Revista
Proceso
# 2091, 27 de noviembre de 2016...
Guerrero, dos años de fallida
estrategia de seguridad/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
En
Guerrero se padece el mismo nivel de violencia e inseguridad que imperaba hace
cuatro años. La narcopolítica rampante, la lucha entre cárteles, la ausencia
del estado de derecho, los asesinatos y los secuestros persisten incluso
después de un operativo conjunto interestatal, la tragedia de Ayotzinapa y
miles de discursos y promesas de autoridades federales, estatales y
municipales. El pasado puente vacacional fue una evidencia del desastre que se
vive en la entidad.
CHILPANCINGO,
GRO.- La confrontación entre grupos criminales en Acapulco y las regiones
Centro, Norte y Tierra Caliente exhibe el fracaso de la estrategia de seguridad
federal que dirige el Ejército, con la participación de la Policía Federal
(PF).
Este
año es el más violento desde 2012, cuando se perpetraron 2 mil 310 homicidios
dolosos.
Durante
el pasado fin de semana fueron documentadas casi una treintena de ejecuciones
en distintos puntos de la entidad y se reactivaron conflictos armados en Tierra
Colorada, Teloloapan y Arcelia.
Y
la situación puede agravarse luego de que, hace tres semanas, mandos de la PF
informaran a los nueve alcaldes de Tierra Caliente el fin del operativo
policiaco-militar que comenzó hace dos años. En todo ese tiempo no fueron
certificadas las corporaciones municipales, tal como se había prometido.
El
alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, confirma que ya no hay
federales en Tierra Caliente. Los uniformados se retiraron cuando estalló el
conflicto magisterial en Oaxaca y hasta la fecha no han regresado.
Historia
fallida
Luego
de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de
2014 en Iguala, el gobierno federal anunció –el 3 de diciembre de ese año– un
operativo policiaco-militar en 36 municipios de Guerrero, Michoacán, el Estado
de México y Morelos.
El
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo entonces que así se
revertiría la narcoviolencia generada por la corrupción e indolencia oficial en
Tierra Caliente. Asentó que iban a participar al menos 2 mil agentes federales.
La coordinación la asumió el Ejército: las fuerzas se iban a desplegar en 22
municipios de Guerrero; ocho del Estado de México; cuatro de Morelos y dos de
Michoacán. En Acapulco, elementos de la PF División Gendarmería asumirían el
control.
A
dos años de ese operativo, la misma historia de violencia y narcopolítica se
repite: documentos oficiales consultados por Proceso indican que la incidencia
delictiva en lo que va de 2016 supera la de años pasados.
Un
informe de este mes elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal
(SSP) refiere que de enero anterior al pasado viernes 11 se registraron mil 949
homicidios dolosos (un promedio de 188 asesinatos al mes, seis diarios) en 71
de los 81 municipios guerrerenses.
Entre
las ciudades más violentas están Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y
Chilapa, que concentran 67% del total de asesinatos. Paradójicamente, en esas
localidades la seguridad está a cargo del Ejército, la Marina y la PF, ante la
inoperancia de las autoridades estatales y municipales.
En
contraste, en los 10 municipios donde no se han documentado homicidios dolosos
–mayoritariamente en la región de la Montaña– la seguridad corre a cargo de
policías comunitarios. Son los casos de Acatepec, Atlamajalcingo del Monte,
Olinalá, Xochihuehuetlán y Cualac.
El
análisis advierte que, de seguir la tendencia actual, 2016 cerrará con 2 mil
239 homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Éste sería, así, el
segundo año más violento de los últimos seis.
El
documento señala que en los pasados 11 meses se han presentado 50 denuncias por
secuestro en 16 municipios, entre ellos Teloloapan y Ajuchitlán del Progreso,
donde “grupos de autodefensa” supuestamente vinculados con Guerreros Unidos,
así como las bandas de La Familia y Los Tequileros, mantienen una brutal
confrontación.
Respecto
de la desaparición de personas se han registrado 268 casos en 39 municipios,
entre ellos Acapulco, Chilpancingo, Arcelia, Ajuchitlán, San Miguel Totolapan,
Chilapa, Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Cocula. En esas demarcaciones se
concentran 65% de esos crímenes.
Es
decir, durante el primer año del sexenio de Héctor Astudillo Flores se han
contado, en promedio, 25.5 desapariciones al mes. La SSP refiere que, de
continuar esta propensión, 2016 cerrará con 317 personas desaparecidas.
La
semana negra
El
nivel de violencia que padece la entidad se hizo evidente esta semana. Durante
los tres días del puente conmemorativo de la Revolución Mexicana se registraron
al menos 29 ejecuciones, de las cuales 10 ocurrieron en Acapulco; hubo además
nueve desmembrados en Tixtla y tres en Teloloapan.
Sobre
estas últimas víctimas (herreros que estaban desaparecidos desde hace un mes),
los sicarios dejaron mensajes firmados por La Familia Michoacana con una
exigencia al gobierno: que no se entrometa en la confrontación que mantiene con
los autodefensas de La Tecampanera, acusados de tener vínculos con Guerreros
Unidos.
El
lunes 21, Astudillo calificó ese fin de semana como “un éxito turístico”… a la
par de que celebró que ningún visitante haya sido afectado por la ola de
violencia. Anteriormente ya había declarado que “afortunadamente” los muertos
en Guerrero “no son turistas ni famosos”.
Minimizó
la barbarie: se trata de “acontecimientos que se traducen en notas nacionales”.
También
el lunes 21 fue encontrado un cementerio clandestino en el municipio indígena
de Zitlala. Tres días después, las autoridades ya habían exhumado 32 cuerpos y
nueve cabezas humanas. Esta zona se la disputan los grupos delictivos de Los
Ardillos –que dirige la familia del exdiputado local perredista Bernardo
Ortega– y Los Rojos, encabezados por Zenén El Chaparro Nava. Este hecho agudizó
el conflicto en Teloloapan y Arcelia.
El
martes 22, “guardias comunitarios” de La Tecampanera decidieron tomar
nuevamente el ayuntamiento de Teloloapan para exigir a Astudillo cumplir con su
promesa de investigar al alcalde priista de Arcelia, Adolfo Torales Catalán,
por sus presuntos narconexos.
Los
autodefensas también exigen detener a los líderes de La Familia Michoacana en
la región: Johnny El Mojarro Hurtado Olascoaga y Ramiro Bahena Urieta, El Güero
Pelayo, y pidieron al gobierno federal que asuma las funciones de seguridad en
esta franja de la entidad.
Los
originarios de La Tecampanera también cerraron bancos, tiendas de autoservicio
y oficinas públicas hasta el jueves 24.
El
miércoles 23, el alcalde Adolfo Torales rechazó tener nexos con la
delincuencia. “No entiendo por qué un grupo que se dice comunitario pretende
entorpecer el trabajo de un presidente municipal”, expresa en entrevista.
De
manera paralela, La Familia Michoacana difundió videos en redes sociales en los
que acusa al alcalde perredista de Teloloapan, Robell Uriostegui Patiño, de
recibir dinero del narco para financiar su campaña y estar coludido con
Guerreros Unidos.
La
banda afincada en Arcelia afirma que desde la campaña pactó con Uriostegui
Patiño a través del exalcalde de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares
Salgado, pero que ambos rompieron el acuerdo y ahora entregan 1 millón de pesos
mensuales al actual líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias, hermano de
los supuestos fundadores de este grupo, Mario y Sidronio, ambos presos por su
presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa.
En
uno de los videos aparece un joven que se identifica como Ulises Ríos Estrada.
Él afirma que su padre, Santana Ríos Bahena, le prestó 10 millones de pesos al
actual edil perredista Robell Uriostegui para su campaña, y ahora se niega a
pagar.
Ríos
Bahena es un empresario de Tierra Caliente que exporta melón a Estados Unidos.
Fue acusado de tener nexos con un dirigente de La Familia Michoacana, El
Mojarro Hurtado, quien fue ejecutado hace unos meses por Los Tequileros, según
reportes oficiales.
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