La trampa de la gasolina/Carlos Acosta Córdova y Juan Carlos Cruz Vargas,
Revista Proceso # 4 de septiembre de 2016,,
El Proyecto de Presupuesto de Egresos será presentado esta semana –la
fecha límite para hacerlo es el jueves 8– y, aparte de lo restrictivo, casi contraccionista,
contendrá una sorpresa: la anunciada liberación de los precios de la gasolina,
prevista para enero de 2018, se adelantará un año. A partir del próximo enero
(en año no electoral) los precios del combustible dependerán de la oferta y la
demanda, en un contexto que prevé alzas mundiales en el precio del petróleo.
Esta semana el gobierno federal enviará al Congreso de la Unión el
paquete económico –Iniciativa de Ley de Ingresos, Proyecto de Presupuesto de
Egresos y las modificaciones fiscales que considere pertinentes– para 2017,
penúltimo año de la administración de Enrique Peña Nieto.
Pero lo hace, como no sucedió en los primeros cuatro años, en las peores
condiciones y con todo en contra: una economía que va en picada, reformas
estructurales que no cuajan, descrédito internacional y desconfianza de los
mercados financieros hacia la política económica, donde ven una perspectiva
negativa. También con el repudio generalizado hacia la persona del presidente
Enrique Peña Nieto y su gestión.
Además con un devaluado secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que en
cuatro años no ha podido hacer crecer la economía más allá del 2% que criticó
siempre.
Menos gasto
En el contexto de la presentación del paquete económico 2017 –la fecha
límite legal es el jueves 8– se hallan también dos factores clave:
Uno, la urgencia de hacer correcciones en materia de finanzas públicas:
abatir el ritmo acelerado del endeudamiento, que alcanzará un inédito 50.5% del
PIB este año, el más alto de los últimos 25 años; y alcanzar un superávit
primario, es decir, dejar por fin el déficit primario, que resulta de no otra
cosa que estar pidiendo prestado sólo para pagar los intereses de la deuda, que
es lo que ha estado haciendo la Secretaría de Hacienda.
Esa urgencia de corregir las finanzas públicas, de hacer que los gastos
no superen los ingresos, inducirá al gobierno a presentar un paquete económico
más bien restrictivo, austero o inclusive contraccionista. Menos gasto, pues.
Y dos, los factores políticos. El paquete económico llega en un momento
de crisis del partido en el gobierno, que perdió en las elecciones de junio de
este año siete de las 12 gubernaturas en juego.
Por eso, para intentar recuperar parte de lo perdido, o no seguir
perdiendo, el gobierno no presentará en el paquete económico –lo ha reiterado
el secretario de Hacienda– cambios en el ámbito tributario: ni creación de
nuevos impuestos ni alzas en las tasas de los ya existentes, que además ya lo
había comprometido en el llamado Acuerdo de Estabilidad Tributaria, luego del
golpazo que significó la reforma hacendaria que entró en vigor en 2014.
Además en el paquete económico incluirá la propuesta de adelantar para
enero próximo la liberalización de los precios de la gasolina, prevista para el
mismo mes, pero de 2018, en la reforma energética.
Es decir que el precio de la gasolina ya no será administrado por
Hacienda, sino por el mercado. Si suben las gasolinas, Hacienda podrá lavarse
las manos y decir: yo no tengo nada que ver… es el mercado.
Y lo más probable es que suban, toda vez que el precio del petróleo, si
bien sigue incierto e inestable el mercado internacional de hidrocarburos,
apunta hacia el alza.
Y eso prefiere hacerlo en 2017 y no en 2018, que es el año más importante
en materia electoral, cuando se decidirá la sucesión presidencial.
Sin embargo, Hacienda lo hace violentando lo estipulado por la reforma
constitucional en materia energética, que establece determinados pasos y
condiciones para liberalizar el precio de los combustibles.
El adelanto
Y la primera en protestar por la liberalización anticipada es la
comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece), Alejandra Palacios Prieto, quien advierte que, si no hay condiciones
de competencia, hay un mayor riesgo de que los precios se disparen.
–El gobierno ya ha sugerido que van a adelantar para el próximo año la
liberalización del mercado de los combustibles, ¿sería una medida correcta? –se
le pregunta a la también maestra en administración y políticas públicas del
Centro de Investigación y Docencia Económicas, en una entrevista hecha la
semana anterior, cuando todavía no había confirmado Hacienda que iban a hacer
la propuesta en el paquete económico de 2017.
Fue apenas la semana pasada cuando, primero el subsecretario de Ingresos,
Miguel Messmacher Linartas, en una entrevista radiofónica, y después el
secretario de Hacienda, en una comparecencia ante legisladores del PRI, lo
confirmaron.
Videgaray argumentó que se hará la propuesta porque hasta ahora no ha
habido inversión privada nacional en el sector de los energéticos.
Y dejó sugerido que no es mayor problema si los precios de las gasolinas
suben. La gasolina no la consume todo el mundo; sólo los que tienen automóvil,
dijo y agregó que las gasolinas las consumen fundamentalmente las personas de
mayores ingresos en este país. Es 10% de la población la que consume la mayor
parte de la gasolina en el país.
Entonces, la titular de la Cofece respondió así:
–¿Por qué lo habrían de adelantar? No lo sé. Hay que preguntárselo a
ellos. Lo que sí puedo decir es que si lo van hacer, deberían prestar atención
a algunas recomendaciones que hicimos, que son más de 20 y versan sobre
distintos temas, que van desde infraestructura, señalización de precios, acceso
a puertos, aeropuertos, ferrocarriles y demás, para que cuando se libere el
precio de la gasolina haya la mayor concurrencia de participantes y eso haga
que entre las empresas se dé la competencia, y eso tiene el efecto de
disciplinar el precio.
Pero advierte que “si no hay competencia, el riesgo es que cuando tú
liberes el precio, este se vaya al cielo porque tienes a un monopolio vendiendo
un producto y nadie está controlando ese precio”.
Como parte de su mandato de promover la adopción de principios de
competencia por parte de las autoridades, la Cofece dio a conocer, en julio
pasado, el trabajo Transición hacia mercados competidos de gasolina y diésel,
en el que identifica una serie de posibles obstáculos a la competencia, así
como propuestas de solución. El documento fue entregado a las cámaras del
Congreso de la Unión y a todas las dependencias involucradas en el tema.
Durante la entrevista, Alejandra Palacios se muestra siempre convencida
de que, por donde se le vea, el país no tiene las condiciones para transitar a
un mercado de gasolinas con libre fluctuación de precios, pues todavía se
adolece de infraestructura insuficiente, incertidumbre entre los inversionistas
ante la imprecisión en las distintas regulaciones que norman el mercado, además
del control que tiene Pemex en los diferentes eslabones de la cadena de
producción.
Aún más grave, explica, el precio de las gasolinas, lejos de disminuir,
como lo prometió el gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso de una apertura
del mercado, se incrementará por una combinación de muchos factores: la
logística, los precios internacionales del petróleo, el tipo de cambio y el
margen que busquen obtener las diferentes empresas que participarán.
Como la entrevista se realizó la semana previa a las declaraciones de
Messmacher y Videgaray, Alejandra Palacios respondió así a la pregunta de cuál
será el escenario luego de la liberalización de los precios de los
combustibles:
“A partir de enero de 2018 el precio de la gasolina se va liberalizar y
los mexicanos no estamos acostumbrados. Estamos muy mal acostumbrados a que los
precios de las gasolinas no fluctúen como fluctúa el precio del huevo, de la
leche y de la carne, del maíz y de muchos otros productos que consumimos los
mexicanos a diario, porque así van fluctuando los mercados.
“Entonces, digamos que si hay un aumento en el precio de la gasolina
porque se incrementó el precio del petróleo, no es algo que nos debiera
sorprender, porque eso es lo que va a pasar. Cuando se libere el precio, vamos
a ver fluctuaciones en el precio, porque el precio no lo va a determinar
alguien, sino el mercado, y el mercado lo definirá en función de lo que cueste
la gasolina, lo que cueste importarla, lo que cueste almacenarla, lo que cueste
llevarla a las estaciones de servicio.”
No obstante, a la comisionada presidenta de la Cofece le preocupa un
eventual adelanto en la apertura del mercado de las gasolinas y pone el dedo en
tres renglones en los que las diferentes autoridades deben trabajar de forma
urgente y en el corto plazo.
En primer lugar, la política de suministro. Palacios explica que a raíz
de la reforma, los comercializadores van a estar obligados a tener un
porcentaje de gasolina en reserva. “Esa es la política de suministro, que
siempre haya almacenado un porcentaje en este país, si por cualquier riesgo no
se puede importar gasolina, o se cierran refinerías, para que siempre haya
equis número de días de gasolinas en este país para poder venderla”.
Sin embargo, ese número de días todavía no está definido por la
Secretaría de Energía, y la relevancia radica en que para quienes quieran
participar en el mercado, la política de suministro tendrá impacto sobre sus
costos.
“Entonces, los días que se fijen en la política de suministro tendrán
impacto en los costos de quienes vayan a participar en el mercado, y esas
empresas que vayan a participar ya necesitan conocer esos costos para hacer sus
corridas financieras, para ver si les conviene o no entrar. Esa política se
tiene que definir de manera inmediata”, advierte.
Infraestructura agotada
En segundo lugar, quiénes y a qué precio van a tener acceso a la
infraestructura de Pemex en cuanto a almacenamiento y transporte. La Cofece da
cuenta de que en varias regiones del país la infraestructura está saturada y se
va a tener que desarrollar una nueva.
Dice Palacios Prieto: “Lo que hace falta es definir es si Pemex está
obligado a compartirla con terceros, cuáles van a ser las reglas de acceso a
esa infraestructura. Todavía no está claro. Lo que sí se prevé es que haya más
demanda del uso de la infraestructura de Pemex que la capacidad de esa
infraestructura”.
Añade que no existe una regla, por la oferta disponible que hay; ni se
sabe cómo le van a hacer para asignarles a los interesados la magnitud de
infraestructura que soliciten. “Nosotros ahí lo que recomendamos es que Pemex
haga una especie de subasta para ver quién está dispuesto a pagar más para
tener acceso a su infraestructura”.
El otro tema que se debe resolver con urgencia –dice la entrevistada– es
el acceso a puertos, ya que 40% de las gasolinas que consume el país entra a
través de sus diferentes puertos. La mala noticia es que sólo Pemex tiene la
infraestructura necesaria para importarla.
“Como antes solamente Pemex podía importar gasolina, y sólo esa empresa
tiene infraestructura en los puertos para recibir gasolina, no está claro si
Pemex está obligado a compartirla con terceros y a qué costo. Esa
reglamentación también hay que definirla. Es decir, que los terceros sepan si
van a tener acceso o no a la infraestructura de Pemex, y si sí, bajo qué
condiciones. Y que Pemex sepa también bajo qué términos tendrá que
compartirla.”
A partir del pasado 1 de septiembre los precios de los combustibles
quedaron así, por disposición de la Secretaría de Hacienda: Magna, 13.98 pesos
el litro; Premium, 14.81, y diésel, 14.45 pesos por litro. Es decir, en el año
han registrado un aumento, respectivamente, de 6.2%, 5.6% y 4.9%.
Pero si se comparan esos precios con los registrados al cierre de 2012,
los aumentos en lo que va de este gobierno, han sido de 29.3% para la Magna,
30.3% para la Premium y 29.3% para el diésel.
La consejera presidenta de la Cofece considera que la Secretaría de
Hacienda no ha tenida una correcta estrategia de comunicación en materia de
precios de los combustibles.
“La verdad, es muy arriesgado decir ahorita que el precio de la gasolina
va a bajar; no debería decirse. Es muy improbable, muy improbable, que el
precio de la gasolina vaya a ser menor al día de hoy.
El gobierno, en particular la Secretaría de Hacienda, lo que debió hacer,
cuando promovía la reforma energética, es decir cómo iba a bajar el precio de
un producto que va a ser liberado, y que dicho precio ya no va a depender de
ti, sino del mercado.
“En un mercado liberado, tú no te puedes comprometer a un precio. Yo no
me podría comprometer con un precio para el huevo, la leche o el maíz. La
cadena o formación de precio de esos productos depende del mercado”, concluye.
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