Entre los medios de comunicación que han participado están The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación, o los españoles La Sexta y El Confidencial.
El nombre de papeles del paraíso fue escogido por los lugares idílicos en los que estan radicadas las sociedades opacas utilizadas: Bermudas, Bargados, Bahamas, Islas Caimán....Son más de 13 millones de documentos filtrados sobre las actividades de más de 127 políticos y personajes públicos; los archivos van desde 1950 hasta 2016.
¿Qué son los Papeles del Paraíso?
Son el capítulo más reciente de una serie de filtraciones hechas públicas que ponen luz en los miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global.
La filtración principal se enfoca en Appleby, un bufete legal en las islas Bermudas que se fundó hace 119 años y atiende a corporaciones selectas y personas ricas. Appleby ayuda a sus clientes a reducir su carga fiscal; opacar propiedades de bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates; así como a establecer fideicomisos —que en algunos casos alcanzan los miles de millones de dólares— en paraísos fiscales.
El predominio de clientes de élite de Appleby contrasta con los de Mossack Fonseca, quienes parecían discriminar menos en lo que a su cartera de clientes se refiere. Muchos de esos documentos son una lectura aburrida: abundan las hojas de cálculo, proyecciones y estados de cuenta. Pero entre esos documentos hay algunos que ayudaron a revelar cómo las compañías multinacionales evaden impuestos y cómo los superricos esconden su patrimonio.
Appleby tiene oficinas en paraísos fiscales en todo el mundo. Además de su oficina principal en las islas Bermudas, también tiene filiales en las Islas Vírgenes Británicas y las islas Caimán en el Caribe; la isla de Man y las bailías de Jersey y Guernsey cerca de Inglaterra; Mauricio y las Seychelles en el océano Índico, y Hong Kong y Shanghái.
Tanto compañías como ciudadanos estadounidenses dominan la lista de clientes.
Los documentos no son solamente de Appleby, sino también de la compañía singapurense Asiaciti Trust y registros oficiales de negocios en lugares como las islas Bermudas, las islas Caimán, Líbano y Malta.
En general es legal establecer compañías en el extranjero y las corporaciones lo hacen para facilitar las transacciones internacionales como fusiones y compras.
Después de las preguntas del ICIJ, en un comunicado del 24 de octubre, Appleby dijo que estaba “sujeta a revisiones regulatorias con frecuencia” en “jurisdicciones muy reglamentadas”.
“Appleby ha investigado profunda y enérgicamente las acusaciones y estamos satisfechos al decir que no hay evidencia de algún acto indebido, ni de nuestra parte ni de nuestros clientes”, menciona la compañía.
Pero con esta reciente filtración, algunos individuos y corporaciones quizá piensen dos veces el usar estructuras de propiedad con ventajas fiscales, dijo Jack Blum, un abogado que trabajó durante décadas en comités del Congreso de EUpara investigar transferencias monetarias al extranjero.
“El peligro de ser descubierto ha aumentado exponencialmente”, mencionó Blum en una entrevista. “Si yo fuera una persona rica que quisiera esconder mi dinero en el extranjero para no pagar impuestos, mi pesadilla sería ponerlo en manos de alguien cuyos documentos fueran filtrados.Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín Quiroz, informó que en caso de que se compruebe que diversos contribuyentes llevaron de manera deliberada actos para engañar al fisco se podrá configurar un delito penal.
La lista de personajes es amplia, incluyen a figuras como la reina Isabel II, hombres cercanos a Donald Trump y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón.
Están famosos como James Simons, George Soros. Shakira, Madonna (bajo Ciccone, Madonna), Bono, como el cantante y actor Justin Timberlake, Nicole Kidman junto con su esposo y músico country Keith Urban, y hasta el productor de cine Harvey Weinstein; también hay más de 100 universidades Princeton, Columbia, Stanford y la Universidad de Pennsylvania,.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades y habitantes de países como España e Inglaterra solicitaron a sus figuras políticas salpicadas en el escándalo que entreguen las correspondientes explicaciones e incluso que se sometan a investigaciones.
En el caso de EU varios miembros del círculo cercano del presidente Donald Trump están vinculados a la lista que además revela su cercana relación con Rusia y en Argentina el actual ministro de Finanzas hace parte de la misma.
Incluso la Unión Europea señaló que está pensando en crear una nueva “lista negra” de “paraísos fiscales” tras la revelación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
Carlos Slim Helú, de México
La lista de personajes es amplia, incluyen a figuras como la reina Isabel II, hombres cercanos a Donald Trump y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón.
Están famosos como James Simons, George Soros. Shakira, Madonna (bajo Ciccone, Madonna), Bono, como el cantante y actor Justin Timberlake, Nicole Kidman junto con su esposo y músico country Keith Urban, y hasta el productor de cine Harvey Weinstein; también hay más de 100 universidades Princeton, Columbia, Stanford y la Universidad de Pennsylvania,.
Ante la gravedad de los hechos, las autoridades y habitantes de países como España e Inglaterra solicitaron a sus figuras políticas salpicadas en el escándalo que entreguen las correspondientes explicaciones e incluso que se sometan a investigaciones.
En el caso de EU varios miembros del círculo cercano del presidente Donald Trump están vinculados a la lista que además revela su cercana relación con Rusia y en Argentina el actual ministro de Finanzas hace parte de la misma.
Incluso la Unión Europea señaló que está pensando en crear una nueva “lista negra” de “paraísos fiscales” tras la revelación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
Carlos Slim Helú, de México
Creó su emporio en telecomunicaciones a través de una empresa offshore en la isla de Bermudas, revela la investigación.
La semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho en Bermudas, en 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero– a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato.
En 2000, Slim hizo una alianza con la compañía canadiense Bell y con la estadunidense SBC Communications para expandirse en el aún incipiente mercado de la telefonía móvil. En aquellos días, apenas una de cada 10 personas contaba con un celular en América Latina.
La empresa en Bermudas inició operaciones con un capital de 2 mil 500 millones de dólares. América Móvil y Bell concentraron la tenencia de 88.6 por ciento de las acciones, mientras SBC se quedó con 11.4 por ciento.
La aportación de Carlos Slim fue con dinero en efectivo, mientras sus socios pusieron las concesiones telefónicas que tenían en Brasil, Venezuela, Argentina y Colombia.
En 2000 se creó América Telecom, el holding de América Móvil, y adquirió participación accionaria en las empresas de telefonía celular ATL y Telecom Americas, en Brasil; Telgua, en Guatemala; Conecel, en Ecuador, y Techtel, en Argentina.
Apenas dos años después, Slim Helú controló por completo la empresa en Bermudas; primero compró las acciones de sus socios y, más tarde, incorporó a sus bienes las concesiones esparcidas en otros países.
Actualmente es el líder de telecomunicaciones en Latinoamérica y ofrece 362 millones de líneas, la mayoría móviles, en 25 naciones, incluidas algunas europeas.
Telecom Americas Limited operó siete años en Bermudas.
En 2007 dejaron la isla para convertirse en una empresa mexicana, según consta en una acta consultada.
En febrero de 2014 –ya instalada en México– se fusionó con Controladora de Servicios de Telecomunicaciones (Consertel), propiedad del mismo Slim.
Alejandro Cantú, director jurídico y de asuntos regulatorios de América Móvil, dijo que la inversión en Bermudas fue "un acuerdo" entre los socios y que no influyó la tasa cero en impuestos para llegar ahí.
"Hubo una planeación fiscal, nada de eso es ilegal. El anonimato en Bermuda no fue lo que nos atrajo; insisto, llegamos ahí por un acuerdo entre los socios", precisó.
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Nada cambiará tras los papeles de Panamá/León Fernando del Canto es asesor fiscal y barrister por la Honorable Society of Lincoln’s Inn desde 2006.
El País, 29/Abr/2016
Los paraísos fiscales no existen. No lo digo yo. Lo dice el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, quien afirma que Panamá “es el último reducto importante que permite la ocultación offshore de fondos eludiendo a las autoridades fiscales”. ¿Significa que ha muerto la evasión fiscal internacional? Como intuirá el lector más avezado, no.
Panamá, famoso por su canal y en algunos círculos por sus sombreros, pasará a la historia junto a los abogados de Mossack Fonseca como el símbolo de la evasión fiscal internacional, del mismo modo que los papeles de WikiLeaks señalaron para siempre la corrupción del sistema político internacional.
Pero esta vez, estos documentos se limitarán a ocupar portadas, debates televisivos, hundir estéticamente a algún que otro personaje, poner de manifiesto la importancia de la ejemplaridad pública y serán trending topic por un tiempo. Nada más. Esta versión tributaria de los WikiLeaks, al igual que el dedo que señala hacia la Luna, está llena de promesas y expectativas, pero más allá de cabrear a la ciudadanía, son un fiasco y no supondrán diferencia alguna en el entorno tributario internacional y mucho menos en nuestro país. Por favor, déjenme explicarme en cuatro ideas.
En primer lugar hemos de partir del desinterés de la comunidad internacional por consagrar el principio de la jurisdicción universal, por el que aboga mi admirado compañero y amigo Baltasar Garzón. La adopción de este principio, que dicho pronto y mal significa que el poder judicial de un país pueda perseguir delitos de cierta índole a nivel internacional, sin duda permitiría la persecución efectiva de los delitos tributarios por parte del estado perjudicado en cualquier otra jurisdicción. Pero a nadie le gusta que vengan a pisarle el césped de su jardín, aunque sea en pos de una justicia universal eficaz en un mundo de fronteras desdibujadas.
En segundo lugar, y derivado de lo anterior, hay una falta de acuerdo internacional sobre el significado del término evasión fiscal, por un lado, y la definición del concepto de artificialidad al organizar operaciones mercantiles, por otro.
Muchos desconocen que en el mundo anglosajón se distingue, no sin cierta flema, entre Tax Evasion (Evasión fiscal) y Tax Avoidance (Elusión fiscal). En España, sin embargo, se aplica el rodillo conceptual y todo aquello que suponga una optimización de la posición fiscal se considera, a grandes rasgos, evasión.
Ahondando en este punto: en el Derecho Penal Internacional si los gobiernos no están de acuerdo sobre la definición del delito, no se puede perseguir. Esta disparidad en el tratamiento jurídico tributario de idénticas operaciones, tiene serias consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en España. Esta situación limita la inversión y el comercio internacional y por tanto, afecta al ‘El Dorado’ perseguido por todos los gobiernos, independientemente de su signo: el empleo. Eso sin mencionar que además ayuda poco a la justicia tributaria, que quizá, visto lo visto, preocupa, cuando menos, poco. En España se tipifica como evasión la organización de las operaciones de una empresa para optimizar el coste fiscal de sus operaciones mercantiles, cuando en la mayoría de países anglosajones de la órbita consideran la misma actividad permisible.
En tercer lugar, la falta de profesionalización y la inexistencia de un código deontológico que regule el ejercicio de la asesoría fiscal internacional, orientado a impedir conductas delictivas de carácter tributario, serán otro factor de inmovilismo. La asesoría fiscal requiere un compromiso ético con el cumplimiento de las normas, objetividad, independencia y confidencialidad -que no opacidad-.
En cuarto y último lugar, y preservando siempre el derecho a la información, es precisa una mayor eficiencia mediática para que las investigaciones transciendan el sensacionalismo y puedan contribuir a la persecución de los delitos que denuncian, contribuyendo así a cambiar el escenario. De los 11,5 millones de documentos una gran parte son irrelevantes, penal o fiscalmente hablando, al haber prescrito o ser incluso obsoletos, por lo que sólo sirven a efectos de animar el espectáculo mediático.
WikiLeaks marcó un antes y un después en el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza global. Panamá, sin embargo, significa la ruina reputacional de una jurisdicción arrastrada por la defenestración de Mossack Fonseca, pero no producirá cambios tan radicales en la lucha contra la delincuencia tributaria internacional.
Con independencia del fervor mediático generado, hay que reconocer que el concepto de paraíso fiscal y la nula tributación son conceptos obsoletos y su existencia anecdótica, no así la existencia de una delincuencia tributaria cada vez más sofisticada que opera delante de nuestras narices, en nuestros propios países. Sí, señoras y señores de los medios y público que aplaude. Cuando se apaguen las luces de la pista central, al final, todo esto no habrá servido para nada. La justicia tributaria y una contribución fiscal equitativa y eficiente seguirán siendo el caballo de batalla de los estados. Mientras, en España, haríamos bien volviendo a adoptar la jurisdicción universal también para delitos económicos.
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Nada cambiará tras los papeles de Panamá/León Fernando del Canto es asesor fiscal y barrister por la Honorable Society of Lincoln’s Inn desde 2006.
El País, 29/Abr/2016
Los paraísos fiscales no existen. No lo digo yo. Lo dice el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, quien afirma que Panamá “es el último reducto importante que permite la ocultación offshore de fondos eludiendo a las autoridades fiscales”. ¿Significa que ha muerto la evasión fiscal internacional? Como intuirá el lector más avezado, no.
Pero esta vez, estos documentos se limitarán a ocupar portadas, debates televisivos, hundir estéticamente a algún que otro personaje, poner de manifiesto la importancia de la ejemplaridad pública y serán trending topic por un tiempo. Nada más. Esta versión tributaria de los WikiLeaks, al igual que el dedo que señala hacia la Luna, está llena de promesas y expectativas, pero más allá de cabrear a la ciudadanía, son un fiasco y no supondrán diferencia alguna en el entorno tributario internacional y mucho menos en nuestro país. Por favor, déjenme explicarme en cuatro ideas.
En primer lugar hemos de partir del desinterés de la comunidad internacional por consagrar el principio de la jurisdicción universal, por el que aboga mi admirado compañero y amigo Baltasar Garzón. La adopción de este principio, que dicho pronto y mal significa que el poder judicial de un país pueda perseguir delitos de cierta índole a nivel internacional, sin duda permitiría la persecución efectiva de los delitos tributarios por parte del estado perjudicado en cualquier otra jurisdicción. Pero a nadie le gusta que vengan a pisarle el césped de su jardín, aunque sea en pos de una justicia universal eficaz en un mundo de fronteras desdibujadas.
En segundo lugar, y derivado de lo anterior, hay una falta de acuerdo internacional sobre el significado del término evasión fiscal, por un lado, y la definición del concepto de artificialidad al organizar operaciones mercantiles, por otro.
Muchos desconocen que en el mundo anglosajón se distingue, no sin cierta flema, entre Tax Evasion (Evasión fiscal) y Tax Avoidance (Elusión fiscal). En España, sin embargo, se aplica el rodillo conceptual y todo aquello que suponga una optimización de la posición fiscal se considera, a grandes rasgos, evasión.
Ahondando en este punto: en el Derecho Penal Internacional si los gobiernos no están de acuerdo sobre la definición del delito, no se puede perseguir. Esta disparidad en el tratamiento jurídico tributario de idénticas operaciones, tiene serias consecuencias. Pensemos, por ejemplo, en España. Esta situación limita la inversión y el comercio internacional y por tanto, afecta al ‘El Dorado’ perseguido por todos los gobiernos, independientemente de su signo: el empleo. Eso sin mencionar que además ayuda poco a la justicia tributaria, que quizá, visto lo visto, preocupa, cuando menos, poco. En España se tipifica como evasión la organización de las operaciones de una empresa para optimizar el coste fiscal de sus operaciones mercantiles, cuando en la mayoría de países anglosajones de la órbita consideran la misma actividad permisible.
En tercer lugar, la falta de profesionalización y la inexistencia de un código deontológico que regule el ejercicio de la asesoría fiscal internacional, orientado a impedir conductas delictivas de carácter tributario, serán otro factor de inmovilismo. La asesoría fiscal requiere un compromiso ético con el cumplimiento de las normas, objetividad, independencia y confidencialidad -que no opacidad-.
En cuarto y último lugar, y preservando siempre el derecho a la información, es precisa una mayor eficiencia mediática para que las investigaciones transciendan el sensacionalismo y puedan contribuir a la persecución de los delitos que denuncian, contribuyendo así a cambiar el escenario. De los 11,5 millones de documentos una gran parte son irrelevantes, penal o fiscalmente hablando, al haber prescrito o ser incluso obsoletos, por lo que sólo sirven a efectos de animar el espectáculo mediático.
WikiLeaks marcó un antes y un después en el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza global. Panamá, sin embargo, significa la ruina reputacional de una jurisdicción arrastrada por la defenestración de Mossack Fonseca, pero no producirá cambios tan radicales en la lucha contra la delincuencia tributaria internacional.
Con independencia del fervor mediático generado, hay que reconocer que el concepto de paraíso fiscal y la nula tributación son conceptos obsoletos y su existencia anecdótica, no así la existencia de una delincuencia tributaria cada vez más sofisticada que opera delante de nuestras narices, en nuestros propios países. Sí, señoras y señores de los medios y público que aplaude. Cuando se apaguen las luces de la pista central, al final, todo esto no habrá servido para nada. La justicia tributaria y una contribución fiscal equitativa y eficiente seguirán siendo el caballo de batalla de los estados. Mientras, en España, haríamos bien volviendo a adoptar la jurisdicción universal también para delitos económicos.
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