Revista
Proceso # 2048, 30 de enero de 2016
Y
el Cereso se convierte en “paraíso”/PATRICIA
MAYORGA
Internos
del Cereso número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, se afanan en las obras de
remozamiento de este penal, que recibirá al Papa Francisco el próximo 17 de
febrero. Son más de 100, pero sólo a dos se les permite hablar con la
reportera. Y lo que dicen pinta una cárcel maravillosa, donde todo es concordia
y tranquilidad. Pero testimonios de familiares de otros presos y de algunos
abogados hablan de una realidad muy alejada de ese falso paraíso: pese a que
las autoridades lo niegan, los presos siguen delinquiendo desde sus celdas
–extorsionan o venden drogas– y las rivalidades entre mafias obligan a una
separación muy rigurosa.
CHIHUAHUA,
Chih.- Un centenar y medio de internos del Centro de Reinserción Social
(Cereso) número 3, de Ciudad Juárez, son los encargados de reparar y
acondicionar el área de esa cárcel que visitará el Papa Francisco el próximo 17
de febrero. Entrevistarlos es prácticamente imposible, pues las autoridades
penitenciarias sólo permiten a la reportera hablar con uno o dos de ellos, los
seleccionados, los que se refieren al penal como si fuera un paraíso.
El
fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas Cautelares, Jorge Salomé
Bissuet Galarza, explica que, por seguridad, no se puede hablar con ningún reo
de alta peligrosidad ni con jefes de grupos delictivos; e insiste en que el
penal está controlado y ya no hay autogobiernos. “Por cuestiones de seguridad
no damos esos perfiles; además, generalmente no aceptan”, explica Alejandrina
Saucedo Hernández, portavoz del centro penitenciario.
En
el patio donde estará el pontífice, los reos, con sus uniformes grises,
preparan la mezcla, colocan estructuras metálicas o aplanan las banquetas
recién construidas.
Saucedo
explica que los reos que realizan los trabajos de remodelación son parte de la
plantilla de mantenimiento; las horas que laboran se les cuentan como beneficio
preliberacional; otros se sumaron voluntariamente.
El
Cereso 3 de Ciudad Juárez tiene una población de 3 mil seis reos y su capacidad
es de 3 mil 149. El área femenil tiene capacidad para 300 mujeres y ahora
alberga 228.
Uno
de los reos que tuvieron permiso de hablar es Joel. Originario de Veracruz, ha
estado 15 años preso, acusado de homicidio. “Estamos alegres, motivados para
trabajar. Estamos desde las cinco de la mañana a las nueve de la noche,
mientras la seguridad nos permite hacerlo. Sentimos orgullo y alegría porque
esperamos la visita del Sumo Pontífice. Esperamos recibirlo bien, todos estamos
poniendo un granito de arena”, dice.
Como
entrenado para dar entrevistas, pregunta si quiero que hable de la
transformación del penal: “Ha sufrido muchos cambios, tenemos diferentes reglas
y reglamentos. Hoy se encuentra un penal tranquilo, hay armonía, hay
manualidades, se imparten diferentes cursos para reincorporarnos.
“No
cuesta caro vivir aquí, nos dan el mantenimiento diario. No nos cobran nada,
podemos jugar conforme al horario. Por fuera se dicen cosas pero no hay
descontrol. Somos 150 internos (trabajando para la visita papal) y no se
escucha que cobren cuotas. No hay miedo; antes tampoco, porque si se
descontrola, lo controlan. Antes sí se veían motines pero no es lo que se
cuenta, no es tan grande.”
Benito
Dávila Martín, de 47 años, es el encargado de la lista en la que firman los
trabajadores. Lleva tres años y medio en la cárcel, por robo de vehículos.
Cuando se le pregunta por las condiciones del penal, responde con monosílabos.
Sobre la visita de Francisco, dice que la fe les ayuda a arrepentirse, por eso
es importante ese acontecimiento.
Dávila
concluyó en prisión la preparatoria, lleva un curso de inglés y ha aprovechado
talleres, principalmente de psicología y escuela para padres. También es
veracruzano, pero ha vivido 35 años en Ciudad Juárez.
“Aquí
el ambiente con los compañeros es de trabajo con esmero, aquí todo está bien;
la autoridad… pues está bien la autoridad, lo respeta a uno, no hay nada malo.
Está perfecto”, asegura, encogiendo los hombros.
Relata
que desde que supieron que Francisco visitaría esta cárcel, la gente quiere
participar: “Quieren barrer, limpiar, poner un grano de arena; yo espero estar
el día de la visita, espero que me lo autoricen. Esperamos que haya más unión y
amor a Dios”.
El
Papa entrará al penal en un vehículo, resguardado por una valla humana. Luego
se detendrá ante una esclusa, donde se bajará del automóvil para abordar un
carrito de golf que lo trasladará al templo que ahora se remodela –cambiaron la
ubicación de la puerta de entrada, están revistiendo la fachada, pusieron piso
y techo y se reacomoda el campanario–, donde se reunirá con 50 miembros de la
diócesis juarense y de la Pastoral Penitenciaria. Habrá además 50 personas de
la Fiscalía General del Estado. El Papa les dará un mensaje muy breve. Se
calcula que el acto durará de 40 a 60 minutos.
Frente
al templo también se arregla el domo donde el Papa se encontrará con 700
internos –100 mujeres–, seleccionados por ser católicos, enfrentar procesos o
sentencias por delitos de alto impacto y haber tenido buena conducta.
Un
interno, llamado Francisco, le entregará al Papa un báculo de 1.90 metros,
elaborado en el mismo penal.
Una
interna, Évila Quintana Molina, leerá un mensaje que ella y su hija de ocho
años –quien la acompañará en el acto– escribieron.
A
Évila no le permitieron dar una entrevista. Por su seguridad.
Estrategia
de seguridad
Desde
su oficina del Cereso 3, el fiscal Bissuet cuenta que la actual administración
estatal retomó el control de los penales, los cuales había recibido en
“situación crítica”.
“En
2010 hubo 216 muertos (en los penales). El gobierno lo tenían los internos,
estaban armados, se pasaban ellos mismos las listas, tenían los controles; pero
poco a poco, y con estrategia, nos correspondió hacer determinadas acciones
para retomar el control.”
Explica
que comenzaron con traslados locales, federales y estatales; llevan más de 9
mil. “Los cambiamos de penal o de celda a nivel interestatal o federal; es
parte de lo que ha venido funcionando. Hacemos operativos generales de
revisión, empleamos tecnología para poner dispositivos de revisión, aduanas
inteligentes; disminuimos el acceso de personas ajenas a los centros
penitenciarios, porque antes ingresaban sin ninguna regulación, pero ahora sólo
se les permite a los familiares de internos. Modificamos el reglamento de la
fiscalía en materia de centros penitenciarios”.
En
los penales, incluso en esta administración, según el exfiscal Eduardo Guerrero
Durán (actual director del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y
Readaptación Social), se dividía a los reos según el grupo delictivo al que
pertenecen, para evitar conflictos. Algunos abogados señalan a este semanario
que esa separación se mantiene y que a los internos de distintas mafias no los
sacan al mismo tiempo al patio, para evitar que se enfrenten.
Sin
embargo Bissuet asegura que el Comité Técnico Interdisciplinario, por conducto
del Centro de Observación, Clasificación y Tratamiento, determina el perfil de
cada reo que ingresa para colocarlo en el área que le corresponde.
Después
de que en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó al penal de
Juárez con una calificación de 5.6, se han hecho adecuaciones en su
infraestructura. Se edificó un hospital de segundo nivel y se aumentó el número
de celdas, para evitar la sobrepoblación.
La
Asociación Americana de Correccionales (ACA, que certificó el Cereso 3 de
Ciudad Juárez) tiene estándares de calidad que no permiten el hacinamiento y
evalúan también medidas de seguridad, de protección civil y de alimentación,
para lo cual hay un área de nutriología que vigila el menú de los internos,
asegura Bissuet.
Los
internos y sus familiares afirman que les cobran hasta 10 mil pesos para no
trasladarlos, o bien, para cambiarlos a módulos poco riesgosos. Los mismos
custodios han enviado cartas denunciando ese tipo de medidas, que los obligan a
acatar. Pero Bissuet niega que eso sea cierto, señala que no tienen ninguna
recomendación en ese sentido y atribuye esos “rumores” a malestares de reos y
gente externa, por las medidas de seguridad que les impusieron.
“No
tenemos recomendación hacia el sistema penitenciario con ese tipo de datos,
sólo son comentarios, pero los controles y los procedimientos que tenemos
acreditan que no es cierto.”
Dudosa
certificación
El
pasado diciembre, en un juzgado de garantía se ventiló el caso de una banda que
se dedica a la extorsión desde el interior del Cereso 3 de Ciudad Juárez.
Los
internos llevados como testigos de cargo en la audiencia de vinculación a
proceso de Ángela Anchondo González, ante el juez Jorge Omar Derat Acosta,
denunciaron que presos como Pablo Arturo Mares Soto, Silvino Flores Chávez y
Alberto Sandoval Herrera, El Terror, trafican con drogas y extorsionan en la
ciudad desde el interior del penal y obtienen dinero de la renta de celulares a
otros reos.
Según
la carpeta de investigación del caso de Ángela Anchondo, ella participó en la
extorsión de una tienda de abarrotes pero fue absuelta luego de que los
testigos aportaron esos datos y el juez determinó que fue utilizada para abrir
la cuenta, que no sabía para qué la utilizarían.
Según
los testimonios, la víctima de extorsión recibió llamadas el 27 y el 28 de
noviembre y el 1 de diciembre pasados, por reos del penal, quienes le exigieron
20 mil pesos o de lo contrario quemarían el negocio de sus padres.
La
causa penal 2739/2015 indica que el novio de Ángela Anchondo, Pablo Arturo
Mares, renta cuentas bancarias para que otros internos reciban dinero de
víctimas de extorsión, y a él le depositan dinero de la venta de droga, según
declaró él mismo.
Cuestionado
al respecto, Bissuet responde que hay muchas situaciones que se ventilan en las
audiencias jurídicas, “pero como no somos parte, no tenemos conocimiento.
Cuando se genera este tipo de situaciones, dejamos en manos del Ministerio Público
y de autoridades correspondientes que se investigue”.
El
Cereso 3 de Ciudad Juárez fue certificado por la ACA el 1 de octubre de 2014.
Entre los estándares del penal se prevé la eliminación de esas prácticas de
extorsión, pues se adquirió tecnología para bloquear llamadas de celulares y
controlar mejor las medidas de seguridad.
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