La ONU, implacable:
México, reprobado en derechos humanos
GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso
#1956, 26 de abril de 20014
Una vez más, México
sale reprobado en el informe que el relator especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, presentará en el Consejo de
Derechos Humanos de la organización internacional en junio próximo. Según el
funcionario, pese a que las reformas penal y de derechos humanos son positivas,
el gobierno de Enrique Peña Nieto debe pasar de su retórica a los hechos, ya
que la impunidad con que se cometen casi todos los delitos en el país genera
corrupción, complicidad, más violencia, y “convierte a la justicia en una
farsa”.
La impunidad que
origina violencia y violaciones al derecho a la vida, la militarización de la
seguridad pública, la manipulación de pruebas y la utilización de chivos
expiatorios que convierten “a la justicia en una farsa” son algunos de los
males que diagnostica a México el relator especial de las Naciones Unidas sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.
En su informe final
como resultado de la visita que realizó al país del 22 de abril al 2 de mayo de
2013, el cual presentará en el 26º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos
Humanos en Ginebra, Suiza, del 10 al 27 de junio próximo, Heyns “observa con
preocupación que México sigue sufriendo niveles alarmantes de violencia. Se
siguen produciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados
contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable”.
En el documento, del
cual este semanario tiene copia, el relator señala que el gobierno de Enrique
Peña Nieto modificó la retórica oficial respecto de la manejada por su
predecesor, Felipe Calderón, quien lanzó en 2007 la “guerra contra el narcotráfico”.
Y aunque desde su
toma de posesión y la firma del Pacto por México Peña Nieto se comprometió a
“recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia”, el experto
originario de Sudáfrica advierte: “Lo que todavía hace falta son estrategias
sobre la forma en que se han de alcanzar esos objetivos”.
Y sostiene: “El
hecho de que las autoridades públicas hagan menor hincapié en la cuestión de la
violencia y la delincuencia podría no significar necesariamente que en realidad
haya disminuido el número de delitos violentos”.
El año pasado,
cuando visitó México, el relator especial de la ONU dijo a Proceso que llegaba
“en un momento muy oportuno, en un momento de transición, pues hay tantos
cambios institucionales, tantos cambios jurídicos bajo el nuevo gobierno;
incluso ha cambiado la retórica, lo que es importante”.
Entrevistado por la
reportera el 2 de mayo de 2013, Heyns consideró que un año era suficiente para
advertir un cambio en la estrategia de seguridad.
“Como orientación
muy general diría que podríamos esperar un año antes de empezar a encontrar
soluciones, pero más importante que las cifras es percibir un consenso o bien
un grado de reconocimiento general de que el país avanza en sentido adecuado”,
afirmó (Proceso 1905), pero aclaró que no sólo se refería al reconocimiento por
parte de los políticos, sino también de organizaciones civiles, organismos de
derechos humanos e incluso de periodistas: “Entonces podremos afirmar que sí
están cumpliendo las políticas”.
Ahora, en su informe
final, pide pasar del dicho a los hechos: “Se exhorta al gobierno de México, en
los niveles federal y estatal, a que vele por que se proteja el derecho a la
vida, tanto en lo que respecta a cada uno de los incidentes como en las
declaraciones públicas y las reformas legislativas y de política. También se
hace hincapié en que un componente central de la protección del derecho a la
vida es exigir que se rindan cuentas de todos los casos en que se haya
vulnerado ese derecho”.
Heyns recuerda que
antes de su visita solicitó al Estado mexicano información sobre 31 casos de
ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2012. Sólo recibió datos de
26 de ellos, y se dice preocupado de que “en muchos de esos casos de homicidio
al parecer no se hayan formulado cargos y/o no haya habido investigaciones
prontas y exhaustivas, con la consiguiente impunidad aparente”.
“El relator especial
reitera la importancia de la diligencia debida e insta al gobierno a velar por
que se enjuicie a los autores de esas muertes y se honren los derechos de las
familias de las víctimas, entre otras cosas mediante el pago de una
indemnización.”
Como hizo en su
visita, en el documento Heyns reitera su reconocimiento a las reformas
constitucionales en materia penal de 2008 y a las de derechos humanos de 2011,
pero alerta sobre el avance de contrarreformas como la de Chihuahua, donde se
ha instituido el nuevo sistema penal, y la reciente resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “que cuando hubiera una restricción
al ejercicio de los derechos humanos, se aplicaría tal restricción no obstante
las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales”.
Resistencia a los
derechos humanos
Catedrático en
derecho de las universidades de Washington y Oxford, Heyns destaca que si bien
Peña Nieto ha declarado que mantendrá a las Fuerzas Armadas en tareas de
seguridad pública “hasta la aplicación de una nueva estrategia en materia de
seguridad y justicia”, para después retornarlas a sus cuarteles, mientras el
experto redactaba su informe “todavía era escasa la información sobre la forma
en que (la desmilitarización) se iba a llevar a la práctica”.
Al respecto, el
informe del relator cita números de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH): de 52 recomendaciones emitidas entre 2006 y abril de 2013
relacionadas con violaciones del derecho a la vida, 39 estaban dirigidas a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de la Marina
(Semar). Esto “pone de manifiesto los riesgos que conlleva la asignación de
tareas de protección de la seguridad pública a cuerpos militares”, comenta el
funcionario de la ONU.
Asimismo, cuestiona
la labor de la CNDH, que preside Raúl Plascencia Villanueva, ya que de las 52
recomendaciones mencionadas, 18 se consideraron cumplidas pero “ello no se
tradujo necesariamente en el enjuiciamiento efectivo de los responsables de
violaciones del derecho a la vida, como en el caso de los dos estudiantes
muertos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (marzo
2010)”.
Heyns alienta a la
CNDH a cerciorarse “no sólo de que se abran investigaciones oficiales” por sus
recomendaciones, sino también de que éstas “se realicen con prontitud y a
fondo, de modo que los responsables sean llevados ante la justicia. Todos los
indicios dejan pensar que no ha ocurrido así”.
También considera
indeseable la prevalencia del fuero castrense para juzgar a personal militar
que incurre en violaciones a derechos humanos contra civiles, entre ellas el
homicidio, a pesar de la existencia de cuatro sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que ordenan reformas legislativas para
cambiar esa situación.
Recuerda Heyns que,
durante su visita a México, representantes del gobierno de Peña Nieto
reconocieron el problema y afirmaron que las causas penales de esa clase
cambiarían de fuero:
“Esto significaría
que más de 5 mil investigaciones de violaciones a derechos humanos
presuntamente cometidas por personal militar contra civiles han de transferirse
de la justicia militar a la justicia civil. Sin embargo, el relator especial
observa que en el momento en que se escribía el presente informe no se habían
hecho públicos datos concretos que demostraran que efectivamente se habían
transferido esos expedientes y destaca la importancia que se publique esa
información.”
En cuanto a la
reforma al Código de Justicia Militar, lamenta que la versión a la que tuvo
acceso antes de finalizar la redacción de su informe, el 4 de diciembre pasado,
haya “sido suavizada y no tratara el problema de la reducción de la competencia
de la jurisdicción militar de forma inequívoca”.
Por eso el relator
recomienda a México ir más allá y “que considere la posibilidad de establecer
la jurisdicción civil para todas las cusas relativas a homicidios cometidos por
militares, incluso cuando la víctima no sea civil”.
En el mismo texto
dice que no se explica por qué si el gobierno de Peña Nieto difundió que en el
sexenio de Calderón se registraron 102 mil 696 asesinatos –unos 70 mil
relacionados con el tráfico de drogas–, “el homicidio no figura entre los
delitos enumerados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.
Esta carencia,
indica, ha derivado en que “las autoridades federales a menudo no investigan ni
enjuician esos delitos, incluso cuando los primeros indicios señalan claramente
que las muertes están relacionadas con la delincuencia organizada y pese a que
las autoridades federales tal vez estén en mejor posición para hacerlo que las
estatales”.
Peor aún sería, en
opinión del funcionario de la ONU, que “las fuerzas de seguridad pudieran
considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia
organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el
narcotráfico y que ‘el problema se resolvería solo’ cuando el miembro de un
cártel mataba a alguien de otro cártel. Esa forma de pensar menoscaba el valor
mismo de la vida”.
Al considerar que la
impunidad “constituye en sí una violación al derecho a la vida por el Estado”,
enumera situaciones que la fomentan: la “complicidad de ciertos funcionarios de
las fuerzas del orden y del Poder Judicial con la delincuencia organizada”;
omisiones o negativas de autoridades federales y estatales para abrir
investigaciones; cierre apresurado de indagatorias, “cuando había sospechas ,
sin la debida investigación, de que la muerte era el resultado de vínculos con
la delincuencia organizada”, o dejar las investigaciones sobre las muertes en
manos de las familias de las víctimas.
Igual de alarmante
es para Heyns que las autoridades no hayan preservado pruebas de muchos casos,
y que ahí donde se involucraron integrantes de las Fuerzas Armadas se haya
manipulado la escena del crimen, como ocurrió en el ITESM, en marzo de 2010.
“Incluso las versiones oficiales reconocen que no se ha avanzado en la
investigación para dar con los responsables de las muertes o la manipulación de
las pruebas” en dicho caso.
Resalta la
implicación de inocentes, “por lo general vulnerables, en crímenes, muchas
veces tras la obtención de confesiones obtenidas bajo tortura –como
presuntamente ocurrió en el caso de Israel Arzate, acusado de la masacre de
estudiantes en Ciudad Juárez en enero de 2010– o bien en virtud del testimonio
de supuestos testigos que no estaban presentes en el lugar del delito”.
Dicha “utilización
de chivos expiatorios convierte a la justicia en una farsa. Si bien de esa
forma se crea una ilusión de rendición de cuentas, en realidad se está
cometiendo una doble injusticia”.
El veneno de la
impunidad
Entre las prácticas
que profundizan la impunidad, la cual según la CNDH cubre entre 98% y 99% de
los crímenes cometidos en México, Heynz incluye la falta de independencia de
las instituciones de administración de justicia, cuya expresión más grave son
los “temores ante actos de intimidación, las amenazas y las agresiones de que
son objeto los fiscales u otras autoridades judiciales”, escenario compartido
por los servicios forenses estatales.
Durante la visita
oficial del relator, familiares de víctimas de homicidios y de testigos de los
crímenes denunciaron ante él que fueron amenazados o sufrieron represalias “de
autoridades estatales o grupos de la delincuencia organizada por haber
solicitado que se iniciaran investigaciones o acciones judiciales”.
De ahí que en su
informe Heyns se muestre crítico hacia la Ley General de Víctimas, “un
acontecimiento positivo” pero enfocado en la indemnización de las víctimas y no
“aparejado con medidas adecuadas para alentar la rendición de cuentas por
violaciones graves”.
Otro espacio
importante en el texto del experto sudafricano se destina al “legado de la
guerra sucia”, es decir, a los crímenes cometidos durante las masacres de
estudiantes en Tlatelolco en 1968 y del Jueves de Corpus en 1971; al caso del
guerrillero Diego Lucero, fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre,
detenido, interrogado, torturado y “ejecutado por agentes de las fuerzas del
orden en el estado de Chihuahua”, así como a los obstáculos que enfrenta la
Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero para investigar las violaciones a
los derechos humanos cometidas en aquella época.
“No se ha dictado
ninguna sentencia condenatoria y no existe un programa general de reparaciones
para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la guerra
sucia. Han pasado muchos años y aún no se ha otorgado reparación a los
familiares de ninguna de las víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales”,
señala el relator en su informe.
Acerca de los
sectores más vulnerables, cita alarmantes cifras oficiales: “Según la CNDH,
desde 2007 se registraron 4 mil 419 feminicidios”; existe “un vínculo directo
entre la desaparición y el asesinato de migrantes, la delincuencia organizada y
la complicidad de las fuerzas del orden, los encargados de las investigaciones
y otras autoridades”.
En cuanto a los
periodistas, “según la CNDH, 83 han sido asesinados desde el año 2000”. Corren
más riesgo los “que informan de la delincuencia y los funcionarios públicos”,
en tanto que, con datos de la propia comisión, “desde 2005, 18 defensores de
los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas
de muerte”.
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