La Corte que necesitamos /Ana Laura Magaloni

La Corte que necesitamos /Ana Laura Magaloni Kerpel
Publicado en Reforma, 3 Nov. 12
El país necesita de una Suprema Corte capaz de liderar la transición jurídica mexicana. Es decir, que establezca nuevos referentes colectivos sobre la relación entre la justicia y el derecho
La comparecencia de los candidatos a ministros en la Comisión de Justicia del Senado no ha tenido todo el reflector mediático que hubiese sido deseable. La reforma laboral y el debate sobre el proceso legislativo de las iniciativas preferentes colocaron en segundo plano tales
comparecencias. No obstante, aunque no fueron la noticia central, la mayoría de los medios escritos se refirieron a algunos de los temas tratados durante esas comparecencias y las respuestas que dieron los candidatos. Me pareció que muchos de los temas tratados no tenían que ver propiamente con el debate acera de la Corte que necesitamos y el perfil de ministro que puede enfrentar esos desafíos. Los temas controvertidos como aborto o la adopción por parejas del mismo sexo, por más relevantes que sean, no que están en el corazón de los desafíos que enfrenta el máximo tribunal. Sería un error, por parte de los senadores, intentar importar el debate norteamericano en este ámbito. Nosotros todavía tenemos un trecho grande que recorrer para que esos sean los temas que definan el perfil del un ministro. También me parece completamente innecesario cuestionar a los candidatos por asuntos como la sentencia condenatoria de El Chapo Guzmán o la sentencia absolutoria de Raúl Salinas. Las preguntas relevantes, tratándose de la Suprema Corte, están en otro lado.
Enrique Peña Nieto iniciará su administración en un país cuyas instituciones han perdido capacidad para generar orden, paz social y modernización incluyente. El viejo modelo político que permitía gestionar la conflictividad social y armar los consensos necesarios para impulsar las transformaciones requeridas está roto. La posibilidad de que el Estado mexicano pueda construir mecanismos duraderos y efectivos para controlar y pacificar conflictos, así como para recuperar su capacidad transformadora, pasa por la administración de justicia. El país necesita de una Suprema Corte capaz de liderar la transición jurídica mexicana. Es decir, necesita de una Suprema Corte que, con sus razones y sus argumentos, establezca nuevos referentes colectivos sobre la relación entre la justicia y el derecho, que contribuyan a la renovación de los consensos fundamentales y a la pacificación duradera de los conflictos sociales.
Este papel de la Suprema Corte como líder natural de la transición jurídica mexicana tiene que ver con dos cuestiones centrales. En primer término, la Corte, como tribunal constitucional, es la que, a propósito de los casos que resuelve, puede darle vida y significado a los valores que anclan nuestra convivencia y nos dan identidad como colectividad. No hay colectividad que pueda funcionar sin un conjunto mínimo de valores compartidos. En México necesitamos recobrar la brújula axiológica que se rompió dramáticamente en estos años. La Corte es un foro privilegiado para debatir estos valores y hacer posible la renovación del compromiso de la comunidad política con principios axiológicos de una democracia constitucional.
En segundo término, la Corte puede liderar la transición jurídica en México en la medida en que ejerza una función educadora hacia el resto de los jueces e impactar en la calidad de la justicia ordinaria. Ello es posible pues la Suprema Corte tiene la facultad de establecer jurisprudencia que vincula a todos los jueces del país. Esta facultad, utilizada de forma estratégica, tiene el potencial de transformar la forma en que opera la justicia que afecta a miles de personas en las barandillas de los juzgados todos los días. Con ello, la Corte jugaría un papel fundamental en elevar la capacidad de gestión y pacificación de conflictos de nuestros tribunales ordinarios.
No va a ser posible tener una Corte que lidere la transición jurídica en México si los ministros que la conforman no tienen la formación para proponer nuevas y mejores formas de resolver nuestros conflictos. La fortaleza de un Tribunal Constitucional radica centralmente en los argumentos y razones que ofrece en sus sentencias. Ello depende de la formación y perfil de las personas que lo integran. Sólo una Suprema Corte que privilegie la explicación, la persuasión y la justificación razonada, en un lenguaje puntual, claro y asequible para todos, po- drá ser un aliado estratégico para devolverle rumbo, orden y potencia a nuestro país.
Todo parece indicar que el martes que viene decidirá el Senado si las ternas enviadas por Calderón van a tener como resultado el nombramiento de dos nuevos ministros, o bien, serán rechazadas. Los que están involucrados en el proceso cuentan que lo más probable es que el voto del Senado va a ser a favor de Alberto Pérez Dayán, que por su defensa apasionada contra el aborto se perfila como el favorito del PAN, y Manuel Baráibar, que por su cercanía al Estado de México parece ser el favorito del PRI. Sería lamentable que las razones de fondo de esos nombramientos tengan que ver con preferencias partidistas y no con una mirada amplia y de futuro respecto a la configuración de la Corte que necesita nuestro país en un momento en donde la justicia puede ser un vehículo poderoso para volvernos a hilvanar como colectividad.
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La forma es fondo /Ana Laura Magaloni Kerpel
Reforma, 20 Oct. 12
Es una buena noticia que la Comisión de Justicia del Senado haya aprobado, por primera vez, un procedimiento mucho más riguroso para evaluar a los candidatos a ministros de la Corte
El proceso a través del cual se nombra a los máximos jueces de un país influye en el resultado y en la percepción social sobre su legitimidad. En este sentido, proceso y sustancia van de la mano. Por ello, es una buena noticia que la Comisión de Justicia del Senado haya aprobado, por primera vez desde la reforma a la Suprema Corte de 1994, un procedimiento mucho más riguroso para evaluar a los candidatos a ministros de las dos ternas que envió el Ejecutivo al Senado el pasado 10 de octubre.
Generalmente las comparecencias de los candidatos a ministros han sido más bien improvisadas y sin mucha brújula sobre cuáles son las características que debe tener un ministro de la Corte en función de los desafíos más relevantes que tiene enfrente el máximo tribunal. En esta ocasión, la Comisión de Justicia decidió hacerse de información relevante, de solicitarle a los candidatos de las ternas otra más y de delinear los grandes temas que deberán abordar los senadores durante la comparecencia de los candidatos a ministros. Ello quedó por escrito en el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, publicado en la Gaceta del Senado el pasado 18 de octubre.
Por falta de espacio, voy a resaltar algunos de los puntos que me parecen más importantes. La Comisión de Justicia solicitó a la Suprema Corte información sobre las tesis jurisprudenciales en donde los magistrados hayan participado como ponentes. Esta información permite a los senadores evaluar si los candidatos propuestos por Calderón son jueces que están articulando nuevos criterios jurisprudenciales o, más bien, son jueces que administran justicia de forma rutinaria. Además, permite conocer las posiciones ideológicas de los candidatos y el tipo de criterios que sustentan.
Asimismo, la Comisión de Justicia les solicitó a los seis magistrados de las dos ternas que seleccionara cada uno tres sentencias en donde ellos hayan sido los ponentes y que expresaran por escrito las razones que motivaron su selección. Esta información me parece crucial para evaluar la capacidad que tienen los magistrados propuestos para desempeñar el cargo de ministros en términos jurisdiccionales. La fuerza y legitimidad de los tribunales depende de las razones que ofrecen en sus sentencias. La diferencia entre un buen juez y uno malo no depende sustancialmente de a quién de las dos partes le dan la razón, sino de su capacidad para construir una arquitectura argumental en sus sentencias que resulte jurídicamente sólida y, a la vez, persuasiva en términos de justicia, razonabilidad y utilidad social de la solución propuesta. La función jurisdiccional es el arte de la persuasión. El lenguaje acartonado, formalista, poco asequible y redundante que caracteriza muchas de las sentencias de los jueces en México poco sirve para persuadir a la colectividad de que las normas constitucionales y legales que nos rigen son justas y razonables. Los candidatos a ministros, me parece, deben demostrar que tienen el talento para construir un ropaje argumental en sus sentencias que permita a la Corte liderar un cambio de paradigma en la retórica judicial mexicana. Sólo así nuestro tribunal constitucional podrá desplegar toda su potencia para enfrentar la gran asignatura pendiente de la justicia mexicana: transformar una cultura judicial autoritaria en una propia de una democracia constitucional.
La Comisión también pidió a los candidatos que eligieran las tres sentencias de la Corte que consideren las más relevantes en cuanto a sus implicaciones jurídicas, institucionales y sociales. Qué tipo de sentencia de la Corte considera paradigmática cada candidato es una fuente de información valiosa para que los senadores evalúen la concepción de cada candidato respecto al papel de la Suprema Corte y si éstos tienen o no la formación para entender que lo relevante de una decisión de la Corte no es la resolución del caso concreto, sino su impacto a futuro en términos sociales, jurídicos e institucionales.
Finalmente, la Comisión de Justicia enumeró algunos temas clave que deben abordarse en las comparecencias de los candidatos. Entre estos temas destacan el papel de la Suprema Corte en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, justicia penal, amparo y política, así como las relaciones entre la Constitución, los tratados internacionales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos temas, me parece, constituyen el desafío más importante que tiene la Corte en los próximos años. Resulta clave que el Senado cuente con la certeza de que está nombrando a ministros que tienen la capacidad y el talento para detectar, entender y proponer buenas soluciones a los muchos problemas que subyacen en cada una de estas reformas.
Las reglas están puestas para que las comparecencias de los candidatos a ministros sean una oportunidad para debatir colectivamente el papel que debe jugar la Suprema Corte en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Ahora falta que los senadores de la Comisión de Justicia utilicen estas reglas como brújula para que el Senado pueda tomar la mejor decisión posible con relación al nombramiento de dos de los 11 máximos jueces del país.