La SCJN inició este mes de abril la
implementación, a través de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia
A.C. (AMIJ) del curso Control Difuso de Convencionalidad, al que se han
inscrito más de 700 juzgadores de todas las entidades del país.
Dice un comunicado de la Corte que este esfuerzo "es inédito, no sólo porque está destinado a todos los
impartidores de justicia del país, sino porque para su desarrollo se han
conjuntando esfuerzos y recursos que aporta el Tribunal Constitucional y el
Fondo Juríca, y cuyos beneficiarios son todos los juzgadores que integran la
AMIJ".
Este
curso -inició el 1º de abril- ofrece en la modalidad presencial y
a distancia aprovechando la infraestructura tecnológica con que cuenta la
SCJN en todo el país, e incorpora la opinión y asesoría de destacados
académicos nacionales e internacionales, expertos en la materia de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, así como una visión práctica con
impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación.
"Asimismo,
busca sensibilizar a los impartidores de justicia de México respecto de las
obligaciones que las judicaturas deben asumir en la protección de los derechos
humanos y despertar en ellos la voluntad de profundizar en el conocimiento, así
como dotarlos de las herramientas jurídicas que les faciliten su trabajo.
Es
por ello que, tanto en su diseño como en su implementación, se respetó la
independencia judicial de las autoridades encargadas de aplicar e interpretar
la ley, porque con este ejercicio, no se pretende dar patrones para la
resolución de los casos, sino difundir métodos, técnicas, instrumentos
jurídicos y mejores prácticas internacionales que permitan desarrollar un
pensamiento crítico de los criterios sobre los que se fundamenta la defensa y
protección de los Derechos Humanos.
"El
objetivo final es que los participantes conozcan las dimensiones de sus nuevas
obligaciones constitucionales y, generar conciencia sobre la importancia y
alcances de ejercer el control difuso de convencionalidad, como una técnica
mediante la cual los jueces de todo el país protejan y garanticen la más amplia
protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales de los que México es parte.
El
curso se divide en 10 módulos y se impartirá en los próximos 10 meses. Durante
éste, los impartidores de justicia tendrán lecturas para su estudio,
conferencias e interacción con los docentes, y resolverán casos prácticos por
cada unidad temática.
El
interés de los juzgadores por participar en este primer ejercicio, se demostró
en la amplia demanda de matriculación –total de 707 participantes-, en tan sólo
una semana y media.
Por
lo que, como consecuencia de la amplia demanda que rebasó las expectativas, en
agosto próximo se dará inicio a un segundo curso, en el que se espera la
participación de un mayor número de impartidores de justicia del país.
A
continuación se da a conocer la distribución de participantes por estado en la
siguiente tabla:
Aguascalientes 15
Baja
California 14
Baja
California Sur 4
Campeche 19
Chiapas 14
Chihuahua 11
Coahuila
de Zaragoza 1
Colima 32
Distrito
Federal 118
Durango 2
Guanajuato 11
Guerrero 19
Estado
de Hidalgo 36
Jalisco 36
Estado
de México 65
Michoacán
de Ocampo 19
Morelos 21
Nayarit 3
Nuevo
León 18
Oaxaca 43
Puebla 18
Querétaro 27
Quintana
Roo 9
San
Luis Potosí 5
Sinaloa 20
Sonora 31
Tabasco 4
Tamaulipas 5
Tlaxcala 22
Veracruz
de Ignacio de la Llave 20
Yucatán 13
Zacatecas 11
No
definió estado al registrarse 21
Fuente: Comunicado de la SCJN
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