Tres arteras traiciones/Emilio Álvarez Icaza

Tres arteras traiciones/Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
El Universal, 03 de agosto de 2012
Este martes, Miguel Alessio Robles, Consejero Jurídico del Ejecutivo federal, a título personal, buscó responder mi artículo “Formas y fondos contra las víctimas”, publicado la semana pasada en EL UNIVERSAL. Bien vale la pena tomarse el tiempo para atender al consejero pues, de hecho, su respuesta es algo muy cercano a una confesión, eventualmente un reflejo, o buen ejemplo, de la autorreferencia y cada vez mayor cerrazón que vive el Ejecutivo federal.
La argumentación de Alessio Robles es la típica expresión legalista y parcial —que preocupa aún más por venir de quien viene—. Bajo un pretendido marco de legalidad quiere ocultar hechos que a la luz del más mínimo análisis resultan obvios y evidentes, con lo que equivoca por completo el sentido de la litis; es decir, no están a discusión las atribuciones del Presidente de la República, sino cuáles, cómo y cuándo las ha ejercido o no el actual presidente Felipe Calderón. Para ilustrar lo anterior, sólo tres ejemplos:

1) Con independencia de algunos actos que refiere el consejero Alessio —que por cierto en varios de ellos no hay más mérito que obedecer la ley—, la evidencia demuestra que el Ejecutivo Federal no ha sido ni es un actor fundamental en la construcción de una Ley de Víctimas, pues el Presidente Calderón decidió no ejercer su facultad de iniciativa de ley para presentar alguna en la materia, incluso cuando tuvo, en al menos cinco ocasiones, la oportunidad para hacerlo. Adicionalmente, a pesar de que la Secretaría de Gobernación supo que se estaba trabajando la Ley General de Víctimas (LGV), no se sentó a proponer y construir con legisladores y/o organizaciones de víctimas, y cuando se presentó no sólo era demasiado tarde, sino que poca fue su contribución y grande su obstaculización.
2) Alessio Robles también argumenta la gran aportación que el Ejecutivo Federal ha hecho a favor de las víctimas con la creación de la Procuraduría Social de Atención de Víctimas de delitos (Provictima), la cual, como bien refiere, fue por mero decreto presidencial y no por ley, lo que se traduce en una acción gubernamental y lejos de una política de Estado. Al respecto, debe señalarse que esta instancia se creó casi clandestinamente, de hecho, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) conoció de esta iniciativa presidencial, a través de los medios de comunicación y eso que las mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo estaban en pleno desarrollo como consecuencia de los diálogos en el Castillo de Chapultepec. El resultado es que Provictima es una instancia que sólo concentra a aquéllas que ya existían, además de carecer de un presupuesto y atribuciones suficientes para el ejercicio de las labores que le fueron encomendadas.
En todo caso, la capacidad instalada de Provictima debió fortalecerse para avanzar de débiles acciones de gobierno hacia sólidas políticas de Estado, lo paradójico es que dicha instancia creada a iniciativa del Presidente Calderón también trabajó un borrador de ley en materia de víctimas, pero nunca fue presentado como iniciativa por el Ejecutivo federal.
3) El Ejecutivo federal además de obstaculizar la LGV ni siquiera ha tenido la sensibilidad para escuchar al conjunto de víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, pues la mala atención que ha dado al memorial que se erigirá en honor de ellas remotamente formará parte del proceso de reconciliación en el país. La prioridad y preocupación administrativa y operativa poco o nada han ayudado a la transparencia y confianza hacia un gobierno que quiere erigir un monumento en el que una buena parte de las miles de víctimas del país verdaderamente no se siente reflejada.
Lo anterior sólo es muestra de que el Ejecutivo Federal no ha tenido la voluntad o no ha sido capaz de construir en colectivo, ni siquiera con las víctimas con las que se sentó a dialogar y prometió apostar por ellas frente a toda la nación.
El muy cuestionable argumento presidencial del que la LGV no tiene fundamento constitucional pasa por alto el total consenso que en el tema construyó históricamente el Congreso de la Unión, incluso entre los legisladores del propio partido del presidente Calderón. Por otro lado, una parte sustantiva de sus observaciones a la LGV buscan en realidad crear de manera tardía otra ley de víctimas, lástima grande que las hicieron muy tarde.
Ya resolverá el Poder Judicial de la Federación, pero es muy probable, que si no da la razón al Ejecutivo federal, éste ejercerá una acción de inconstitucionalidad en ejercicio de una supuesta defensa de las víctimas, lo que en realidad retrasará más la urgente acción a favor de ellas.
Lo que es de celebrarse, es que Alessio Robles reconoce que hoy debemos hablar abiertamente de las víctimas de la violencia y no sólo del delito. No es mi deseo continuar con este debate, pues en esta materia francamente de la actual administración ya se espera poco.
El MPJD ha señalado que vive con gran desilusión algunas respuestas del presidente Calderón, en realidad lo siente como tres arteras traiciones.

Defensor de los Derechos Humanos