TOLVANERA / Roberto Zamarripa
Reforma, 26 Ago. 2019
¿Quién dicta la política de seguridad federal? ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcelo Ebrard desde Cancillería, el general Luis Cresencio Sandoval o el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta?
Apenas este sábado el coronel Víctor Maldonado Celis fue abatido por un grupo del narco de Michoacán, en un signo del escalamiento de la violencia criminal en esa entidad.
A fines de mayo, un destacamento militar fue secuestrado y humillado por pobladores asociados con grupos del narco. Soldados que cumplían con acciones de desarme fueron obligados a devolver el arsenal que habían decomisado entre ellos un fusil Barret, calibre .50, cuyos proyectiles perforan los blindajes de vehículos.
Aquellos hechos ocurrieron en la comunidad de La Huacana, sometida desde hace varios años a los dictados de los grupos criminales que actúan a su anchas ya sea por la ineficiencia de autoridades locales y federales o incluso por su complicidad.
Tras esos graves hechos, donde el Ejército fue doblegado y humillado por pobladores asociados al narco, las acciones de grupos criminales han ido a la alza. La madrugada del 8 de agosto en un puente peatonal de Uruapan aparecieron colgados 9 cuerpos en un acto de venganza presuntamente relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
El gobierno federal notificó la detención de 14 personas implicadas en esa ejecución múltiple y en el acto de exhibición y amenaza al colgarlos del puente.
No obstante que desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se reivindicaban las acciones contra el CJNG, y otros grupos delincuenciales en Michoacán, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, acudió hace una semana a La Huacana no a detener o señalar a quienes agredieron a los militares sino a premiarlos ofreciéndoles inversiones públicas y el manejo de los recursos. La estrategia no difería de lo hecho por Alfredo Castillo, el supercomisionado del gobierno de Enrique Peña, que fracasó estrepitosamente en pacificar Michoacán.
Con carretadas de dinero y salvoconductos para los grupos armados denominados autodefensas, Castillo empoderó criminales y sustituyó las acciones de los cuerpos de seguridad institucionales por dichas capillas integradas por reconocidos delincuentes.
Si Peralta ignoraba quiénes eran los jefes de las comunidades y de los grupos con los que se reunió habla muy mal de la información de la que se pertrecha la Secretaría encargada de la seguridad interior.
Si a sabiendas de que no eran "líderes sociales", sino jefes de irregulares grupos armados, peor. Encabezó dos eventos: uno en Los Chapopotes en Tamaulipas, con autodefensas locales y otro en La Huacana.
El presidente Andrés Manuel López Obrador desautorizó esos encuentros y obligó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a suspenderlos. Pero el daño está hecho. Los grupos criminales han entendido que existen varios interlocutores en el gobierno federal y que entre ellos no se entienden.
A unos los reciben con fiesta y a otros los reciben a balazos. A unos les dispensan trato preferencial, a otros los humillan.
La exhibición de división, falta de liderazgo, contradicciones e impericia ha fortalecido a los grupos delincuenciales en detrimento de los grupos que se encuentran en la primera línea de batalla. Crece el malestar entre oficiales del Ejército por las instrucciones contradictorias que reciben, por las señales de torpeza de algunos funcionarios que les complican su labor y por el mandato superior que tienen de no arremeter contra delincuentes.
Y crece la zozobra ciudadana.
robertozamarripa2017@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario