31 ene 2016

Una Asamblea Constituyente bajo el yugo del PRI

Revista Proceso  # 2048, 30 de enero de 2016
Una Asamblea Constituyente bajo el yugo del PRI/
RAÚL MONGE
Una vieja demanda de los habitantes de la Ciudad de México se concretó: la conversión de ésta en una entidad regida por su propia Constitución. Pero tan anhelada mutación llega ahora corrompida, maniatada y sometida a los intereses del PRI (partido que tendrá mayoría en la Asamblea Constituyente, pese a ser minoría en la capital del país) y de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno que pretende convertir esta maniobra política en su plataforma en pos de la Presidencia en 2018.

Con la promulgación de la reforma política de la Ciudad de México el pasado viernes 29, el presidente Enrique Peña Nieto saldó una vieja deuda con el mandatario capitalino, Miguel Ángel Mancera, por el abierto e incondicional respaldo que éste brindó en su momento para la consumación y sobrevivencia del Pacto por México y por la docilidad y colaboracionismo asumidos hasta ahora con su administración.
Estas opiniones son externadas por José Agustín Ortiz Pinchetti y Mario Delgado, dos de los promotores originales de la iniciativa, quienes añaden: Incluso Mancera proclamó que “la firma del Pacto por México permitirá resolver los principales problemas de la capital”; lo hizo el 3 de diciembre de 2012, dos días antes de tomar las riendas del gobierno de la ciudad.
También señalan que pese a la tortuosa espera de poco más de dos años, y a la cerrazón del PRI para permitir que la elección de la Asamblea Constituyente fuera popular, soberana, no impuesta, como finalmente se aprobó, Mancera se dio por bien servido al arrogarse el mérito de materializar finalmente una añeja lucha de los capitalinos por lograr la restitución plena de sus derechos políticos, conculcados en 1928 con la desaparición del régimen municipal en la capital del país.

 El cerrojo impuesto por el PRI en la configuración de la Constituyente –al decidir que 40% de los 100 diputados que la integrarán sean designados por el Ejecutivo federal, el mandatario capitalino y las cámaras de Senadores y Diputados– en los hechos, le asegura una sobrerrepresentación en el órgano que se encargará de diseñar la Constitución de la Ciudad de México, pese a que el priismo es una fuerza política minoritaria en la metrópoli, afirman los declarantes.
 Además, los partidos podrán solicitar el registro de aspirantes mediante fórmulas integradas por propietarios y suplentes. Los ciudadanos también podrán hacerlo, pero deberán cumplir ciertos requisitos: no estar afiliados a ningún instituto político (con fecha de corte a marzo de 2016) ni haber participado como candidatos a cargos de elección popular por algún partido político o coalición en las elecciones inmediatas anteriores a la de la Asamblea Constituyente.
El otro candado que impuso el PRI fue el de la deuda pública, rubro en el que la federación seguirá manteniendo la tutela.
Intromisión federal
“No tengo la menor duda de que el PRI puso todas esas condicionantes para dejar pasar la reforma. Necesitaba estar seguro de que no iba a ser avasallado por el voto popular y por eso decidió urdir esos mecanismos de defensa”, dice José Agustín Ortiz Pinchetti, pionero en la cruzada liberacionista de los capitalinos y miembro del consejo consultivo de la comisión que se encargó de elaborar el proyecto de reforma, bajo la coordinación de Porfirio Muñoz Ledo.
En su opinión, los órganos federales no tienen derecho a intervenir en un asunto estrictamente local. “En lugar de hacer un proceso enteramente transparente, una elección del Constituyente popular, como se hace en los estados de la República, la Federación va a mantener de alguna forma la tutela sobre la Ciudad de México. Eso mancha todo el proceso”.
Ortiz Pinchetti sabe de qué habla. Desde 1991 ha trabajado en diferentes proyectos emancipadores, incluido uno que él mismo impulsó en 2001, cuando fue secretario de Gobierno del Distrito Federal y que, recuerda, llegó hasta la última instancia, pero de ahí no pasó.
El siguiente intento fallido por darle autonomía a la capital del país, refiere, se gestó en 2008 durante el gobierno de Marcelo Ebrard, con la presentación de un proyecto de Constitución local impulsado por Alejandro Rojas Díaz Durán, actual asesor “honorífico” del jefe delegacional en Cuauhtémoc, el zacatecano Ricardo Monreal.
Con la holgada victoria electoral obtenida en los comicios de 2012, Mancera retomó el proyecto de reforma política y lo ofreció al gobierno de Peña como moneda de cambio para convalidar el Pacto por México.
Como primer paso instaló un Consejo Consultivo de expertos, con Porfirio Muñoz Ledo a la cabeza y posteriormente, en julio de 2013, convocó a organizar foros sobre la reforma política en las 16 delegaciones políticas. “Es un trabajo, una tarea de todos, una tarea que no tiene dueño, que no tiene etiquetas. La reforma política tampoco puede depender del Pacto por México”, dijo.
Muñoz Ledo fue a lo seguro y, previa autorización de Mancera, le pidió a Ortiz Pinchetti que se sumara a su equipo de trabajo junto con José Woldenberg, Bernardo Bátiz, Alejandro Rojas y el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, entre otros.
Según Ortiz Pinchetti, pese a las adversidades financieras y logísticas el grupo comenzó a trabajar en firme, con los proyectos que se habían quedado en el tintero o en la congeladora legislativa, y luego de unas ocho o 10 sesiones concluyeron que no podían avanzar más hasta tener la certeza de que su propuesta contaba con la aprobación de Mancera y de las distintas fuerzas políticas.
“Tuvimos señales positivas y eso nos permitió avanzar”, refiere.
En la entrevista el exdiputado federal no le regatea méritos al trabajo desarrollado por Muñoz Ledo, el artífice, dice, de la reforma de 1996 que permitió a los capitalinos, un año después, dar un paso importante hacia su autonomía al elegir por la vía del voto al jefe de gobierno y a los jefes delegacionales. “Esa fue la gran reforma, no esta última”, subraya.
Versión impuesta
Secretario de Finanzas y de Educación en el sexenio de Marcelo Ebrard, y frustrado aspirante a la jefatura de gobierno en 2012, el senador Mario Delgado vivió la otra cara de la moneda en el proceso de gestación de la reforma política de la Ciudad de México.
De entrada asegura que la reforma promulgada por Peña Nieto el pasado viernes 29 fue elaborada por Rogelio Muñiz Toledo, un prestigiado consultor en materia electoral y promotor de una Asamblea Constituyente elegida por voto popular, contratado por Mancera, no la que hicieron Muñoz Ledo y su equipo.
Recuerda que a mediados o finales de 2013, luego de las fallidas mesas de trabajo para discutir la reforma –convocadas por Alejandra Barrales, la entonces senadora y actual secretaria de Educación del gobierno capitalino–, por encargo de Mancera, Miguel Barbosa convocó a los senadores perredistas a una reunión en sus oficinas.

Eran, dice, alrededor de las siete de la noche de un lunes. Una vez reunidos todos, añade, Barbosa entró al salón de juntas acompañado por Rogelio Muñiz. “Palabras más, palabras menos, dijo que el licenciado llevaba consigo la reforma política que quería el jefe de gobierno, que al día siguiente la presentarían al pleno como grupo parlamentario y que debían firmarla todos”.

Dicho proyecto proponía elegir el Constituyente en la coyuntura política de 2015, hecho que le pareció aberrante a Delgado y al extinto Manuel Camacho Solís. “Era una locura, pretendía poner en la mesa de negociaciones objetivos de corto y largo plazos”, dice.

Sin embargo, cuenta que Barbosa estaba empeñado en que todos suscribieran el proyecto, por lo que él y algunos de sus compañeros legisladores le pidieron que por lo menos se dejara nebulosa la redacción del punto relacionado con el Constituyente.

Ante la negativa de su coordinador, Delgado se dio a la tarea de preparar una iniciativa sobre la elección del Constituyente, la única que se presentó en el Senado. La propuesta estaba orientada a abrir la elección a la participación ciudadana y a que se sometiera a referéndum.

El senador cuenta incluso que dicha iniciativa se la presentó personalmente a Mancera. “Le hice ver que la iniciativa iba acorde a su eslogan de campaña de ‘Decidamos Juntos’, que lo ayudaría políticamente y lo colocaría en otro nivel en la arena política. Me dijo que sí, pero al final no hizo nada”.

Delgado aguantó el desaire del mandatario capitalino y siguió impulsando su iniciativa en el Senado. A fuerza de insistir y con el argumento de que su proyecto no podía procesarse como una ley cualquiera, que se trataba de un momento fundacional para la ciudad, el 31 de diciembre de 2013 el entonces legislador perredista logró sentar en la mesa a los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD.

En el encuentro, en las oficinas de la Coordinación Política, dice, Emilio Gamboa, Roberto Gil Zuarth y Barbosa convinieron en ir juntos por una Asamblea Constituyente abierta a la ciudadanía.

Sin embargo, prosigue, algo pasó. Gamboa rectificó lo dicho minutos antes, pidió un momento para hacer una llamada telefónica y se metió a su oficina. Casual o no, destaca, la ausencia de Gamboa coincidió con el retiro de la bancada priista del pleno.

De acuerdo con Delgado, cuando Gamboa regresó les dijo que sus compañeros senadores ya querían irse, que sus familias los estaban esperando, que era diciembre.

El exsecretario de Finanzas y de Educación en el gobierno de Ebrard cuenta que después supieron que Gamboa había hablado con Mancera y éste le había pedido que reventara la sesión, porque no quería que se tocara el punto del Constituyente.

En 2014, añade, el PRD volvió a sacar el tema de la reforma política del Distrito Federal, pero el PRI cerró cualquier posibilidad de llevarla al pleno.

Cansado de los desaires, Delgado decidió separarse del PRD en enero de 2015 e incorporase a las filas de Morena.

En marzo de ese año, refiere, se retomaron las negociaciones sobre la reforma política, en particular sobre la formación del Constituyente, pero como el escenario político se había modificado en la capital, con el resquebrajamiento del PRD –por la renuncia de algunos de sus cuadros más importantes y el ascenso de Morena en las encuestas–, el PRI metió reversa y decidió no ir a una elección abierta.

Fue así, subraya el entrevistado, como el PRI metió en las negociaciones el candado para asegurarse una sobrerrepresentación artificial.

En la reforma aprobada por el Congreso se establece que de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente que creará la Carta Magna local, 60 serán electos y podrán ser independientes o propuestos por los partidos y los 40 restantes serán elegidos de la siguiente manera: 14 por los diputados, 14 por los senadores, seis por el Ejecutivo federal y seis por el local.

Con esta composición, el PRI tendrá el control del Constituyente y, por ende, el poder de veto, afirma Delgado.

–¿Cómo se explica que Mancera haya estado de acuerdo con eso? –pregunta el reportero.

Responde sin titubear:

–Peña y Mancera son lo mismo. Mancera prefiere aliarse con Los Pinos que con sus gobernados. Está claro que se siente más cómodo pactando con el PRI.

Delgado dice que Mancera va a aprovechar la reforma como plataforma de lanzamiento de su candidatura presidencial. “Peña quiere a Mancera como candidato, es el más confiable para el PRI, lo van a levantar para quitarle votos a López Obrador”, sostiene.

El candado financiero

En su análisis de la reforma política de la Ciudad de México, Delgado encuentra otro candado impuesto por el PRI, no menos importante que el del Constituyente: que el Congreso de la Unión seguirá fijando el techo de endeudamiento de la capital.

“Controlar el financiamiento de la ciudad es lo que determina el desarrollo de la infraestructura de la capital del país. Ni más ni menos. El jefe de gobierno va a tener que ir año con año al Congreso a rogar por la deuda”, dice.

Por último, afirma que si Mancera fuera realmente progresista, debería haberse opuesto a la formación del Constituyente y peleado por una real –y no parcial– autonomía de la ciudad. “Pero, bueno, Peña ya tiene sus reformas y Mancera las suyas, todas emanadas del Pacto por México”.


Pero quien mejor resume lo que sucedió con la reforma es el presidente nacional del PRD, Agustín Basave. El pasado 10 de diciembre dijo que la reforma aprobada “no es la deseable, pero es la que se pudo sacar”. l

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