México en un vuelo
comercial que la llevó de regreso a su país después del episodio que se
inició la mañana del 8 de diciembre de 2005.
Ese día el ascendente policía García Luna, a la sazón director de la AFI,
ordenó un operativo para ir por ella y por Vallarta. Los capturó, los retuvo de
manera ilegal, armó una escenificación con la complicidad de la televisión, los
presentó como integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco y se erigió
ante la opinión pública como un policía eficiente. Fue un éxito personal, más
que para el gobierno de Vicente Fox, a quien convenció de que la AFI nada tenía
que ver con los métodos de la vieja y corrupta Policía Judicial Federal de la
PGR.
Siete años después la Suprema Corte echó abajo la trama. De nada valieron
las pruebas que ya como secretario de Seguridad Pública de Calderón fue
fabricando para mantener en la cárcel a la francesa. La Corte las invalidó por
ilegales, contradictorias y viciadas.
Mientras, García
Luna está a la espera de lo que se pueda derivar de las graves violaciones a la
Constitución y a los derechos humanos que cometió y que el máximo tribunal del
país estableció como verdad histórica y jurídica.
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