Debate sobre despenalización de las drogas

El asunto no es fácil, requiere de un debate amplio, con especialistas, sobretodo del área medica.

Además casi ningún partido le quiere entrar abiertamente;-sólo el PRD parece querer entrarle y con acotaciones-, las declaraciones del Diputado Javier González Garza quien consideró que se deben llevar a cabo medidas drásticas como podría ser la legalización de drogas, pero , dijo que primero en los EE UU, debido a que es el mayor consumidor. O sea, primero los gueros , y después nosotros.
Hace tres o cuatro años -no recuerdo muy bien-, el entonces Procurador del DF, el Maestro Bernardo Bátiz Vázquez habló de despenalizar el consumo de drogas, bajo el argumento de que “permitiría abatir uno de los delitos más graves y cruentos que aquejan a la sociedad” Propuso abrir un debate serio toda vez que “la droga es un flagelo que produce crímenes de crueldad, negocios ilícitos y corrupción a los que hay que irle buscando respuestas”.
Insistió incluso en suministrar drogas gratuitamente a los presos adictos, y paralelamente, involucrarlos en un tratamiento para irlos rehabilitando; ello, dijo, rompería el negocio del narcotráfico al interior de los penales.
Y no le faltaba razón, pero..., el Maestro Batiz no le había pedido permiso a su jefe.

En entrevista con Monitor de Radio Red, admitió que su propuesta fue una idea que no era del conocimiento del jefe de Gobierno, pero dijo que ahora se ve “obligado a madurar” porque sería “un experimento interesante” y el tema está en el ambiente.
Por cierto, su jefe entonces, Andrés Manuel López Obrador señaló que la propuesta de su subalterno no era oficial, sino un comentario a título personal. Y ahí quedo! ¡el tema no era rentable electoralmente!
De eso han pasado cuatro años. Mucho tiempo.

En estos días esta de nuevo el debate y son analistas como Humberto Musacchio, José Antonio Crespo, Octavio Rodríguez, El Senador Ricardo Monreal, et al.

Colocaré en esta bitácora sus opiniones.

Pero antes, un comentario.

Hoy esperabamos que se aprobará en El Senado una Ley que de entrada convertir el narcomenudeo en un delito del fuero común y permitir el consumo individual de algunas drogas, así como enviar a centros de rehabilitación a los farmacodependientes.

Y los legisladores, simplemente dijeron ¡no!, debido a inconsistencias.

Es un lástima, debido a que la ley se irá hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que se incia en septiembre, a menos que hay un periodo extraordinario.

Y es una lástima digo porque las comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos, habías aprobaron el dictamen anteayer y hoy sería presentado al pleno este jueves 26 para su lectura discusión y aprobación, en su caso, y después pasará directamente al Ejecutivo federal para que de ser avalada sea promulgada en el Diario Oficial de la Federación.
Las reformas en materia de narcomenudeo, que fueron vetadas por el ex presidente Fox el año pasado, porque consideró que abrían la puerta a la legalización del consumo de drogas, incluyen las observaciones del Ejecutivo federal y añaden otros puntos, como la forma en que los farmacodependientes deberán acceder a los programas de rehabilitación.
En el dictamen se establece que las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia de las entidades federativas conocerán y resolverán de los delitos de narcomenudeo cuando se trate de opio, heroína, cannabis, cocaína, LSD, MDA, metanfetamina y flunitrazepam, “siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la misma ley”.
Lo permitido de acuerdo al dictamen:
Un consumidor por única vez se salvará de ir a la cárcel cuando la policía lo encuentre en posesión de un máximo de: dos gramos de opio; Heroína, 50 miligramos; Cannabis, dos gramos; Cocaína, 500 miligramos; Lisergida (LSD) 0.015; MDA, metilenodioxianfetamina 200 miligramos; MDMA metilendioxin Dimetilfeniletilamina 200 miligramos; Metanfetamina 200 miligramos.; Flunitrazepam 1 miligramo.
Cuando se mueve el avispero/Octavio Rodríguez Araujo

Publicado en La Jornada, 26/04/2007;
Las avispas no necesariamente son agresivas, pero cuando se las molesta tienden a picar con su aguijón. Uno debe tener cuidado al tratar de acabar con un panal de avispas y saber hacerlo. De otro modo, se revierte, y el "exterminador" puede resultar seriamente dañado.
Cuando Felipe Calderón resolvió combatir el narcotráfico algo falló en el método y en la prevención de las consecuencias. Ya perdí la cuenta de las muertes provocadas por el narcotráfico, principalmente de policías y de otras personas relacionadas con la administración de justicia en nuestro país. Todas o casi todas tienen la apariencia de haberse realizado por venganza, algunas bajo la forma de ajusticiamientos más que como advertencia. Muy lamentable.
El crimen se ha extendido, sobre todo en aquellos estados donde más han actuado las fuerzas militares encargadas por el Ejecutivo para combatir a los narcotraficantes. De golpe varias ciudades del país se volvieron la Medellín de la película La virgen de los sicarios (2000), dirigida por Barbet Schroeder y basada en una novela y un guión de Fernando Vallejo. ¿Cuántos años, por cierto, lleva la guerra contra el narcotráfico en Colombia y qué resultados positivos se han obtenido?
No digo, ni pretendo sugerirlo, que el crimen organizado deba ser permitido ni tolerado en lugar de combatirlo. Por salud social debe ser perseguido, y sus autores, intelectuales o directos, detenidos. Pero la forma en que se está haciendo no parece ser la mejor. Ahora los ciudadanos, y no sólo los miembros de las diversas fuerzas del orden, estamos expuestos a ser victimados, sin tener parte en el asunto. Si andar por las calles es un peligro desde hace 20 años, por el aumento de criminales de poca monta que asaltan, roban y secuestran (algo que casi no ocurría a principios de los 80 del siglo pasado), en el presente la inseguridad se ha vuelto una amenaza de tal magnitud que terminará por encerrarnos en nuestras casas (nunca ciento por ciento seguras). Salir a la calle, sin metáforas de especie alguna, es un riesgo, en algunas ciudades más que en otras.
Pero ese riesgo es mayor porque Calderón movió el avispero sin medir las consecuencias y sin haber creado antes mecanismos de defensa para quienes nada tenemos que ver con el narcotráfico ni con el gobierno. Se trata de una medida necesaria y no sólo mediática, pero no se siguió una estrategia adecuada, si juzgamos los resultados. Para decirlo de manera simplista, lo que ahora parece es que se están dando palos de ciego a una piñata que todos sabemos que ahí está, pero no que su contenido, que en este caso no es de dulces ni frutas, nos puede caer encima, como ya está ocurriendo con graves secuelas.
Lo que veo, como ciudadano y lector de periódicos es que esta guerra no se está ganando. La sociedad, y en ésta incluyo a policías que no están directamente involucrados con esta guerra, lleva más muertos que los peligrosos hampones perseguidos por el gobierno, y normalmente en una guerra el que tiene más muertos es el que pierde.
La guerra de Eliot Ness contra Al Capone se inició aproximadamente en 1927 y el mafioso fue condenado en 1931, pero antes Ness dedicó sus esfuerzos a depurar la corrupción entre la policía hasta quedarse con sólo nueve elementos de su absoluta confianza. Con esto atacó a Capone por dos lados: evasión de impuestos y contrabando de licor en la "era de la prohibición". Con Capone sentenciado no terminó la lucha contra las mafias en Estados Unidos, pero con el fin de la prohibición en 1935 los mafiosos tuvieron que dedicarse a otros negocios y ahí siguen, no los mismos, pero sí sus socios más jóvenes, o sus hijos u otros que surgieron después. Las mafias y el narcotráfico no han desaparecido en el país más poderoso de este planeta. ¿En el nuestro sí desaparecerán? Perdóneseme mi pesimismo, pero mi respuesta es contundentemente negativa.
En el libro de James Mills (The Underground Empire. Where Crime and Governments Embrace/El imperio subterráneo. Donde crimen y gobiernos se abrazan), publicado en 1987, se involucra a varios políticos mexicanos en activo como cómplices o relacionados con el narcotráfico. Ahí se mencionan varios personajes muy importantes de gobiernos de aquella época. ¿Por qué no pensar que ahora ocurre algo semejante? ¿Se ha hecho una investigación a fondo de los posibles funcionarios públicos coludidos con los capos del narcotráfico?
Hay quienes sostienen que la mejor manera de acabar con el tráfico ilegal de drogas es legalizándolas. Yo estoy de acuerdo con esa hipótesis. Es cierto que con una medida semejante no se terminará con el consumo de drogas, como no se ha terminado con el de alcohol legalizando su producción, venta y consumo, pero lo que sí es un hecho es que, con la excepción de bebidas adulteradas metidas de contrabando en el comercio legal, se acabaron las mafias que vivían del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. Ahora son otras o cambiaron de giro, pero siempre existirán. ¿Quiénes son los únicos beneficiarios de que las drogas sean ilegales? Los que comercian con ellas y los que los cubren y protegen desde las instancias que debieran combatirlos, ni siquiera los consumidores que con frecuencia reciben gato por liebre (productos adulterados) y mueren en consecuencia.

Guerra populista e inútil/Ricardo Monreal

en Milenio Diario, 24/04/2007
“¿Cuánta sangre cuesta una victoria?... La verdadera gloria de una guerra consiste en ahorrarla”. (Napoleón )
En relación a la guerra que el gobierno libra contra el narcotráfico, una cuenta está pendiente. Es la misma que ha exigido en dos ocasiones Ciro Gómez Leyva desde MILENIO, “¿Cuántos muertos, Presidente?”. Una rendición de cuentas sin respuesta. En gran medida, porque esa pregunta incómoda es la que menos cuenta en este momento, según la encuesta de María de las Heras: 77%, en favor de que siga la lucha antinarco sin importar los hechos violentos; 75%, en favor de que el Ejército la dirija directamente.
Ahora bien, cuando en una guerra los muertos no cuentan o son una especie de “daño colateral”, estamos en presencia de lo que se llama una “guerra justa” (Michael Walzer)…, tan injusta como populista e inútil. Una auténtica cruzada medieval, donde los razonamientos son de orden moral, no de técnica contable; los indicadores son ideológicos, no logísticos; y las evaluaciones son del reino de la Fe no de la ciencia. Por ello, a la inoportuna pregunta “¿cuántos muertos costará esta guerra?”, los promotores de las cruzadas tienen la misma respuesta oportuna, “los que sean necesarios”, y se aferran al mismo parámetro populista, “hasta que las encuestas nos digan lo contrario”.
La guerra que el gobierno ha lanzado contra el narcotráfico tiene estas características: justa en su argumentación y santa en su actitud, es ineficaz en sus resultados e inhumana por sus baños de sangre. Y esto la convierte en una guerra populista, irresponsable e inútil.
¿Hay otros caminos? ¿Negociar? Durante décadas, los gobiernos del PRI “controlaron” el problema del narcotráfico con esquemas de sobra conocidos. No enfrentaban a todas las bandas a un mismo tiempo. Pactaban con una, a costa de las demás. Privilegiaban la tranquilidad de la vía pública por sobre todas las cosas: no muertos en las calles, no drogas en las escuelas, control riguroso de bandas pequeñas, algunos decomisos periódicos, asignación de territorios y, por supuesto, reparto de las utilidades. La negociación devenía en negocio.
El esquema del PRI entró en crisis por varios factores. Uno de ellos, la corrupción de los cuerpos policiacos; llegó el momento en que era difícil distinguir quién había infiltrado a quién, si las bandas del narcotráfico a los cuerpos de seguridad o éstos a aquéllas. Dos, la alternancia política en los diversos niveles de gobierno se tradujo en un pluralismo de códigos, estrategias y prácticas policiales, que permitió a la delincuencia organizada evadir cualquier control, sin importar el partido que temporalmente gobernara la localidad. Tres, la delincuencia organizada adquirió un poder económico y paramilitar de tal magnitud, que además de controlar calles y “territorios” le permitió disputar al Estado una de sus funciones sustantivas, el monopolio de la violencia legítima. De esta forma, el narcotráfico pasó de ser un problema de seguridad pública a otro de seguridad nacional y, dada la proliferación del narcomenudeo, en un problema de salud pública.
Hay quienes añoran el esquema de negociación priista, que daba seguridad y tranquilidad a costa de la moralidad pública. Ni la forma ni el fondo bajo el cual floreció ese esquema existen más. Sin embargo, tampoco es válida la visión actual de una guerra santa contra el narcotráfico, donde los muertos no cuentan, pero tampoco las garantías y las libertades de los vivos, como lo demuestra la reforma penal de corte prusiano que envió Felipe Calderón al Congreso, donde pide poderes extraordinarios para el gobierno federal, se concentran funciones policiales y de investigación en una sola instancia, se impone un solo código penal al país, se abre la puerta a prácticas del pasado como la tortura y el espionaje telefónico y se bendice el autoritarismo judicial. Una restricción de libertades en nombre de una seguridad y un orden fundamentalistas.
A la delincuencia organizada hay que hacerle una “guerra inteligente”, no declararle una “guerra santa”. Con armas de precisión, no con tiros de perdigón. Con sentido de responsabilidad, no de popularidad. Con penas eficaces, no con penas más altas. Hay que legalizar las drogas, no la represión. Criminalizar el comercio ilícito, no el consumo personal. Prevenir las adicciones, no lamentar las aflicciones. Abatir la impunidad, no sitiar a la sociedad. Sumar a la ciudadanía, no restarle iniciativa. De otra forma, seguiremos contando los muertos de una guerra cada día más irresponsable e inútil.

Columna: Horizonte político de José Antonio Crespo: Narcoviolencia en ascenso; Excelsior, 23/04/2007;
El fantasma del fracaso ronda los operativos policiaco-militares en contra del narcotráfico con los que Felipe Calderón inició su gobierno. Es cierto que todo aconsejaba dar un golpe político en esa dirección para que los ciudadanos sintieran que el Estado mexicano no estaba pintado en la pared; que percibieran que, ahora sí, había Presidente de la República, que no se permitiría, sin más, que el vacío de poder que dejó Vicente Fox sería llenado con tranquilidad por los capos.

Y tal despliegue podría convertirse en un golpe mediático, lo que elevaría la popularidad de Calderón. Todo lo cual ocurrió. Sin embargo, la estrategia conllevaba riesgos, y no pequeños. De continuar la violencia, los operativos podrían convertirse en un bumerán y, tras haber involucrado de lleno al Ejército, se enviaría el mensaje de que los narcos prevalecieron sobre el Estado mexicano. Quienes entienden algo de la complejidad del fenómeno del narcotráfico saben que no es con "cruzadas" o "guerras sin cuartel" como se puede terminar con el problema.

Que no se trata de una guerra convencional y, por tanto, no se puede "ganar". Que mientras más se les ataca a los capos, por ese lado más violencia callejera se genera y tiende a orientarse en contra de agentes del gobierno mismo, periodistas y, eventualmente, también les toca a los ciudadanos comunes (accidental o deliberadamente, según el caso). Que las víctimas de esa absurda guerra no constituyen la simiente para una futura paz, sino muertes innecesarias, inútiles y evitables. Que elevar las penas contra esos delitos de nada sirve, pues sobran quienes prefieren desafiar la ley del Estado, apegados a la ley de la oferta y la demanda. Que responder desde el gobierno que, mientras más violencia genera el narco, más intensos serán los operativos y más severa la acción del Estado, es generar una escalada de violencia con puros saldos negativos. Que por más capos a quienes se detengan, droga que se decomise y dinero que se incaute, los adictos estadunidenses recibirán su dosis de estupefacientes. Que mientras más éxito tenga el Estado en impedir que cargas de droga no crucen la frontera, más droga circulará en el mercado interno, lo que elevará la adicción entre los mexicanos.
Que por cada tonelada de cocaína o mariguana decomisada hay miles que no lo son. Que la incautación de 200 millones de dólares, siendo un golpe espectacular, es también un indicio de la cantidad de dinero que corre en el mercado negro del narcotráfico. ¿Doscientos millones de dólares son mucho o poco? Muchísimo, a los ojos del ciudadano normal, pero en realidad no sabemos cuánto constituye en el volumen global del comercio ilícito en México. En todo caso se entiende por qué la penalización de esa actividad de nada sirve y por qué múltiples policías y otros agentes del gobierno cobran en una o más "narconóminas". Y por qué los cárteles se despedazan literalmente por el control de los mercados internos e internacionales.
La estrategia de prohibir la droga fue diseñada en Estados Unidos por convenir a su visión e intereses. Y, sin embargo, no hay manera para el gobierno mexicano de quedar bien con nuestro vecino: si reducimos un poco el inútil esfuerzo de combatir frontalmente a los capos, entonces Washington presionará por no hacer nuestra tarea; pero si nos tomamos en serio dicha tarea y se genera como consecuencia inevitable mayor violencia en las calles, fronteras, plazas y centros turísticos, tendremos como respuesta estadunidense una reprimenda por ser incapaces de evitar la violencia y recomendaciones a sus ciudadanos para que no visiten nuestro país. Es una situación de perder-perder para México.
Por lo tanto es irracional para el interés del país seguir puntualmente las directrices con el fin de combatir al narcotráfico, diseñadas en Estados Unidos, que ellos mismos evitan en su propio territorio (salvo en los inofensivos casos de distribuidores callejeros). Allá no se toca a los grandes capos que distribuyen la droga importada o la producen ahí mismo. Y, eso, justo para evitar la violencia que conocieron durante la Ley Seca en los años treinta. Meter al Ejército en esta batalla no sólo es inútil, sino que conlleva también riesgos, como elevar la probabilidad de que se corrompa al contacto con los millones de narcodólares, además de desprestigiarse frente a la ciudadanía en la medida en que ésta se percate —como empieza a ocurrir— de que las Fuerzas Armadas son incapaces de reducir las narcoejecuciones (y no sólo en México). Y, por eso mismo, los estadunidenses evitan que su ejército se involucre en la lucha antinarco, pero no tienen mayor problema en que los gobiernos latinoamericanos (con más candidez que lucidez) sí lo hagan de lleno. Al prohibir la producción y comercialización de la droga —como sucedió con el alcohol—, el remedio es peor que la enfermedad, pues, sin resolver las adicciones, se genera un monstruo perjudicial a toda la sociedad, que provoca graves daños a la paz pública, la institucionalidad política y la economía. Y, por eso, a quienes entienden algo sobre este fenómeno, no les sorprende que los operativos estén resultando inútiles, si no es que contraproducentes.
Y es que, en lugar de tomarse en serio el combate a la oferta de las drogas, resultaría más racional hacer un poco "la vista gorda", promover acuerdos territoriales entre los cárteles (como hacen los estadunidenses), para concentrarse, eso sí, en el combate a la demanda de narcóticos (con publicidad, educación, rehabilitación, sanciones administrativas, no penales, al consumo, más que a su producción y comercialización). Sin embargo, para quienes ignoran esta complicada dinámica, lo único que se les ocurre es hacer operativos policiaco-militares, creyendo que así se solucionarán las cosas en algún futuro, tan idílico como intangible.

Despenalización de las drogas/Humberto Musacchio en Excelsior, 19/04/2007);
La normativa actual propicia la corrupción de las autoridades, la descomposición del aparato de impartición de justicia y la pérdida de límites entre la delincuencia y sus presuntos perseguidores
En México los abortos están prohibidos, pero eso no evita que cada año se practiquen decenas de miles, incluso más de cien mil según ciertas estimaciones. Por su carácter clandestino, la inmensa mayoría se ejecutan en pésimas condiciones de higiene y el resultado es la muerte de miles de mujeres que dejan al marido en la viudez y a los hijos —la mayoría de las mujeres que abortan tienen hijos— en la orfandad y frecuentemente en el mayor desamparo.
Algo semejante sucede con la marihuana. Su producción y venta están prohibidas, pero lo cierto es que grandes extensiones del territorio nacional están dedicadas al cultivo de la cannabis y una incalculable cantidad de personas participa en su producción y comercialización, entre otras los ejércitos de pistoleros de que dispone cada organización productora y distribuidora. Por simple lógica económica, si se cultiva y distribuye es porque existe una gran demanda, mayor aún que el miedo a caer en prisión.
El consumo no está penado y una persona a la que se halle una cantidad para consumirla no debe ser detenida, pero lo cierto es que, como son policías quienes determinan cuándo y quién rebasa esa cantidad, los abusos contra los ciudadanos son, no sólo frecuentes, sino habituales y generan una realidad que quienes hicieron las leyes pretendían evitar.
Además de los abusos policiales, el consumidor, que no por serlo es un delincuente, se ve constreñido a buscar la droga en ámbitos clandestinos, situados, esos sí, al margen de la ley. Si un consumidor es sorprendido en el momento de realizar una compra al vendedor de estupefacientes, no habrá policía que lo deje libre, sino que lo considerará para todos los efectos parte de la cadena delictiva. Lo mismo harán los agentes del Ministerio Público y los jueces, a quienes no importa quién la hizo sino quién la pague.
La penalización de las drogas tiene efectos antisociales que se multiplican. La iniciación de los adictos y la adquisición habitual, por estar confinados a la clandestinidad, exponen a los consumidores a riesgos que en esas condiciones son inevitables, pues el trato con el lumpen implica graves peligros, entre otros el de perder la vida.
La normativa actual propicia la corrupción de las autoridades, la descomposición del aparato de impartición de justicia y la pérdida de límites entre la delincuencia y sus presuntos perseguidores. Sin embargo, no ha servido para acabar con el tráfico de drogas, ni siquiera para disminuirlo.
Con cierta ingenuidad perversa, los legisladores endurecen periódicamente las leyes, pero cada vez que lo hacen fracasan, pues el negocio es tan atractivo que lleva a minimizar los riesgos, lo que se refuerza por la poca eficacia de los cuerpos policiacos y por la corrupción que estimula una actividad delictiva tan próspera.
La legislación sólo ha conseguido incrementar el poderío de las mafias y ha minado hasta extremos alarmantes la capacidad represiva del Estado. Cada año aumentan los presupuestos para combatir el narcotráfico y cada año se eleva la producción de drogas y el monto de las que se comercian. Las cárceles están llenas y ni por eso baja la actividad del crimen organizado ni el peso social de las mafias.
La única solución es despenalizar las drogas, empezando por la marihuana, que no es más dañina que el alcohol. Desde hace más de un cuarto de siglo lo venimos proponiendo diversos ciudadanos y hoy se trata de una demanda que han hecho suya relevantes personajes del mundo intelectual y hasta del político.
Algunas buenas conciencias suponen que despenalizar las drogas llevará a muchas personas a convertirse en adictas. Tal vez se eleve la tendencia al consumo en una primera etapa, pero experiencias como la de Holanda demuestran que el consumo nacional se mantiene constante, sea legal o ilegal.
Por supuesto, la despenalización, para ser eficaz, tiene que estar acompañada de una nueva normatividad que señale dónde, cuándo, en qué cantidades y bajo cuáles condiciones se puede consumir una sustancia de las ahora prohibidas. Por seguir con el caso de Holanda, allá la venta se realiza en lugares llamados "cafés" —donde no necesariamente se vende el líquido negro—, en dosis rigurosamente determinadas y la casa se niega invariablemente a servir "las otras".
Alguien dirá que allá es Holanda y acá es México, como si los habitantes de aquel país fueran marcianos y los mexicanos estuviéramos situados más abajo en la escala zoológica. Pero no. Aquí y allá hay seres humanos. Lo diferente es la legislación y en aquel país son contadas las personas detenidas por delitos contra la salud. Como en todas partes, hay quien pretende ir más allá de la norma, y contra ella se encamina la acción policiaca, pero las drogas —y la criminalidad asociada a ese fenómeno—dejaron de ser un problema social y ahora son vistas como un asunto de salud al que se destina parte de los enormes presupuestos que antes eran absorbidos por el combate a la delincuencia. Aquí, en cambio, seguimos tirando dinero. hum_mus@hotmail.com