Bancomer,
bajo investigación por el financiamiento a Peña Nieto/
JESUSA
CERVANTES
Revista
Proceso
No. 1927, 5 de octubre de 2013;
El
Consejo General del IFE, que ya había exonerado en una primera fase al PRI por
el Monexgate, acaba de dejarlo libre de culpa por completo al decidir que los
millones de pesos de las tarjetas repartidas para las elecciones presidenciales
del año pasado no se destinaron a la compra y coacción del voto. Pero detrás
del entramado en el cual se quiere hacer perdedizo el origen y destino de aquel
dinero aparece una sorpresa: no sólo Monex emitió plásticos para esos comicios,
también lo hizo Bancomer.
Una
investigación encabezada por el consejero electoral Alfredo Figueroa sacó a la
luz datos para apuntalar la acusación de que el PRI recurrió a la triangulación
ilícita para hacer perdedizo el origen y destino de los millones de pesos
usados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y exhiben también
“falta de competencia” e “incongruencia” de la Unidad de Fiscalización del IFE
para indagar el llamado Monexgate.
Lo
anterior viene a sumarse al hecho de que, el pasado 23 de enero, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral (IFE) exoneró al partido que llevó a
Peña Nieto a la Presidencia.
La
investigación de Figueroa fue motivo de un amplio debate en la sesión del IFE
del pasado 26 de septiembre; pese a ello, los medios se limitaron a consignar
que se exculpaba al PRI de la “compra y coacción” del voto a través de la
madeja bancaria y mercantil del Monexgate y que se aprobó un recurso “oficioso”
para indagar a Bancomer. No más.
Sin
embargo los resultados del escudriñamiento a los casi ocho mil destinatarios de
los monederos Monex que realizó la Comisión de Quejas y Denuncias, encabezada
por Figueroa, reveló que Alfredo Cristalinas Kaulitz, jefe de la Unidad de
Fiscalización del IFE “se negó” a investigar un cuarto banco –Bancomer– el cual
aparece en la trama financiera del PRI pese a contar con elementos suficientes
para hacerlo”.
Lo
más grave, dice Figueroa a Proceso, “se descubrió que los 70 millones de pesos
que aceptó el PRI manipular mediante los monederos no fueron para ‘el pago de
estructura electoral’, como justificó ante la autoridad electoral, versión
aceptada sin investigar”.
“Monexgate”
de nuevo
La
historia del Monexgate se destapó el 26 de junio de 2012, nueve días antes de
la elección presidencial, cuando el Partido Acción Nacional denunció el uso de
tarjetas Monex por parte del PRI para la “compra y coacción del voto”; incluso
presentó varios plásticos y narró cómo fue el operativo, estimando que para la
maniobra se había dispuesto de por lo menos 700 millones de pesos.
Días
después, el 5 de julio la coalición PRD-PT-MC robusteció aquella denuncia al
presentar cientos de facturas emitidas por Monex a nombre de las empresa
Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Efra, S.A. de C.V., propiedad de
Emilio Fraga, recientemente sumado la dirección nacional del PRI, y las cuales
respaldan la compra millonaria de tarjetas Monex.
Una
semana más tarde la coalición de izquierda reveló la participación de otras
compañías: Atama, con operaciones financieras por 13.9 millones de pesos;
Tiguan, con 9.2 millones y Koleos, con 3.2 millones.
Tras
la denuncia del PAN el IFE dijo en conferencia de prensa que había detectado la
emisión de tarjetas por 70 millones 815 mil pesos por parte del PRI para “el
pago de su estructura electoral”.
A
partir de ese momento y ante el alud de denuncias y evidencias presentadas por
la oposición, el PRI hubo de aceptar públicamente el 17 de julio que su partido
contrató a una empresa para la emisión de tarjetas Monex: 7 mil 851 monederos
por tan sólo 70 millones, misma cantidad que el Instituto Federal Electoral
había detectado.
Las
denuncias sobre el caso Monex empezaron a desahogarse el 23 de enero de 2013 en
el Consejo General del IFE. Ese día la Unidad de Fiscalización sostuvo que el
PRI no sólo había recurrido a Monex y Santander en su entramado financiero,
como lo había denunciado la coalición de izquierda, sino sumó a la veintena de
empresas que Proceso reveló en su momento, otras 14, además de la participación
de cuatro personas físicas y tres bancos más: Banamex, Banorte y Bancomer.
Sin
embargo a éste último nunca lo investigó. La Unidad de Fiscalización tampoco
buscó a los propietarios de las tarjetas. No obstante en su dictamen consideró
que el “origen y destino” de los recursos utilizados por el PRI estaban
plenamente identificados: “Para el pago de la estructura electoral”, además de
que el entramado financiero no fue ilegal.
El
Consejo General avaló el dicho de la Unidad, pero al aparecer el nombre de
Alkino, la empresa a la cual el PRI –como reconoció el 17 de julio– había
contratado para la adquisición de las tarjetas, también surgió el término de
“contrato de mutuo acuerdo” firmado entre empresa y partido.
Al
no estar validada la figura “contrato de mutuo acuerdo” en el Reglamento de
Fiscalización del IFE e incluso no haber sido notificado cinco días antes de su
firma al órgano electoral como obliga la regla, se ordenó a Cristalinas que
investigara sobre “la legalidad o ilegalidad” de ese instrumento financiero. El
pasado 26 de septiembre la Unidad dictaminó que sí fue legal y el Consejo lo
respaldó por mayoría de votos.
El
PRI mintió
En
paralelo, la Comisión Quejas y Denuncias abrió una investigación sobre el caso
de las tarjetas.
En
entrevista, su presidente, Alfredo Figueroa relata que ellos sí hicieron el
trabajo nunca realizado por los más de 50 empleados de Cristalinas: acudir con
cada uno de los propietarios de las 7 mil 851 tarjetas para comprobar si de
verdad eran los dueños y utilizaron el dinero para lo que la “Unidad y el PRI
dijeron” –el pago de la estructura electoral– así como los montos.
“La
investigación mostró dos cosas: lo planteado por la Unidad de Fiscalización (el
23 de enero) para lo que se habían empleado los recursos no fue así (en su
totalidad para el pago de la estructura).
“Las
personas nos dijeron en una proporción muy grande que no fue eso; ni era el
monto ni era para lo que la Unidad de Fiscalización y el PRI decían que se
había destinado el monto”, relata Figueroa.
Añade:
“Esta otra investigación hecha desde la comisión y el Jurídico, muestra la
ausencia de congruencia y consistencia de los datos de fiscalización ¡desde el
origen de la queja! En la indagatoria viene el porcentaje de quienes dijeron
que el dinero no era para lo que se decía, el porcentaje de quienes no
contestaron y el de quienes dicen no haber recibido el dinero que dicen la
Unidad y el PRI; uno dijo: ‘Yo fui representante distrital para otros efectos’
(es decir no para la estructura electoral)”.
Figueroa,
quien concluirá su plazo de siete años como consejero electoral el miércoles
30, señala que la investigación de la comisión “revela en realidad para qué fue
el dinero” y todavía más preocupado suelta: “Es decir, no estaba comprobado el
destino del dinero”. Destino que la mayoría del consejo general del IFE y la
Unidad de Fiscalización dieron por comprobado el 23 de enero.
Se
le comenta que con esta indagatoria se echa abajo la justificación del PRI
sobre el uso de los 70 millones de pesos emitidos en tarjetas Monex y en cuyo
proceso participó la empresa Alkino, así como la aceptación de la Unidad de
Fiscalización.
“Sí,
pero también de la mayoría del Consejo General que votó en esa dirección”, dice
y añade: “Las conclusiones de esta investigación que hicimos y las de la Unidad
de Fiscalización no son las mismas”.
Ante
las contundentes evidencias de la nueva indagatoria realizada por la Comisión
de Quejas y Denuncias, Figueroa propuso dar vista y remitirla en su totalidad
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lo
anterior porque el tribunal tiene desde el 23 de enero pasado el recurso de
impugnación tanto del PAN como del PRD, PT y MC por la decisión que tomó el
Consejo General del IFE, queja que hasta el momento no se ha resuelto. “En este
país los tribunales no investigan, pero ahora van a tener ya dos
investigaciones terminadas en distintos momentos; ambas las deben sumar a su
reflexión sobre la resolución principal”, detalla Figueroa.
Antecedente
para la impunidad
En
la emisión de las tarjetas el PRI dijo haber utilizado a Alkino. En el dictamen
que la Unidad de Fiscalización presentó el 23 de enero se reveló el entramado
financiero: El PRI contrató a Alkino la cual, por incapacidad de crédito,
solicitó un préstamo a Atama en un monto a ser dispersado en las tarjetas
contratadas. Luego Atama solicitó a Inizzio la adquisición de las tarjetas de
prepago para que después ésta y Banco Monex celebraran un contrato para
adquirir las tarjetas. Y finalmente Atama realizó a través de empresas
mercantiles y cuatro ciudadanos los pagos a Monex.
En
todo este entramado el PRI firmó un “contrato de mutuo acuerdo” con Alkino por
66 millones que con todo e intereses sumaba los 70 millones de pesos. La Unidad
de Fiscalización determinó que el instrumento financiero fue legal y así lo
respaldó en su mayoría el consejo General.
No
obstante Figueroa votó en contra. En primer lugar, explica, porque el “mutuo
acuerdo está reglamentado por la autoridad civil y el Reglamento de
Fiscalización no lo permite; lo único que avala para financiamiento a partidos
son los créditos bancarios y éstos se deben notificar con cinco días de
anticipación.
“En
el sistema electoral no debe permitirse un financiamiento con una contratación
de mutuo acuerdo por las siguientes razones: porque Alkino le dio al PRI una
tasa de interés de apenas 3% y con esto lo que estaríamos legalizando es la vía
por la cual las empresas mercantiles (las cuales tienen prohibido por ley
financiar) o los hombres más ricos del país podrían financiar un partido a diez
años. ¿Acaso una persona mercantil puede hacer un convenio mutuo a diez años?”
Se
defiende ante cualquier suspicacia y recuerda que la Unidad consideró legal el
“contrato de mutuo acuerdo”; pero “voté en contra y perdí la votación pero
también en la anterior (la de compra y coacción del voto). Lo que planteé en
este tema es que no podía advertirse el destino de los recursos empleados, no estaba
acreditado y por lo tanto ameritaba una sanción”.
De
Monex a Bancomer
En
la misma sesión del 26 de septiembre salió a la luz la participación de
Bancomer en el tinglado financiero del PRI. En su investigación Figueroa
detectó dos tarjetas emitidas por tal banco. Es decir, no sólo Monex fue
utilizado para la dispersión de recursos y no sólo Bancomer fue utilizado para
hacer transferencias o depósitos bancarios sino que también vendió plásticos.
El
descubrimiento de Figueroa llevó a ordenar a la Unidad de Fiscalización que
inicie una indagación “oficiosa” sobre la participación de este banco. Es
decir, el caso Monex sigue abierto en el IFE y ahora podría surgir el
Bancomergate.
Al
buscar a cada uno de los propietarios de las casi 8 mil tarjetas, relata el
consejero, se detectaron dos plásticos emitidos por Bancomer. “Encontramos a
dos personas quienes nos dijeron que ellas no habían sido financiadas con Monex
sino con tarjetas Bancomer”.
En
paralelo, continúa Figueroa, fuimos con el PRI y le preguntamos si ellos habían
utilizado otro mecanismo de dispersión de recursos y nos contestaron que no.
El
consejero llama la atención sobre el actuar de la Unidad de Fiscalización a la
cual seis meses atrás le informaron del descubrimiento y le pidieron investigar.
“Hubo una relación epistolar con la unidad preguntándole sobre estas cuentas,
su respuesta fue que como no tenían relación con Monex no iba a investigar nada
y no estaba investigando nada.
Aclara,
“no se puede prejuzgar qué se puede encontrar, pero… así empezó el caso Monex:
con dos tarjetas. Ahora deberán investigar si esos números de tarjetas existen
o no y si es positivo habrá que establecer quién las fondeó, quién se las dio,
cuántas fueron. Esta investigación tendría que llevar a la cuenta central y
seguir así la ruta del dinero.
“Otra
cosa que se debe investigar es por qué el PRI no lo reportó”, dice Figueroa.
“Incluso lo negó”.
Con
la resolución del Consejo General, la Unidad de Fiscalización abrirá una nueva
línea de investigación a cargo de su titular, Alfredo Cristalinas, una
personaje a quien Figueroa califica de “incompetente”.
Por
lo pronto, ante la nueva reforma político-electoral que se discute en la Cámara
de Diputados, existe el planteamiento de desaparecer la Unidad de Fiscalización
ante su inoperancia y falta de credibilidad por el Monexgate y regresar
nuevamente las investigaciones a los consejeros auxiliados por un órgano
técnico.
No
se sabe quiénes habrán de hacer las nuevas investigaciones sobre fiscalización
pues se ignora cuál será la composición del próximo Instituto Nacional
Electoral. De ahí que la elección de los cinco espacios que se deberán renovar,
según la ley vigente, el miércoles 30 está en el limbo.
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