La diplomacia de las sombras y el costo del doble rasero
En el viejo oficio de la política, la diplomacia siempre ha sido el arte de leer las sombras; de descifrar a los actores de carne y hueso que respiran y operan detrás del estruendo institucional. Hoy, nuestra política exterior parece caminar precisamente en esa penumbra, atrapada entre discursos encendidos desde el atril y contradicciones que ya resultan ineludibles en la vida real.
La presidenta Sheinbaum ha querido trazar una línea tajante frente a Estados Unidos. Nos advierte que el amago de ruptura no viene directamente de Donald Trump —a quien intentó matizar, omitiendo su nombre en aquel duro discurso dominical—, sino de una amalgama transfronteriza de ultraderecha y ejércitos fantasma que habitan en la red.
Pero la política de a pie no funciona en compartimentos estancos. ¿Cómo concebir que el Departamento de Justicia, los fiscales federales y las agencias de seguridad trabajen en contra de presuntos criminales sin que la voluntad de Trump esté entrelazada? Creer que esa vasta y pesada maquinaria opera por la libre, ajena al Despacho Oval, es ignorar el pulso verdadero del poder. El mensaje oficial busca ser un destilado de soberanía pura: compartimos frontera, sí, pero las llaves y las reglas de esta casa no se le entregan al vecino.
Sin embargo, la realidad de los hechos nos cuenta otra historia, una mucho más tensa y profundamente humana. El reciente señalamiento de Washington contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha, no es un espejismo digital; es una sacudida que estremece nuestro tablero local y nacional. Y mientras el embajador estadounidense, Ronald Johnson, apela a no politizar la seguridad ciudadana —advirtiendo, sin mencionar a la presidenta, que cada momento gastado en disputas es "una oportunidad perdida para proteger a las personas a las que servimos"—, la respuesta presidencial lanza un dardo directo al ego y a las vulnerabilidades más terrenales de nuestra clase política. Les exige que el miedo a perder la visa no les paralice la valentía ni les amordace la verdad.
Es una advertencia cruda para evitar convertirnos en el daño colateral de las urnas estadounidenses de este noviembre de 2026. Al calificar las revocaciones de visas —que según Reuters ya suman medio centenar de políticos, principalmente de Morena— como una injerencia que "raya en la traición a México", Sheinbaum pone el dedo en una llaga muy humana: la autocensura por temor al castigo migratorio. Cuando un representante popular ajusta su discurso para proteger su acceso a territorio estadounidense, el problema deja de ser un trámite consular y se transforma en una claudicación de la soberanía.
La mandataria sugiere, con razón, que Washington debería mirar hacia adentro y sanar sus propias fracturas: el consumo interno, la distribución y ese incesante río de armas que fluye hacia el sur.
Pero aquí radica el nudo de esta crónica, el instante en que el relato oficial choca frontalmente contra su propio espejo. Como bien disecciona Raymundo Riva Palacio, pareciera que hemos sustituido el rigor de Estado por la brújula volátil de la ideología. ¿Cómo explicar que, en un suspiro de 24 horas, exijamos un alto absoluto al intervencionismo de Washington, pero nos sintamos con la autoridad moral para intervenir avalando sospechas electorales en Colombia?
Es el drama humano y político del doble rasero. Repartimos abrazos diplomáticos a figuras en crisis institucional como Pedro Castillo o Cristina Fernández, mantenemos la herida abierta con el Ecuador de Noboa, pero guardamos un mutismo de piedra frente a la asfixia de libertades en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Nuestra histórica Doctrina Estrada no nació para ser un menú a la carta, sujeto a las simpatías ideológicas de la temporada. Cuando la política exterior opera bajo esa parcialidad, lo que se resquebraja es nuestra autoridad moral ante los ojos del mundo. Y sin ella, quedamos a la intemperie, huérfanos de argumentos para defender nuestra propia casa cuando la tormenta arrecia desde el norte.
Posdata: El peso de las cadenas en Nueva York
El recorrido judicial del general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, tomó una textura sombría este lunes en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Tras haberse entregado voluntariamente el 11 de mayo y ser trasladado a territorio estadounidense cuatro días después, su primera comparecencia formal perfiló la magnitud aplastante del proceso penal que respira sobre su nuca.
El escenario en la corte
En una sesión expedita y gélida que duró menos de 20 minutos, el exfuncionario ingresó a la sala encadenado de pies y manos. El sonido del metal marcó el ritmo de una audiencia donde la jueza Katherine Polk Failla no dejó espacio para la retórica. Fue contundente al dirigirse a los presentes, advirtiendo que la evidencia recopilada por las autoridades es "abundante" y subrayando la complejidad de un caso donde los acusados, en sus propias palabras, "están llegando en olas".
El panorama judicial para Mérida Sánchez se dibuja en los siguientes trazos críticos:
Los cargos: Enfrenta acusaciones por conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer armamento. La gravedad de estos delitos trae consigo la sombra latente de una condena a cadena perpetua.
La red al descubierto: Es apenas el primer rostro en comparecer de una lista de diez funcionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia de EE. UU. Una red que alcanza a figuras de alto nivel, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
El alud de pruebas: La fiscalía tiene ahora la encomienda de presentar formalmente las mociones probatorias; un material que la jueza instó a Mérida Sánchez a revisar con meticulosidad para evaluar sus limitadas opciones.
El horizonte legal: Con el reloj procesal avanzando hacia la próxima audiencia fijada para el 4 de agosto, el general se encuentra en una encrucijada vital. Deberá decidir entre preparar una defensa para ir a juicio frente a la abrumadora evidencia señalada por la corte, o rendirse a la pragmática de negociar un acuerdo de culpabilidad, lo que implicaría su cooperación directa con la justicia de Estados Unidos.
#
Las columnas políticas hoy, martes 2 de junio de 2026
No urge tener embajador en Estados Unidos
Bajo Reserva/EL UNIVERSAL
Con un mes de retraso, la Comisión Permanente integró las comisiones de trabajo necesarias para el funcionamiento del Congreso de la Unión en los periodos de receso. Aunque el senador morenista Alejandro Murat se apresuró a instalar la Primera Comisión, para la comparecencia y ratificación de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, don Roberto deberá esperar nueve días más. Y aunque al gobierno mexicano le urge que el nuevo representante diplomático asuma su cargo y despache en la embajada en Washington, pues las tensiones en las relaciones entre los dos países no admiten más demoras, el Legislativo se toma su tiempo. Seguramente habrá algunos temas más urgentes que enviar a un embajador a Washington, en momentos en que según el gobierno mexicano algunas fuerzas de aquella nación pretenden que México sea la piñata de la fiesta política estadounidense.
¿Nace una nueva “Vilchis” en Palacio?
Por fin, en Palacio Nacional ya encontraron quién tome la estafeta de las conferencias dedicadas a exhibir lo que el gobierno considera campañas de desinformación. A partir de mañana, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, encabezará la nueva conferencia semanal denominada Derecho de Réplica, desde donde señalará a publicaciones y versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales que ellos consideren falsas. La decisión recuerda inevitablemente a los tiempos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando Elizabeth García Vilchis, la “señorita” que AMLO dijo que no sabía leer, pero no era mentirosa, se convirtió en un personaje habitual de las mañaneras con la sección Quién es Quién en las Mentiras. La llegada de doña Luisa María ocurre en momentos en que Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia y responsable de la sección Detector de Mentiras, lleva cerca de un mes sin aparecer para presentar su segmento.
El misterio de los libros en la Cámara de Diputados
El misterio de quién es él o la responsable de autorizar la publicación de libros en la Cámara de Diputados y bajo qué criterios, sigue escondido en los pasillos de San Lázaro. Ya ayer le dimos a conocer que, solo en la actual Legislatura, se han impreso cerca de 4 mil publicaciones. Sin embargo, la cifra podría ser mucho mayor, pues esa respuesta se entregó a este medio el pasado 4 de marzo vía transparencia, pero nos comentan que en los Talleres Gráficos de la cámara baja, nadie sabe por qué hay noches en las que reportan “carga de trabajo” y deben operar a marchas forzadas imprimiendo libros, que siempre son regalados en foros que se han organizado en el recinto legislativo de San Lázaro, a los que llegan a acudir hasta 200 estudiantes. Nos platican que son más de una decena de foros los que se han realizado, y la incógnita es: ¿Qué títulos son los que se regalan y con la autorización de quién?
El INE no tiene quien lo audite
Nos señalan que, debido a que han declarado desierta dos licitaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue sin contratar los servicios especializados para realizar una auditoría externa para la revisión de toda su información financiera, fiscal y presupuestal de 2025. Nos detallan que, entre febrero y abril de este año, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, emitió dos convocatorias para una auditoría externa que revise la información del organismo, sin embargo, por diversos argumentos y desinterés de empresas, estas convocatorias han sido declaradas desiertas. Quizá más de una persona en el alto mando del INE esté mejor sin que las cuentas se revisen, no sea que vayan a salir mal.
##
Templo Mayor/ REFORMA
LA VIOLENCIA EXHIBIDA ayer por la CNTE debe preocupar mucho. No es para acostumbrarse que arremetan con mazos, tubos y cohetones en sus protestas, con el pretexto de pelear por la abrogación de la Ley del ISSSTE.
LA PROVOCACIÓN tiene toda la intención de sabotear los partidos del Mundial y las actividades que se realizarán alrededor de ese espectáculo, pero han colocado las cosas en una tesitura de riesgo para quienes transitan por el Centro de la CDMX, los comercios y desde luego los turistas y aficionados del extranjero.
SIN DUDA han fallado el gobierno federal y el capitalino en disuadir a estos grupos, las imágenes que ahora se tienen para nada son las mejores. El campamento de la CNTE ya ocupa más calles del Centro, bloquea comercios, hoteles y avenidas muy transitadas y amenazan con incrementar sus acciones. Vendrán bloqueos de casetas, carreteras e incluso del AICM con lo que esto implica en plena llegada de turistas mundialeros. ¿Permitirán las autoridades que hasta allá lleguen los abusos de la CNTE?
SI AL LÍO VIAL que provocan las manifestaciones en el Centro Histórico se agrega el desorden en la Línea 2 del Metro y las averías en el Tren Ligero, siendo que ambos transportes conducen hacia los rumbos del Estadio Azteca, el coctel es más que explosivo. Ayer se vivió un caos en la zona sur a 9 días del inicio del Mundial. Mientras el gobierno de la CDMX se preocupa por los colores con que pinta bardas y barandales, los gobernados son rehenes de los desatinos y las obras inconclusas.
DOS RAYITAS le bajó la presidenta Claudia Sheinbaum a su encendido discurso del domingo, al salir a aclarar ayer en la conferencia mañanera que para nada cree que Donald Trump sea quien promueva el llamado "injerencismo" desde Estados Unidos. Si bien en su arenga patriótica en el Monumento a la Revolución, la mandataria se cuidó mucho de no echarle pleito directo al norteamericano, decidió iniciar la semana cubriéndose las espaldas. Ninguna precaución es excesiva, pues ya se sabe que "el Don" se enciende a la menor provocación y sus respuestas suelen ser escandalosas y desproporcionadas.
EN LA Dirección de Administración de la SEP no supieron administrarse y andan padeciendo la falta de computadoras. Según las quejas de trabajadores de la dependencia, se quedaron con menos de la mitad de las computadoras que se requieren y tienen que turnarse para utilizar las pocas que hay. Según les han dicho, el problema todavía tardará semanas o meses, sobre todo por falta de presupuesto para las cosas importantes, como en el resto del gobierno. ¿Sabrá el secretario Mario Delgado lo que está ocurriendo? Es pregunta a la que le falta el mouse.
#
Estrictamente Personal
Incongruencias/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, junio 02, 2026
¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.
Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?
No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea como ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes pero no se ajustan a su pensamiento.
Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.
No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo –incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado–, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.
Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al ex vicepresidente Jorge Glas, en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.
Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.
La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.
En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.
Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias –que es asesor de Sheinbaum–, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que, se ha documentado, generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.
La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propia de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política le quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?
Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso –perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios–, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.
No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del río Bravo.
##
Sheinbaum, entre la “ultraderecha” de EU y los “ultras” de la 4T /Mario Maldonado
El Universal, 02/06/2026
La presidenta Claudia Sheinbaum cruzó el domingo una línea que había evitado durante los primeros meses de su gobierno. Desde el Monumento a la Revolución denunció una presunta ofensiva política encabezada por sectores de la “ultraderecha” de Estados Unidos. Señaló al Departamento de Justicia y las investigaciones que sigue contra políticos mexicanos, con una supuesta intención de influir en la elección de 2027. El endurecimiento coincide con la presión de Washington sobre Morena y particularmente sobre figuras mediante las cuales se financiaron varias campañas, como la de Rubén Rocha Moya.
El mensaje fue más allá de una defensa convencional de la soberanía. La presidenta sostuvo que detrás de las “campañas de desinformación” y de las acusaciones contra funcionarios mexicanos existen “sectores conservadores nacionales e internacionales”. Cuestionó si las investigaciones promovidas desde Estados Unidos buscan realmente combatir a la delincuencia organizada o si forman parte de una estrategia para influir en la vida política mexicana. La frase más delicada llegó cuando advirtió que primero vienen por unos actores políticos y después por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia terminan convirtiéndose en el principal elector de México.
Este lunes intentó matizar sus dichos. Dijo que no considera que el presidente Donald Trump encabece personalmente una ofensiva contra México y atribuyó las presiones a grupos de la ultraderecha estadounidense aliados con sectores conservadores mexicanos. Sin embargo, si las críticas están dirigidas al Departamento de Justicia, a los fiscales federales, a las agencias de seguridad o a funcionarios republicanos, inevitablemente involucra a la administración de Trump y al propio presidente, que ha dicho una y otra vez que México está controlado por los grupos criminales, considerados terroristas.
El deterioro en la relación puede rastrearse desde abril, cuando dos agentes estadounidenses murieron en Chihuahua durante un operativo relacionado con un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. La reacción inicial de Sheinbaum sorprendió en Washington. Antes que expresar condolencias, exigió explicaciones sobre la actuación de personal estadounidense en territorio nacional. La Casa Blanca respondió por conducto de la vocera Karoline Leavitt, quien cuestionó la falta de solidaridad mostrada por el gobierno mexicano.
Después vinieron las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre la presunta complicidad histórica entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos. Llegaron también las investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con Sinaloa y el caso de Rocha Moya, que colocó por primera vez a un gobernador de Morena en el centro de una ofensiva judicial estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Trump ha insistido en que los cárteles ejercen control sobre amplias regiones mexicanas y ha advertido que Estados Unidos actuará para proteger su seguridad nacional si México no enfrenta con mayor contundencia a esas organizaciones. Marco Rubio, legisladores republicanos, fiscales y funcionarios de seguridad han seguido una línea similar. El mensaje es que el problema ya no se limita a los grupos criminales, sino que alcanza a sectores de la estructura política mexicana.
Ahí aparece la contradicción más delicada para Sheinbaum. Defender la soberanía nacional es una posición legítima. También lo es exigir que agencias extranjeras actúen dentro de los marcos legales establecidos. Pero presentar cualquier investigación judicial estadounidense contra funcionarios mexicanos como una operación política corre el riesgo de desplazar el debate de los hechos a la confrontación ideológica.
La reacción del embajador Ronald Johnson pareció responder justamente a ese punto. Sin mencionar a la Presidenta, escribió en X que la lucha contra los cárteles debe unir a ambos países y no convertirse en una disputa política. Añadió que cada momento dedicado a politizar ese desafío común representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a la población.
La pregunta es quiénes integran esa supuesta “ultraderecha” a la que se refiere la presidenta. Porque si en esa categoría entran funcionarios del Departamento de Justicia, agencias de seguridad, congresistas republicanos y miembros del gabinete de Trump, el conflicto es con una parte relevante de quienes hoy gobiernan Estados Unidos.
El endurecimiento del discurso de Sheinbaum coincide con una disputa cada vez más visible dentro de Morena entre quienes privilegian una relación funcional con Estados Unidos y quienes consideran que la confrontación fortalece políticamente al movimiento. En ese contexto aparece Omar García Harfuch, uno de los funcionarios mexicanos con mejor interlocución con las agencias estadounidenses y uno de los perfiles más aceptables para los sectores moderados de ambos países.
Sheinbaum había sido pragmática. Contuvo las presiones arancelarias, negoció temas migratorios y mantuvo abiertos los canales de cooperación en seguridad. Pero la presión proveniente de Washington parece acercarla cada vez más al sector más ideologizado de la 4T, donde están Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña, Clara Brugada, Jesús Ramírez Cuevas, Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, acompañados por figuras como Pedro Miguel y Rafael Barajas “El Fisgón”. Para ese grupo, la disputa con Estados Unidos no representa un problema diplomático sino una oportunidad política. Mientras los moderados buscan preservar canales de interlocución, los sectores más duros prefieren convertir cada acusación o presión externa en una nueva batalla contra el “intervencionismo” estadounidense.
¿En qué lugar de la historia va a colocarse la presidenta Sheinbaum: en el pragmático, de estadista, o en el ideológico-radical?
Posdata 1
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que Estados Unidos está construyendo un nuevo sistema comercial basado en aranceles permanentes y protección industrial, muy distinto al modelo de libre comercio que predominó durante las últimas tres décadas. La afirmación implica que la negociación ya no se enfoca únicamente en el T-MEC, sino en la forma en que México conservará acceso preferencial al principal mercado del mundo frente a un entorno cada vez más restrictivo.
Lo que está planteando Estados Unidos es una reorganización de las cadenas de suministro bajo criterios de seguridad nacional y contenido regional. Para la industria automotriz, el gobierno de Trump quiere 50% de contenido estadounidense. En ese contexto, la prioridad mexicana dejó de ser eliminar todos los aranceles y pasó a garantizar que las exportaciones nacionales mantengan mejores condiciones que las de países asiáticos que compiten por atraer inversiones manufactureras. El lado positivo es que la revisión del T-MEC sí podría ser una discusión eminentemente técnica y no política.
No obstante, Ebrard también buscó enviar un mensaje de certidumbre sobre el tema de seguridad, al decir que los asuntos relacionados con el combate al narcotráfico y la cooperación en materia de seguridad seguirán una ruta distinta a la de la revisión comercial y que no formarán parte de la negociación formal del T-MEC. En Washington, sin embargo, cada vez es más difícil separar ambas agendas. La administración de Trump ha vinculado de manera recurrente el comercio con la seguridad fronteriza, el tráfico de fentanilo y la actuación de los gobiernos frente a los grupos criminales.
Para México el reto es mayúsculo. Cerca de ocho de cada diez dólares que exporta el país tienen como destino Estados Unidos y buena parte del crecimiento económico reciente ha estado relacionado al fenómeno de relocalización de empresas. Lo que ocurra en las rondas de negociación de junio y julio en Washington definirá si México conserva esa ventaja competitiva dentro de Norteamérica o si comienza a enfrentar mayores barreras para acceder a su principal mercado.
Posdata 2
México recibió 19 mil 676 millones de dólares en remesas entre enero y abril de 2026, un nuevo máximo histórico para un primer cuatrimestre. La cifra se conoce precisamente cuando el gobierno de Donald Trump puso bajo mayor vigilancia el sistema financiero utilizado por millones de migrantes para enviar dinero a sus países de origen.
El récord de remesas confirma la relevancia económica de estos recursos para México. El crecimiento fue de 2.6% anual y el monto promedio por envío alcanzó los 401 dólares. Más relevante aún, por cada dólar de nueva Inversión Extranjera Directa que ingresó al país en el periodo, llegaron 8.2 dólares por remesas.
El endurecimiento de los controles financieros en Estados Unidos no implica una prohibición de las remesas, pero sí mayores exigencias de identificación, monitoreo y verificación de operaciones. Bancos, remesadoras y plataformas de transferencia enfrentarán reglas más estrictas bajo la lógica de combatir estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales. La preocupación de las autoridades estadounidenses es que parte de estos mecanismos puedan ser aprovechados para mover recursos ilícitos mediante operaciones fragmentadas y cuentas de terceros.
Para México el asunto tiene implicaciones económicas y políticas. Estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero dependen en gran medida de estos recursos para sostener el consumo y el ingreso familiar. El desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum será evitar que una estrategia diseñada en Washington para combatir al crimen organizado termine afectando a millones de migrantes que utilizan canales legales para apoyar a sus familias.
Posdata 3
A unas semanas del arranque formal de la temporada vacacional de verano, Guerrero cerró mayo con una ocupación hotelera promedio de 82.9%, una cifra que fortalece la recuperación sostenida de su principal actividad económica. Acapulco registró una ocupación de 85.9%, mientras que Ixtapa alcanzó 88.7%, colocándose entre los destinos de playa con mayor demanda del país. Destacó la zona Dorada de Acapulco, que prácticamente operó a su máxima capacidad con 97.4% de ocupación, seguida de la Bahía Histórica con 84.1% y la zona Diamante con 69.8%.
A casi tres años de la devastación causada por Otis, el puerto ha logrado recuperar una parte importante de su oferta de hospedaje y servicios, impulsado por inversiones privadas, recursos federales y estatales, así como por una intensa promoción turística. El repunte también coincide con una mejora en diversos indicadores de seguridad que han contribuido a recuperar la confianza de visitantes nacionales.
Para el gobierno de Evelyn Salgado, el comportamiento del sector turístico representa uno de los principales activos de su administración. El turismo aporta una parte sustancial de la actividad económica de Guerrero y genera miles de empleos directos e indirectos en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco. La expectativa ahora está puesta en las vacaciones de verano, que históricamente representan uno de los periodos de mayor derrama económica para la entidad y que servirán como una prueba para medir si la recuperación observada en los últimos meses logra consolidarse durante la segunda mitad del año.
Posdata 4
Hablando de turismo, este lunes Baja California lanzó en la Ciudad de México una de las campañas de promoción turística más importantes de los últimos años. La gobernadora Marina del Pilar Ávila encabezó la presentación de “Baja California es para ti”, acompañada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; alcaldes de los principales municipios del estado; representantes del sector empresarial y la cantante Julieta Venegas, quien participó con un tema que servirá como eje de la estrategia. La apuesta es fortalecer la marca turística de la entidad que compite por atraer visitantes, inversiones y eventos internacionales.
La campaña se presenta además en un contexto favorable para la industria turística. Durante el primer trimestre de 2026, México registró 26.2 millones de visitantes internacionales y una derrama superior a los 10 mil millones de dólares, las cifras más altas para un inicio de año, de acuerdo con la Secretaría de Turismo federal. Baja California busca aprovechar ese dinamismo con una estrategia centrada en sus principales fortalezas: la gastronomía, el turismo médico, la industria vitivinícola, los destinos de naturaleza y su ubicación privilegiada junto al mercado más grande del mundo.
La entidad reportó más de 11.5 millones de turistas y más de 25 millones de visitantes internacionales durante 2025, además de una derrama turística superior a los 118 mil millones de pesos. El Valle de Guadalupe concentra alrededor del 70% de la producción de vino mexicano y Ensenada se mantiene entre los puertos de cruceros más importantes del Pacífico. Con el Mundial de Futbol de 2026 como escaparate internacional y una creciente integración económica con California, la estrategia es que Baja California deje de ser vista únicamente como una frontera de paso y se consolide como uno de los destinos turísticos más competitivos del país.
@MarioMal
##
“Enemigo externo” para consumo interno
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
Donald Trump ha dicho y repetido que la presidenta Claudia Sheinbaum “tiene miedo” de los cárteles de la droga, que por eso se ha negado a permitir tropas estadunidenses en México para combatirlos, y asegura que las bandas criminales “gobiernan México”.
La aludida viene rechazando tales aseveraciones con una postura diplomática… pero insincera:
El domingo, como nunca antes (y al parecer sin proponérselo), denunció implícitamente que las actuales “presiones” a su gestión son del gobierno de Trump.
“Cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera (…), ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia (…). Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición (…) porque vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México”, afirmó.
Falso: ninguna desdeñable “oficina” pretendería ser “el principal elector de México”… pero sí el Departamento de Justicia, dependencia clave del gobierno estadunidense.
El embajador de ese país, Ronald Johnson, acusó recibo en las redes:
“La lucha contra los carteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los carteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”.
Por ello quizá la Presidenta exculpó al intromisor:
“Hay mucho diálogo con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, les confieso que yo no creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas, no lo creo”, expuso. “Como lo dije ayer, yo creo que son sectores de la ultraderecha de Estados Unidos que quieren que no haya buena relación, que haya mala relación con México, que no están de acuerdo con el gobierno que encabezamos, por razones ideológicas principalmente, y que no quieren que haya una buena relación…”.
En su lógica, pues, Trump ha de ser “de izquierda” y “está de acuerdo” con el gobierno que Sheinbaum preside.
Vaya terreno resbaladizo y movedizo en que se metió la mandataria invocando un recurso —habitual por cierto de las tiranías: el enemigo externo, para eliminar libertades y frenar el descontento interno—, sin animarse a ponerle nombre y apellido.
Antier, con preguntas de respuestas inducidas, arengó en su mitin:
—¿Quién decide en México: las agencias extranjeras (alusión obvia a las del gobierno de Trump) o el pueblo?
—¡El pueblooo! —coreó la muchedumbre.
—¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo?
—¡El pueblooo!
—¿Vamos a defender la soberanía y la independencia de México?
—¡Sííí!!!
(Pues ni modo que nooo)
—¡Se ve, se siente/ Claudia está presente!/ ¡Se ve, se siente/ Claudia está presente!... —coreó la enfervorecida, azuzada y “patriótica” multitud...
#
¿'Narcopatriotas' vs. 'vendepatrias'?
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio,
La presidenta Sheinbaum ha puesto a su gobierno en un rumbo de confrontación con el de Estados Unidos.
Su alegato se funda en un juicio de intenciones sobre las dos cosas que ella cree que quiere hacer su contraparte:
1. Usar a México como piñata para ganar las elecciones intermedias de 2026 en aquel país. 2. Decidir quién gana las intermedias mexicanas de 2027.
La Presidenta no atribuye estas intenciones a Trump, sino a partes vagas de su gobierno: una oficina del Departamento de Justicia y otras piezas de la derecha estadunidense, que asedian a México para decidir quién va a gobernarlo, para destrozar su soberanía.
Es un salto muy largo el que da la Presidenta en su juicio de intenciones sobre esa poderosa derecha estadunidense que no incluye a Trump, pero que está definiendo la política injerencista hacia México.
Lo que se ve desde fuera del discurso de la Presidenta es que, durante el sexenio anterior, el gobierno se casó electoralmente con el crimen organizado en muchas partes y lo volvió socio de sus triunfos y de sus beneficios.
Ahora, el gobierno de Estados Unidos, sus dependencias fundamentales y el presidente Trump en persona, a la cabeza de todos, le piden a México que combata a los narcopolíticos que creó: no a los capos del narco sino a los políticos del narco.
Y al efecto, los vecinos han hecho declaraciones tremebundas, empezando, otra vez, por el mismo Trump, muy diferentes, distantes, de sus medidos pasos administrativos y legales: quitar visas y pedir la extradición de Los Diez de Sinaloa.
La Presidenta deduce, con realismo, que después de estos Diez, vendrán otros.
Y entonces da otro gran salto hacia adelante y decide que no entregará a ninguno de los presuntos narcopolíticos que le piden.
Pero hace más: da la voz de salida para la movilización electoral de su partido, desde ahora, como el bando que defiende la soberanía de México de la injerencia extranjera, como el bando de los patriotas, cuyo patriotismo, si hace falta, incluye defender a sus delincuentes.
El mandato de movilización electoral de la presidenta Sheinbaum, emitido el domingo, propone una polarización de caricatura para el país: narcopatriotas vs. vendepatrias.
###
El general Mérida encadenado/Héctor De Mauleón
El Universal, | 02/06/2026 |
Al momento de entregar esta columna, y en contra de lo que se esperaba, no ha aparecido un comunicado, digamos oficial, del gobierno de Estados Unidos, que dé puntual respuesta a las acusaciones lanzadas en el discurso tonante que la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció el domingo pasado en el Monumento a la Revolución.
Un discurso en el que, ante miles de seguidores, acusó a Estados Unidos de haber rebasado la esfera de la cooperación bilateral para incurrir en actos de injerencismo, entre los que incluyó la solicitud de detención con fines de extradición de un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Un discurso en el que acusó a “una oficina” del Departamento de Justicia estadounidense de querer convertirse en “el principal elector de México”.
Hubo un lacónico comentario, vertido en X, por parte del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson: “La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos (…) Cada momento dedicado a convertir este desafío compartido de seguridad en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos”.
Apareció horas después de que en su mañanera de ayer la presidenta Sheinbaum matizara sus señalamientos del domingo. La doctora ya no creía que la administración del presidente Donald Trump estuviera al frente de la “ofensiva” de los últimos días en contra de su gobierno.
Ahora eran solo sectores de ultraderecha de Estados Unidos “que quieren que no haya una buena relación con México… por razones ideológicas principalmente”.
Con el villano que el domingo, según acusó, quería agarrar a México de piñata, y presionaba para que en lugar de cooperación hubiera sometimiento y sumisión, ayer en la mañana se mantenía ya un contacto permanente a través de la Casa Blanca y el Departamento de Estado; el gabinete de seguridad mantenía comunicación permanente con sus contrapartes y lo único que ocurría es que sectores de la ultraderecha estadounidense se habían juntado con sectores de ultraderecha en México que no están de acuerdo con las políticas que ayudan a los que menos tienen, que no quieren los programas del Bienestar, que no quieren que haya inversión en educación pública.
Pero después de todo sí hubo una respuesta que no llegó precisamente en forma de comunicado. Sí hubo una respuesta y fue brutal.
Llegó al mediodía y consistió en presentar en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con el uniforme de reo, encadenado de las manos, los pies y la cintura, y custodiado por elementos del US Marshalls Service, al exsecretario de Seguridad Pública de Rubén Rocha Moya, el General de División en retiro Gerardo Mérida Sánchez, acusado de haber aceptado sobornos estimados en 100 mil dólares al mes, a cambio de brindar información privilegiada sobre operativos en curso en contra del Cártel de Sinaloa y sus jefes, Los Chapitos.
Llegó con la confirmación de la jueza federal de Nueva York, Katherine Polk, de que en el caso iniciado en contra del general Mérida hay evidencia “abundante, voluminosa”, y la declaración de que se trata de un proceso en el que los acusados “están llegando por olas”. La juez concedió un plazo de 60 días para que la evidencia sea procesada.
Mérida se entregó de manera voluntaria a Estados Unidos. Se declaró no culpable, aunque se ha dado a conocer que antes del inicio del juicio habrá pláticas previas con los fiscales a fin de negociar “una salida alterna”. Versiones periodísticas señalan que, al momento de entregarse, el general llevaba consigo diversos archivos y documentos.
Se esperaba que al haberse entregado recibiera otro tipo de trato. Pero no fue así. El trato humillante que se le dio ayer solo puede hablar, según analistas consultados, del nivel de información que Estados Unidos tiene en su poder.
La imagen de Mérida encadenado abre las preguntas: quién sigue, qué otros nombres aparecerán, cuántos funcionarios, políticos, militares y marinos mexicanos se estarán viendo con el uniforme caqui de los presos federales y con cadenas en las manos, la cintura, los pies.
Hubo respuesta.
Y la respuesta fue todo un mensaje.
##
Habrá acusados por oleadas/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior.
Hace apenas una semana la presidenta Sheinbaum negaba enfáticamente que vendrían más acusaciones contra políticos mexicanos, así como las marcadas diferencias que hubo en la reunión con el secretario del Homeland Security, Markwayne Mullin.
El domingo en el mitin en el Monumento a la Revolución terminó confirmando la información que dimos el lunes antepasado: no sólo vienen más acusaciones, sino que las mismas son interpretadas desde el gobierno como una escalada intervencionista que quiere, nada más y nada menos, que manipular las elecciones y vulnerar la soberanía de México. Todo para proteger al gobernador Ruben Rocha y los demás funcionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de ser parte de la red de protección y complicidad del cártel de los Chapitos.
Ayer mismo, el ex secretario de seguridad de Sinaloa, el general retirado Gerardo Mérida, que se entregó hace unas semanas a la justicia estadounidense y que está colaborando con ella, tuvo su primera comparecencia y la juez que lleva el caso, Katherine Polk Failla, del distrito sur de Nueva York, dijo que hay pruebas “abundantes” en su contra, que son muchos los involucrados en esa trama y que los acusados llegarán en “oleadas” a Estados Unidos. Fijó la siguiente comparecencia con Mérida para agosto y le pidió revisar el expediente en su contra, ver las evidencias que existen y “evaluar sus opciones”, en los hechos declararse culpable y colaborar con las autoridades.
Del otro funcionario que se entregó a Estados Unidos, el ex secretario de finanzas, Enrique Díaz, no hay información: se sabe que se entregó en Irlanda, que de allí viajó a Estados Unidos donde fue detenido, pero no existe constancia de su situación legal, auqnue se sabe, lo han dicho las autoridades, que está colaborando con la justicia estadounidense. Mérida y Díaz están siendo procesados en Estados Unidos, mientras en México se sigue insistiendo en que no hay pruebas contra ellos y los otros funcionarios sinaloenses acusados y se enarbola un discurso soberanista que nada tiene que ver con la realidad.
El domingo la presidenta Sheinbaum reconoció que habrá más acusados e hizo una defensa de los funcionarios imputados por la Unión Americana, absolutamente innecesaria. Dijo que primero “vienen por unos, después por otros” y que finalmente será Estados Unidos el que decida las elecciones, preguntándose quién manda aquí, si el departamento de Justicia estadoundiense o el gobierno mexicano.
Es una falacia. Primero, no es un tema del departamento de Justicia sino del gobierno estadounidense. La necesidad de hacer más contra el crimen organizado, al que Washington califica de terrorista, ha sido repetido por todos los altos funcionarios de la Unión Americana: desde el presidente Trump hasta el secretario de Guerra, Pete Hagshet, pasando por el fiscal Todd Blanche, y remarcado por las cancelaciones de sus visitas a México de la zar antidrogas, Sara Carter y del negociador del TMEC, Jameison Greer. La fiscalía sur de Nueva York, sobre todo en estos temas, debe ser la más poderosa de todo el país. Y es verdad, vienen muchas más acusaciones, como lo dejó en claro Mullin en su visita a Palacio Nacional.
Pero no es un tema de soberanía. En realidad, lo que está haciendo el gobierno es confundiendo conscientemente la defensa de la soberanía con la defensa de su partido. Las pruebas y tetimoniso contra Rocha y demás acusados son abundantes, diría la juez Polk y no sólo se han presentado en Estados Unidos sino también en México. Lo que sucede es que aquí han sido ignoradas. Se preguntaba la presidenta Sheinbaum de porqué se confiaba en la justicia estadpundiense y no en la mexicana: la pregunta se responde sola cuando vemos que seis de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzando por su presidente Hugo Aguilar, estuvieron en primera fial de un acto proselitista como el del domingo. No hay ni disimulo respecto a la autonomía de la justicia respecto al ejecutivo.
Se podrá hablar mucho la soberanía, pero lo cierto es que nadie puede asegurar que la está defendiendo mientras está protegiendo a políticos que son cómplices del crimen organizado. Nada lastima más a la soberanía de un país que no tener control territorial sobre parte del mismo. Nada vulnera más a la soberanía que los criminales manejen gobiernos estatales como ocurre en Sinaloa y en muchos otros estados. Nada lastima más la soberanía de un país que la impunidad de la que gozan estos personajes. Esto no tiene nada que ver con la soberanía es un tema de justicia.
El discurso del domingo y la decisión de mantener en la impunidad a los políticos acusados ya comenzóa tener respuestas y costos. Una de ellas económica y muy dolorosa es la exigencia del gobierno de Estados Unidos, en la negociaciónd el TMEC, de que el 50 por ciento de los automóviles exportados por México a la Unión American deban, por lo menos, un 50 por ciento de componentes de ese país. Actualmente en las reglas de origen establecen como máximo 30 por ciento. Muchas empresas sufrirán por ello.
La otra la dio el embajador Ronald Johnson, que cumplió precisamente un año al frente de la delegación diplomática, que escribió en X que “cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”. Los acusados vendrán, dijo la juez Pok, a “oleadas”. Hay que recordarlo.
#
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 02 junio 2026
"En marzo tenemos resuelto el problema
de la salud pública. Vamos a tener
funcionando el mejor sistema de salud
pública del mundo". Andrés Manuel López Obrador, 21.11.2023
Es difícil suponer que fue un golpe de suerte. Alguien hizo un buen trabajo de relaciones públicas o repartió mucho dinero. La semana pasada la Presidenta Sheinbaum se hizo viral en redes, pero no en México, sino en Estados Unidos y otros países, por su "servicio universal de salud".
El 23 de mayo una cuenta de X llamada Spot World Affairs, de 75,800 seguidores, publicó unas simples líneas: "La Presidenta mexicana anuncia un servicio de salud universal gratuito para 130 millones de ciudadanos empezando el año que viene". Nada más, no había un artículo; solo una fotografía de la Presidenta. El mensaje tuvo, sin embargo, 4.3 millones de vistas. Nancy Sinatra, la cantante, comentó: "Así que México puede pagar esta gran cosa para su pueblo, pero EUA, el país más rico del mundo, ¿no puede?". Esta sola respuesta obtuvo un millón de vistas.
NewsWire, otro servicio en X, publicó antes, el 11 de abril, también unas líneas con una foto de la Presidenta: "Sheinbaum firma un decreto que establece servicio universal de salud para todos los mexicanos". Nada más, pero tuvo 1.5 millones de vistas. Otros mensajes en redes anunciaron o ensalzaron el nuevo "servicio universal de salud" de México, sin aclarar nunca que hasta ahora es solo una fantasía.
Xavier Tello, especialista en salud pública y autor de La tragedia del desabasto, ha escrito en LinkedIn: "En el papel, el anuncio parece el tipo de reforma estructural que los diseñadores de políticas públicas de todo el mundo (y particularmente de Estados Unidos) han debatido por mucho tiempo y se han esforzado en aplicar. No sorprende que el mensaje haya viajado bien... Parecería que México está logrando lo que naciones más ricas no han podido: una cobertura universal de salud... El problema es que no está ocurriendo. No está ni siquiera cerca".
Parte del problema es de dinero. El gasto total en salud en México alcanza 5.9 por ciento del producto interno, contra un promedio de 9.3 en la
OCDE. En dólares ajustados por paridad de compra, nuestro gasto es de 1,588 dólares por persona, "apenas una cuarta parte del promedio de la OCDE". Además, solo una cuarta parte viene en México de fondos gubernamentales. En contraste, en los países de la OCDE el "financiamiento público", "que combina el del gobierno y los seguros obligatorios", "cubre alrededor de tres cuartas partes del gasto en salud". En México, una tercera parte sale de los bolsillos de las familias, lo cual puede destruir el patrimonio familiar en enfermedades catastróficas.
El servicio universal de la Presidenta no resuelve ningún problema de fondo. No elimina la centralización y burocratización del sistema, no etiqueta más fondos. Repartir tarjetas para que quienes no tienen seguridad social puedan atenderse sin pagar en el IMSS y el ISSSTE solo deteriorará más el servicio de estas dos instituciones. Lejos de resolver los problemas del sistema, la Presidenta está condenando a la quiebra al IMSS y al ISSSTE.
López Obrador quiso resolver los problemas del sistema de salud con costosas ocurrencias: acabó con el Seguro Popular, eliminó las compras consolidadas del IMSS, creó el INSABI para luego abolirlo, le dio al IMSS Bienestar una carga imposible de sobrellevar y construyó la Megafarmacia. A cada paso dijo que esto nos llevaría a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Hoy la Presidenta sale con la afirmación de que, si reparte tarjetas, México tendrá un servicio universal de salud. Es un engaño.
· SIN CLASES
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció ayer que el secretario de Educación, Mario Delgado, le informó que "el 11 de junio no habrá clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior" por la inauguración del Mundial. El circo es más importante que la educación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario