RESPUESTA AL
EPR/Y II /Raymundo Riva
Palacio
24 Horas, 9 de septiembre de 2013En uno de los libros más importantes sobre el fenómeno de la rebelión de los pueblos, Why Men Rebel (Por qué se rebelan los hombres), Ted Gurr escribió en 1970 que la violencia política varía en forma y magnitud, y tiene tres categorías: conspiración, confusión o guerra civil. La primera requiere que las élites se fracturen y tomen bandos opuestos; la segunda que exista ingobernabilidad; la última es que se quiebre el país. En México, las élites (fuerzas armadas, partidos, cámaras, empresarios, Iglesia Católica) son homogéneas, por lo cual tampoco hay respaldo político, armado o económico para formar un ejército anticonstitucional. La ingobernabilidad existe en varias regiones del país, como en Michoacán, que el gobierno federal quiere recuperar.
Pero existe otro ingrediente mencionado por Gurr, que tiene que ver con una tensión en las sociedades, cuando en una población se da la discrepancia entre el valor de sus expectativas y el valor de sus capacidades. Esto genera una intensidad y magnitud que describe Gurr como “relativa privación” (el descontento), que determina el potencial para la violencia colectiva al escalar la frustración y la agresión. Desde el punto de vista socioeconómico, existen ciertamente esas condiciones en México que son propicias para una insurrección.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registra un incremento de la pobreza de 2010 a 2012 en 500 mil personas, que la ubica en un total de 52.8 millones de mexicanos. Casi 50% de los mexicanos son pobres, y existen probabilidades que, de mantenerse el rumbo de México, la cifra ascienda a 80 millones en unos años. Pero al hablar de las condiciones para levantamientos armados, quienes viven en extrema pobreza no son detonadores de conflictos al no tener el mismo nivel de frustración y aspiración que aquellos que sí perdieron con las políticas económicas de un Estado. Por ello, que Coneval reporte el aumento de pobreza entre las clases medias, sugiere que el potencial de violencia se incrementó en los últimos años en las principales zonas urbanas afectadas, Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco.
A la caída del ingreso se le añade otro factor que mencionó el EPR, al condenar lo que llama la estrategia contrainsurgente del gobierno federal a través de aparición de nuevas guerrillas y la prensa. “Si mencionamos las maniobras de contrainsurgencia es porque no está enderezada sólo contra nosotros, abarca a toda voz de inconformidad y procesos organizativos de carácter popular”, señala el EPR. “La denunciamos porque hay plumas desde los medios de comunicación que la pretenden ocultar o ignorar, y desde el Estado enmascararla en esta última década con la falsa guerra al narcotráfico”.
El EPR ha hablado de la pobreza en anteriores comunicados, pero ahora combina el impacto de la lucha contra la delincuencia organizada como un factor de agravio entre la población. Existe ese agravio, indiscutiblemente, pero no hay evidencia sólida de que haya terminado en un clima insurreccional. Lo que sucede en Michoacán no pasa por el tamiz de la insurrección sino del narcotráfico. Casi medio siglo que afirma el EPR han sido de respaldo popular, marca también el fracaso de su lucha. Tiene razón el EPR al esbozar que este autor no comparte la lucha armada como vía de cambio radical. Pero también se tiene que reconocer que el México de hoy no es el país que la mayoría quiere.
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