Celebra
propuesta de reforma y condena sentencia de la SCJN
LA
REDACCIÓN
Revista
Proceso.
No. 1924, 14 de septiembre de 2013:
PALABRA
DE LECTOR
Señor
director:
Le
ruego publicar lo siguiente en su prestigiada revista Proceso.
Quiero
destacar dos cuestiones que se relacionan con la inconsciencia
histórica-solidaria de gran parte de la derecha empresarial mexicana: la
primera, respecto a la propuesta de reforma hacendaria, y la otra sobre
restricciones a derechos humanos.
Chesterton
dijo alguna vez que el demócrata era aquel que cuando el otro tenía razón de
inmediato se la reconocía. Es el caso de dicha propuesta fiscal; en esencia
representa un avance en materia de redistribución del ingreso, privilegiando
impuestos progresivos, rechazando regresivos como el IVA en alimentos y
medicinas, que tanto afectan a la población mayoritaria –que es pobre y no de
clase media, como dicen algunos que manipulan la realidad–, y acabando con
regímenes especiales y de consolidación fiscal.
Prueba
palpable de que significa un paso positivo es el rechazo inmediato a la misma
por parte tanto de las cúpulas empresariales –defensoras habituales de los
pocos privilegiados y adversarias de las exigencias sociales de la mayoría del
pueblo en estado de pobreza– como de lo que queda del PAN –partido que,
claudicando, abandonó las tesis humanistas cristianas para abrazarse con
fanatismo a las corrientes antisociales de corte calvinista. Dicho despojo
partidista habla engolado del “bien común”, pero en la práctica, cuando se
trata de transformarlo en políticas fiscales que exigen solidaridad a favor del
pueblo, entonces lo sacrifica en aras de intereses privados de facción.
En
contraste con la reacción hostil de tales cúpulas a la propuesta fiscal, la
insólita sentencia reciente de la Suprema Corte sobre derechos humanos, que
limita entre otros el de la libertad, no mereció comentario por parte de ellos.
Resulta muy cierto lo que comenta Karl Jaspers sobre la débil conciencia de
libertad en el mundo occidental organizado de posguerra. En aras de la
seguridad se renuncia a la libertad, a la lealtad con uno mismo y con los
demás. Por ello las restricciones a la libertad pasan desapercibidas para los
mercaderes mayores.
La
sentencia de la Corte, comentada como noticia en la página web de Proceso,
viola la decisión fundamental del Constituyente Permanente de incorporar a
plenitud el garantismo en México, país que estaba muy rezagado en tal materia
–ahora vuelve a estarlo–; y anula el principio pro persona, al determinar como
criterio de interpretación que las restricciones a derechos humanos que
establezca la Constitución prevalecerán sobre las normas más protectoras de
fuente internacional.
Toda
la reforma de 2011 sobre este tema giró en torno al principio pro persona, el
cual establece que debe prevalecer siempre la interpretación más favorable. La
sentencia de la Corte dice lo contrario al establecer un criterio hermenéutico
para todos los jueces: en caso de colisión de derechos, prevalecerán las normas
de la Constitución que contengan restricciones a derechos humanos, frente a las
de los tratados que prevean protecciones más amplias. Este tipo de criterio
posibilita el vaciamiento de la esencia de los derechos humanos, según Robert
Alexy –como la presunción de inocencia.
En
suma, la Corte debe rectificar y el gobierno seguir ahondando en la
redistribución de la riqueza nacional, ahora en muy pocas manos, las más
insensibles. (Dedico estas ideas a la memoria de Víctor González-Luna Orendáin,
tapatío brillante recientemente fallecido.)
Atentamente
Mauro
González-Luna Mendoza
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